Mirella Barragán Barragán y su familia no podían salir de su casa porque quedó rodeada de explosivos terrestres. 

A principios de noviembre de 2024, un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación tomó por asalto la ranchería El Santuario, municipio de Tocumbo, Michoacán, dejando casi despoblada la zona. La célula criminal “sembró” minas terrestres a la redonda y obligó a los habitantes a huir.

“Los vecinos se salieron por los enfrentamientos, por miedo a que les pasara de lo peor y nosotros no pudimos, porque nos alcanzaron a minar el terreno y aparte la camioneta que nosotros teníamos se descompuso, no prendía y ni dónde o con quién arreglarla. Por eso nos quedamos ahí encerrados. Queríamos que alguien nos llevara mandado, pero ¿cómo se nos arrimaban? Estábamos completamente solos”, narra Mirella, ahora desde un punto donde se encuentran familias enteras que abandonaron sus hogares para huir de la violencia.

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“Yo solo le grité a mi familia: ‘pues vámonos’; pero pues ellos, por el barranco no sé si se hayan podido salir”, relata la joven.

“Él nomás llegó echando bala y mi papá lo confrontó por defendernos a nosotros”.

La joven y el grupo de comunitarios intentaron llegar a El Santuario para buscar y rescatar a los familiares de Mirella, pero les fue imposible, pues a cada paso el terreno estaba “sembrado” de explosivos.

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Días después, los familiares de Mirella aparecieron. Tras caminar casi tres días, también sin alimentos ni agua, lograron salir del poblado y sobrevivir a los campos llenos de explosivos.

Sin embargo, el cuerpo de don José Pastor sigue sin ser recuperado. La zona fue convertida en uno de los campamentos de concentración y adiestramiento del CJNG.

Comunitarios se levantan para defenderse

“¡Ánimo señores! Aquí vamos, rumbo a donde tienen minado los del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahorita vamos hacia donde los militares murieron, a causa de un explosivo terrestre que enterraron los jaliscos”.

Así alerta Ambrosio García Tello, un habitante del municipio de Santa María del Oro, Jalisco, sobre el recorrido que se ofrece a hacer con Animal Político para conocer la zona fronteriza de esa entidad con el estado de Michoacán, en la que ese grupo criminal plagó caminos y cerros de artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés).

Desde hace un año, el padre de familia y agricultor se unió a las guardias comunitarias que hoy defienden a sus pueblos de las garras criminales. 

En el camino están los vestigios de vehículos siniestrados, de montones de cartuchos percutidos de proyectiles de grueso calibre, así como del ganado que ha activado en su caminar algún artefacto explosivo.

“Pinche campo minado por los jalisquillos. Los hoyonones en la tierra”, dice un lugareño al encontrarse con la muerte de al menos 10 reses y vacas por el estallido de una mina terrestre.

El recorrido es interrumpido por un grupo ataviado con indumentaria y vehículos con las siglas de CJNG, que dispara hacia los lugareños.

Con drones, los habitantes logran identificar los puntos de concentración, seguir el avance y rastrear los recorridos de quienes, desde el otro lado, descargan con furia sus fusiles de asalto, lanzan drones cargados de explosivos y detonan minas terrestres para destruir caminos y bloquear el acceso de las autoridades y los comunitarios.

“Esos disparos son de los jaliscos (sicarios del CJNG). Disparan desde esos tres cerritos de ahí enfrente y de toda esa lomita, donde tienen barricadas, porque quieren avanzar. Ya nos han ganado varias veces, pero hasta ahorita no han podido (llegar aquí)”, suelta un joven que cambió sus estudios por un rifle para defender a su pueblo.

El grupo armado, proveniente de municipios del estado de Jalisco, es grabado con los drones de los ganaderos, agricultores, campesinos y jornaleros, que intentan frenar la ofensiva criminal.

Semanas antes, los comunitarios le ganaron un par de partidas a esa organización criminal. Argumentan que su ventaja fue conocer al dedillo el terreno.

En un segundo intento por recuperar sus ranchos, sus viviendas, el ganado, sus tierras y el cuerpo de quienes han muerto por los explosivos y los ataques armados, los habitantes avanzaron hacia El Santuario.

Los comunitarios se quedaron con el armamento que traía la célula criminal y con eso fortalecieron una de las barricadas que instalaron, desde donde repelieron un primer ataque que se prolongó hasta por más de cuatro horas. Esa fue la constante, durante tres días.

Muchos de los integrantes de la guardia comunitaria conocen de armas, ya que han sido parte de la Fuerza Rural o formaron parte de los grupos de autodefensas que en 2013 acabaron con el Cártel de los Caballeros Templarios.

En medio del choque a tiros llega un silencio en la despoblada sierra. No es una buena señal. Se trata del estallido de una mina terrestre, que cimbra el terreno, seguido del estruendo de un dron cargado también con explosivos.

Pero eso no detiene a los comuneros. “Porque los criminales estos que vienen de Jalisco, nos han despojado de tierras, nos han matado el ganado, nos han dejado sin comer, nos han violado las mujeres. No tienen respeto a nada esos señores y es lo que nos tiene aquí motivados”, afirma Mario Alejo Barragán, habitante de esa zona.

“No tenemos celebraciones nosotros; no tenemos días festivos. Tuvimos que levantarnos nosotros en nuestras propias armas, porque el gobierno (federal) no nos hacía caso; no nos apoyó y como le digo, ellos (CJNG) nos hicieron mucho daño; nos han matado gente, a las familias, a niños; nos mataron el ganado y nos quieren dejar sin nada”, subraya el ganadero y productor de berries de esa región.

A falta de respaldo de las autoridades, los comuneros deciden continuar levantados en armas, ya que la situación desde hace más de dos años es cada vez más complicada y ahora más cruenta, por los campos minados.

“No podemos dejar el terreno solo, porque ellos (CJNG) avanzarían y nos afectarían los pueblos siguientes; los pueblos vecinos y pues la gente no tiene la culpa de los problemas que ellos (criminales) traigan y nosotros, no tenemos problemas con nadie, nada más que ellos vienen acá a afectarnos y tenemos que defendernos y defender lo de nosotros; defender a la familia, defender lo poco que nos dejaron”, remata.

Una guerra con minas

En febrero de 2024, el Ejército Mexicano estableció una base de operaciones en la localidad de Zipoco, municipio de Santa María del Oro, Jalisco, colindante con el estado de Michoacán, donde el CJNG se había adueñado y había hecho un narcocampamento, desde donde desplegaba a sus tropas.

En esa ocasión, habitantes de al menos 10 localidades del municipio de Santa María del Oro pidieron al gobierno federal que ampliara la presencia militar en sus comunidades, ya que habían sido objeto de ataques.

Los pobladores de El Vallecillo, Las Higueras, Santa Rosa, Higuerillas, San Vicente, La Taberna y La Soledad, entre otras, también de Santa María del Oro, fueron desplazados recientemente por el CJNG.

Pero en enero de ese año, personal militar también fue víctima de la explosión de minas terrestres, colocadas en un camino de terracería.

El saldo en esa ocasión fue de un soldado muerto y seis más lesionados, hechos registrados en videos grabados por las cámaras de un vehículo oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, esa organización delictiva también perpetró diferentes ataques en contra de los habitantes y de las fuerzas armadas, en las que utilizaron fusiles de asalto, drones cargados de explosivos y ametralladoras Minigun.

Los informes señalan que ese grupo delictivo colocó, en menos de un kilómetro, seis minas de guerra, entre las que se encuentran las dos que provocaron el siniestro.

El resto de los explosivos los hizo estallar, controladamente, el personal del Ejército Mexicano, antes de que algún poblador los activara por error.

La respuesta del cártel fue el ataque armado directo en contra de los soldados y de los mandos al frente del operativo, quienes encontraron en las calles un sin fin de explosivos.

El personal del 79 Batallón superó al grupo criminal, tomó el control de Zipoco y sus alrededores, y avanzó en su despliegue hacia los lugares donde había presencia delictiva.

Cuatro meses después, el CJNG emboscó a elementos del Ejército Mexicano en la localidad de La Higuerilla, donde el saldo fue de tres oficiales gravemente lesionados.

El control de la zona fue retomado por el Ejército Mexicano y dos semanas después, el gobierno federal decidió retirar el apoyo militar a los habitantes.

A pesar del llamado de decenas de familias, “la federación y el gobierno de Jalisco nos han dejado solos y hoy tenemos que vivir de la caridad, porque nos salimos solo con la bendición de Dios”, expone Javier, un padre de familia y jornalero.

“Demasiada gente ha muerto por las minas; animales, gente y de todo lo que se atraviese por una mina, muere. Tienen muchos lugares donde concentrarse, como a un lado de Zipoco, en Las Pilas, en Lourdes, en El Santuario. Hay muchos lugares en dónde está concentrado el Cártel Jalisco. Ellos vienen del lado de Jalisco, vienen acá a Michoacán. Están molestando a la gente de acá. La gente ya no puede darle de comer a sus vacas, no puede cultivar, ni nada, por culpa de esas gentes”, indica Ambrosio García, mientras conduce una camioneta blindada por esa zona minada.

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En las rancherías de esa zona limítrofe ya hay pueblos fantasmas por el desplazamiento masivo de sus habitantes, quienes se han refugiado del lado de Michoacán, en donde intentan sobrevivir sin trabajo y sin pertenencias.