La militarización de los cárteles: CJNG usa explosivos terrestres que liberan gases tóxicos
Autoridades y pobladores del municipio de Coahuayana, Michoacán, han denunciado el uso de gases tóxicos en artefactos explosivos terrestres empleados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en sus ataques en la región.
El uso de gases tóxicos, confirmado por fuerzas federales, ha causado la muerte de fauna y ganado, además de poner en riesgo la vida de los habitantes.
El primer caso documentado ocurrió el 3 de abril de 2024, cuando células criminales del CJNG llevaron a cabo una ofensiva armada en diversas localidades de Coahuayana, incluyendo Palos Marías y La Presa.
Durante el ataque, utilizaron armas largas, rifles calibre .50 tipo Barrett, así como drones cargados con C4 y pólvora y artefactos explosivos improvisados tipo mina.
Los pobladores tuvieron que huir ante la violencia, y se reportó la desaparición de varias personas, entre ellas Ana María Cedeño Zepeda, entonces de 65 años, y sus tres nietos.
A pesar de que el Ejército Mexicano tiene una base instalada en Palos Marías, los militares decidieron salir de esa zona rural y refugiarse en la explanada de la presidencia municipal.
Elementos de la Policía Comunitaria, que desde hace 10 años es la corporación que se encarga de la seguridad de ese municipio, contuvieron el ataque e iniciaron la búsqueda de Ana María, de sus nietos y de otros pobladores de los que nada se sabía. Por fortuna, luego aparecieron con vida.
Tras el repliegue del cártel, la Policía Comunitaria halló múltiples explosivos no detonados, incluyendo dispositivos diseñados para drones y minas terrestres. Fue entonces cuando personal militar corroboró la presencia de un fuerte olor a gas, que posteriormente identificaron como gases venenosos emanando de los artefactos explosivos.
Sin dar más detalles, las fuerzas federales se retiraron de la zona y dejaron expuestos los explosivos, no sin antes confirmar al Ayuntamiento la existencia de gases tóxicos en las minas terrestres y en los cartuchos explosivos para ser lanzados desde drones.
Ante la falta de apoyo del Ejército Mexicano, las familias decidieron mantenerse fuera de los lugares donde tenían su vida.
Esa fue la primera ocasión que se tuvo confirmación del uso de ese tipo de explosivos y, a la fecha, en cada ataque, son localizados los restos de más explosivos con esas características, que han matado a decenas de cabezas de ganado y a la fauna.
El 21 de octubre del año pasado, el Cártel Jalisco Nueva Generación atacó nuevamente Coahuayana con explosivos lanzados desde drones y minas terrestres para bloquear el paso de la Policía Comunitaria.
Según informes federales, Óscar Fernando Arreguín Girón, alias El Anzuelo, jefe de sicarios del CJNG en Colima, es uno de los responsables, junto con El Yogurt, otro jefe de plaza. Ambos operan bajo el mando de Luis Gabriel Cabrera Jiménez, El Humilde.
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El Anzuelo y El Yogurt están identificados por las autoridades como los responsables de la privación ilegal de la libertad y desaparición del defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y del líder comunitario indígena de Aquila, Antonio Díaz Valencia.
Lagunes Gasca y Díaz Valencia fueron secuestrados desde el 15 de enero del año pasado y hasta este momento se desconoce su paradero.
Michoacán, el estado con más explosivos
Michoacán es el estado en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus grupos aliados ha concentrado la mayoría de los explosivos que fabrica o que adquiere ya prefabricados, de acuerdo con información pública y áreas federales de seguridad.
Entre enero de 2020 y octubre de 2024, las fuerzas militares detectaron y decomisaron la mayor cantidad de explosivos en esta entidad, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenidos a través de su plataforma de acceso a la información pública y transparencia.
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De los 4 mil 630 artefactos asegurados en ese periodo por el Ejército Mexicano, mil 965 fueron localizados en Michoacán, de los cuales, las fuerzas armadas destruyeron 592 en el municipio de Apatzingán, 319 en Buenavista y 178 en Aguililla.
El resto de explosivos fueron asegurados en otros municipios del territorio michoacano, donde tiene presencia y control el CJNG, así como Los Viagras.
Después de Michoacán, el estado del país con más artefactos explosivos improvisados por la Secretaría de la Defensa Nacional, es Jalisco, con 432.
De ese total, 205 explosivos fueron decomisados y destruidos en Santa María del Oro, un municipio que, de acuerdo con notas publicadas por Animal Político, se ha identificado como uno de los principales bastiones del CJNG para la concentración de tropas y la fabricación y distribución de explosivos caseros terrestres.
Respuesta de los cárteles a la militarización del país
Para el consultor en seguridad David Saucedo Torres, la utilización de armas de grado militar por parte de los cárteles de la droga en México es una respuesta a la creciente estrategia de militarización del combate a la inseguridad qué instrumentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con Animal Político, el especialista expuso que aunque algunas organizaciones del crimen organizado, como los Zetas, ya habían hecho uso de armamento de alto calibre (sobre todo por la extracción castrense de sus integrantes), a partir de la decisión de militarizar por completo el combate a los cárteles de la droga se dio un proceso análogo de militarización de los grupos delictivos.
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“La militarización del combate a la inseguridad, trajo consigo la militarización de los cárteles”, comentó.
“En paralelo, la contratación de militares y mercenarios extranjeros por parte de los narcos mexicanos, indujo a varios cárteles a utilizar artefactos explosivos más sofisticados como drones con cargas exclusivas y minas terrestres. Está plenamente documentada la colaboración de exmilitares colombianos, de kaibiles (comandos de élite del ejército de Guatemala) y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como instructores en los campos de entrenamiento de sicarios del Cártel Jalisco Nueva generación, más recientemente del cártel de Sinaloa y del Cártel de Santa Rosa de Lima”, añadió.
La contratación de mercenarios extranjeros, dijo el especialista, provocó una transferencia de saberes y conocimientos hacia los cárteles mexicanos en la fabricación y manejo de drones con cargas explosivas y minas terrestres.
Durante la larga guerra civil en Colombia, las FARC se caracterizaron por combatir las incursiones del Ejército Nacional de Colombia y de los grupos de autodefensa, mediante la utilización de minas terrestres, como está ocurriendo ahora en Michoacán y Jalisco.
“Hay dos tipos de minas terrestres: las minas antitanque, que sirven para dañar vehículos motorizados y las minas anti personal, empleadas para herir o matar personas. En México se ha detectado el uso de ambos tipos”, señaló.
Saucedo Torres explicó que las minas son utilizadas para impedir la circulación de tropas enemigas en zonas que desean proteger los cárteles, por lo que con explosivos terrestres crean una “muralla invisible” para defender territorios conquistados.
En México se han detectado minas terrestres en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y más recientemente en Tamaulipas.
Las principales organizaciones del narcotráfico que hacen uso de las minas terrestres son el Cártel Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“De igual modo, las minas que se utilizan en el país, son de manufactura artesanal (fabricadas por los propios grupos de narcotráfico) y minas de importación obtenidas en el mercado negro de armas, fabricadas por empresas que también venden sus servicios para el desminado de campos”.
David Saucedo subrayó que la mayoría de las minas que han sido desactivadas por la Secretaría de la Defensa Nacional son explosivos metálicos que pueden ser detectados con radares de tierra y con detectores de metales, que se usan en la industria minera.
Sin embargo, aclaró, que algunos cárteles están empezando a utilizar minas de plástico que requieren instrumentos y tecnologías más avanzadas para su localización y desactivación.
“Una mina terrestre antipersonal tiene un costo en el mercado negro de aproximadamente 3 mil pesos. El costo de una mina anti personal hechiza es del 10 por ciento del valor de una mina manufacturada. Pero el costo para la localización y desactivación de una mina terrestre, es de aproximadamente $30 mil pesos por unidad. Y, el problema, es que la Sedena carece de los recursos necesarios para desminar los polígonos en los que los cárteles sembraron minas terrestres”, explicó Saucedo Torres.
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Un hotel de lujo en la capital panameña se transformó en un sitio de “custodia temporal” para 299 migrantes deportados desde EE.UU. Muchos piden auxilio por las ventanas, incluidos niños.
“Por favor, ayúdennos”, dice el mensaje escrito en un trozo de papel que dos niñas muestran a través de la ventana de una habitación del lujoso hotel Decápolis, en Ciudad de Panamá.
Un hotel que ofrece a sus clientes habitaciones con vistas al mar, dos exclusivos restaurantes, piscina, spa, transporte privado, pero que de pronto se transformó en un centro de “custodia temporal” que alberga a 299 migrantes deportados desde EE.UU., según informó el martes el gobierno de Panamá.
Algunos migrantes levantan los brazos y los cruzan a la altura de las muñecas como tratando de decir que se encuentran privados de libertad. Otros cuelgan pequeños carteles con mensajes como “no estamos seguros en nuestro país”.
En un día normal, los turistas podrían entrar y salir del hotel sin ningún inconveniente, pero bajo las actuales circunstancias, con miembros del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá fuertemente armados custodiando el exterior y estrictas medidas de seguridad en el interior, el edificio parece más un improvisado búnker que un centro vacacional.
Desde la calle, se ven perchas con ropa lavada colgadas en la ventana. Una de las prendas es una camiseta amarilla de basketball con el número 24 de los Lakers, la que vestía el legendario jugador Kobe Bryant.
En otra, un grupo de adultos y tres niños levantan un brazo con el dedo pulgar metido en la palma, haciendo un gesto de auxilio internacional utilizado por quienes se sienten amenazados. En el vidrio está escrito con letras rojas la frase help us (“ayúdennos”).
Y un poco más allá, dos menores de edad con el rostro cubierto sostienen contra el vidrio unas hojas con el mensaje: “Por favor, salva a las niñas afganas”.
Estos migrantes, enviados por el gobierno de Donald Trump como parte de su política de deportación de personas indocumentadas, llegaron a Panamá en tres vuelos la semana pasada, luego de que el gobierno del presidente José Raúl Mulino aceptara convertirse en un país “puente” para los deportados en tránsito hacia otros países.
Sin embargo, de los 299 migrantes -entre los cuales hay ciudadanos provenientes de India, China, Uzbekistán, Irán, Vietnam, Turquía, Nepal, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka que viajaron en el primero de los tres vuelos-, solo 171 aceptaron regresar a sus naciones.
Los otros 128 migrantes que no desean ser enviados de regreso a su país de origen enfrentan, al menos hasta ahora, un destino incierto.
Según informaron las autoridades panameñas, este grupo será trasladado a un campamento en la provincia del Darién, que ha servido hasta el momento para recibir temporalmente a los migrantes irregulares que cruzaban la selva con destino a EE.UU.
“Estamos aterrados”
Una mujer iraní que vive en Panamá hace años le dijo a BBC Mundo que estuvo en contacto con uno de los migrantes dentro del hotel Decápolis y describió que están “aterrados” por la posibilidad de que los lleven a Irán.
A través de un celular escondido, dado que no les permiten tener ningún contacto con el exterior del hotel, el migrante le contó a la mujer que hay “varios menores atrapados” allí, que les han negado tener un abogado y que no les dejan salir del cuarto ni siquiera para comer.
La mujer fue hasta el hotel para ofrecer su ayuda como traductora de farsi a español, pero le dijeron que ya tenían uno, algo que según su conversación con el migrante dentro del hotel no era cierto.
BBC Mundo se puso en contacto con el hotel Decápolis para indagar sobre las condiciones en las que se encuentran los migrantes, pero no accedieron a responder preguntas.
Después de que la historia de los deportados fuera dada a conocer el martes en la prensa, se extremaron las medidas de seguridad bajo las que permanecen los migrantes y les cortaron el acceso a internet, dijo la mujer iraní.
Un video que circula en redes sociales desde el fin de semana muestra a una de las migrantes relatando en farsi que fueron detenidos luego de cruzar la frontera hacia Estados Unidos y que les informaron que serían trasladados a Texas, pero terminaron en Panamá.
La mujer en el video insistía que sus vidas corren peligro en caso de regresar a Irán por las posibles represalias que podría tomar el gobierno de ese país.
Su intención, dice, es pedir asilo político.
Un asilo político difícil de obtener sin acceso a un abogado. Más difícil aún cuando el gobierno panameño anunció que no ha ofrecido ni ofrecerá esa protección a los deportados.
“Custodia temporal”
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, informó este martes que los migrantes están de manera transitoria en ese país. El funcionario rechazó que los extranjeros estén en condición de detención y añadió que están bajo protección de las autoridades panameñas.
“Lo que acordamos con el gobierno de EE.UU. es que ellos quedan y están bajo la custodia temporal nuestra para su protección”.
Preguntado sobre la imposibilidad de salir del hotel, Ábrego respondió que se trata de una medida de prevención y añadió que su gobierno debe garantizar la seguridad y la paz de los panameños.
Y advirtió que aquellos migrantes que no desean regresar a su nación de origen, deberán elegir un tercer país.
En ese caso, relató, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) serán los responsables de su repatriación.
Panamá, dijo Ábrego, “recibió a estos señores migrantes, les dimos la acogida en un hotel de la localidad, en el hotel Decápolis, pues es el que tiene en este momento la capacidad de recibirlos”.
El jefe de la Seguridad Pública también informó que “no se espera la llegada de más migrantes” porque no se han acordado más vuelos de este tipo.
Panamá aceptó ser un país “puente” para las deportaciones después de la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al país centroamericano en medio de las tensiones por las amenazas de Trump para “recuperar” la soberanía del Canal de Panamá.
Según han informado las autoridades panameñas, parte del acuerdo consiste en que Panamá facilitará la pista de aterrizaje y los albergues de las zonas urbanas de la provincia de Darién, donde está la peligrosa selva que atraviesan los migrantes rumbo a EE.UU., para que los migrantes deportados transiten hacia su destino final.
Un portavoz de la OIM le dijo a BBC Mundo que la organización está encargada de “brindar apoyo esencial” a las personas deportadas desde EE.UU.
“Estamos trabajando con funcionarios locales para ayudar a los afectados, apoyando el retorno voluntario de quienes lo solicitan e identificando alternativas seguras para otros”, apuntó.
“Si bien no tenemos una participación directa en la detención o restricción de movimiento de personas, estamos comprometidos a garantizar que todos los migrantes sean tratados con dignidad y de acuerdo con las normas internacionales”.
Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, comentó que muchos de los deportados provienen de naciones conocidas como países “recalcitrantes”; es decir, países que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de EE.UU.
“Eso implica constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos”, dijo en diálogo con BBC Mundo.
“Al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto”, agregó. “Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo”.
Una de las grandes preguntas en este momento se refiere a cuál será el futuro de los 128 migrantes que no desean volver a su país de origen porque temen represalias.
Esta semana se espera que llegue un vuelo con deportados desde EE.UU. a Costa Rica, otro país centroamericano que ha hecho un acuerdo con la Casa Blanca para convertirse en “puente” en el camino de los migrantes hacia un destino incierto.
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