“Sobrevivimos a una mina”: obligan a familias a desplazarse con ‘siembra’ de explosivos terrestres en Michoacán
Anita Torres Juárez y su hijo Viviano Villano Torres sobrevivieron a la explosión de una mina terrestre en el estado de Michoacán.
El 24 de marzo de 2024, salieron de la comunidad de Holanda, perteneciente al municipio de Apatzingán, hacia un rancho de su propiedad en la comunidad de La Limonera, de donde son originarios.
Pasaron un convoy militar estacionado sobre el camino. Los militares los pararon y les sugirieron que tuvieran mucho cuidado, porque esa zona estaba plagada de explosivos.
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La campesina de 73 años de edad y su hijo de 38 dudaron de la advertencia y siguieron su camino, pero metros adelante el destino cambió para ellos: una llanta delantera de su camioneta activó accidentalmente una mina terrestre.
“Sobrevivimos a una mina. Caímos a una mina, cuando íbamos para el rancho”, cuenta doña Anita. “Yo y mi hijo sobrevivimos a esa mina, lo que es un milagro de Dios, porque esas cosas no se las deseo ni al más enemigo del mundo, porque cómo cree que reventó la camioneta y gracias a Dios que no nos pasó nada; nomás perdí mi oído; ya no oigo”, prosigue.
Minas terrestres para impedir operativos militares
La señora Anita y Viviano, quien padece un problema neuronal por cisticercosis, fueron víctimas de uno de los artefactos explosivos improvisados que el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus grupos criminales aliados han colocado en predios y caminos del estado de Michoacán.
Animal Político recorrió varias zonas donde han sido sembrados los artefactos explosivos. Uno de los puntos es justamente en el vértice que hacen las localidades de Acatlán, Las Salatera, Las Anonas y la Limonera, de Apatzingán, donde incluso hay una base militar y por donde se pasean los comandos del CJNG y sus socios Los Viagras.
Esa zona de la Tierra Caliente michoacana fue minada por el bloque criminal Cártel Michoacán Nueva Generación, conformado por Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación, para impedir el avance de los operativos militares, de acuerdo con autoridades federales de seguridad.
Apenas el pasado sábado 8 de febrero, un campesino de 43 años de edad, así como un adolescente de 14, murieron tras estallarles un artefacto explosivo improvisado terrestres, en un predio de la localidad de Santa Ana, municipio de Buenavista.
Los informes oficiales indican que el jornalero y el menor realizaban labores de limpieza en una parcela, cuando sin darse cuenta, con un azadón, activaron uno de los explosivos. El estallido mató de inmediato al campesino y al adolescente, quien fue alcanzado por la onda explosiva.
Por eso, para Anita y su hijo sobrevivir a la explosión de la mina terrestre se trató de “un milagro”.
“La camioneta brincó y se meció así al lado de la carretera y nosotros quedamos atrapados en aquél humaderón”, describe Anita.
Ella y su hijo quedaron aturdidos dentro de la cabina de la camioneta, destrozada por la explosión que retumbó a varios kilómetros a la redonda.
Tras el sorpresivo estallido, Viviano le preguntó a Anita qué era lo que había pasado. Viviano salió de la camioneta, sin saber qué hacer. A los pocos minutos, llegó un grupo de militares que estaban metros atrás sobre el camino minado.
“Los soldados nos ayudaron, nos bajaron del carro; el carro estaba de la caseta para adelante, todo despedazado y ya los soldados nos auxiliaron”, recuerda.
Anita y su hijo fueron trasladados a un hospital, donde a ella le diagnosticaron problemas en uno de sus oídos.
“Una cosa tremenda, un dolor tremendo”, cuenta la mujer de pelo cano. “Ojalá y Dios nos ayude de seguir viviendo más, porque necesita uno trabajar, porque no tenemos fondos para seguir sobreviviendo”.
Lamentablemente, para Anita y su familia, el Cártel Jalisco Nueva Generación ya ha minado todos los caminos que rodean su rancho y se ha apoderado de propiedades de los habitantes.
Desplazamiento forzado por minas terrestres
No habían pasado ni 10 minutos desde que Anita dio su testimonio cuando los estruendos de los fusiles de asalto, las explosiones de los drones y el rugir de las ametralladoras anunciaron un nuevo ataque en Acatlán, en Apatzingán, donde se reunieron las familias desplazadas.
Lugareños de las zonas minadas de Apatzingán poco a poco han tenido que huir, solo con lo indispensable y con el dolor de perderlo todo. Se calcula que se trata de unas mil 200 familias que fueron desplazadas hacia Acatlán y otras comunidades.
“Yo tuve que huir de donde nací por miedo, ni modo que por valiente, porque tiene uno miedo que nos quiebren con una mina de esas. Nos vinimos huyendo del mal paso”, relata Pablo López Tapia, un ganadero y agricultor, originario de Las Anonas, a pocos kilómetros de Acatlán.
Las Anonas también está plagada de explosivos, lo que provocó que se convirtiera en un pueblo casi fantasma, al que las familias ya no pueden regresar.
En Acatlán, las familias desplazadas cuentan con tristeza y frustración la manera en la que sobreviven lejos de casa.
Así como el resto de los habitantes, don Pablo dejó todo su ganado, la principal base económica para su familia.
“Pues hay mucha mina y los amigos (delincuentes), ahí están. Están unos aquí, otros acá y otros allá, y estamos nosotros en medio. Nomás estamos esperando que nos caigan”.
“No puede uno ir al campo, porque hay minas enterradas y uno que no las conoce, pues las pisas y se acabó el corrido”, cuenta el hombre.
Su sombrero ataja el sol que va directo a su cara, en una región donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 42 grados centígrados. El hombre de 79 años todavía camina con entereza. Él y su familia, reitera, huyeron porque no podían quedarse en “una zona de guerra”, pese al dolor de abandonar su tierra y su patrimonio.
“De ahí nos tocó correr; corrimos para acá, a ver si me defendían los de aquí. Nos vinimos con una muchacha y un muchacho (hijos), la muchacha ya con hijos, pero el muchacho todavía no. No vinimos de huida, pues”.
“Porque además está uno en las noches con el Jesús en la boca, de a qué hora nos caen también los dronazos”, remata.
Siembran terror con narcominas
A pocos kilómetros, mientras los desplazados narraban cómo la violencia los ha dejado sin nada, se confirmó un cruento hecho provocado por explosivos.
Los cuerpos cercenados y calcinados de dos hombres fueron rescatados del interior de una camioneta siniestrada por el estallido de un explosivo.
Las víctimas circulaban el 12 de enero pasado en una camioneta, entre huertas de limones, cuando al llegar al acceso principal de Las Bateas, también en el municipio de Apatzingán, estalló el artefacto improvisado.
Como resultado, los tripulantes de la camioneta murieron y sus cuerpos quedaron calcinados al igual que la camioneta en la que viajaban.
Días antes, el 9 de enero, un jornalero resultó lesionado en otra ranchería de ese municipio de la Tierra Caliente, al estallarle otro de esos artefactos plantados por el crimen organizado.
El trabajador agrícola se encontraba en una huerta ubicada entre El Capire y Los Hornos, cuando el tractor que conducía pasó sobre el artefacto explosivo y lo hizo detonar.
El estallido provocó daños en el tractocamión y en un remolque con fertilizante, pero también en algunas partes del cuerpo del jornalero al ser alcanzado por las esquirlas.
El terror de morir destrozados por el estallido de un artefacto explosivo improvisado no solo ha sido sembrado por los criminales entre las autoridades y los pobladores, sino también en médicos y profesores, quienes han decidido no acudir a las escuelas o a las clínicas rurales.
El temor se confirma con cada tragedia que da cuenta del grado de violencia que se vive en esta y otras regiones de Michoacán por los explosivos y grupos criminales provenientes del estado de Jalisco.
Una víctima más fue el productor de limón y profesor rural, Ramón Paz Salinas, quien murió cuando le explotó un artefacto explosivo improvisado tipo mina, mientras se dirigía de su huerta a dar clases en una localidad del municipio de Apatzingán.
Mientras Animal Político realizaba recorridos por las zonas minadas, el docente de 69 años de edad se dirigía en su camioneta de la localidad de Las Bateas a El Tepetate, cuando accidentalmente activó uno de los explosivos terrestres.
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Habitantes de la zona lamentaron el fallecimiento del productor de limón, a quien reconocían por su espíritu altruista y su labor social en apoyo a las comunidades más vulnerables de ese municipio de la Tierra Caliente.
Se trató del tercer estallido en menos de un mes en ese municipio.
Las autoridades estatales y federales se han desplegado por esta región y han montado operativos para detectar y desactivar las minas terrestres artesanales, que el gobierno federal llama Artefactos Explosivos Improvisados.
Incluso, tras el asesinato del profesor rural, el Ejército Mexicano envió un vehículo antiminas, con el que se buscan los explosivos y se destruyen. Sin embargo, no ha sido suficiente, ya que pocas semanas después, el 8 de febrero, fue cuando dos personas murieron por la explosión de minas en el municipio de Buenavista.
El CJNG y el uso de minas terrestres
La organización criminal que fundó y lidera Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, minó sus campos de batalla para atacar a autoridades o a grupos delictivos antagónicos.
Esos artefactos explosivos también son utilizados por el CJNG y sus aliados, Los Viagras, para proteger sus campamentos y puntos de concentración, evitando así deserciones dentro de su ejército de sicarios.
El primer registro de un crimen con la explosión de un artefacto explosivo de fabricación artesanal en la historia del país ocurrió el 8 de febrero de 2022, cuando un jornalero y un niño murieron tras pisar accidentalmente una mina terrestre en El Aguaje, municipio de Aguililla.
Desde ese entonces, hay registro de al menos 14 personas muertas, entre ellas personal militar, policial y civiles, además de un número igual de lesionados al estallarles un artefacto explosivo terrestre.
Semanas antes del primer doble homicidio con minas terrestres, un destacamento del Ejército detectó varias camionetas con hombres armados en un camino que comunica a Santa María del Oro, con Los Reyes, Michoacán, a la altura de Zipoco.
Los informes señalan que la orden para la tropa fue que no intentaran algo para detenerlos, porque tenían información de que el comando escoltaba un lote importante de pólvora y c4 (un explosivo de uso militar).
El grupo armado llegó a Zipoco, donde ya había desplazado a todas las familias, a través de amenazas y ataques armados.
Los habitantes huyeron a Petacala, Los Plátanos y otras localidades, ubicadas en los límites de la tierra fría de Michoacán y la tierra caliente de Jalisco.
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Las casas y comercios se convirtieron en un campamento y fábrica de explosivos de esa organización criminal, proveniente de distintos municipios de Jalisco.
Ahí, empezó la elaboración y distribución de artefactos explosivos improvisados, que el gobierno federal se resiste a reconocer como minas terrestres.
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El sistema de Salud de Ecuador está en crisis y los analistas estiman que tuvo mucho que ver en la derrota electoral del presidente Daniel Noboa en su consulta popular.
A Yawa Sumpa Puar Alexandra, de la comunidad indígena achuar, le entregaron el 29 de noviembre el cuerpo de su bebé en una caja de cartón. La niña de solo un mes había ingresado por un problema respiratorio la noche anterior en el Hospital General de Macas, en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, y en unas pocas horas falleció.
La plantilla médica recomendó a la mamá buscar un ataúd, pero sola, a cientos de kilómetros de su comunidad y sin hablar bien español, su situación era de total desamparo. Aunque salió en busca de ayuda, como no llevaba dinero, tuvo que volver al hospital.
Ahí se encontró con el improvisado féretro que tuvo que cargar primero al parque principal de Macas donde salen las camionetas y los autobuses a Taisha, y luego las tres horas de viaje hasta esa ciudad de donde despegan las avionetas hacia la zona donde vive su comunidad, en plena Amazonía ecuatoriana.
“¿Cómo es posible que le dejen marchar así, con un bebé muerto en un cartón? Es doloroso ver cómo la manera en que nos tratan los médicos. Es indignante y muy triste porque somos humanos”, dice a BBC News Mundo el miembro comunidad achuar de Kaiptach que auxilió a la madre en un primer momento y tomó la fotografía.
Fue la municipalidad de Taisha la que finalmente la ayudó con un ataúd y con el vuelo de regreso a su comunidad.
“Es la familia la que tiene que traer el ataúd. El hospital no te la da. Eso es así en todo el país. Pero es verdad que sí son los encargados de hacer la gestión para pedir una donación a los municipios o a las prefecturas. Y para eso los hospitales tienen un área de trabajo social”, le cuenta a BBC Mundo Christian Sánchez Mendieta, periodista del diario El Mercurio.
El equipo de este diario había viajado en abril pasado a Morona Santiago después de que 10 niños murieran por leptospirosis, una enfermedad que se transmite por medio de las heces y orinas de roedores, pero con pronóstico favorable para el paciente si se le administran antibióticos.
“Son poblaciones que tienen costumbres completamente diferentes y viven en condiciones insalubres, pero siento que hay una especie de racismo contra ellos”, añade Sánchez Mendieta.
“Dada la gravedad de este hecho se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad”, informó el Ministerio Público de Salud luego de que se difundiera públicamente la foto de la madre y la caja con el cuerpo de su hija.
Pero la imagen tomada en Taisha, que levantó una oleada de indignación en todo Ecuador, se convirtió en un ejemplo dramático de una situación que supera las fronteras de la provincia de Morona Santiago: la crisis en la salud pública ecuatoriana.
Un tema político
El 16 de noviembre, 13 días antes de la muerte de esta niña en Macas, hubo una consulta popular en la que el presidente Daniel Noboa planteó cuatro preguntas a los ecuatorianos. En los cuatro interrogantes -que iban desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente hasta el regreso de bases militares extranjeras al país- la gente dijo “No”.
El revés de Noboa sorprendió porque el mandatario gozaba de un nivel de popularidad del 52,7%, según una encuesta realizada por la empresa Cedatos en octubre, y porque ocho meses antes había logrado su reelección en una segunda vuelta con más del 55% de los votos.
Otra de las sorpresas fue una de las causas mencionadas al interior de Ecuador para explicar esta derrota: en un país acostumbrado casi exclusivamente a hablar de las crisis de inseguridad y de las muertes violentas, se mencionó la crisis de salud.
El desabastecimiento de medicinas y todo tipo de materiales médicos había llegado a niveles críticos a finales de septiembre, afectando incluso a medicamentos considerados básicos como la insulina, la morfina, la amoxicilina y fármacos contra el cáncer.
La situación obligó al gobierno de Noboa a declarar el estado de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) -el que utilizan los trabajadores que contribuyen con su salario al sistema público- y en el Ministerio de Salud.
Solo en los últimos 20 meses, el país ha tenido cinco ministros de Salud, y tras esta inusual rotación, la cartera recae ahora en la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
Una de las principal quejas del presidente de la Federación de Nacional de Médicos del Ecuador, Santiago Carrasco, es precisamente la falta de liderazgo técnico y la mala gestión derivada de la falta de conocimiento del sector de los dirigentes.
BBC Mundo se puso en contacto la presidenta de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Ecuador, Diana Blacio, de partido gobernante, pero no obtuvo respuesta.
“El presupuesto para salud ha sufrido recortes significativos: de US$3.219 millones en 2023 bajó a US$2.959 millones en 2024 y a US$2.798 millones en 2025”, explica a BBC Mundo María Verónica Iñiguez Gallardo, asambleísta por la provincia de Loja.
Según datos del Banco Mundial, en 2021 y 2022 también se redujo el monto destinado a los recursos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema sanitario. Esto incluye salarios de personal, compra de medicamentos e insumos, servicios básicos (luz, agua), mantenimiento de instalaciones, y administración.
Es decir, los costos para que los hospitales, clínicas y programas de salud funcionen día a día, sin incluir grandes inversiones en infraestructuras nuevas
Pero para Iñiguez Gallardo, lo más alarmante es la ejecución de esos fondos: “Hasta julio de 2025, solo se había utilizado el 34,6% del presupuesto de inversión, lo que significa que hospitales y centros de salud operan con recursos mínimos”.
Estantes casi vacíos
La asambleísta de Revolución Ciudadana, el principal partido de la oposición liderado por el expresidente Rafael Correa, indica que “el desabastecimiento de insumos y medicamentos es generalizado en todo el país. En septiembre, los hospitales públicos reportaban apenas un 45% de abastecimiento de medicamentos”.
Iñiguez Gallardo indica que, por ejemplo, en los hospitales Monte Sinaí y del Guasmo, los dos centros de salud más grandes de Guayaquil, la capital económica del país, la falta de insumos esenciales alcanzó el 80%.
“En otro hospital de Guayaquil, el Hospital Universitario, 18 recién nacidos murieron tras contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria, producto de la reutilización de cánulas contaminadas, insumos cuyo costo es mínimo (US$1 aproximadamente)”, recuerda la asambleísta.
Juan, nombre ficticio de un especialista del Hospital General Monte Sinaí que no quiere ser identificado, describe la precariedad con la que trabajan desde hace un año:
“Si alguien se va a operar al hospital, tiene que traer todo. Faltan agujas, cánulas, hilos de sutura, sedantes, analgésicos. A veces no hay ni algodón o sábanas en las camas. Tenemos guardias de 24 horas pero ya no hay donde comer en el hospital porque a la gente de la cantina hace meses que no le pagan”.
“Ni siquiera podemos hacer exámenes de laboratorio, análisis de sangre, son servicios que prácticamente no funcionan por falta de pago”, le cuenta a BBC Mundo y añade:
“Como faltan muchas medicinas, las familias se ven obligadas a acudir a chulquero (prestamista) y tomar dinero con tasas de interés extremadamente altas y abusivas. O hacen eso o se les muere el familiar. La crisis de salud se extiende a todo el tejido social. Va más allá de la sanidad”.
BBC Mundo trató de contactar el Ministerio de Salud Pública porlos canales oficiales pero tampoco logró que alguien respondiera a estas acusaciones.
Otros pacientes que sufren estos días la escasez de medicamentos son los que necesitan diálisis o quienes padecen diabetes y necesitan una dosis diaria de insulina.
En Guayaquil, el 28 de noviembre, hubo una movilización para denunciar el desabastecimiento de insulina, que según diversas asociaciones se ha agudizado desde 2023 y que afecta tanto a farmacias privadas como públicas.
“Si me preguntas cómo hemos llegado a esta situación, creo que se debe tal vez a una mala gestión desde el Estado al hacer la provisión de las compras”, explica Lucía Mantilla, presidenta de la Fundación Diabetes Juvenil de Ecuador.
“Los diabéticos necesitan insulina todos los días. No es algo que puedas ponerte un día sí y otro no. Y ahora mismo, los miembros de la asociación nos cuentan que tienen que recorrer varias farmacias para encontrar un vial, que a veces lo reparten en dos días o tres”.
“Cuando un paciente diabético no se inyecta insulina esto puede derivar en valores altos de glucosa, que se puede transformar en una cetoacidosis. La cetoacidosis necesita una intervención hospitalaria y si no son atendidos, en el caso extremo pueden caer en un coma diabético”, agrega.
Desde la pandemia
Para varios expertos consultados, la pandemia de COVID-19 -que se ensañó especialmente con Guayaquil- aceleró el colapso del sistema.
“Hubo despidos de miles de profesionales de la salud y salieron a la luz varios casos de corrupción en la compra de insumos médicos”, cuenta Iñiguez Gallardo.
“La pandemia tuvo un gran impacto en Ecuador. Solo hay que recordar los ataúdes en las calles. El país implementó un sistema en el que reservó los hospitales públicos para atender el Covid y derivó al sector privado la atención del resto de patologías”, afirma Marcelo Bortman, ex especialista en Salud del Banco Mundial.
La fórmula suponía transferencias de fondos de los servicios públicos a las clínicas privadas para pagar la factura.
“Para que un sistema de salud sea fuerte, tiene que tener recursos humanos adecuados, estructura y el financiamiento suficiente. Obviamente los hospitales tienen que tener equipamiento y eso es cada vez más caro por la tecnología”, plantea Bortman y añade:
“La mayor parte de los de los presupuestos que tienen los sectores de salud en el mundo son en general para funcionamiento, pero no hay para mantenimiento ni para mejoras. Y con los años, si esas inversiones faltan, los servicios se van deteriorando y las capacidades también”.
Alta sin operación
El diario El Mercurio reportó estos días la historia de un paciente de 22 años ingresado en el Hospital José Carrasco Arteaga desde hace más de 20 días en la ciudad de Cuenca. Féliz Aurelio Suqui se cayó de un montacargas a 15 metros de altura mientras trabajaba.
Según el informe médico tiene entre otras cosas politraumatismo, es decir, muchos huesos rotos -incluidas tres vértebras-, y neumotórax (un colapso en los pulmones). Está en estado grave.
Cómo no hay materiales para la cirugía que necesita, el hospital sugiere darle el alta y que espere en casa los insumos para la operación que necesita.
Pero si la situación es mala en las ciudades, es peor en las zonas rurales.
“Los puestos de auxilio y los puestos de medicina general son muy poquitos en las zonas rurales. Hay que caminar cuatro horas por la selva. Son construcciones de madera que casi no tienen los elementos básicos”, describe el periodista Sánchez Mendieta.
A esto hay que añadir que los médicos en las áreas remotas “son casi siempre recién egresados de la universidad que están haciendo un año de medicina comunitaria”, expone Pablo Ponce, director del colectivo Violín Rojo, una asociación que trabaja con comunidades indígenas en Ecuador. En concreto, Ponce vive desde hace 5 años con los Achuar.
“Pero lo que se necesita es tener médicos contratados, especialistas, un médico general, un pediatra. En los puestos de salud de la zona no existe la forma de hacer un examen de sangre. No hay una garantía de electricidad”, argumenta.
Ese sistema, que deja las zonas rurales lejos de la zona de reparto de insumos o aleja a los especialistas fue la razón por la que Yawa Sumpa tuviera que llevar a su bebé al Hospital de Macas.
Y cuando creyó que la atención médica salvaría a su hija, se encontró con una crisis del sistema que solo le dejó una caja de cartón en las manos.
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