La plataforma InfodemiaMX y el IMSS-BIENESTAR negaron la suspensión de cirugías en el Hospital General de Oaxaca “Aurelio Valdivieso”, minimizando las afectaciones, pero familiares de pacientes y personal médico han denunciado la falta de medicinas y equipo para garantizar la atención básica a la población.
Incluso el propio gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y el secretario de Salud local, reconocieron que el hospital carece de insumos médicos. “No tenemos el 100%, pero sí hay funcionamiento. Hay medicamentos, atención, claro que no contamos con todo lo que se requiere, y se solucionará”, dijo el gobernador a medios el 13 de enero.
Una semana antes de esos dichos, el 6 de enero, personal de dicho hospital advirtió sobre la suspensión de las cirugías no urgentes y de la recepción de pacientes debido a la falta de material, medicamentos y recursos financieros.
“No hay laboratorio ni ordinario ni de urgencias, esto debido a que terminó la licitación con el anterior proveedor… no hay agua de garrafón por la misma causa. A partir de hoy, seis de enero, no hay diésel para las calderas, por lo tanto no habrá para esterilizar material y ropa de cirugía”, se pudo leer en el comunicado del hospital.
El morenista Salomón Jara gobierna Oaxaca desde diciembre de 2022. Su administración cumplió dos años sin que se resolvieran las carencias en el hospital “Aurelio Valdivieso”, que ahora hace una transición para quedar bajo el control del IMSS-Bienestar.
Durante la sección del “Detector de mentiras” en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó un video de la plataforma InfodemiaMX, del Sistema Público de Radiodifusión, en la que se negó que se suspendieran las cirugías en el Hospital Aurelio Valdivieso, y se tacharon como falsas publicaciones en redes que denunciaron las carencias de esa instalación.
Esta narrativa también fue difundida en redes sociales y replicada por las cuentas oficiales del IMSS-Bienestar.
“Es falso que el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” haya suspendido la atención y las cirugías. Del lunes 6 al domingo 12 de enero de 2025, se realizaron 33 cirugías de ginecología y 31 intervenciones de cirugía general y especialidades quirúrgicas”, publicó el Instituto.
Sin embargo, ambas instancias omitieron las denuncias realizadas por usuarios y personal médico.
En conferencia de prensa del 8 de enero, personal del hospital denunció que la falta de insumos detuvo algunos servicios, lo cual obligó a familiares de pacientes a pagar análisis y pruebas de laboratorios en instituciones privadas.
El personal aseguró que las carencias incluían falta de agua, gas y medicamentos. El titular del área de anestesia, Oscar Cuevas, denunció carecer de medicamentos de primera línea para atender padecimientos como hemorragias obstétricas.
“Tenemos que seguir atendiendo con lo que tenemos; tenemos que hacer adaptaciones. Estamos en riesgo nosotros como médicos y los pacientes. Ya no podemos trabajar así, hemos tocado fondo. Hemos sido resolutivos y lo hemos demostrado, pero necesitamos recursos y necesitamos apoyo”, dijo Norma Ojeda Alcalá, titular de la jefatura de Gineco-Obstetricia.
También se pausó el servicio de alimentación para el personal debido a la falta de diésel y gas LP, esto para “optimizar los recursos para las dietas” de los hospitalizados, y la recepción de pacientes referidos de las Redes Integradas de Servicios de Salud y particulares.
Juana Ruiz, familiar de un paciente en el Hospital Aurelio Valdivieso, pagó 45 mil pesos por materiales para operación y señaló que su hija no fue intervenida debido a la falta de anestesia e insumos para la cirugía.
“No hay material para hacer la cirugía, las enfermeras ayudan como pueden. Hemos visto cómo se preocupan cuando hace falta paracetamol”, dijo a Nmás Lizeth Diaz, familiar de otro paciente en dicho hospital.
Como lo demuestran fotos publicadas por la agencia Cuartoscuro, el 10 de enero continuaron las exigencias por suministros para el hospital y, aunque una delegación del IMSS-BIENESTAR visitó el hospital, la falta de insumos y medicamentos continuó.
En entrevista con Milenio Noticias, Emmanuel Jarquín González, secretario de Salud de Oaxaca, y Soledad Zárate, coordinadora del IMSS-BIENESTAR en el estado, aseguraron el 10 de enero que el hospital había recibido insumos que estaban “subsanando” carencias “paulatinamente”.
“Las cirugías no han sido suspendidas… han sido subsanadas algunas necesidades que tenemos o que teníamos en el hospital”, dijo la coordinadora.
Soledad Zárate aseguró que se habían surtido 63 mil 927 piezas de medicamentos entre el 9 de diciembre al 8 de enero de 2025 por parte del IMSS-BIENESTAR. Sin embargo, las denuncias por falta de medicinas continuaron.
De acuerdo con el medio local NVI Noticias, las jefaturas de anestesiología, obstetricia y ginecología reclamaron la falta de medicamentos para tratar la hemorragia obstétrica. Mediante la circular HGDAV/GO/05/2025 del 13 de enero, el laboratorio clínico del hospital denunció la falta de reactivos y materiales para estudios de biometría hemática, electrolitos séricos, química sanguínea, PCR y para realizar transfusiones de sangre.
Por su parte, la secretaría general de la subsección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Patricia Méndez, coincidió en que continúa la falta de medicamentos, pese a que se ha avanzado en el abasto de insumos, y se retomaron algunos procedimientos como los de osteosíntesis.
En su conferencia de prensa del 14 de enero, el gobernador de Oaxaca enfatizó que se habían invertido 330 millones de pesos en el hospital Valdivieso, sin embargo, aseguró que no alcanzaría una inversión de 5 mil millones de pesos para solucionar los problemas del hospital debido a que es un “problema crónico interno”, según dijo.
Si se aplican, como ha prometido hacerlo Trump el 1 de febrero, los aranceles tendrán efecto en México y Canadá, pero también perjudicarán el bolsillo de los estadounidenses.
No es raro pensar en los aranceles como una especie de “castigo” a los productos extranjeros y a los países que los fabrican.
Sin embargo, el “efecto lavadora” ayuda a explicar por qué también las empresas nacionales y los consumidores locales terminan pagando los costos de los aranceles.
Antes de llegar ahí, vale la pena revisar en qué está la discusión actual.
En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está considerando imponer el 1 de febrero un 25% de aranceles a todos los productos mexicanos y canadienses, y un 10% a los productos provenientes de China.
La medida está relacionada con la percepción del mandatario estadounidense sobre la mala gestión de los gobiernos de esos países en relación con la migración y el narcotráfico.
Inesperadamente, la amenaza también le cayó a Colombia, cuando el presidente de EE.UU. amenazó a ese país con imponer un 25% de impuesto a sus exportaciones, luego de que el gobierno de Gustavo Petro se negara a autorizar el aterrizaje de dos aviones militares con ciudadanos colombianos deportados.
Sin embargo, todo quedó en nada, porque Petro terminó aceptando a sus deportados y Trump no le impuso ningún arancel.
La postura de Trump sobre el tema migratorio ha sido bastante clara: “Como todo el mundo sabe, miles de personas están entrando en masa a través de México y Canadá, llevando el crimen y las drogas a niveles nunca vistos”.
Los aranceles permanecerán, advirtió, “hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales pongan fin a esta invasión de nuestro país”.
Sobre la imposición de un arancel tan alto como un 25% -y tan amplio que abarcaría todos los productos mexicanos y canadienses-, expertos en comercio y relaciones internacionales entrevistados por BBC Mundo han expresado un cierto nivel de escepticismo.
“El arancel ligado a la migración y al fentanilo es una especie de extorsión”, le dice a BBC Mundo el economista mexicano Luis de la Calle, quien participó en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en el anterior tratado de libre comercio, NAFTA.
Otros economistas, como Gerardo Esquivel, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), piensan que una amenaza de esa magnitud “no es creíble”. “Lo que quiere es empezar una negociación con ventaja”.
Así también le comenta a BBC Mundo Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, quien tampoco vislumbra una aplicación generalizada a todos los productos mexicanos.
La retórica de Trump es que los aranceles les quitan dinero a las empresas extranjeras para “enriquecer a los estadounidenses”.
La duda que surge con esa afirmación es que, al mirar las experiencias pasadas, ese no siempre ha sido el caso, dado que los aranceles que Trump aplicó en su primer gobierno, además de afectar a empresas extranjeras, también perjudicaron a compañías locales y a los propios consumidores estadounidenses, según varias investigaciones académicas.
Lejos de enriquecerlas, las familias tuvieron que pagar precios más altos. Y la recaudación tributaria producto de la imposición de los aranceles fue muy baja en comparación a lo que recauda el gobierno a través de impuestos individuales y corporativos.
Un ejemplo que sirve para ilustrar esto es el caso del impuesto a las lavadoras extranjeras que Trump aplicó en 2018 durante su primer mandato.
Una investigación elaborada por tres reconocidos economistas, Aaron Flaaen, Ali Hortacsu y Felix Tintelnot, llegó a la conclusión de que el precio de las lavadoras en Estados Unidos subió 12% como efecto directo de ese arancel.
La idea del arancel, que es un impuesto a los productos importados, era proteger a los productores locales contra el masivo ingreso de lavadoras muy baratas desde el exterior, en lo que se conoce como un caso de competencia desleal o dumping.
“Aunque se crearon algunos empleos, los consumidores pagaron un costo muy alto”, le dice a BBC Mundo Felix Tintelnot, profesor de la Universidad de Duke en EE.UU. y coautor de la investigación.
Los estadounidenses en su conjunto pagaron cerca de US$820.000 más en la compra de lavadoras, por cada empleo creado. “No fue un buen negocio para ellos”.
Eso es precisamente lo que hemos llamado el “efecto lavadora”: el aumento de precios que pagaron las familias estadounidenses.
Así también lo explica Inga Fechner, economista senior de Comercio Global del equipo de investigación del banco ING en Alemania.
En última instancia, “los consumidores cargan el costo del conflicto comercial”.
Una de las lecciones que dejó esa experiencia es que no solo subió el precio de las lavadoras importadas, sino que los productores locales también los aumentaron.
Sí, es cierto que no todos los aranceles son iguales. Y que la amenaza actual de Trump contra México y Canadá no tiene nada que ver con las acusaciones de competencia desleal, dirigidas especialmente contra los productos chinos.
Sin embargo, el caso de las lavadoras no es un ejemplo aislado.
Si miramos lo que pasó en el primer gobierno de Donald Trump, abundan los análisis de datos que muestran cómo la imposición de aranceles también tuvo efectos negativos sobre la economía y los consumidores estadounidenses.
“Un estudio tras otro han demostrado que los aranceles estadounidenses aplicados desde 2017 han sido transferidos en su totalidad a los compradores estadounidenses”, argumentan Kimberly Clausing y Mary Lovely, economistas del Peterson Institute for International Economics (PIIE), un centro de investigación independiente con sede en Washington D.C.
Otros centros de estudio, como el conservador Tax Foundation, llevan años publicando investigaciones sobre los perjuicios económicos ocasionados por los aranceles dentro de EE.UU.
“Han tenido un impacto negativo neto en la economía del país”, asegura un reciente análisis de Erica York, vicepresidenta de Política Fiscal Federal de la organización.
“Los aranceles han elevado los precios y reducido la producción y el empleo”, agrega.
Esas conclusiones son refutadas por aliados del presidente Trump como Peter Navarro, actual asesor comercial del gobierno.
Su planteamiento es que los aranceles no subieron ningún precio durante el primer gobierno del mandatario.
“Tuvimos cero inflación debido a los aranceles”, dijo en declaraciones a la prensa local, sin entregar más detalles.
Aunque sin duda el arancel le provoca daño al país afectado, el primero que tiene que pagar ese impuesto es el importador estadounidense en la aduana cuando ingresa los productos extranjeros.
Si se aplica un arancel de 25%, por ejemplo, el importador estadounidense que ingresa aguacates, tomates, partes de automóviles, cerveza, acero, o cualquier otro producto mexicano, tiene que pagar ese valor extra.
Como al importador le resulta más caro ingresar el producto, una parte del sobreprecio o todo el costo extra, suele ser traspasado al consumidor final, en este caso el estadounidense, generando un aumento de la inflación.
En el caso de los productos mexicanos y canadienses, la situación es más compleja porque los tres países de América del Norte han mantenido acuerdos de libre comercio desde hace tres décadas. El primero fue el NAFTA y el segundo, que continúa vigente, es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.
Aplicar aranceles “sería romper con la idea de un acuerdo comercial”, explica Valeria Moy, directora general del Centro de Investigación en Política Pública, IMCO. “Es como decir ‘no me interesa'”.
Pero los tres países se necesitan mutuamente porque han construido cadenas de producción que a través de los años se han enlazado estrechamente, con empresas binacionales o fábricas que dependen de las exportaciones y las importaciones.
El principal socio comercial de Estados Unidos es México, país que destina más del 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense.
Muchas de las empresas estadounidenses dependen de la manufactura que hacen en México y, si ya no pueden ingresar los productos a un precio competitivo, estarán en serios problemas.
“No creo que el presidente Trump no tenga ganas de hacerlo, pero no creo que un arancel universal sea viable”, dice Moy.
Para ella, sí es más viable un arancel específico sobre determinados bienes.
“Esto ya ocurrió antes”, le dice a BBC Mundo Xóchitl Pimienta, directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México.
Durante su primer gobierno, en 2018, Trump impuso temporalmente aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio, una medida que provocó alarma en empresas mexicanas y estadounidenses, pero que además terminó encareciendo los productos que compran las familias estadounidenses.
Pimienta explica que se hicieron muchas investigaciones sobre el efecto en los precios que terminó pagando el consumidor final en EE.UU.
Una de ellas arrojó que algunos productos como autos, lavadoras, licuadoras y muchos otros, subieron de precio entre 8% y 20% en EE.UU., tras la imposición de los aranceles a esos productos metálicos.
Otro estudio determinó que el aumento arancelario les costó a las familias estadounidenses alrededor de US$1.200 al año en sus compras.
En el pasado también hubo amenazas. Trump le advirtió a México que aplicaría un arancel de 5% a todos los productos mexicanos, si el gobierno no tomaba medidas para frenar la migración.
Pero a final de cuentas, ese arancel no se concretó. Sin embargo, el solo anuncio generó incertidumbre y cierto nivel de especulación de precios, comenta la experta.
Si esta vez el gobierno aplica aranceles a México, como lo ha prometido, los más afectados serán el sector automotriz, el agrícola, los productos alimentarios (como el aguacate, los tomates, las fresas, los pimientos), la cerveza y el tequila, el sector de electrónica (como las pantallas para celulares) y el manufacturero, además del petrolero.
Una vez más, dice Pimienta, “el consumidor final en Estados Unidos se verá afectado”.
Ante un escenario como ese, Trump tendría que lidiar con presiones inflacionarias que él prometió bajar durante su campaña, una promesa electoral que le ayudó a regresar a la Casa Blanca en medio de un clima de insatisfacción por el alto costo de la vida.
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