4 años del intento de transfeminicidio de Natalia Lane: buscar justicia entre revictimización y violencia institucional
Natalia Lane sobrevivió a un intento de transfeminicidio en un hotel de la Ciudad de México. La trabajadora sexual y activista por los derechos de las personas trans fue agredida con un cuchillo en cara, cuello y manos el 16 de enero de 2022; tres empleados que intentaron ayudarla resultaron lesionados.
A casi cuatro años de lo ocurrido, entre audiencias, amparos, revictimización y violencia institucional, Natalia sigue sin justicia y sin reparación del daño. Su agresor, Alejandro “N”, está en la cárcel, pero sigue sin sentencia.
Su caso fue el primero en ser tipificado como transfeminicidio en grado de tentativa contra una trabajadora sexual, un precedente en la procuración de justicia para las mujeres transgénero en el país.
Natalia visibilizó lo que le ocurrió y que no ha sido la única, solo que sus compañeras ya no pudieron denunciarlo. Además, abrió el debate y puso en el ojo público que exista la obligación de que los feminicidios cometidos en contra de mujeres trans sean investigados con perspectiva de género, con un enfoque diferenciado en el que importe el contexto y se tome en cuenta la especial situación de vulnerabilidad que viven, como la violencia, la discriminación y el odio alimentado por prejuicios y estigmas.
Este martes se llevará a cabo un juicio oral por su caso, luego de que el proceso se extendiera debido a múltiples amparos que interpuso la defensa de su agresor.
La resolución de este caso es importante porque es la primera vez que la carpeta judicializada de una mujer trans trabajadora sexual llega a la etapa de juicio oral clasificada específicamente como tentativa de feminicidio.
“La vida de las personas trans importan”
Natalia espera que este juicio se realice con perspectiva de género y de derechos humanos, y se mande un mensaje poderoso a la sociedad de que la vida de las personas trans importan.
En estos cuatro años se ha llenado de cientos de documentos, entre peritajes médicos, carnets de citas del seguro social, facturas de medicamentos y expedientes.
“Las declaraciones, folios o números no alcanzarían a armar el rompecabezas en el que se convirtió mi vida”, asegura la activista trans.
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“Yo creo que ninguna persona tendría que esperar cuatro años a que le alcance la justicia por atentar contra su vida y su dignidad, y particularmente las mujeres transexuales y las trabajadoras sexuales, pues históricamente hemos sido criminalizadas”, dice en entrevista con Animal Político.
“Como pasa con muchas personas, víctimas y sobrevivientes, parece que la justicia solo le alcanza a la gente que tiene el dinero para pagarla”, señala la activista, quien a lo largo de estos cuatro años se ha enfrentado a un sistema judicial lento, negligente, y revictimizante.
Natalia indica que interpuso dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por violencia institucional y revictimización, pero no solo la que ha padecido a lo largo de estos últimos años. En el 2014 la violaron, su agresor fue detenido, pero la misma policía la intimidó para que no presentara la denuncia, mientras que su agresor le ofreció dinero, pero ella no lo aceptó porque le podría hacer lo mismo a otra mujer.
Cuando se presentó a la Fiscalía de Delitos Sexuales su expediente ya no estaba, había “desaparecido”.
“Eso también habla de como el Estado no ha respondido ni ha estado a la altura de las circunstancias cuando las mujeres trans intentamos denunciar y acceder a la justicia”.
“Sigue habiendo criminalización hacia nuestro trabajo, hacia las trabajadoras sexuales. Hasta el día de hoy sigue habiendo policías que quieren extorsionar a las compañeras trabajadoras sexuales en las calles o que están buscando cómo vigilarnos dentro de los espacios públicos por considerarnos amenazas”.
Natalia es periodista independiente y sigue ejerciendo el trabajo sexual, este último, en ocasiones con miedo. A veces, las cicatrices le recuerdan que es una sobreviviente, que la intentaron matar.
En una publicación para Volcánicas escribió: “casi cuatro años que han tenido consecuencias en mi vida, que ni siquiera hay forma de apalabrar: antidepresivos, ataques de pánico, insomnio, hipotiroidismo, estrés postraumático, violencia y desolación. Ese día conocimos hasta dónde pueden llegar las familias de nuestros agresores y la infamia del sistema de justicia”.
“Mi vida no ha vuelto a ser la misma (…) Medicamentos psiquiátricos, decenas de terapias, años de depresión, dos cirugías para borrar cicatrices y seguimos en el mismo lugar. No hay sentencia ni reparación”.
Cuando se refiere a las familias de los agresores es porque ella fue denunciada por el padre de quien intentó asesinarla. La causa: supuestas amenazas.
Natalia exige una sentencia condenatoria contra su agresor y la reparación integral del daño físico, emocional y patrimonial, así como garantizar la no repetición de la violencia institucional en otros casos similares.
Una exigencia de justicia que no para
En enero de 2025, cuando estaban por cumplirse tres años de su intento de transfeminicidio, Natalia Lane interrumpió el discurso de la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, para denunciar omisiones en su caso.
Era un foro, estaba como invitada, se levantó de su asiento y le reclamó: “tres años de que las mujeres trans buscamos justicia y reparación en vida y no hemos encontrado nada. Este es un país transfeminicida, es un país que le ha fallado a las víctimas, es un país donde el Poder Judicial de la Ciudad de México ha solapado la violencia y la revictimización a las sobrevivientes”.
Durante su intervención, la activista denunció que una jueza le otorgó un amparo a su agresor por el que podría salir en libertad, aunque finalmente no prosperó.
“No me voy a callar y no voy a permitir que digas que hay eficacia en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Hoy sigo en peligro porque mi agresor está a punto de salir de prisión”, gritó.
La fiscal, quien inició su gestión el 10 de enero, se encontraba haciendo un recuento de los avances en materia de combate a la violencia de género realizadas por la administración anterior, cuando fue interrumpida por Lane.
“Queremos reparación en vida, no queremos discursos; llevo tres años esperando justicia, que no nos digan que hay eficacia, que no nos digan que las cosas han cambiado”, reclamó la activista.
Dos días después, Lane y más activistas encabezaron una protesta en el Poder Judicial de la CDMX para exponer por la falta de justicia.
“Que Alejandro siga en prisión no ha sido gratis, me ha cobrado factura en mi propio activismo. Me volví incómoda para los activismos de las buenas formas”, dice Natalia.
Y aunque su lucha ha sido larga, Natalia ha dicho que las trabajadoras sexuales no sólo son tristeza y dolor, también son resiliencia, amor, alegría y “zorroridad”.
De ganar el caso, sería la primera vez que se logra una sentencia y medidas reparatorias a una mujer transexual aún viva en América Latina.
“No podemos pensar en un sistema de justicia que no contemple a las trabajadoras sexuales, a las mujeres trans y que garantice la no repetición de su actuar institucional y la reparación total del daño, las mujeres trans merecemos una reparación histórica de la violencia sistemática y constante que hemos vivido durante muchas décadas”.
México, el segundo país con más transfeminicidios
De octubre del 2023 a septiembre del 2024, México fue el segundo país con mayor índice de transfeminicidios en América Latina, al registrar 71, solo después de Brasil, con 106. El tercer lugar lo registró Colombia, con 25.
De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT+, que se conforma a partir de información recuperada de notas periodísticas, en 2025 hubo 40 homicidios y 49 desapariciones.
La colectiva Transcontingenta registró 32 transfeminicidios en México en 2025. No hay un dato concreto o exacto sobre el número de víctimas.
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La falta de un registro oficial sobre crímenes de odio por orientación o identidad de género hace que se desconozca el panorama real. Más allá de los datos, más allá de las cifras, eran vidas.
Activistas, defensores de derechos humanos y colectivas ha exigido tipificar el delito federalmente. Hasta ahora cinco entidades lo han hecho: Nayarit, Ciudad de México, Campeche, Estado de México y Baja California.
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Japón enciende un reactor en la planta nuclear más grande del mundo a 15 años de haber cerrado sus 54 reactores luego de que un terremoto y un tsunami provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Japón reinició las operaciones en la central nuclear más grande del mundo por primera vez desde que el desastre de Fukushima obligara al país a clausurar todos sus reactores hace 15 años.
La decisión de reactivar el reactor número 6 en Kashiwazaki-Kariwa, al noroeste de Tokio, se tomó a pesar de las preocupaciones de seguridad de los residentes locales.
Su puesta en marcha se retrasó un día debido a un fallo en la alarma y está previsto que comience a operar comercialmente el próximo mes.
Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, fue uno de los primeros países en adoptar la energía nuclear.
Sin embargo, en 2011 sus 54 reactores tuvieron que cerrarse después de que un terremoto y un tsunami masivos provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Esta es la última etapa en la reactivación de la energía nuclear de Japón, que aún tiene un largo camino por recorrer.
Capacidad reducida
No se espera que el séptimo reactor en Kashiwazaki-Kariwa se reactive hasta 2030 y los otros cinco podrían ser desmantelados. Esto deja a la planta con mucha menos capacidad que la que tenía cuando los siete reactores estaban operativos: 8,2 gigavatios.
Desencadenada por el terremoto más potente jamás registrado en Japón, la fusión de los reactores de Fukushima Daiichi, 220 kilómetros al noreste de Tokio, provocó una fuga radiactiva en la costa.
Las comunidades locales fueron evacuadas y muchas no han regresado a pesar de las garantías oficiales de que es seguro hacerlo.
Los críticos afirman que la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (Tepco), no estaba preparada y que su respuesta y la del gobierno no estuvieron bien coordinadas.
Un informe gubernamental independiente lo calificó de “desastre provocado por el hombre” y culpó a Tepco, aunque un tribunal posteriormente absolvió de negligencia a tres de sus ejecutivos.
Aun así, el miedo y la falta de confianza alimentaron la oposición pública a la energía nuclear y Japón suspendió sus 54 reactores poco después del desastre.
Durante la última década, el país intentó reactivar estas centrales eléctricas, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Desde 2015, Japón ha reactivado 15 de sus 33 reactores operativos. La central de Kashiwazaki-Kariwa es la primera de las que posee Tepco en reactivarse.
Antes de 2011, la energía nuclear representaba casi el 30% de la electricidad de Japón y el país planeaba alcanzar el 50% para 2030.
Su plan energético del año pasado reveló un objetivo más moderado: Japón quiere que la energía nuclear cubra el 20% de sus necesidades eléctricas para 2040.
Pero incluso eso puede ser complicado.
“Una gota en el océano”
La energía nuclear está cobrando impulso a nivel mundial.
El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la capacidad mundial de energía nuclear podría duplicarse para 2050.
En Japón, la energía nuclear representaba tan solo 8,5% de la electricidad en 2023.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha enfatizado la importancia de la energía nuclear para la autosuficiencia energética de Japón, especialmente considerando que se prevé un aumento repentino de la demanda de energía debido a los centros de datos y la fabricación de semiconductores.
Los líderes japoneses y sus empresas energéticas llevan mucho tiempo impulsando la energía nuclear.
Afirman que es más fiable que las energías renovables, como la solar y la eólica, y más adecuada para el terreno montañoso de Japón.
Sin embargo, los críticos afirman que el énfasis en la energía nuclear se produce a costa de la inversión en renovables y la reducción de emisiones.
Mientras Japón intenta revitalizar sus ambiciones en materia de energía nuclear, los costos de funcionamiento de los reactores se dispararon, en parte debido a las nuevas comprobaciones de seguridad que exigen cuantiosas inversiones por parte de las empresas que intentan reactivar las centrales.
“La energía nuclear se está volviendo mucho más cara de lo que jamás se hubiera imaginado”, afirma la doctora Florentine Koppenborg, investigadora principal de la Universidad Técnica de Múnich.
El gobierno podría subvencionar los costos o trasladarlos a los consumidores, pero ambas opciones son inaceptables para los líderes japoneses, que durante décadas han elogiado la asequibilidad de la energía nuclear.
Una factura energética elevada también podría perjudicar al gobierno en un momento en que los hogares protestan por el aumento de los costos.
El gobierno “tiene las manos atadas para apoyar financieramente la energía nuclear, a menos que esté dispuesto a ceder en uno de sus principales argumentos de venta”, señala Koppenborg.
“Creo que este resurgimiento es una gota en el océano, porque no cambia el panorama general del declive de la energía nuclear en Japón”.
Los escándalos
Además del temor a otro desastre como el de Fukushima, una serie de escándalos también socavaron la confianza pública.
La central de Kashiwazaki-Kariwa, en particular, se vio envuelta en un par de ellos.
En 2023, uno de sus empleados perdió un fajo de documentos tras colocarlo encima de su auto y olvidar que estaba allí antes de arrancar.
En noviembre, se descubrió que otro empleado había manipulado de forma inadecuada documentos confidenciales.
Un portavoz de Tepco dijo que la compañía informó de los incidentes a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) y añadió que su objetivo era mejorar la gestión de seguridad.
Estas revelaciones son una “buena señal” para la transparencia, apunta Koppenborg. Pero también indican que Tepco “está teniendo dificultades para cambiar sus métodos y su enfoque de seguridad”.
A principios de este mes, la NRA suspendió su revisión para reiniciar los reactores nucleares en la planta de Hamaoka de Chubu Electric, en el centro de Japón, tras descubrirse que la compañía había manipulado datos sísmicos en sus pruebas.
La compañía se disculpó y declaró: “Seguiremos respondiendo con sinceridad y en la mayor medida posible a las instrucciones y directrices de la NRA”.
Hisanori Nei, un antiguo alto funcionario de seguridad nuclear, declaró a la BBC que si bien estaba “sorprendido” por el escándalo en Hamaoka, creía que la severa sanción impuesta a su operador debería disuadir a otras empresas de hacer lo mismo.
“Las compañías eléctricas deberían reconocer la importancia de no falsificar datos”, dijo. Añadió que las autoridades “rechazarán y castigarán” a las empresas infractoras.
Miedo y desconfianza
Lo ocurrido en Fukushima hizo que la opinión pública japonesa se opusiera a lo que se había proclamado como una forma de energía asequible y sostenible.
Miles de residentes presentaron demandas colectivas contra Tepco y el gobierno japonés, para exigir indemnizaciones por daños materiales, angustia emocional y problemas de salud supuestamente relacionados con la exposición a la radiación.
En las semanas posteriores al desastre de marzo de 2011, el 44% de los japoneses consideraba que se debía reducir el uso de la energía nuclear, según una encuesta del instituto de estudios Pew.
Esa cifra aumentó al 70% en 2012. Pero luego, las encuestas realizadas por la publicación empresarial japonesa Nikkei en 2022 mostraron que más del 50% de la gente apoyaba la energía nuclear si se garantizaba la seguridad.
Aún persiste el miedo y la desconfianza. En 2023, el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi generó ansiedad e ira tanto en el país como en el extranjero.
Y muchos siguen oponiéndose a la reactivación de las centrales nucleares.
En diciembre, cientos de manifestantes se congregaron frente a la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra Kashiwazaki-Kariwa, expresando su preocupación por la seguridad.
“Si algo ocurriera en la central, seríamos nosotros quienes sufriríamos las consecuencias”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
La semana pasada, antes de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, una pequeña multitud se congregó frente a la sede de Tepco para protestar de nuevo.
Las normas de seguridad nuclear se reforzaron tras el desastre de Fukushima.
La NRA, un órgano ministerial establecido en 2012, supervisa ahora la reactivación de las centrales nucleares del país.
En Kashiwazaki-Kariwa se han construido muros de contención de 15 metros de alto para protegerse de grandes tsunamis y se instalaron puertas estancas para resguardar los equipos críticos de la instalación.
“Con base en las nuevas normas de seguridad, [las centrales nucleares japonesas] podrían sobrevivir incluso a un terremoto y tsunami similares al que tuvimos en 2011”, defiende Nei, exalto funcionario de seguridad nuclear.
Sin embargo, Koppenborg sigue preocupada por la situación: “Se están preparando para lo peor que han visto en el pasado, pero no para lo que está por venir”.
A algunos expertos les inquieta que estas políticas no ofrezcan suficiente planificación frente al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, o del megaterremoto, único en un siglo, que Japón ha estado anticipando.
“Si el pasado se repite, Japón está muy bien preparado”, admite Koppenborg.
“Pero si ocurre algo realmente inesperado y se produce un tsunami más grande de lo esperado, no lo sabemos”.
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