“Por años se nos negó acceso a la política”: 350 presidentas municipales se capacitan en Los Pinos
En noviembre pasado, Tarsila Molina, alcaldesa de San Nicolás, Guerrero, tuvo que huir del municipio por amenazas cuando apenas llevaba un mes en el cargo, hasta que recibió protección y pudo regresar a cumplir sus funciones.
Este lunes 16 de diciembre, Tarsila Molina, de la coalición Morena, PT y Partido Verde, asistió al primer encuentro de presidentas municipales del país en Los Pinos para compartir experiencias y capacitarse sobre políticas públicas y presupuesto con perspectiva de género.
Molina es la primera presidenta de su municipio. Orgullosa de su tierra, explicó en entrevista que son una localidad “de reciente creación, ya que antes formaba parte de Cuajinicuilapa, y somos el municipio con mayor número de afromexicanos de todo el país, un lugar buyanguero, fiestero y cálido”.
San Nicolás es un municipio afrodescendiente de Guerrero, que fue reconocido como municipio por el Congreso local apenas en mayo de 2022.
Emocionada, Tarsila participó en este primer encuentro convocado por la Secretaría de las Mujeres tras verse obligada a desplazarse por las amenazas.
“Significa mucho que nos hayan invitado, porque históricamente hemos sido violentadas, por muchos años se nos negó el acceso a la política, y ahora que llegamos no es tarea fácil, pero el hecho de que tengamos una presidenta mujer y que nos convoquen a reunirnos a todas las alcaldesas es un paso importante”, dijo.
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Iris López Zavaleta, de San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, es la segunda mujer que preside el municipio, ubicado en la región de los Valles Centrales del estado. Es también la persona más joven que ha gobernado.
“Fui nombrada a mano alzada en una asamblea comunitaria, y me siento muy contenta de que se convoque a estas capacitaciones para acceder a recursos federales y que nos acerquen al gobierno de la primera presidenta, porque a veces, por estar lejos, pensamos que nadie nos voltea a ver”, apuntó.
López Zavaleta destacó que las presidentas presentes “estamos rompiendo con muchos cacicazgos y quienes estamos haciendo la diferencia abrimos paso a las mujeres jóvenes, y estos espacios son una oportunidad para comunicarnos con otras lideresas, ver que somos más fuertes y sentirnos empoderadas”.
Por su parte, Valeria Aguilar, alcaldesa de Cueneo, Michoacán, por la coalición Morena, PT y PVEM, agregó que “ser presidenta es todo un reto, porque el machismo sigue latente, pero afortunadamente con trabajo y el apoyo de la sociedad, hemos sabido sobrellevar las dificultades de llegar al poder”.
Gobierno federal y ONU ofrecen acompañamiento a presidentas
Durante la inauguración del encuentro, Moni Pizani, representante de ONU Mujeres en México, recordó que en 1975, nuestro país fue sede de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, “y desde entonces la situación ha cambiado, alcanzamos la paridad legislativa, tenemos a la primera mujer presidenta y hay más de 600 alcaldesas, avances que son el resultado de décadas de lucha de quienes se atrevieron a soñar en una nación más justa e igualitaria”.
A las “herederas de este legado”, Pizani les dijo que los desafíos que enfrenten “no son barreras infranqueables, sino oportunidades para demostrar nuestra resiliencia e innovación, y la violencia política, lejos de silenciarnos, nos ha unido más y hemos construido redes de apoyo que protegen la resistencia del liderazgo femenino“.
Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, explicó que el objetivo de este espacio es “que las mujeres que trabajan en distintas instancias municipales busquen ejercer el poder de manera distinta”, por lo que en el encuentro se llevaron a cabo talleres sobre planeación municipal, presupuesto, mecanismos de mediación, resolución de conflictos y comunicación política.
“Porque muchas veces las mujeres llegamos solas al ejercicio del poder y pocas veces se nos enseña, o tenemos de dónde aprender para no fallar, porque muchas veces desconocemos cómo es hacer política, y eso es una vulnerabilidad”, apuntó la secretaria de las Mujeres.
Por ello, adelantó que este fue el primero de varios encuentros que se llevarán a cabo con las presidentas municipales del país, para continuar con su capacitación.
“Probablemente ustedes son las primeras presidentas en sus territorios, y la responsabilidad que recae en nosotras no es menor, porque toca abrir caminos, toca dar el ejemplo y hacerlo bien”, señaló Hernández.
Asimismo, anunció que se buscará “atender de manera particular las distintas problemáticas que viven las mujeres en los municipios, y ya tenemos varias acciones que iremos presentando en la Secretaría de las mujeres, y creo que podremos trabajar de la mano de ustedes, con liderazgos comunitarios para apoyar a las mujeres que viven violencia o que están buscando cómo desarrollarse para tener más autonomía”.
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“Las mujeres estamos listas y preparadas para ejercer cargos públicos”
Frente a las 350 presidentas municipales, de todos los partidos políticos, que se registraron para asistir al evento, Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), enfatizó que es necesario que se continúe trabajando para erradicar la violencia política en razón de género que afecta a las mujeres que ostentan cargos de representación en el país.
“Tenemos diversas vías para que se denuncie la violencia política. No perdamos tiempo, ni la oportunidad de demostrarnos, primero a nosotras mismas, y después a la ciudadanía, que las mujeres estamos listas, preparadas y capacitadas para ejercer cargos públicos”, agregó Soto.
También indicó que “es necesario reconocer que el ámbito municipal sigue siendo el eslabón más débil y el de mayor violencia para la participación política de las mujeres, es una realidad que expresamos, no como queja, sino como desafío, justo como nos gusta ver las cosas a las mujeres que estamos participando en política a nivel local”.
“¿Y cómo mejorar la realidad en sus comunidades, en sus pueblos y municipios?”, cuestionó la secretaría de las Mujeres, a lo que respondió: “a veces el monstruo de la administración pública y la falta de acompañamiento y de capacitación vuelven muy complejo que las voluntades se materialicen en hechos concretos, entonces para nosotros es importante que sepan que queremos encontrarnos ya sea de manera virtual, regional o en sus estados y poder acompañarlas con diversas capacitaciones que puedan fortalecer el ejercicio de gobierno que ustedes están realizando”.
Las fechas de los próximos encuentros serán anunciadas por la Secretaría de las Mujeres, institución que se encargará de elaborar los programas de capacitación que serán llevados a cabo en las siguientes sesiones.
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La propuesta de Donald Trump tiene enormes implicaciones legales, financieras y logísticas. Los defensores de los migrantes también advierten de los costes humanos.
Donald Trump se convertirá este lunes en el 47 presidente de los Estados Unidos. Ahora se podrá ver si el republicano cumple todas las promesas que hizo en su campaña, como la deportación masiva de aquellos que no tienen permiso para permanecer en ese país.
Tras ganar las elecciones de noviembre, aseguró que planea declarar una emergencia nacional y utilizar al ejército estadounidense para llevar a cabo su plan.
El costo de hacerlo no será un elemento disuasivo, dijo Trump, señalando que su prioridad al asumir el cargo es hacer que la frontera sea “fuerte y poderosa”.
“No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción”, dijo Trump en una entrevista hace unas semanas.
Durante la campaña, su equipo respondió de distintas formas a la pregunta de cuántos migrantes podrían terminar siendo expulsados.
Pero su compañero de fórmula, el vicepresidente electo JD Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló.
Esta idea está contemplada en la plataforma electoral de Trump bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”. Los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EU.
¿Cuáles son los desafíos legales?
De acuerdo con las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.
La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década.
Los inmigrantes que están en el país sin un estatus legal tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.
Así que un aumento drástico en las deportaciones pasaría probablemente por expandir antes el sistema de tribunales de inmigración, hoy saturado y con retrasos a la hora de resolver los casos.
La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.
Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE.
La campaña de Trump se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales en EU complican la situación.
Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales será fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva.
“Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.
Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, que aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa.
“Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.
Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé presentarán las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.
¿Es factible desde el punto de vista logístico?
Ahora, si el gobierno de EU lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.
Durante el mandato de Joe Biden, los esfuerzos de deportación se enfocaron en los migrantes detenidos en la frontera.
Los que ya estaban en el país y terminan siendo deportados suelen contar con antecedentes penales o son considerados una “amenaza para la seguridad nacional”.
En 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el primer gobierno de Donald Trump en los lugares de trabajo.
Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EU ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100 mil anuales, después de haber alcanzado su máximo —230 mil— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.
“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir”, le dijo a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EU.
Por una parte, los expertos dudan de que los 20 mil agentes del ICE y el personal de apoyo vayan a ser suficientes para buscar y encontrar incluso a una fracción de esa cantidad a la que apunta el equipo de Trump.
Además, Reichlin-Melnick señaló que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.
Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos.
Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.
“En cada uno de esos pasos, el ICE simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, señala Reichlin-Melnick.
Trump ha dicho que va a involucrar a la Guardia Nacional y al ejército para que asistan en las deportaciones.
Históricamente, las fuerzas militares estadounidenses han tenido un papel limitado, más de apoyo, en la frontera entre México y EU.
Ahora, más allá de apoyarse en los militares y de contar con la ayuda de “cuerpos policiales locales“, Trump ha dado pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo su plan de deportación masiva.
En una entrevista con la revista Time hace unos meses, el republicano dijo que no descarta construir nuevas instalaciones de detención de migrantes y que tomaría medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.
Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que aquellos que no lo quieran hacer “no van a participar de los beneficios”.
“Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”.
Además, Tom Homan, el “zar fronterizo” designado por Trump, dijo hace unas semanas que el uso de centros de detención familiar para migrantes está “sobre la mesa”, planteando la posibilidad de que la práctica terminada por la administración Biden pueda regresar próximamente.
“Es algo que estamos considerando”, dijo en una entrevista Homan, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la primera administración Trump.
Homan también ha dicho que la prioridad de las deportaciones serán los 1.4 millones de inmigrantes que han recibido órdenes de deportación después de no calificar para un estatus legal en EU.
Eric Ruark, el director de investigaciones de NumbersUSA —una organización que aboga por controles más estrictos a la inmigración— dijo que cualquier programa de deportación desde el interior del país solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera.
“Esa tiene que ser la prioridad. Si no lo es, no va a haber un gran progreso en el tema. Es lo que hace que la gente siga llegando hasta la frontera”, apunta.
Y agregó que también es necesaria una ofensiva contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.
“(Los inmigrantes) están viniendo por el trabajo”, subrayó. “Y lo están consiguiendo, básicamente porque la capacidad de vigilar y hacer cumplir la ley ha sido desmantelada”.
El costo político y financiero
Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trump en unos US$100.000 millones.
El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de US$420 millones, y expulsó del país a cerca de 140 mil personas.
De acuerdo con el plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidas y se prevé construir grandes campamentos para albergarlas.
También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.
Lo que está claro es que cualquier aumento en la operatividad de los departamentos correspondientes implica que los costos se disparen.
“Incluso un cambio menor supone decenas de millones de dólares”, explicó Reichlin-Melnick.
Además, tendrían que sumarse a los gastos de otros esfuerzos de control fronterizo que Trump ha prometido: seguir construyendo el muro en la frontera con México, un bloqueo naval para evitar que el fentanilo ingrese al país y el traslado de miles de soldados a la frontera.
Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que “imágenes espantosas de deportaciones masivas” también podrían tener un costo político para Trump a nivel de relaciones públicas.
“Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses”, explicó.
“Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado”, remató.
Otro factor limitante es la capacidad o voluntad de los países de aceptar de vuelta a los deportados.
Incluso los países que cooperan con ICE, como México, Honduras y Guatemala, no tienen en la actualidad la capacidad de recibir a muchas más personas de las que ya están aceptando.
¿Ha habido deportaciones masivas antes?
El único programa comparable con el que propone Trump sería quiza el que se llevó a cabo en 1954 en el marco de la llamada “Operación espaldas mojadas” (Operation Wetback), bautizada así por un insulto común que se usaba en aquel entonces contra los mexicanos, y que supuso la deportación de 1.3 millones de personas.
Aunque hay historiadores que ponen en duda la cifra.
El plan, aprobado bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, se topó con una considerable oposición pública —en parte porque también se deportaba a algunos ciudadanos estadounidenses—, así como con la falta de financiación.
En 1955 se suspendió.
Los expertos en inmigración dicen que, el hecho de que se centrara en personas originarias de México y la falta del debido proceso hacen que aquella operación no se pueda comparar con un programa de deportación masiva actual.
“Los deportados eran hombres solteros, mexicanos”, señaló Bush-Joseph.
“Ahora, la gran mayoría de los que cruzan la frontera por zonas entre puertos de entrada no son originarias de México, ni siquiera de la parte norte de Centroamérica. Y eso hace que sea mucho más difícil deportarlos”, añadió.
“Son situaciones incomparables”.
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