
En nuestro país, casi la mitad de los municipios no cuentan con centros de atención a la infancia, mientras que 59.3% de quienes pertenecen a la primera infancia –0 a 5 años— no tiene seguridad social y está fuera del acceso a cuidados, alertan organizaciones.
Desde 2022, se ha estimado que casi la mitad de las y los niños de entre 0 y 5 años (48.1%) viven en situación de pobreza, con una marcada diferencia entre zonas rurales y urbanas, lo que vuelve indispensable la necesidad de adoptar un enfoque intersectorial y territorial en la planificación de los servicios de cuidado para atender las necesidades de demanda diferenciadas de cada contexto, de acuerdo con un análisis de Ethos Innovación en Políticas Públicas, Early Institute y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Durante la presentación del estudio “Cuidados para la primera infancia. Recomendaciones hacia la conformación del Sistema Nacional de Cuidados”, representantes de estas organizaciones destacaron los desafíos estructurales y barreras económicas que enfrenta nuestro país para poder contar con un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) con enfoque en la primera infancia, que representaría una oportunidad histórica para garantizar entornos de cuidado e impulsar la igualdad de género.
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Renata Díaz Barreiro Castro, del Early Institute, precisó que el cuidado, que engloba actividades fundamentales de alimentación, salud, descanso y afecto, tiene dos dimensiones: el derecho a cuidar y a ser cuidado, y uno de sus enfoques más importantes debe estar centrado en la primera infancia –0 a 5 años— por tratarse de una etapa crucial para el desarrollo.
El cuidado y la educación, finalmente, son dos caras de la misma moneda, y aunque los centros de atención infantil —como los anunciados para Ciudad Juárez por la presidenta Claudia Sheinbaum— son un inicio para reforzar el cuidado institucional, en México particularmente la población en vulnerabilidad se enfrenta a diversas problemáticas para acceder a servicios de cuidado.
En el país, hay 12 millones de niños y niñas de 0 a 5 años, lo que representa 1 de cada 10 personas. Sin embargo, solo el 44% accede a servicios de cuidado o educación, mientras que 6.8 millones carecen de ellos. Además, el 8.5% (alrededor de un millón) son dejados solos o bajo el cuidado de otra infancia.

En México, la mitad de municipios (49 %) no tiene ningún Centro de Atención Infantil, y los más vulnerables son los más afectados, según precisan las organizaciones en el informe. Esto implica, además, que a pesar de que el 26 % de primeras infancias reside en áreas rurales, solo el 2.2 % de los CAI se ubica en estas y apenas el 1.5 % en municipios de alta marginación.
Por otro lado, las organizaciones también hicieron énfasis en que la decisión de utilizar servicios de cuidado infantil no depende solo de su disponibilidad: influyen factores culturales y económicos, como las aspiraciones de las madres, las normas de género y la percepción de la calidad del servicio. Además, en muchas familias los servicios de cuidado siguen percibiéndose como una pérdida del rol de madre.
La distribución desigual en municipios, por lo tanto, favorece a los hogares con mejores condiciones socioeconómicas, donde las madres, padres o personas cuidadoras suelen contar con mayor nivel educativo y acceso a recursos formativos como libros infantiles, juguetes y actividades de estimulación temprana, consigna el documento.
“Esto se evidencia también por las condiciones del acceso a la seguridad social como factor limitante, pues condiciona la accesibilidad universal de niñas y niños a un sistema de cuidados por la situación laboral de padres y madres. En México, el 40 % de las niñas y niños en primera infancia no cuenta con acceso a la seguridad social, según Coneval”, añade el informe.
A su vez, los factores señalados por las organizaciones contribuyen a la subutilización de servicios de cuidado, incluso en redes como las guarderías del IMSS y el ISSSTE. La ocupación en las primeras pasó de un 85.8 % en 2013 a un 72.7 % en 2022. Igualmente en la Ciudad de México la matrícula del ISSSTE ha disminuido casi un 50 % desde el 2000.
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Por todo ello, destaca el análisis, niñas y niños en situación de mayor vulnerabilidad acceden menos a los CAI, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión, al tiempo que limita el desarrollo temprano de infancias y reduce las oportunidades de las madres para integrarse al mercado laboral, lo que afecta la movilidad social y genera barreras para ambos. Animal Político documentó ese impacto para las mujeres en el especial Cuidadoras sin oportunidades.
A todo ello se suma que la prestación de cuidados para infancias permanece fragmentada en varias instituciones, lo que genera al mismo tiempo una sobrerregulación en la que nadie tiene facultades para supervisar los centros de atención infantil, que además presentan un rezago en cobertura y calidad, pues el 20 % del personal preescolar no cuenta con formación docente mínima.
Por otro lado, también existen barreras en la demanda, ya que muchas cuidadoras no llevan a sus hijos a las guarderías. Además, la falta de políticas de conciliación laboral impiden balancear la carga de cuidados que recae en un 96% en las mujeres, como las licencias de paternidad.
Actualmente, tomando en cuenta los diversos programas que tienen al menos una acción de cuidado, México destina a este tema sólo el 0.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), una quinta parte de lo que se invierte en pensiones, se acuerdo con el análisis del CIEP que forma parte del estudio, presentado por Sunny Arely Villa Juárez.
Sin embargo, invertir en los cuidados para la primera infancia mediante un mayor presupuesto para un Sistema Nacional de Cuidados representaría un retorno de inversión, reduciría desigualdades, fortalecería la economía y permitiría la participación laboral femenina.
“Invertir en cuidados no es un gasto, es una inversión. Por cada dólar invertido, podría dar como resultado un aumento de 3.8 % del PIB mundial”, señaló la especialista. Sin embargo, para lograr un Sistema Nacional de Cuidados universal y con perspectiva de infancias, sería necesario destinar a este un 1.16 % del PIB.
No obstante, hasta ahora existen 12 programas presupuestarios a nivel federal que dentro de sus objetivos otorgan algún tipo de cuidado, a cargo de diversas dependencias como la Secretaría de Educación, de las Mujeres, de Salud, de Bienestar, IMSS e ISSSTE. En ellos se invierten anualmente 45 mil 810.4 millones de pesos, apenas un 0.1 % del PIB.
De estos, 24.2 miles de millones de pesos (0.5% del PIB) corresponden a programas que proveen cuidado exclusivo a la primera infancia, pero el 83.2 % está a cargo del IMSS y del ISSSTE, por lo que no alcanzan para el 59.3 % de las infancias que carece de seguridad social. Adicionalmente, se destina un 0.3 % del PIB para la educación preescolar.
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En un Sistema Nacional de Cuidados que pudiera construirse de manera progresiva, como lo ha propuesto la secretaria de las Mujeres —que por lo pronto implica solo el establecimiento de algunos centros infantiles en Ciudad Juárez—, tendría que destinarse por lo menos un 0.07 % del PIB el primer año y así gradualmente, hasta llegar a un 0.85 % en el transcurso de los primeros cinco.
En esa visión, además, sería indispensable priorizar al 59.3 % de la población que no tiene acceso a seguridad social, pues actualmente —reiteró— se está dejando a una mayoría de infancias entre 0 y 5 años sin servicios de cuidado.
Ante el panorama presentado por el informe “Cuidados para la primera infancia. Recomendaciones hacia la conformación del Sistema Nacional de Cuidados”, las organizaciones incluyen ocho recomendaciones generales, detalladas por Mónica Corona Godínez, de Ethos.
Las primeras son reconocer el derecho al cuidado, atendiendo la fragmentación y fortaleciendo su marco normativo; ampliar la cobertura de infraestructura y priorizar la atención de grupos en situación de vulnerabilidad; impulsar un registro integral de los centros de atención infantil, y mejorar su calidad estructural y de procesos.
Del mismo modo sería necesario incrementar la inversión en cuidados; impulsar la corresponsabilidad en ellos mediante licencias de paternidad, incentivos para empleadores para facilitar condiciones laborales y familiares, así como profesionalizar a las personas cuidadoras. Al mismo tiempo, promover el cuidado cariñoso y sensible en el hogar, tanto como asegurar la continuidad de la Encuesta Nacional de Cuidados.
Además, las organizaciones reiteraron que un Sistema Nacional de Cuidados integral solo será posible cuando se activen todos los Poderes de la Unión, no solo para reconocer el derecho a cuidado a nivel constitucional, iniciativa que quedó congelada desde 2020, sino diversos temas relacionados con la distribución más equitativa de los cuidados.

El número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha cuadruplicado en ocho años, según datos del gobierno.
Advertencia: Este artículo contiene detalles explícitos de violencia.
Un grupo de niños vio el cuerpo de Adel camino a la escuela, justo cuando sus padres se dirigían a la comisaría para denunciar su desaparición.
Se reducía a una silueta grotesca y carbonizada, reclinada, con una rodilla en alto, como si estuviera tumbado, en una de las playas cercanas de Marsella.
Tenía 15 años cuando murió de una forma que aquí es habitual: un disparo en la cabeza, su delgado cuerpo rociado con gasolina y prendido fuego.
Alguien incluso filmó la escena en la playa, en la última de una escalofriante serie de asesinatos a tiros vinculados a la rápida evolución del narcotráfico en esta ciudad portuaria, cada vez más alimentado por las redes sociales y ahora marcado por actos de violencia aparentemente aleatorios y el creciente papel de los menores, a menudo obligados a participar en la venta de drogas.
“Ahora es un caos “, afirmó un pandillero escuálido, levantándose la camisa en un parque cercano para mostrarnos un torso marcado por las cicatrices de al menos cuatro balazos como resultado de un intento de asesinato por parte de una banda rival.
El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.
“He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas… ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan… a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad”, aseguró el hombre, ahora de veintipocos años, quien nos pidió que usáramos su apodo, El Inmortal.
Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.
“Hay un ambiente de miedo. Es evidente que los narcotraficantes dominan y ganan terreno cada día”, declaró una abogada local, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ella o su familia.
“El Estado de derecho está ahora subordinado a las bandas. Hasta que no tengamos un Estado fuerte de nuevo, debemos tomar precauciones”, puntualizó, sobre su reciente decisión de dejar de representar a las víctimas de la violencia de las bandas.
“Ya no hay reglas”
Durante el verano, varias ciudades francesas impusieron toques de queda nocturnos a los adolescentes tras una oleada de violencia relacionada con el narcotráfico.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo conversaciones el jueves para intentar responder a la crisis.
“Hay tanta competencia en el narcotráfico que la gente está dispuesta a todo”, aseveró el organizador comunitario Mohamed Benmeddour.
Y agregó: “Tenemos chicos de 13 o 14 años que vienen como vigías o traficantes. Los jóvenes ven cadáveres, oyen hablar de ellos, todos los días. Y ya no tienen miedo de matar ni de que los maten”.
El detonante de la actual psicosis en Marsella fue el asesinato, el mes pasado, de Mehdi Kessaci, un policía en prácticas de 20 años sin vínculos con el narcotráfico.
Se cree que su muerte pretendía ser una advertencia para su hermano, un destacado activista antipandillas de 22 años y aspirante a político llamado Amine Kessaci.
Bajo estrecha protección policial, Kessaci habló con la BBC sobre la muerte de Mehdi y la culpa que siente.
“¿Debería haber obligado a mi familia a irse de Marsella? La lucha de mi vida será esta lucha contra la culpa”, lamentó.
Amine Kessaci saltó a la fama en Francia en 2020 tras el asesinato de su hermano mayor, un pandillero llamado Brahim.
“Llevamos años con esta psicosis. Sabíamos que nuestras vidas pendían de un solo hilo. Pero todo cambió desde el covid-19. Los agresores son cada vez más jóvenes. Las víctimas son cada vez más jóvenes”, afirmó.
“Mi hermano pequeño fue una víctima inocente. Hubo una época en que los verdaderos matones tenían un código moral. No se mata de día. No delante de todos. No se queman cadáveres. Primero se amenaza con un tiro en la pierna. Hoy en día, todas estas reglas han desaparecido”.
Ante los actuales niveles de violencia sin precedentes, la policía francesa está respondiendo con lo que denominan “bombardeos” de seguridad en zonas de alta criminalidad de Marsella.
Aunque una banda, la DZ Mafia, parece dominar el negocio, opera una especie de sistema de franquicias con una red fragmentada de pequeños distribuidores, a menudo compuestos por adolescentes e inmigrantes indocumentados, que se enfrentan violentamente por territorio.
Según una estimación, hasta 20.000 personas podrían estar involucradas en el negocio de la droga en la ciudad.
El año pasado, las autoridades confiscaron a las bandas 42 millones de euros (unos US$49 millones) en bienes de origen delictivo.
Videos compartidos en redes sociales muestran habitualmente a miembros de las pandillas armados con rifles automáticos disparándose entre sí en las diversas cités de Marsella: barrios pobres caracterizados por edificios de gran altura y una gran concentración de viviendas sociales.
En una fría tarde de la semana pasada acompañamos a un grupo de policías antidisturbios armados en una de sus misiones habituales de “bombardeo”.
Los agentes se dirigieron a toda velocidad a un bloque de pisos en ruinas en sus furgonetas, mientras un joven pandillero que vigilaba la entrada huía a pie. Divididos en dos grupos, los policías corrieron por ambos lados del edificio intentando atrapar a los traficantes en las escaleras.
“El objetivo es desmantelar los puntos de venta de droga. Hemos clausurado más de 40… y hemos encerrado a mucha gente”, explicó Sébastien Lautard, jefe de la policía regional.
“Denle la vuelta”, ordenó un agente bruscamente, mientras su equipo acorralaba a un joven de 18 años contra una puerta.
En un sucio sótano cercano, la policía encontró docenas de viales y pequeñas bolsas de plástico utilizadas para distribuir cocaína.
Más tarde, un policía explicó que el joven detenido pedía ser arrestado, alegando que había llegado a Marsella desde otra ciudad y que ahora estaba retenido contra su voluntad y obligado a trabajar para una banda de narcotraficantes.
Los agentes se lo llevaron en una furgoneta.
“Esto no es El Dorado. Tenemos muchos jóvenes reclutados en redes sociales. Vienen a Marsella pensando que ganarán dinero fácil. Les prometen 200 euros (US$233) al día. Pero a menudo terminan en miseria, violencia y, a veces, la muerte”, declaró el fiscal jefe de la ciudad, Nicolas Bessone.
En su oficina, cerca del antiguo puerto de la ciudad, Bessone describió una industria que alcanza un estimado de 7.000 millones de euros a nivel nacional (unos US$8.200 millones) y se caracteriza por dos novedades: un creciente énfasis en el reclutamiento, la venta y la entrega a domicilio en línea; y un número cada vez mayor de adolescentes obligados a participar en el negocio.
“Ahora vemos cómo los traficantes esclavizan a estos pequeños soldados. Crean deudas ficticias para que trabajen gratis. Los torturan si roban 20 euros para comprar un sándwich. Es ultraviolencia. La edad promedio de los agresores y las víctimas es cada vez menor”, afirmó Bessone.
Instó a la población local a no sucumbir a la psicosis, sino a “reaccionar, a rebelarse”.
La abogada, que nos pidió que ocultáramos su identidad, describió un caso que ella había llevado.
“Un joven, que se negaba rotundamente a formar parte de una red, fue recogido después de la escuela, obligado a participar en el tráfico de drogas, violado, amenazado y su familia también fue amenazada. Se utilizan todos los medios para crear una fuerza laboral”, declaró.
En TikTok decenas de vídeos con música anuncian la venta de drogas en las cités de Marsella “de 10:00 a medianoche”, cada producto con su propio emoji: cocaína, hachís y marihuana.
Otros anuncios buscan reclutar nuevos miembros de bandas con mensajes como “se busca trabajador”, “250€ para vigilantes”, “500€ para transportar drogas”.
Para algunos políticos locales, la solución a los problemas de Marsella es el estado de emergencia y normas de inmigración mucho más estrictas.
“Hay que restaurar la autoridad. Necesitamos acabar con la cultura de la permisividad en nuestro país. Necesitamos dar más libertad y más poder a la policía y al poder judicial”, sentencia Franck Alissio, diputado local del partido populista de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y posible candidato a la alcaldía.
Aunque la antigua ciudad mediterránea de Marsella ha sido conocida durante siglos por su numerosa comunidad inmigrante, Alissio argumenta que “hoy en día, el problema es que ya no somos capaces de integrarnos económicamente ni asimilarnos. Hay demasiada inmigración. El problema es la cantidad (de inmigrantes). Y, de hecho, los narcotraficantes, los traficantes, los vigilantes, los líderes de estas mafias, son casi todos inmigrantes o extranjeros con doble nacionalidad”.
Es una afirmación controvertida y difícil de verificar en un país que se esfuerza por evitar incluir ese tipo de detalles en las cifras oficiales.
Alissio sostiene que los sucesivos gobiernos invirtieron miles de millones de euros en los barrios más pobres de Marsella sin ningún resultado. Culpa a los padres y a las escuelas por permitir que los niños se involucren en el narcotráfico, pero añade que su objetivo era “resolver el problema, no hacer sociología”.
Los partidos de extrema derecha han gozado durante mucho tiempo de un fuerte apoyo en el sur de Francia, pero no tanto en la diversa ciudad de Marsella. Críticos de RN, como la abogada cuya identidad hemos ocultado, acusaron al partido de “explotar la miseria y el miedo” y de culpar erróneamente a los inmigrantes de una “gangrena” generalizada en todas las comunidades de Francia.
Philippe Pujol, escritor local y experto en el narcotráfico en Marsella, también recibió protección policial tras el asesinato de Mehdi Kessaci el mes pasado.
“No estoy seguro de que haya una buena razón para este terror. Pero… el terror se está extendiendo. Prefiero tener miedo y ser precavido que correr riesgos innecesarios”, declaró.
Pero refutó las peticiones de una acción policial más contundente, argumentando que solo aliviaba los síntomas de una sociedad en crisis, en lugar de abordar las causas del problema.
Al describir la pobreza arraigada como un “monstruo”, Pujol pintó una imagen de una sociedad radicalizada por décadas de abandono.
“El monstruo es una mezcla de clientelismo, corrupción y decisiones políticas y económicas tomadas en contra del interés público”, opinó Pujol.
“Estos chicos pueden ser unos imbéciles cuando están en grupo, pero cuando estás a solas con ellos, siguen siendo niños, con sueños, que no quieren esta violencia”, aseguró.
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