Presupuesto 2026: tienen perspectiva de género 29 % de programas para la igualdad; refugios para víctimas, en la incertidumbre
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026 es el primero en ser diseñado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien llegó al poder con un discurso de trabajo a favor de las mujeres; sin embargo, especialistas señalan que el aumento en los recursos para la igualdad y la creación de un anexo transversal sobre cuidados no privilegia las políticas públicas con perspectiva de género.
El presupuesto contemplado en el Anexo 13, destinado a la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres, será de 599 mil 145 millones de pesos, lo que significa 1.5 % más de lo que se aprobó para este apéndice en 2025, cuando se asignaron 576 mil 577 millones.
Aunque el monto destinado para el anexo equivale al 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sólo el 29 % de los programas contenidos en el apéndice cuentan con perspectiva de género.
El CIEP indicó que esto “refleja una integración limitada de la igualdad en el diseño y la ejecución de los programas”, pues más de la mitad (55 %) de estos recursos se concentra en programas asistenciales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Para el CIEP, el Anexo 13, más allá de ser un mecanismo de etiquetado, “debe transformarse en una herramienta efectiva de política fiscal con enfoque de género, que oriente la asignación de recursos hacia el cierre estructural de brechas”, y destacó que el gasto debe dejar de concentrarse en transferencias universales para priorizar programas con objetivos medibles en autonomía económica, corresponsabilidad en los cuidados y prevención de la violencia.
Anexo de cuidados, un avance hacia un sistema nacional, aunque sin programas nuevos
Por primera vez, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026 incluyó un anexo transversal con 466 mil 674.9 millones de pesos de presupuesto etiquetado para programas con componentes de cuidados, lo que, asegura la asociación civil Fundar, refleja “una perspectiva que realmente está encaminada a mejorar las condiciones de las mujeres”.
“El anexo 31 tiene una lógica mucho más aterrizada de cómo busca el gobierno federal contribuir a avanzar hacia una sociedad de cuidados, y ese es un primer paso muy positivo”, explicó Andrea Larios, investigadora de la asociación, quien destacó la inclusión de la Pensión Mujeres Bienestar, como una acción diferenciada con perspectiva de género que reconoce a quienes por años han realizado trabajo doméstico y de cuidados.
Sin embargo, pese al reconocimiento de que este anexo sienta las bases hacia la consolidación de un sistema de cuidados, Larios apuntó que al igual que ocurre con los programas contenidos dentro del Anexo 13, varias de las acciones contempladas en el 31 son transferencias directas cuyos componentes son “insuficientes para avanzar hacia una sociedad de cuidados, porque se requiere también de una fuerte inversión pública en infraestructura social y de servicios”.
El análisis del CIEP indicó que el presupuesto destinado para este anexo equivale al 1.2 % del PIB, sin embargo, estos recursos se concentran principalmente en tres programas (80 %), de los cuales dos son transferencias económicas: la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, los Servicios de Atención a la Salud del IMSS y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
También destacó que, en comparación con 2025, el PEF de 2026 tuvo una disminución en los programas de cuidados como los servicios de asistencia social integral (-96.6 %), servicios a grupos con necesidades especiales (-23.8 %) y atención a personas con discapacidad (-3.4 %).
Acerca de estos programas, el CIEP expuso que “la política de cuidados enfrenta el desafío de ir más allá de las transferencias monetarias y consolidar la infraestructura y los servicios públicos que permitan reducir, redistribuir y remunerar el trabajo de cuidados en todo el país. Para ello se requiere no solo de mayor financiamiento, sino también de una planeación que alinee el gasto con metas de igualdad y justicia social“.
Fusión del programa de refugios “afecta a las mujeres y pone en riesgo vidas”, alerta RNR
En cuanto al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, las especialistas expresaron preocupación, ya que hasta el año pasado contó con 501.9 millones de pesos de presupuesto, pero para 2026 se fusionó con el programa Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las causas.
Andrea Larios expuso que a pesar de que se asignaron 856 millones 782 mil 185 pesos para el nuevo programa, “a la hora de querer identificar el presupuesto con el que van a contar estos servicios –que incluirán los refugios, Centros de Justicia para Mujeres y Alertas de Violencia de Género– no va a ser posible conocerlo a detalle”.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), lamentó que a pesar de que hubo reservas en la discusión del PEF 2026 por la solicitud de que se etiquetara presupuesto específico para este programa, no fueron tomadas en cuenta, lo que deja en incertidumbre a las mujeres víctimas.
“Al no existir una asignación clara y desglosada para los refugios no se puede planear la operación del 2026. Si ahorita hay retrasos en la transferencia de los recursos de este año, eso lo agudizaría, poniendo en riesgo la vida de mujeres, niños y niñas“, comentó Figueroa.
La directora de la red calificó esta decisión como “un retroceso institucional contrario a estándares internacionales que rompe el principio de progresividad de derechos humanos. Nuestra postura sigue siendo que la vida y la seguridad de las mujeres no se negocian ni se fusionan, se garantizan”.
Anunció que continuarán exigiendo que se consideren al menos 510 millones de pesos para el programa de refugios, además de que llevarán el reclamo contra el gobierno mexicano por los retrasos y recortes presupuestales ante instancias internacionales, de modo que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la protección y justicia de las mujeres y niñas en un contexto de violencia feminicida.
Entre enero y julio de este año, los refugios para mujeres tuvieron un incremento del 5% en los apoyos directos a víctimas, así como un aumento del 600 % en las ayudas que brindan a través de los centros de atención externa, en comparación con el mismo periodo del 2024, lo que “evidencia que las violencias no han ido en disminución”.
Este incremento en las solicitudes ha sido atendido por la RNR a pesar de que el presupuesto ha sido insuficiente y en algunos casos ha sido otorgado con retraso por parte de las autoridades, situación que podría agravarse en caso de que los recursos disminuyan, mermando los servicios que se puedan brindar en los refugios.
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El candidato del Partido Republicano se reunió esta semana en privado con el ministro de Seguridad de El Salvador. Ya antes ha reivindicado la fórmula del país centroamericano para combatir el crimen: “Necesitamos más Bukele y menos Boric”.
Sabiendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast reivindica la fórmula para combatir la criminalidad más conocida del continente: el llamado “modelo Bukele”.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, ha dicho el candidato del Partido Republicano, quien se juega la presidencia del país sudamericano en segunda vuelta el 14 de diciembre, en referencia a las políticas del mandatario de El Salvador frente a las de su homólogo chileno.
Tras una campaña plagada de mensajes como ese, en el balotaje del pasado 16 de noviembre Kast obtuvo el 24% de los votos y ahora pretende aglutinar el apoyo de los votantes de oposición para imponerse a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 26%.
Ya el año pasado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador convertida en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos que la envuelven.
Tras el recorrido, rechazó la posibilidad de enviar presos cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas: “Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”.
Y aunque no se reunió con el popular mandatario, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
En ese contexto, a nadie sorprendió que esta semana se volviera a juntar en privado con Villatoro, el hombre al frente de la llamada “guerra contra las pandillas” de Bukele, cuando este viajó a Chile para participar en un seminario sobre seguridad.
Ni que describiera la reunión como “más que positiva”.
“Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, le dijo a los medios locales -sin querer ahondar en los detalles de la conversación- este abogado católico y conservador que ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena.
Supervisor de la “guerra contra las pandillas”
Para cuando el 26 de marzo de 2021 Bukele nombró a Villatoro ministro de Justicia y Seguridad Pública, este veterano funcionario llevaba ya décadas de carrera en la esfera pública.
Fue director de Aduanas de 2004 a 2009 bajo la presidencia de Antonio Saca (Arena, derecha), cargo en el que repetiría bajo el mandato de Bukele en 2019.
A finales de julio de 2020, fue nombrado titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Y ese mismo año, con la promesa de reducir los homicidios y la extorsión, aspiró a convertirse en fiscal general del país, puesto con el que finalmente se hizo Raúl Melara.
Desde que asumiera la cartera de Seguridad hace más de cuatro años, Villatoro ha supervisado la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, con la que el gobierno del presidente Bukele ha logrado desarticular dichas organizaciones y reducir drásticamente los homicidios.
Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.
Esas políticas han llevado a la detención de más de 85.000 personas –según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025– y a mantener al país bajo un régimen de excepción permanente desde que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, lo aprobara por primera vez en marzo de 2022.
“Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera”, le dijo Villatoro al respecto en abril, cuando el periodista Roberto Valencia lo entrevistó para un reportaje en BBC Mundo.
“Esto es como que una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente”, agregó.
—¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo?
— No, aunque es algo que analizamos día con día. Es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy (pandillero) en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente.
También se había mostrado tajante en su rechazo a las críticas sobre el Cecot en una entrevista anterior con la BBC.
“Tenemos con los salvadoreños el compromiso de que (los presos del Cecot) nunca volverán a las comunidades. Y vamos a asegurarnos de construir los casos necesarios (contra ellos) para garantizar que nunca regresen”, le dijo en mayo de 2023 al periodista Will Grant.
“Para nosotros, el Cecot representa el monumento más grande a la justicia que hemos construido jamás. No tenemos nada que ocultar”.
Visitas de aliados
Sea como fuere, los resultados en seguridad de su modelo han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de todo el continente.
Y es Villatoro el que se ha encargado de reunirse con unos y otros, enarbolando siempre la bandera de la “mano dura” contra la criminalidad.
Así, el 9 de diciembre de 2023 se encontró con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, y al día siguiente asistió en lugar de Bukele a la toma de posesión de Javier Milei como presidente.
A los seis meses, en junio de 2024, acompañó a Bullrich en un recorrido por el Cecot, similar al que le ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo de este año.
Y al día siguiente escoltó por esos pasillos y frente a las mismas celdas al ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde.
El salvadoreño llegó a Santiago de Chile este lunes para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sobre los desafíos actuales de los sistemas penitenciarios, viaje que aprovechó para reunirse en privado con el candidato presidencial Kast.
Durante la ponencia, volvió a repetir que El Salvador, en su día “capital de los homicidios”, se volvió bajo el mandato del actual presidente “el país más seguro del hemisferio”.
Desde 2015, el año más mortífero de su historia reciente (106,3 por cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios ha ido bajando año con año.
El año que Bukele llegó a la presidencia, 2019, la tasa era ya de 36 por cada 100.000 habitantes, en 2020, con el Plan Control Territorial ya en marcha, cayó a casi la mitad (19,7), y 2024 cerró con 1,9, según cifras oficiales.
Sobre la presencia del crimen organizado en Chile, durante el seminario el ministro planteó que cualquier país que busque enfrentar mafias o bandas debe “ordenar su sistema penitenciario para impedir que los delincuentes comunes se mezclen con quienes responden a una organización criminal”.
Y agregó que otra de las claves del éxito de su modelo es impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión, mientras defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia.
En entrevistas con medios locales, volvió a hacer hincapié en los mismos puntos y mostró una vez más una defensa férrea de las políticas del gobierno salvadoreño frente a las críticas de organismos de derechos humanos.
“No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”, le dijo a Radio Pauta.
“La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, señaló, y destacó la alta popularidad sin precedentes para un mandatario que las encuestas le siguen otorgando a Bukele.
Con ello se hizo eco de las palabras del propio jefe de Estado, quien en un discurso en junio por motivo del primer año de su segundo mandato, dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
La seguridad, clave en campaña chilena
Kast se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.
Volvió a intentarlo en 2021, tras el estallido social, y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo 56%.
Y aunque sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su paso al balotaje del 14 de diciembre muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, le dijo a BBC Mundo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
Y añadió que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Esta vez, a diferencia de las dos campañas anteriores, Kast puso en el centro de su agenda conservadora la economía, la migración y la seguridad, las principales preocupaciones ciudadanas.
Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre.
Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
De hecho, Chile figura con el segundo mayor porcentaje de preocupación por el crimen y la violencia entre 30 naciones de distintos continentes incluidas en la encuesta, apenas tres puntos abajo de Perú, que también tiene mayores tasas de homicidios.
“Chile es un país que está extremadamente atemorizado”, dijo en entrevista con BBC Mundo Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que evalúa políticas públicas en justicia y seguridad en este país
Y eso, los candidatos que se enfrentarán en las urnas el 14 de diciembre lo saben.
*Con el reporteo adicional de los periodistas de la BBC Gerardo Lissardy y Will Grant, y el colaborador Roberto Valencia.
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