Anita Torres Juárez y su hijo Viviano Villano Torres sobrevivieron a la explosión de una mina terrestre en el estado de Michoacán. 

El 24 de marzo de 2024, salieron de la comunidad de Holanda, perteneciente al municipio de Apatzingán, hacia un rancho de su propiedad en la comunidad de La Limonera, de donde son originarios.

Te puede interesar | Dos militares mueren por explosión de mina en Buenavista, Michoacán; es el segundo caso esta semana

La campesina de 73 años de edad y su hijo de 38 dudaron de la advertencia y siguieron su camino, pero metros adelante el destino cambió para ellos: una llanta delantera de su camioneta activó accidentalmente una mina terrestre.

Minas terrestres para impedir operativos militares

Animal Político recorrió varias zonas donde han sido sembrados los artefactos explosivos. Uno de los puntos es justamente en el vértice que hacen las localidades de Acatlán, Las Salatera, Las Anonas y la Limonera, de Apatzingán, donde incluso hay una base militar y por donde se pasean los comandos del CJNG y sus socios Los Viagras.

Esa zona de la Tierra Caliente michoacana fue minada por el bloque criminal Cártel Michoacán Nueva Generación, conformado por Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación, para impedir el avance de los operativos militares, de acuerdo con autoridades federales de seguridad.

Los informes oficiales indican que el jornalero y el menor realizaban labores de limpieza en una parcela, cuando sin darse cuenta, con un azadón, activaron uno de los explosivos. El estallido mató de inmediato al campesino y al adolescente, quien fue alcanzado por la onda explosiva.

Por eso, para Anita y su hijo sobrevivir a la explosión de la mina terrestre se trató de “un milagro”. 

“La camioneta brincó y se meció así al lado de la carretera y nosotros quedamos atrapados en aquél humaderón”, describe Anita.

Ella y su hijo quedaron aturdidos dentro de la cabina de la camioneta, destrozada por la explosión que retumbó a varios kilómetros a la redonda.

Tras el sorpresivo estallido, Viviano le preguntó a Anita qué era lo que había pasado. Viviano salió de la camioneta, sin saber qué hacer. A los pocos minutos, llegó un grupo de militares que estaban metros atrás sobre el camino minado.

“Los soldados nos ayudaron, nos bajaron del carro; el carro estaba de la caseta para adelante, todo despedazado y ya los soldados nos auxiliaron”, recuerda.

Anita y su hijo fueron trasladados a un hospital, donde a ella le diagnosticaron problemas en uno de sus oídos.

“Una cosa tremenda, un dolor tremendo”,  cuenta la mujer de pelo cano. “Ojalá y Dios nos ayude de seguir viviendo más, porque necesita uno trabajar, porque no tenemos fondos para seguir sobreviviendo”.

Lamentablemente, para Anita y su familia, el Cártel Jalisco Nueva Generación ya ha minado todos los caminos que rodean su rancho y se ha apoderado de propiedades de los habitantes.

Desplazamiento forzado por minas terrestres

No habían pasado ni 10 minutos desde que Anita dio su testimonio cuando los estruendos de los fusiles de asalto, las explosiones de los drones y el rugir de las ametralladoras anunciaron un nuevo ataque en Acatlán, en Apatzingán, donde se reunieron las familias desplazadas.

Lugareños de las zonas minadas de Apatzingán poco a poco han tenido que huir, solo con lo indispensable y con el dolor de perderlo todo. Se calcula que se trata de unas mil 200 familias que fueron desplazadas hacia Acatlán y otras comunidades. 

“Yo tuve que huir de donde nací por miedo, ni modo que por valiente, porque tiene uno miedo que nos quiebren con una mina de esas. Nos vinimos huyendo del mal paso”, relata Pablo López Tapia, un ganadero y agricultor, originario de Las Anonas, a pocos kilómetros de Acatlán.

Las Anonas también está plagada de explosivos, lo que provocó que se convirtiera en un pueblo casi fantasma, al que las familias ya no pueden regresar.

En Acatlán, las familias desplazadas cuentan con tristeza y frustración la manera en la que sobreviven lejos de casa.

Así como el resto de los habitantes, don Pablo dejó todo su ganado, la principal base económica para su familia. 

“Pues hay mucha mina y los amigos (delincuentes), ahí están. Están unos aquí, otros acá y otros allá, y estamos nosotros en medio. Nomás estamos esperando que nos caigan”.

“No puede uno ir al campo, porque hay minas enterradas y uno que no las conoce, pues las pisas y se acabó el corrido”, cuenta el hombre.

Su sombrero ataja el sol que va directo a su cara, en una región donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 42 grados centígrados. El hombre de 79 años todavía camina con entereza. Él y su familia, reitera, huyeron porque no podían quedarse en “una zona de guerra”, pese al dolor de abandonar su tierra y su patrimonio.

“De ahí nos tocó correr; corrimos para acá, a ver si me defendían los de aquí. Nos vinimos con una muchacha y un muchacho (hijos), la muchacha ya con hijos, pero el muchacho todavía no. No vinimos de huida, pues”.

“Porque además está uno en las noches con el Jesús en la boca, de a qué hora nos caen también los dronazos”, remata.

Siembran terror con narcominas

A pocos kilómetros, mientras los desplazados narraban cómo la violencia los ha dejado sin nada, se confirmó un cruento hecho provocado por explosivos.

Los cuerpos cercenados y calcinados de dos hombres fueron rescatados del interior de una camioneta siniestrada por el estallido de un explosivo.

Las víctimas circulaban el 12 de enero pasado en una camioneta, entre huertas de limones, cuando al llegar al acceso principal de Las Bateas, también en el municipio de Apatzingán, estalló el artefacto improvisado.

Como resultado, los tripulantes de la camioneta murieron y sus cuerpos quedaron calcinados al igual que la camioneta en la que viajaban.

Días antes, el 9 de enero, un jornalero resultó lesionado en otra ranchería de ese municipio de la Tierra Caliente, al estallarle otro de esos artefactos plantados por el crimen organizado.

El trabajador agrícola se encontraba en una huerta ubicada entre El Capire y Los Hornos, cuando el tractor que conducía pasó sobre el artefacto explosivo y lo hizo detonar.

El estallido provocó daños en el tractocamión y en un remolque con fertilizante, pero también en algunas partes del cuerpo del jornalero al ser alcanzado por las esquirlas.

El terror de morir destrozados por el estallido de un artefacto explosivo improvisado no solo ha sido sembrado por los criminales entre las autoridades y los pobladores, sino también en médicos y profesores, quienes han decidido no acudir a las escuelas o a las clínicas rurales.

El temor se confirma con cada tragedia que da cuenta del grado de violencia que se vive en esta y otras regiones de Michoacán por los explosivos y grupos criminales provenientes del estado de Jalisco.

Una víctima más fue el productor de limón y profesor rural, Ramón Paz Salinas, quien murió cuando le explotó un artefacto explosivo improvisado tipo mina, mientras se dirigía de su huerta a dar clases en una localidad del municipio de Apatzingán.

Mientras Animal Político realizaba recorridos por las zonas minadas, el docente de 69 años de edad se dirigía en su camioneta de la localidad de Las Bateas a El Tepetate, cuando accidentalmente activó uno de los explosivos terrestres.

Te recomendamos | Organizaciones reportan más de 550 personas desplazadas por la violencia en Tierra Caliente y la costa de Michoacán

Habitantes de la zona lamentaron el fallecimiento del productor de limón, a quien reconocían por su espíritu altruista y su labor social en apoyo a las comunidades más vulnerables de ese municipio de la Tierra Caliente.

Se trató del tercer estallido en menos de un mes en ese municipio.

Las autoridades estatales y federales se han desplegado por esta región y han montado operativos para detectar y desactivar las minas terrestres artesanales, que el gobierno federal llama Artefactos Explosivos Improvisados.

Incluso, tras el asesinato del profesor rural, el Ejército Mexicano envió un vehículo antiminas, con el que se buscan los explosivos y se destruyen. Sin embargo, no ha sido suficiente, ya que pocas semanas después, el 8 de febrero, fue cuando dos personas murieron por la explosión de minas en el municipio de Buenavista.

El CJNG y el uso de minas terrestres

La organización criminal que fundó y lidera Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, minó sus campos de batalla para atacar a autoridades o a grupos delictivos antagónicos.

Esos artefactos explosivos también son utilizados por el CJNG y sus aliados, Los Viagras, para proteger sus campamentos y puntos de concentración, evitando así deserciones dentro de su ejército de sicarios.

El primer registro de un crimen con la explosión de un artefacto explosivo de fabricación artesanal en la historia del país ocurrió el 8 de febrero de 2022, cuando un jornalero y un niño murieron tras pisar accidentalmente una mina terrestre en El Aguaje, municipio de Aguililla.

Desde ese entonces, hay registro de al menos 14 personas muertas, entre ellas personal militar, policial y civiles, además de un número igual de lesionados al estallarles un artefacto explosivo terrestre.

Semanas antes del primer doble homicidio con minas terrestres, un destacamento del Ejército detectó varias camionetas con hombres armados en un camino que comunica a Santa María del Oro, con Los Reyes, Michoacán, a la altura de Zipoco.

Los informes señalan que la orden para la tropa fue que no intentaran algo para detenerlos, porque tenían información de que el comando escoltaba un lote importante de pólvora y c4 (un explosivo de uso militar).

El grupo armado llegó a Zipoco, donde ya había desplazado a todas las familias, a través de amenazas y ataques armados.

Los habitantes huyeron a Petacala, Los Plátanos y otras localidades, ubicadas en los límites de la tierra fría de Michoacán y la tierra caliente de Jalisco.

También lee | Votar entre Balas: la guerra entre cárteles silencia la democracia en territorios de Jalisco

Las casas y comercios se convirtieron en un campamento y fábrica de explosivos de esa organización criminal, proveniente de distintos municipios de Jalisco.

Ahí, empezó la elaboración y distribución de artefactos explosivos improvisados, que el gobierno federal se resiste a reconocer como minas terrestres.