El gobierno de Estados Unidos designó oficialmente a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, medida que entro en vigor este 20 de febrero al ser publicada en el Registro Federal (Diario Oficial), justo un mes después de que el presidente Donald Trump firmara la orden ejecutiva.
La lista incluye a ocho organizaciones criminales entre las que se encuentran seis mexicanas: el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
A estas se suman la banda criminal de Venezuela conocida como Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha de El Salvador.
El Departamento de Estado estadounidense indicó que los grupos representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.
De esta manera, la medida amplía las facultades de Washington para sancionar económicamente a líderes y cómplices de los cárteles bajo el argumento de que amenazan la seguridad estadunidense.
La medida se adoptó luego de que Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día de mandato para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, a los que acusa, entre otras cosas, de fabricar el fentanilo, un opioide sintético, que causa estragos en Estados Unidos.
Trump amenazó a su vecino, así como a Canadá, con aranceles del 25 % a sus productos si no redoblaban la lucha contra la migración irregular y el tráfico de fentanilo.
Desde entonces las autoridades mexicanas han multiplicado los anuncios sobre detenciones de narcos y decomisos de estupefacientes.
El mandatario aplazó la entrada en vigor de las tarifas aduaneras por un mes, hasta inicios de marzo, mientras negocia una salida con sus dos socios en el tratado de libre comercio T-MEC.
A cambio de la pausa, México desplegó a 10 mil militares a lo largo de los 3 mil 100 km de frontera con Estados Unidos con el objetivo de detener el tráfico de drogas, en especial, del fentanilo, así como la migración irregular.
Especialistas consultados por El Sabueso consideraron poco probable que la declaratoria implique ataques directos contra ciertos grupos criminales en México, aunque sí observan que puede ser una medida de presión para renegociar puntos del T-MEC, exigir mayores acciones de las propias autoridades mexicanas contra cárteles y para frenar la migración.
También implicaría mayor control y vigilancia sobre los movimientos financieros que pudieran estar relacionados con los cárteles.
Si bien, actualmente ya hay acciones para congelar las cuentas de personas relacionadas o sospechosas de pertenecer a los grupos criminales, la regulación contra el financiamiento de grupos terroristas es más estricta.
Esto contempla incluso bloquear las cuentas de gobiernos, como ocurrió con el congelamiento de los bienes de Venezuela en Estados Unidos en 2019. En esta nota te contamos más.
El mandatario firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de la CPI que investigan a EE.UU. y sus aliados.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”.
La medida impone restricciones financieras y de visado a las personas y sus familias que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Trump firmó la medida mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington.
El tribunal, con sede en La Haya, dijo el viernes que “condena” la medida y dijo que Estados Unidos pretende “dañar su labor judicial independiente e imparcial”.
“La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dijo en un comunicado.
“Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo”, añadió.
En noviembre pasado, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que Israel niega. El tribunal también emitió una orden de arresto contra un comandante de Hamás.
Una hoja informativa de la Casa Blanca que circuló el jueves por la mañana acusaba a la CPI, con sede en La Haya, de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamás e Israel al emitir las órdenes al mismo tiempo.
La orden ejecutiva de Trump dice que las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acoso, abuso y posible arresto”.
“Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden.
Añade que “ambas naciones [Estados Unidos e Israel] son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de guerra”.
Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha rechazado repetidamente cualquier jurisdicción del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
Trump ha criticado repetidamente a la corte y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato.
En 2020, impuso sanciones a los funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. Esas sanciones fueron levantadas por la administración del presidente Joe Biden.
El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI, pero el proyecto de ley fracasó en el Senado. La CPI se fundó en 2002, tras la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, para investigar presuntas atrocidades. Más de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, que constituyó la CPI, mientras que otros 34 lo han firmado y podrían ratificarlo en el futuro.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia y está destinada a intervenir únicamente cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Durante su mandato, el presidente Biden también criticó la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, calificando la medida de “escandalosa” y diciendo que no había equivalencia entre Israel y Hamás.
La firma de Trump de su última orden ejecutiva se produce después de que el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, anunciara un plan para que Estados Unidos “se apodere” de Gaza, reasiente a su población palestina y convierta el territorio en la “Riviera del Medio Oriente”.
Después de que los líderes árabes y la ONU condenaran la idea, el presidente estadounidense la reiteró en su plataforma de redes sociales Truth Social el jueves.
“Israel entregaría la Franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates”, escribió Trump.
Repitió que el plan implicaría reasentar a los palestinos y que no se desplegarían soldados estadounidenses.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que cualquier desplazamiento sería temporal.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los habitantes de Gaza se irían por un período “interino” mientras se lleva a cabo la reconstrucción, según la propuesta.
Trump firmó la orden que sanciona a la CPI mientras Netanyahu continuaba su visita en Washington, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio.
El primer ministro israelí también le entregó a Trump como regalo un buscapersonas dorado.
Este es una referencia a la operación mortal de Israel contra la milicia libanesa Hezbolá en septiembre del año pasado, utilizando dispositivos de comunicación con trampas explosivas.
Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en los ataques.
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