
Natalia Lane sobrevivió a un intento de transfeminicidio en un hotel de la Ciudad de México. La trabajadora sexual y activista por los derechos de las personas trans fue agredida con un cuchillo en cara, cuello y manos el 16 de enero de 2022; tres empleados que intentaron ayudarla resultaron lesionados.
A casi cuatro años de lo ocurrido, entre audiencias, amparos, revictimización y violencia institucional, Natalia sigue sin justicia y sin reparación del daño. Su agresor, Alejandro “N”, está en la cárcel, pero sigue sin sentencia.
Su caso fue el primero en ser tipificado como transfeminicidio en grado de tentativa contra una trabajadora sexual, un precedente en la procuración de justicia para las mujeres transgénero en el país.
Natalia visibilizó lo que le ocurrió y que no ha sido la única, solo que sus compañeras ya no pudieron denunciarlo. Además, abrió el debate y puso en el ojo público que existe la obligación de que los feminicidios cometidos en contra de mujeres trans sean investigados con perspectiva de género, con un enfoque diferenciado en el que importe el contexto y se tome en cuenta la especial situación de vulnerabilidad que viven, como la violencia, la discriminación y el odio alimentado por prejuicios y estigmas.
Este martes se llevará a cabo un juicio oral por su caso, luego de que el proceso se extendiera debido a múltiples amparos que interpuso la defensa de su agresor.
Natalia espera que este juicio se realice con perspectiva de género y de derechos humanos, y se mande un mensaje poderoso a la sociedad de que la vida de las personas trans sí importa.
En estos cuatro años se ha llenado de cientos de documentos, entre peritajes médicos, carnets de citas del seguro social, facturas de medicamentos y expedientes.
“Las declaraciones, folios o números no alcanzarían a armar el rompecabezas en el que se convirtió mi vida”, asegura la activista trans.
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“Yo creo que ninguna persona tendría que esperar cuatro años a que le alcance la justicia por atentar contra su vida y su dignidad, y particularmente las mujeres transexuales y las trabajadoras sexuales, pues históricamente hemos sido criminalizadas”, dice en entrevista con Animal Político.

“Como pasa con muchas personas, víctimas y sobrevivientes, parece que la justicia solo le alcanza a la gente que tiene el dinero para pagarla”, señala la activista, quien a lo largo de estos cuatro años se ha enfrentado a un sistema judicial lento, negligente, y revictimizante.
Natalia indica que interpuso dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por violencia institucional y revictimización, pero no solo la que ha padecido a lo largo de estos últimos años. En el 2014 la violaron, su agresor fue detenido, pero la misma policía la intimidó para que no presentara la denuncia, mientras que su agresor le ofreció dinero, pero ella no lo aceptó porque le podría hacer lo mismo a otra mujer.
Cuando se presentó a la Fiscalía de Delitos Sexuales su expediente ya no estaba, había “desaparecido”.
“Eso también habla de como el Estado no ha respondido ni ha estado a la altura de las circunstancias cuando las mujeres trans intentamos denunciar y acceder a la justicia”.
“Sigue habiendo criminalización hacia nuestro trabajo, hacia las trabajadoras sexuales. Hasta el día de hoy sigue habiendo policías que quieren extorsionar a las compañeras trabajadoras sexuales en las calles o que están buscando cómo vigilarnos dentro de los espacios públicos por considerarnos amenazas”.
Natalia es periodista independiente y sigue ejerciendo el trabajo sexual, este último, en ocasiones con miedo. A veces, las cicatrices le recuerdan que es una sobreviviente, que la intentaron matar.
En una publicación para Volcánicas escribió: “casi cuatro años que han tenido consecuencias en mi vida, que ni siquiera hay forma de apalabrar: antidepresivos, ataques de pánico, insomnio, hipotiroidismo, estrés postraumático, violencia y desolación. Ese día conocimos hasta dónde pueden llegar las familias de nuestros agresores y la infamia del sistema de justicia”.
“Mi vida no ha vuelto a ser la misma (…) Medicamentos psiquiátricos, decenas de terapias, años de depresión, dos cirugías para borrar cicatrices y seguimos en el mismo lugar. No hay sentencia ni reparación”.
Cuando se refiere a las familias de los agresores es porque ella fue denunciada por el padre de quien intentó asesinarla. La causa: supuestas amenazas.
En enero de 2025, cuando estaban por cumplirse tres años de su intento de transfeminicidio, Natalia Lane interrumpió el discurso de la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, para denunciar omisiones en su caso.
Era un foro, estaba como invitada, se levantó de su asiento y le reclamó: “tres años de que las mujeres trans buscamos justicia y reparación en vida y no hemos encontrado nada. Este es un país transfeminicida, es un país que le ha fallado a las víctimas, es un país donde el Poder Judicial de la Ciudad de México ha solapado la violencia y la revictimización a las sobrevivientes”.
Durante su intervención, la activista denunció que una jueza le otorgó un amparo a su agresor por el que podría salir en libertad, aunque finalmente no prosperó.
“No me voy a callar y no voy a permitir que digas que hay eficacia en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Hoy sigo en peligro porque mi agresor está a punto de salir de prisión”, gritó.

La fiscal, quien inició su gestión el 10 de enero, se encontraba haciendo un recuento de los avances en materia de combate a la violencia de género realizadas por la administración anterior, cuando fue interrumpida por Lane.
“Queremos reparación en vida, no queremos discursos; llevo tres años esperando justicia, que no nos digan que hay eficacia, que no nos digan que las cosas han cambiado”, reclamó la activista.
Dos días después, Lane y más activistas encabezaron una protesta en el Poder Judicial de la CDMX para exponer por la falta de justicia.
“Que Alejandro siga en prisión no ha sido gratis, me ha cobrado factura en mi propio activismo. Me volví incómoda para los activismos de las buenas formas”, dice Natalia.
Y aunque su lucha ha sido larga, Natalia ha dicho que las trabajadoras sexuales no sólo son tristeza y dolor, también son resiliencia, amor, alegría y “zorroridad”.
De ganar el caso, sería la primera vez que se logra una sentencia y medidas reparatorias a una mujer transexual aún viva en América Latina.
“No podemos pensar en un sistema de justicia que no contemple a las trabajadoras sexuales, a las mujeres trans y que garantice la no repetición de su actuar institucional y la reparación total del daño, las mujeres trans merecemos una reparación histórica de la violencia sistemática y constante que hemos vivido durante muchas décadas”.
De octubre del 2023 a septiembre del 2024, México fue el segundo país con mayor índice de transfeminicidios en América Latina, al registrar 71, solo después de Brasil, con 106. El tercer lugar lo registró Colombia, con 25.
De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT+, que se conforma a partir de información recuperada de notas periodísticas, en 2025 hubo 40 homicidios y 49 desapariciones.
La colectiva Transcontingenta registró 32 transfeminicidios en México en 2025. No hay un dato concreto o exacto sobre el número de víctimas.
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La falta de un registro oficial sobre crímenes de odio por orientación o identidad de género hace que se desconozca el panorama real. Más allá de los datos, más allá de las cifras, eran vidas.
Activistas, defensores de derechos humanos y colectivas ha exigido tipificar el delito federalmente. Hasta ahora cinco entidades lo han hecho: Nayarit, Ciudad de México, Campeche, Estado de México y Baja California.

Se trata del buque Marinera, que históricamente transportó petróleo de Venezuela pero que actualmente no lleva cargamento. Los últimos informes lo sitúan entre Escocia e Islandia.
Rusia desplegó efectivos navales para escoltar un petrolero que también está siendo perseguido por fuerzas estadounidenses a través del Atlántico, según informó CBS News, socio mediático de la BBC en Estados Unidos.
El barco, que actualmente no lleva cargamento, históricamente transportó crudo venezolano y se creía que se encontraba entre Escocia e Islandia el martes.
El presidente Donald Trump ordenó el pasado mes un “bloqueo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida calificada como “robo” por las autoridades venezolanas.
Antes de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ocurrida el sábado, Trump acusó repetidamente al gobierno del país sudamericano de utilizar barcos para introducir drogas en suelo estadounidense.
La Guardia Costera de EE.UU. intentó abordar el Bella 1 el mes pasado en el Caribe cuando se creía que se dirigía hacia Venezuela. Tenía una orden judicial para incautar el barco, acusado de infringir las sanciones estadounidenses y transportar petróleo iraní.
Luego cambió drásticamente de rumbo (así como de nombre a Marinera) y, según se informa, cambió de bandera de guyanesa a rusa.
Su aproximación a Europa coincidió con la llegada de unos 10 aviones de transporte militar estadounidenses, así como helicópteros.
Rusia afirma estar “monitoreando con preocupación” la situación en torno al buque.
Dos funcionarios estadounidenses declararon a CBS News el martes que las fuerzas estadounidenses planeaban abordar el buque y que Washington prefería incautarlo antes que hundirlo.
BBC Verify analizó imágenes publicadas por Russia Today, supuestamente tomadas a bordo de un petrolero, que muestran un barco a lo lejos que coincide con el perfil de un guardacostas clase Legend de la Guardia Costera estadounidense.
También ha estado monitoreando la última ubicación reportada del Marinera.
Según los datos de ubicación AIS de la plataforma de seguimiento de barcos Marine Traffic, su ubicación el martes por la mañana era en el Océano Atlántico Norte, a unos 300 km al sur de la costa de Islandia.
Datos previos del AIS sugieren que se dirigió hacia el norte, pasando por la costa occidental de Reino Unido durante los últimos dos días.
También el martes, el Comando Sur del ejército estadounidense publicó en redes sociales que “continúa dispuesto a apoyar a nuestras agencias gubernamentales asociadas en la lucha contra los buques y actores sancionados que transitan por esta región”.
“Nuestros servicios marítimos están vigilantes, ágiles y preparados para rastrear buques de interés”. Cuando llegue la llamada, allí estaremos”.
Antes de que se lance cualquier operación militar desde Estados Unidos, se espera que dicho país informe a su aliado Reino Unido.
Por ahora, el Ministerio de Defensa británico dice que no hará comentarios sobre las actividades militares de otras naciones.
Los funcionarios citados por CBS sugirieron que Estados Unidos podría realizar una operación como la del mes pasado, cuando los Marines y las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, en colaboración con la Guardia Costera, incautaron The Skipper, un gran petrolero con bandera de Guyana, después de que el buque zarpara del puerto de Venezuela.
Según el derecho internacional, los buques que enarbolan la bandera de un país están bajo la protección de dicha nación, pero Dimitris Ampatzidis, analista sénior de Riesgos y Cumplimiento de la firma de inteligencia marítima Kpler, declaró a BBC Verify que un nuevo nombre y bandera del buque podría no suponer un gran cambio.
“La acción de EE.UU. se basa en la identidad subyacente del buque [número OMI], sus redes de propiedad/control y su historial de sanciones, no en sus marcas pintadas ni en la reivindicación de la bandera”, afirmó.
Ampatzidis añadió que el cambio al registro ruso podría causar “fricciones diplomáticas”, pero no detendría ninguna acción coercitiva de EE.UU.
Por su parte, Michelle Bockmann, analista de inteligencia marítima de Windward, afirmó que cambiar a un registro ruso podría complicar las medidas de control de Estados Unidos.
“En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, existe una disposición que permite que las autoridades aborden un buque apátrida. Al cambiar a bandera rusa, el buque ya no puede ser abordado en virtud de esta disposición”, explicó.
“Actualmente, nuestro buque navega en aguas internacionales del Atlántico Norte bajo la bandera estatal de la Federación Rusa y en pleno cumplimiento de las normas del derecho marítimo internacional”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
“Por razones que desconocemos, el buque ruso está recibiendo una atención cada vez mayor y claramente desproporcionada por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos y la OTAN, a pesar de su carácter pacífico”, declaró.
“Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a adherirse a este principio”.
La controversia por el petrolero se produce días después de que Estados Unidos conmocionara al mundo con la captura de Maduro en la capital, Caracas. Objetivos en la ciudad fueron bombardeados durante la operación para arrestarlo a él y a su esposa, bajo acusaciones de supuestos delitos relacionados con armas y drogas.