¿Se puede almacenar agua en el Lago de Texcoco?
Almacenar agua en el Lago de Texcoco para enfrentar la escasez hídrica fue una de las propuestas que confrontó a las candidatas Xóchitl Gálvez, de “Fuerza y Corazón por México” y Claudia Sheinbaum, de “Sigamos Haciendo Historia”, durante el segundo debate presidencial.
Pero contrario a lo que dijo Gálvez, esto no es viable, ya que tendría altos costos económicos y ambientales, explicó a El Sabueso una especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sheinbaum descalificó la propuesta de su contrincante al señalar que el Lago de Texcoco “es salado”. Sin embargo, Gálvez insistió en que, no sólo se podría almacenar, sino también desalinizar el agua de este lugar tal como sucede en otros países como Israel.
“Hay la posibilidad de almacenar agua en Texcoco, Claudia no entiendes que hay plantas que desalan. Si está salado le quitamos la sal y ya (…) es mejor almacenar agua tratada en el Lago de Texcoco que llevársela hasta Hidalgo y traerla. Esa es una buena solución, tenemos que tratar el agua, almacenarla, potabilizarla y volverla a meter a los hogares”, detalló durante una entrevista con Atypical Te Ve el pasado 29 de abril.
Consultada por El Sabueso, Gabriela Jiménez Casas, especialista en educación ambiental por UNAM, explicó que las implicaciones de combinar agua dulce con salada en el Lago de Texcoco van más allá de “quitarle la sal”, pues esto dañaría gravemente el ecosistema, que, además de ser un Área Natural Protegida, se incluyó en la Lista de Humedales de Importancia Internacional en 2022.
Como te contamos en esta otra nota, la sal no se destruye, solo se transforma en salmuera, y si no se maneja adecuadamente se convierte en un riesgo para la vida oceánica y los ecosistemas marinos.
¿Qué pasa si almacenan agua dulce o tratada en el Lago de Texcoco?
El Lago de Texcoco es un humedal cuyo tipo de suelo es altamente salado por factores prehispánicos como su ubicación al interior y en la parte más baja de la cuenca del Valle de México, el deslave de tierras en época de lluvia; la falta de un desagüe natural para deshacerse de las sales vertidas de otros lagos y la recepción de aguas manantiales, como lo explica la historiadora Rocío Maribel Ávila Gómez en su tesis “El Lago de Texcoco: Historia de una pérdida”.
En este sentido, Jiménez Casas explicó que las especies de flora y fauna en el Lago de Texcoco viven y subsisten por las condiciones lacustres originales.
“Si meten agua salada en un lugar que es dulce o al revés no es ayudar al ecosistema, al contrario, lo va a dañar”, explicó la especialista de la UNAM. “Si deciden meter agua dulce van a espantar y a matar un montón de especies que ya están viviendo ahí”.
También puntualizó que, incluso, si se intentara salinizar el agua para evitar el daño al ecosistema, esto tendría costos muy elevados y no garantizaría el bienestar total del ecosistema. “No es nada más solucionar el problema del agua como tal, sino que tiene que solucionarlo sin dañar otras cosas”, señaló.
Desalinizar el agua salada de Texcoco, pero…¿A qué costo?
Durante la entrevista donde detalló su propuesta, Xóchitl Gálvez aseguró que de combinar el agua tratada con la salada en Texcoco, esta se podría desalinizar en plantas.
Sin embargo, dependencias nacionales y organizaciones internacionales como Naciones Unidas (ONU) han reconocido que estos procesos también tienen fuertes repercusiones ambientales, energéticas y económicas.
La desalinización no es nueva en México. En 2022, el propio titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, advirtió que estos procesos se llevan a cabo en el país, pero tiene una alta demanda energética, elevados costos de operación y mantenimiento y requieren de una adecuada disposición de aguas residuales (salmuera), las cuales pueden ser contaminantes para los ecosistemas.
Santoyo también explicó durante el foro “Desalinización de agua de mar y su aprovechamiento” que “uno de los principales factores que limitan este tipo de tecnologías, es el costo, el cual depende de diversos factores, principalmente la ubicación de la planta, la fuente de abastecimiento, las dimensiones y el costo energético (el cual representa hasta 70% del total)”.
En el año 2000, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) dio a conocer que el precio promedio para desalinizar agua salobre era de 0.35 dólares por metro cúbico y de 1.54 dólares para el agua de mar. Sin embargo, los costos de este tipo de procesos pueden ser más altos o más bajos según del tipo de desalinización que se haga, la calidad del agua fuente que se utilice, la calidad del agua demandada según su uso final; la capacidad de la planta, entre otros factores.
Sobre los efectos ambientales de la desalinización, el reporte “El estado de la desalinización y la producción de salmuera: una perspectiva global”, respaldado por la ONU, dio a conocer que en 2019 cerca de 16 mil plantas desalinizadoras en el mundo producían flujos de aguas residuales (salmuera) y químicos tóxicos mayores a los esperados.
El reporte considera que “la salmuera sigue siendo un problema importante de la desalinización”. En este sentido, si se desalinizara el agua de Texcoco, los desechos contaminantes tendrían que eliminarse alguno de los métodos tradicionales como descarga directa en océanos, una superficie de agua o alcantarillado, inyección de pozos profundos y estanques de evaporación, dependiendo de la ubicación geográfica de la planta.
La descarga de salmuera, por ejemplo, tiene efectos ecológicos asociados a alteraciones fisiológicas del agua alrededor del lugar donde se vierte el desecho. Las plantas justo al océano a menudo descargan la salmuera sin tratar directamente en el mar, mientras que “cuando se descarga continuamente en aguas superficiales, estos factores plantean riesgos para la vida oceánica y los ecosistemas marinos”, explica el reporte.
Además, los residuos y la alta salinidad pueden producir “profundos impactos en organismos bentónicos (asociados al fondo acuático) y traducirse a efectos ecológicos observables a lo largo de la cadena alimenticia”.
También ha habido esfuerzos para tratar o eliminar la salmuera -como la recuperación de minerales- con el fin de evitar o mitigar los impactos ambientales negativos. Sin embargo estas tienen “altos costos económicos y demandas energéticas” que representan una barrera para su aplicación, según el análisis.
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El secuestro y asesinato de 13 mineros ha sacudido a Perú, un país en el que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones.
El asesinato de 13 personas en una mina de Pataz, en el departamento de La Libertad, conmocionó a Perú y puso de relieve la crisis de seguridad que sufre el país.
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron hallados el domingo con indicios de haber sido ejecutados a sangre fría en un socavón dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa, después de días de rumores e informaciones sin confirmar sobre su presunto secuestro.
El episodio ha sacudido a un país en el que la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y copa el debate político.
El hecho de que la provincia de Pataz llevara en estado de emergencia desde febrero del año pasado para frenar la delincuencia no impidió las muertes y ha agravado las dudas en torno a la gestión de las autoridades.
El auge del crimen ha llevado al gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, a declarar el estado de emergencia en diferentes lugares del país, incluida Lima, y la matanza de Pataz ha abierto el debate sobre si se le está dando la respuesta adecuada al problema.
Este mismo lunes, Boluarte declaró un toque de queda en Pataz y les otorgó el control de la zona de la minera a las Fuerzas Armadas.
Qué se sabe de la matanza de mineros de Pataz
El pasado viernes, después de días de especulaciones, la minera Poderosa denunció en un comunicado que un grupo de “mineros ilegales coludidos con criminales” atacaron una de sus instalaciones en la provincia de Pataz y secuestraron a 13 trabajadores.
Según relató la empresa, los trabajadores prestaban servicios a un “minero artesanal” que mantiene “un contrato de explotación” con la minera.
La empresa señaló que lo ocurrido “pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz”.
Denunció que la minería ilegal se ha adueñado de gran parte de sus instalaciones pese a la declaración del estado de emergencia y el despliegue de 800 policías en un operativo realizado la semana pasada.
El domingo, los medios peruanos informaron del hallazgo de 13 cadáveres en un socavón de la mina, confirmando los peores temores de los familiares, que fueron llegando a la zona desde diferentes lugares del país.
Fuentes policiales citadas por el medio peruano RPP indicaron que las víctimas se encontraban “maniatadas, vendadas y desnudas cuando fueron ejecutadas con un disparo en el cuello”.
Aunque no se ha publicado una lista oficial de víctimas, los medios peruanos ya han comenzado a difundir algunos nombres, y algunos familiares se han presentado en la morgue de la ciudad de Trujillo, donde esperan a que se completen los trámites legales y forenses con los cuerpos de sus seres queridos.
Enrique Carbonell, que se identificó como padre de uno de los trabajadores asesinados, se mostró muy crítico con la gestión de las autoridades en declaraciones a Canal N.
“No hay ni un puesto policial ni un puesto de auxilio rápido” en la zona, se quejó Carbonell.
Cuál es la situación de la minería ilegal en Perú
Según el relato de la compañía, las 13 personas fueron asesinadas tras ser secuestradas en el ataque de un grupo armado que se hizo con el control de la zona de las instalaciones en la que trabajaban.
Los ataques armados y las muertes en minas de Perú han aumentado y la compañía informó que ya son 39 los “colaboradores, mineros artesanales y trabajadores ultimados” por los grupos criminales que han tomado el control de la zona.
Perú tiene una inmensa riqueza minera. Es uno de los mayores productores de oro del mundo y aporta cerca del 4 % del suministro mundial.
Y muchos buscan, especialmente en el Perú rural, donde no abundan las oportunidades económicas, ganarse la vida en el negocio de la minería, un sector en el que prevalece la informalidad y en torno al que en los últimos años han proliferado los grupos criminales.
Muchas de las explotaciones clandestinas se encuentran en zonas de difícil acceso, con frecuencia en áreas de sierra o de selva, donde el Estado y sus fuerzas de seguridad tienen escasa presencia.
La extorsión, la trata de personas y la explotación sexual son algunos de los problemas que suelen acompañar a la expansión de estos grupos criminales.
El gobierno peruano estableció en 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que permitía registrarse y formalizar su situación a los mineros artesanales.
Aunque nació como un mecanismo temporal, se ha ido prorrogando y los últimos intentos de ponerle fin se han topado con la fuerte oposición de los grupos de interés creados en torno a la minería artesanal.
Sus detractores denuncian que el Reinfo se ha convertido en la práctica en la vía que permite actividades ilícitas sin una fiscalización efectiva y está siendo utilizado por redes de crimen organizado implicadas en la minería ilegal para crear tapaderas y blanquear sus activos.
La minería ilegal ha sido identificada por los expertos como uno de los motores del aumento de la criminalidad y violencia que sufre Perú.
El país había registrado más de 640 homicidios hasta mediados de abril de este año, lo que supone un 19 % más que las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.
La respuesta del gobierno
Días antes de que se hallaran los cadáveres, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad de las informaciones sobre los 13 secuestrados en Pataz.
En una rueda de prensa el pasado miércoles, Adrianzén dijo: “Nuestros cuerpos de seguridad no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz”, y añadió que no constaba “ninguna denuncia hasta el momento”.
Pero Carbonell dijo que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en la noche del martes y calificó los comentarios de Adrianzén como “una mentira muy grande”.
Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que “desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas”.
Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06:00 am y las 06:00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar.
La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para “facilitar la instalación” de militares y policías en la zona.
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