Autoridades y pobladores del municipio de Coahuayana, Michoacán, han denunciado el uso de gases tóxicos en artefactos explosivos terrestres empleados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en sus ataques en la región. 

El uso de gases tóxicos, confirmado por fuerzas federales, ha causado la muerte de fauna y ganado, además de poner en riesgo la vida de los habitantes.

El primer caso documentado ocurrió el 3 de abril de 2024, cuando células criminales del CJNG llevaron a cabo una ofensiva armada en diversas localidades de Coahuayana, incluyendo Palos Marías y La Presa.

Durante el ataque, utilizaron armas largas, rifles calibre .50 tipo Barrett, así como drones cargados con C4 y pólvora y artefactos explosivos improvisados tipo mina.

A pesar de que el Ejército Mexicano tiene una base instalada en Palos Marías, los militares decidieron salir de esa zona rural y refugiarse en la explanada de la presidencia municipal.

Elementos de la Policía Comunitaria, que desde hace 10 años es la corporación que se encarga de la seguridad de ese municipio, contuvieron el ataque e iniciaron la búsqueda de Ana María, de sus nietos y de otros pobladores de los que nada se sabía. Por fortuna, luego aparecieron con vida.

Tras el repliegue del cártel, la Policía Comunitaria halló múltiples explosivos no detonados, incluyendo dispositivos diseñados para drones y minas terrestres. Fue entonces cuando personal militar corroboró la presencia de un fuerte olor a gas, que posteriormente identificaron como gases venenosos emanando de los artefactos explosivos. 

Sin dar más detalles, las fuerzas federales se retiraron de la zona y dejaron expuestos los explosivos, no sin antes confirmar al Ayuntamiento la existencia de gases tóxicos en las minas terrestres y en los cartuchos explosivos para ser lanzados desde drones.

Esa fue la primera ocasión que se tuvo confirmación del uso de ese tipo de explosivos y, a la fecha, en cada ataque, son localizados los restos de más explosivos con esas características, que han matado a decenas de cabezas de ganado y a la fauna.

El 21 de octubre del año pasado, el Cártel Jalisco Nueva Generación atacó nuevamente Coahuayana con explosivos lanzados desde drones y minas terrestres para bloquear el paso de la Policía Comunitaria. 

Según informes federales, Óscar Fernando Arreguín Girón, alias El Anzuelo, jefe de sicarios del CJNG en Colima, es uno de los responsables, junto con El Yogurt, otro jefe de plaza. Ambos operan bajo el mando de Luis Gabriel Cabrera Jiménez, El Humilde. 

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El Anzuelo y El Yogurt están identificados por las autoridades como los responsables de la privación ilegal de la libertad y desaparición del defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y del líder comunitario indígena de Aquila, Antonio Díaz Valencia.

Lagunes Gasca y Díaz Valencia fueron secuestrados desde el 15 de enero del año pasado y hasta este momento se desconoce su paradero.

Michoacán, el estado con más explosivos

Michoacán es el estado en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus grupos aliados ha concentrado la mayoría de los explosivos que fabrica o que adquiere ya prefabricados, de acuerdo con información pública y áreas federales de seguridad.

Entre enero de 2020 y octubre de 2024, las fuerzas militares detectaron y decomisaron la mayor cantidad de explosivos en esta entidad, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenidos a través de su plataforma de acceso a la información pública y transparencia.

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De los 4 mil 630 artefactos asegurados en ese periodo por el Ejército Mexicano, mil 965 fueron localizados en Michoacán, de los cuales, las fuerzas armadas destruyeron 592 en el municipio de Apatzingán, 319 en Buenavista y 178 en Aguililla.

El resto de explosivos fueron asegurados en otros municipios del territorio michoacano, donde tiene presencia y control el CJNG, así como Los Viagras.

Después de Michoacán, el estado del país con más artefactos explosivos improvisados por la Secretaría de la Defensa Nacional, es Jalisco, con 432.

De ese total, 205 explosivos fueron decomisados y destruidos en Santa María del Oro, un municipio que, de acuerdo con notas publicadas por Animal Político, se ha identificado como uno de los principales bastiones del CJNG para la concentración de tropas y la fabricación y distribución de explosivos caseros terrestres.

Respuesta de los cárteles a la militarización del país

Para el consultor en seguridad David Saucedo Torres, la utilización de armas de grado militar por parte de los cárteles de la droga en México es una respuesta a la creciente estrategia de militarización del combate a la inseguridad qué instrumentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Animal Político, el especialista expuso que aunque algunas organizaciones del crimen organizado, como los Zetas, ya habían hecho uso de armamento de alto calibre (sobre todo por la extracción castrense de sus integrantes), a partir de la decisión de militarizar por completo el combate a los cárteles de la droga se dio un proceso análogo de militarización de los grupos delictivos.

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“La militarización del combate a la inseguridad, trajo consigo la militarización de los cárteles”, comentó.

“En paralelo, la contratación de militares y mercenarios extranjeros por parte de los narcos mexicanos, indujo a varios cárteles a utilizar artefactos explosivos más sofisticados como drones con cargas exclusivas y minas terrestres. Está plenamente documentada la colaboración de exmilitares colombianos, de kaibiles (comandos de élite del ejército de Guatemala) y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como instructores en los campos de entrenamiento de sicarios del Cártel Jalisco Nueva generación, más recientemente del cártel de Sinaloa y del Cártel de Santa Rosa de Lima”, añadió.

La contratación de mercenarios extranjeros, dijo el especialista, provocó una transferencia de saberes y conocimientos hacia los cárteles mexicanos en la fabricación y manejo de drones con cargas explosivas y minas terrestres.

Durante la larga guerra civil en Colombia, las FARC se caracterizaron por combatir las incursiones del Ejército Nacional de Colombia y de los grupos de autodefensa, mediante la utilización de minas terrestres, como está ocurriendo ahora en Michoacán y Jalisco.

“Hay dos tipos de minas terrestres: las minas antitanque, que sirven para dañar vehículos motorizados y las minas anti personal, empleadas para herir o matar personas. En México se ha detectado el uso de ambos tipos”, señaló.

Saucedo Torres explicó que las minas son utilizadas para impedir la circulación de tropas enemigas en zonas que desean proteger los cárteles, por lo que con explosivos terrestres crean una “muralla invisible” para defender territorios conquistados.

En México se han detectado minas terrestres en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y más recientemente en Tamaulipas.

Las principales organizaciones del narcotráfico que hacen uso de las minas terrestres son el Cártel Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“De igual modo, las minas que se utilizan en el país, son de manufactura artesanal (fabricadas por los propios grupos de narcotráfico) y minas de importación obtenidas en el mercado negro de armas, fabricadas por empresas que también venden sus servicios para el desminado de campos”.

David Saucedo subrayó que la mayoría de las minas que han sido desactivadas por la Secretaría de la Defensa Nacional son explosivos metálicos que pueden ser detectados con radares de tierra y con detectores de metales, que se usan en la industria minera.

Sin embargo, aclaró, que algunos cárteles están empezando a utilizar minas de plástico que requieren instrumentos y tecnologías más avanzadas para su localización y desactivación.

“Una mina terrestre antipersonal tiene un costo en el mercado negro de aproximadamente 3 mil pesos. El costo de una mina anti personal hechiza es del 10 por ciento del valor de una mina manufacturada. Pero el costo para la localización y desactivación de una mina terrestre, es de aproximadamente $30 mil pesos por unidad. Y, el problema, es que la Sedena carece de los recursos necesarios para desminar los polígonos en los que los cárteles sembraron minas terrestres”, explicó Saucedo Torres.

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