Perú acusa a Sheinbaum de violar principio de no intervención tras expresar apoyo al expresidente Pedro Castillo
El gobierno de Perú acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de violar el principio de no intervención y de no respetar el Estado de Derecho tras las declaraciones que realizó en apoyo al expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión desde su fallido autogolpe.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó su rechazo a las declaraciones, las cuales considera “reflejan un total desconocimiento del fallido golpe de Estado que el señor Pedro Castillo realizó, el 7 de diciembre de 2022”.
La cancillería acusó a Sheinbaum de sostener una “posición ideologizada” respecto a este acontecimiento y de demostrar “un marcado irrespeto por el Estado de Derecho y el principio de no intervención”.
Asimismo, indicó que está postura contradice “los lineamientos fundamentales que sustentan la Doctrina Estrada, que el Gobierno mexicano dice defender”, en referencia al postulado en política exterior que se encuentra establecido en la Constitución y que hace énfasis en la no intervención y al respeto a la autonomía e independencia de otras naciones.
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Sheinbaum expresa apoyo a Pedro Castillo
En su conferencia matutina del viernes, Sheinbaum se refirió al caso del expresidente Pedro Castillo como una “injusticia” e informó que la embajada de México apoyará a su abogado, Guido Croxatto, en la causa que defiende.
Según detalló, durante la reunión que sostuvo con el abogado el pasado 20 de febrero en Palacio Nacional, éste le solicitó el apoyo de la embajada mexicana para presentar una denuncia ante instancias internacionales por la presunta violación a los derechos que se cometió en contra del exmandatario.
“Su abogado, que tiene muchas dificultades, por cierto, para poder ver al expresidente o al presidente, como le queramos llamar (…) vino a solicitar el apoyo de los embajadores que pudieran estar en estas instancias, dentro todo del marco de la Constitución de México, de nuestras leyes. Y le planteamos que sí, que en ese marco, por supuesto, que vamos a apoyar. Consideramos que es una injusticia”.
Frente a esto, el gobierno peruano exigió “el mismo grado de respeto que reclama el Gobierno mexicano en sus relaciones con otros Estados”.
De esta manera, Sheinbaum da continuidad a la postura de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien nunca reconoció al gobierno de Dina Boluarte, instalado tras la detención de Castillo.
La crisis diplomática entre ambos países fue escalando hasta que en febrero de 2023, Perú ordenó el retiro definitivo del embajador mexicano y limitó su relación al nivel de encargados de negocios.
Juicio contra Pedro Castillo será en marzo
El expresidente peruano Pedro Castillo será sometido a juicio a partir del 4 de marzo tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022. Ahí deberá responder por las acusaciones que lo señalan como presunto coautor del delito de rebelión y como autor de abuso de autoridad.
Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, cumplió 18 meses de prisión preventiva por pedido de la fiscalía, que lo acusa de intentar un “golpe de Estado”. El organismo pide una condena de 34 años de prisión.
El exmandatario fue capturado el 7 de diciembre de 2022, cuando fracasó en su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
“Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.
Castillo, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder.
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Las protestas fueron reprimidas por la policía y los militares. Cincuenta civiles murieron presuntamente a manos de los uniformados, lo que derivó en una investigación penal contra Boluarte.
Con información de AFP.
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Aunque no es el único mandatario que lo ha hecho, muchos de los cambios de nombre ordenados por el presidente Donald Trump han causado polémica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre ha entendido el poder que tiene una marca y un nombre.
Como un hombre de negocios reconocido en los medios, él ha puesto su apellido en las fachadas de sus rascacielos y en muchos productos, desde hoteles hasta vinos.
Ahora, está en medio de su mayor y más ambiciosa campaña de marca hasta ahora: el propio Estados Unidos.
En su primer día en la Oficina Oval, firmó una orden ejecutiva rebautizando el Golfo de México como el Golfo de América.
Denali, el nombre de un reconocido monte en Alaska, fue nombrado de nuevo monte McKinley, en referencia al presidente William Mckinley, asesinado en 1901.
A la base militar de Fort Bragg, que fue bautizada así en homenaje a un general confederado, se le cambió el nombre hace unos años por el de Fort Liberty. Ahora, con Trump en la presidencia, tendrá de nuevo su nombre original, pero esta vez en homenaje a un soldado menos controversial de la II Guerra Mundial.
El republicano no es el primer presidente que cambia nombres. Fue el demócrata Barack Obama quien cambió el nombre del Monte McKinley por el de Denali, tras años de campaña de grupos indígenas del estado de Alaska.
Mientras, el republicano George W. Bush cambió el nombre del Bosque Nacional del Caribe en Puerto Rico por el Bosque Nacional El Yunque en 2007, con la idea de reflejar la herencia indígena de ese territorio.
En 2023, durante la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Defensa cambió el nombre de nueve bases militares, incluida Fort Bragg.
En el fondo de esas decisiones hay un deseo de mostrar a Estados Unidos y sus valores bajo una luz particular.
“El acto de nombrar es un modo que tienen los presidentes de formar o reformar su visión sobre el país”, le dice a la BBC Allison Prasch, profesora en la Universidad de Wisconsin-Madison.
Las decisiones de Trump en su segundo mandato están enviando un mensaje claro sobre sus prioridades, dice la experta. “Está elevando una visión muy nacionalista e imperialista de EU”, agrega.
Expansionismo territorial
Algunos de los nombres que ha elegido Trump se refieren a la era expansionista de EU, cuando había la idea de que el país norteamericano tenía la misión divina de expandirse de costa a costa.
Por ejemplo, parte del legado de McKinley fue su rol en anexar Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái al territorio de EU.
Cuando cambió el nombre de Denali de nuevo a McKinley, Trump señaló que quería homenajear a McKinley porque él “había hecho al país muy rico a través de aranceles y talento”.
Y es una ideología que parece estar en la agenda de Trump, cuando habla de tomar de nuevo el control del Canal de Panamá, comprar a Groenlandia y que Canadá se convierta en el “estado número 51”.
Mientras tanto, renombrar el Fort Bragg es el último capítulo de un debate en marcha sobre el legado de la Confederación.
Durante el primer mandato de Trump, el Congreso estadounidense le ordenó al Pentágono renombrar las bases militares que rendían homenaje a militares de la Confederación.
Trump trató de vetar la ley del Congreso, señalando que “nuestra historia como la nación más grande del planeta no puede ser manipulada”.
Pero el Congreso aprobó la medida con apoyo de ambos partidos.
“Es lo que elegimos mostrar”
El historiador Connor Williams, quien estuvo en el comité para renombramiento del Fort Bragg en 2021, cree que rendir homenaje a la Confederación es un error.
“Lo que hace que la Confederación no sea digna de conmemorarse es que tiene poco que se pueda redimir. Ellos traicionaron a EU”, dice Williams.
“Lo que conmemoramos, lo que celebramos, las muestras públicas que hacemos, donde ponemos nuestros homenajes, allí es donde el presidente tiene la habilidad de señalar lo que él piensa que es importante”, añade.
En 2023, la administración de Joe Biden cambió el nombre de Fort Bragg, que rendía homenaje al general del ejército de la Confederación Braxton Bragg, por el de Fort Liberty.
“Tomamos esta oportunidad para hacernos mejores y buscar la excelencia. Esto es lo que siempre hacemos y siempre vamos a hacer”, dijo el general Christopher Donahue durante la ceremonia de renombramiento.
Sin embargo, el cambio de nombre creó sentimientos encontrados entre los legisladores, el personal militar de Fort Bragg y la comunidad local.
“Entiendo las razones detrás del cambio y tengo que aceptarlo porque ha sido un gobierno elegido democráticamente que ha determinado qué es lo mejor”, dijo Jimmy Keefe, miembro del gobierno local cuando se hizo el cambio de nombre.
“Pero lo que no me gusta es que personas que han tenido experiencias positivas en Fort Bragg, que han tenido hijos allí o matrimonios, ya no tendrán ese vínculo con el nombre de Fort Bragg”, agregó.
Esta semana, el secretario de Defensa de EU, Peter Hegseth, restauró el nombre de nuevo a Fort Bragg. Pero esta vez, dijo que la base era bautizada así en homenaje al soldado Roland Bragg, quien luchó en la II Guerra Mundial.
“Es cierto. Bragg está de vuelta”, dijo Hegseth.
Legisladores republicanos que representan a las personas que viven en la base militar expresaron su entusiasmo sobre el cambio.
“Bautizar a Fort Bragg por el soldado Roland Bragg, quien obtuvo la medalla de plata y el corazón púrpura en la II Guerra Mundial, siempre fue la mejor decisión”, dijo en cuenta de Facebook el senador Ted Budd.
Cambios controversiales
Pero a nivel nacional, muchos de los cambios de Trump han sido controversiales.
Una encuesta de la Universidad de Marquette señala que el 71 % de los adultos no apoyan cambiar el nombre del Golfo de México.
Y algunos de esos cambios han creado debates sobre cuál debe ser la visión de la historia de EU y cuál debe ser el criterio que debe prevalecer.
Una encuesta realizada por Alaska Survey Research sugirió que el 47 % de los votantes de Trump en Alaska estaban a favor del cambio de nombre del monte McKinley.
Pero en general, los habitantes de Alaska se opusieron al cambio de nombre por un margen de dos a uno, informó el diario Juneau Express.
Los demócratas y republicanos de la legislatura de Alaska se unieron para aprobar una resolución instando a Trump a no cambiar el nombre del monte Denali.
“Cambiar oficialmente el nombre no sólo deshonraría a quienes han luchado para proteger el legado de Denali, sino que también desestimaría las voces de las comunidades nativas cuyas raíces están entrelazadas con esta tierra”, dijo la representante de Alaska Maxine Dibert, demócrata y miembro de la comunidad indígena Koyukon Athabascan.
El tiempo dirá si los cambios simbólicos de nombre de Trump perduran. Pero las discusiones sobre ellos no muestran signos de amainar.
Esta semana, la Casa Blanca bloqueó la entrada a un reportero de Associated Press en la Oficina Oval porque la agencia de noticias mantuvo al Golfo de México en su popular manual de redacción.
La editora ejecutiva de AP, Julie Pace, calificó la decisión de “alarmante” y dijo que violaba los derechos de libertad de expresión establecidos en la Constitución.
Mientras tanto, Google, que ahora utiliza el nombre Golfo de América en sus mapas para los usuarios estadounidenses, ha comenzado a eliminar las críticas negativas que se hacen en sus páginas sobre el cambio de nombre.
Cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América podría ser una apropiación de tierra (o agua) sólo en el papel, pero su simbolismo es innegable, explica Prasch.
Y va más allá de la geografía para tocar una fibra sensible sobre cómo el país se ve a sí mismo y a su historia.
“De hecho, creo que esto es mucho más que cambiar el nombre de una masa de agua en un mapa”, anota . “Es una decisión fundamentalmente retórica sobre cómo pensamos sobre la historia de la nación”.
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