“No se puede pensar el aborto en un periodo menor a 12 semanas”: reformas de Aguascalientes esperan discusión en la Corte
Para entender mejor
En el primer mes de 2026, se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el proyecto que impugna la reducción de 12 a 6 semanas en el periodo para abortar en Aguascalientes, medida que implicó una regresión en materia de derechos reproductivos.
Además de la reducción de semanas aprobada el 28 de agosto de 2024, el Congreso de Aguascalientes aprobó eliminar la categoría “personas gestantes” y suprimió las causales imprudencial, riesgo a la salud y peligro de vida.
Esto ocurrió ocho meses después de que el mismo Congreso aprobó las reformas al código penal que acataban una sentencia de agosto de 2023 mediante la cual la Corte ordenaba despenalizar el aborto en respuesta al amparo promovido por diversas organizaciones.
Hoy, la acción de inconstitucionalidad 172/2024 impugna el artículo 101 del código penal local, que penaliza el aborto voluntario después de la semana seis. El recurso, presentado por el Poder Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue enlistado inicialmente para su discusión el 6 de enero, pero su análisis fue pospuesto.
La impugnación también incluye el artículo 103, que establece supuestos desproporcionados al exigir, cuando menos, el dictamen de dos médicos especialistas para determinar si un aborto fue espontáneo o si el producto presentaba alteraciones genéticas o congénitas. Asimismo, el artículo 196 que contempla penas desproporcionadas cuando un tercero ocasiona un aborto por conducta culposa y que, aunque no lo tipifica como delito, penaliza a la mujer embarazada cuando el aborto ocurre por falta de cuidado.
“La Corte analizará si es válida la norma que reduce el periodo en el que una mujer o persona gestante puede practicarse legalmente un aborto y si castigar por la vía penal a quien decide practicarse un aborto después de la sexta semana de gestación constituye un obstáculo para el ejercicio de su derecho a decidir”, explicó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) a finales de diciembre.
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Esa discusión tiene como antecedente el retroceso en materia de derechos reproductivos, califica la organización, que significó la reforma aprobada por el Congreso de Aguascalientes el 28 de agosto de 2024. Un año antes, al resolver el amparo en revisión 79/2023, presentado por GIRE, Morras Help Morras, Cecadec, Terfu AC y Cultivando Género AC, la Corte había determinado que era obligación del Congreso eliminar todas las normas que criminalizaban de forma absoluta el aborto voluntario.
Por lo tanto, la reforma para reducir el periodo a seis semanas ignoró que la Corte ya había establecido que el plazo mínimo razonable para despenalizar el aborto debía ser de 12 semanas de gestación, subrayó GIRE. Aunado a ello, contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en sus directrices sobre la atención para el aborto señala que no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que lo restrinjan basándose en supuestos, ni aquellas que lo prohíban con base en límites de edad gestacional, lo cual solo responde a estigmas, no a consideraciones técnicas.
Por otro lado, recuerda en entrevista Angie Contreras, de Cultivando Género AC, cuando el Congreso de Aguascalientes concretó la reforma, ocho meses después de haber aprobado la despenalización, la avaló apenas se supo que existía: “prácticamente la trabajaron en secreto, no se recibió a la sociedad civil, no se revisó, no se recibió a personas expertas ni a nadie que hablara justamente del derecho a la salud desde el aborto, desde los derechos sexuales”, señala.
El impacto de las reformas regresivas más allá de Aguascalientes
A juicio de la activista, lo ocurrido en Aguascalientes impacta no solamente en ese estado, sino que queda como un precedente para otras entidades, pues de alguna manera abre la puerta a pensar que en otros lugares también es posible. “Eso preocupa, porque si bien cerramos el año con 24 estados (27 si se cuenta donde ha sido vía amparos, sin reforma legislativa) que han despenalizado hasta la semana 12, menos Aguascalientes, ante el retroceso en derechos humanos que se está dando en nuestra región, algunas entidades podrían hacer lo mismo”, advierte.
Aunque en nuestro país se considera que hay jurisprudencia que despenaliza el aborto a nivel nacional a partir de una sentencia de la Corte de 2023, en los hechos el delito de aborto se persigue en el fuero común de cada entidad, por lo que para eliminar la penalización de manera efectiva en el país se requieren reformas en cada uno de los códigos penales locales.
En 27 de los 32 estados de México el aborto se considera despenalizado por la vía legislativa o por la judicial mediante amparos. Al menos en cuatro todavía está pendiente legislar para armonizar las leyes locales. En tanto, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora siguen sin despenalizarlo. Por otro lado, en el Congreso de la Unión está congelada una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, y en la Ciudad de México quedó sin análisis otra que propone eliminar el aborto de manera absoluta del código penal local.
La importancia del proyecto en torno de Aguascalientes radica en el mensaje que se enviará a nivel nacional. “Es importante para Aguascalientes y también para todo el país, porque entonces le va a decir a los congresos que no se puede pensar el aborto en un periodo menor a las 12 semanas, y eso otra vez es recordarnos que estamos hablando de aborto como un tema de salud, y que no tendría que estar ni siquiera en el código penal”, añade Contreras.
El proyecto para resolver la acción de inconstitucionalidad 172/2024, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, describe que quienes la promovieron sostienen que la Corte ha declarado la invalidez de diversos artículos tanto de la Constitución como del código penal de Aguascalientes, respecto del reconocimiento de la vida desde la concepción y el andamiaje punitivo en torno al aborto, por trasgredir los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.
“A pesar de esto, dicha entidad ha omitido acatarlas aun cuando son vinculantes: el órgano legislativo insiste en instaurar normas que violan frontalmente el parámetro de regularidad constitucional… La accionante también recuerda que el asunto debe analizarse con perspectiva de género, obligación que se desprende tanto de la Constitución como de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará)”, describe el documento.
¿Qué ha pasado en Aguascalientes y qué se espera de la Corte?
Contreras explica que a partir de la reforma regresiva de agosto de 2024 siguen dándose abortos en Aguascalientes gracias a organizaciones y acompañantes, pero sí ha representado una limitación de acceso a servicios de salud por parte del Estado, que está obligado a dar información, atención y acompañamiento. Para ella, hay un impacto claro en el incremento de la criminalización social y desde espacios de poder.
“Al no tener esta información completa, pero también al seguir escuchando que te pueden meter a la cárcel si tienes un aborto después de la semana seis, limita, porque genera miedo, y eso también es criminalización. No podemos pensar que en Aguascalientes las chicas y chiques tienen miedo a acercarse a su derecho a la salud, que es preguntar, porque puede haber una criminalización”, sostiene.
Eso ha venido aparejado a una campaña de sectores de personas trabajadoras de salud, específicamente del secretario estatal, Rubén Galaviz Tristán, quien ha declarado que la dependencia cuenta con personal de salud que buscará en todas las formas posibles convencer a las mujeres de no abortar. “Incrementas estos prejuicios que se tienen sobre el aborto, y les niegas su derecho, que es el derecho a la salud”, remarca la activista.
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Contreras apunta que las organizaciones esperan que la Corte mantenga los precedentes que ha sentado en el pasado en favor de los derechos de todas a la salud sexual y reproductiva. Todas las sentencias de los últimos años que han logrado que se deje de criminalizar a quienes abortan en las entidades han venido de la Corte, por lo que es necesario que siga resolviendo desde una perspectiva de derechos y hablando del aborto como un tema de salud, añade.
“Necesitamos que esta acción ya llegue al pleno, porque se presentó desde 2024, lamentablemente por todos los procesos de elección, de cambio, que ha habido, se ha retrasado, pero nuestros derechos no pueden estar esperando por elecciones; necesitamos que se garanticen, se analice para que siente precedente, y se vote a favor de nosotras”, pide Contreras.
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