Qué es la violencia política de género y en qué forma se dan estos actos
“Todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género?”, preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 9 de agosto, insistiendo en su rechazo a la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre que sí hay expresiones del mandatario que pudieran constituir violencia política de género en contra de la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.
La violencia política de género ocurre contra mujeres que participan activamente en la política, cuando se les agrede, se les menoscaban sus derechos u opiniones, o se les intenta anular en el ámbito político, por el solo hecho de ser mujeres.
Es decir, se violenta a una mujer con base en estereotipos de género, tomando decisiones que las afectan más a ellas que a los hombres, en la búsqueda de ejercer cargos públicos.
Fátima López, directora de la Red de Abogadas Violeta, menciona que esta violencia parece invisible y está tan normalizada que se cree que las mujeres no quieren participar.
“Pero no es que no quieran, es que no pueden. Hay un sistema, una estructura, que le impide llegar a esos cargos”, enfatiza Fátima López.
El marco legal
La violencia política contra las mujeres ha existido desde hace décadas, pero apenas hace tres años se logró establecer un marco legal armonizado a nivel federal, para intentar reducir y sancionar estas conductas.
En abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 8 legislaciones en materia de violencia política de género.
Ahí se define a la violencia política de género como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”.
El decreto de abril de 2020, según Jesika Alejandra Velázquez Torres, abogada por la UNAM, permite que “ya se vincule con otra legislación, no solamente con que ya había tratados internacionales sino también en cuanto a la Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en donde ya pueden tipificar a la violencia política de género”.
En dicha Ley se establece que la violencia política de género puede ser cometida por “agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos.
E incluso “por medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares”.
Se considera violencia política de género actos como: “divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género”.
Del mismo modo, “amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura”, así como “discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo”.
También “obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley”, o “impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo”, entre otras acciones.
La diferencia entre “violencia política” y “violencia política de género”
En una guía el Instituto Nacional Electoral (INE) explica que la violencia política “radica en la comisión de conductas que busquen generar un detrimento en el goce y ejercicio de un derecho político-electoral, sin que necesariamente se relacione dicha conducta con el género de la persona afectada.
Y por otro lado, la violencia política por razón de género “comprende todas aquellas acciones u omisiones, que se dirigen a la persona en razón de su género, y que tienen un impacto diferenciado ante las demás personas, afectándolas (o) desproporcionadamente”.
Gráfico del INE
*Nota publicada originalmente en 2021 y actualizada este 9 de agosto de 2023
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El suceso se conoció la semana pasada y desde entonces se han multiplicado los mensajes que hablan de horarios interminables, maltrato y precariedad en el sector.
“¡Ustedes sí pueden! Ánimo”.
La frase con que la Catalina Gutiérrez Zuluaga se despidió de sus compañeros residentes de medicina de la Universidad Javeriana de Bogotá antes de morir lleva días conmocionando a la opinión pública en Colombia.
El suicidio de Gutiérrez, conocido a fines de la semana pasada, desató una ola de denuncias sobre los supuestos maltratos y precariedades que sufren estudiantes y residentes de medicina en el país sudamericano y que no se tardó en vincular a la tragedia.
“Hay muchas cosas que hemos normalizado, que son difíciles de pensar hasta que pasan estas cosas tan radicales”, le dice a BBC Mundo una exresidente de cirugía de la Javeriana, el prestigioso centro de estudios privado en el centro de la polémica.
“Pero esto pasa en muchas partes”, añade la exresidente pidiendo anonimato.
Desde que se conoció el destino de Gutiérrez, residente de cirugía, la indignación, la condena y el debate sobre la educación en el área de la salud han sido temas recurrentes de conversación entre los colombianos.
El presidente Gustavo Petro lo calificó como “muestra de la podredumbre en la política pública, en la política de educación del sistema de salud”.
Y la Asociación Nacional de Internos y Residentes de Colombia comunicó que observa “con preocupación cómo situaciones de maltrato han sido constantes durante el proceso formativo en el pre y postgrado”.
La Javeriana, además de ofrecer condolencias a familiares y allegados de Gutiérrez, reconoció que este acontecimiento les llama a “reflexionar profundamente” sobre “los modos de proceder” en la formación de médicos especialistas.
La tragedia se produce pocos meses después de un caso similar en la región, cuando el suicidio de la interna Catalina Cayazaya en abril generó múltiples denuncias sobre las condiciones de los estudiantes del área de la salud en Chile.
Conmoción
En la plazoleta de la Javeriana reina un silencio solemne a pesar del ruido del tráfico de la concurrida carrera Séptima donde se encuentra.
Desde la muerte de Gutiérrez, estudiantes y curiosos acuden a brindar respetos a la fallecida en un rincón de este espacio adornado con velas, fotografías y mensajes de apoyo y denuncia.
“Que nuestra vocación no nos cueste la vida”, dice una pancarta.
“Yo no te conocí, Catalina, pero tengo un médico que me recuerda a ti”.
“Mi hermana es médica y odio verla sufrir desde hace más de seis años”, dicen otras dos.
La tragedia de Gutiérrez desempolva el malestar por las condiciones de estudiantes y residentes de medicina del que por muchos años se habló en corrillos y círculos íntimos.
El doctor Carlos Jaramillo, un exresidente de medicina de la Javeriana, dijo en un video publicado en Instagram que muchos callan debido a la alta competitividad y recelos del sector, donde cada año cientos de estudiantes se disputan unas pocas plazas de residencia.
Su testimonio acumula más de 6,5 millones de visualizaciones en esta red social y es solo una muestra de todo lo que se ha compartido en los últimos días.
Denuncias y testimonios
Son decenas quienes, como Jaramillo, hablan en redes sociales de horarios extenuantes, pagas precarias, acosos y humillaciones por parte de docentes y compañeros de residencia.
En esa misma línea, la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia expresó una “profunda consternación con los hechos que llevaron a la tragedia, el acoso sistemático a los médicos residentes y estudiantes, y el maltrato hacia los mismos por parte de docentes y administrativos”.
También hay relatos de quienes dicen haber arrojado la toalla y renunciado a sus sueños por la dureza del sistema.
La exresidente de cirugía de la Javeriana que habló con BBC Mundo dice que, además de las denuncias de maltratos que están emergiendo, “el entrenamiento es muy duro tanto físico como psicológicamente” en Colombia y otros países.
En su caso, también dice haber sufrido y presenciado repetidos episodios de machismo, “con muchas personas cuestionando el hecho de que una mujer quisiera ser cirujana”.
“Muy pocas personas me veían a la par de los hombres. Abiertamente me decían que las mujeres a duras penas podíamos ser pediatras o ginecólogas, pero no cirujanas”, añade.
Esta exresidente acabó optando por abandonar el país y reemprender su carrera en Estados Unidos, una decisión impulsada precisamente por ese machismo que denuncia.
“Desde el comienzo me avisaron de que sería una cuestión de maltrato y aguante. Entramos a las 5:00 am y salimos sin horario. Desde el primer día se viven altos niveles de maltrato”, contó por su parte Jaramillo en su video viral de Instagram.
Decenas de miles de comentarios a su publicación validan su historia y cuentan experiencias similares.
“Hago radiología y mis jornadas son incluso de hasta 36 horas seguidas. El cansancio es tal que a veces no logro comprender qué estoy viendo en las pantallas”, comentó el usuario Daniel Chávez.
“Todos hemos vivido de alguna u otra manera el bullying en las residencias médicas. Es algo normalizado (…). Estoy aterrado de la cantidad de denuncias que me han escrito, pero por primera vez no me siento solo”, dijo el doctor Juan José Márquez, quien también publicó un emotivo video con más de 240.000 visualizaciones a raíz de lo ocurrido.
“El sistema de residencias debe ser modificado estructuralmente de fondo para formar mejores seres humanos”, añadió.
Repercusión política
La indignación por la muerte de Gutiérrez coincide con el estreno de Daniel Rojas Medellín como nuevo ministro de Educación tras la tercera renovación que se produce en el gabinete de Petro desde que es presidente de Colombia.
“Asumo compromiso de revisar prioritariamente e integralmente las condiciones de los estudiantes residentes del área de salud (…). La salud mental no puede ser un asunto marginal en los debates de educación superior”, escribió Rojas en X.
Así, el caso de Gutiérrez adquirió una dimensión política cuando Petro denunció que “la muerte por suicidio y la opresión a una residente solo muestra el impacto neoliberal de un sistema que ya no reconoce el derecho de ser humano”.
Asimismo, el ministro de Salud colombiano, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una convocatoria con distintos gremios y entidades para analizar los sucesos.
“No podemos dejar que pasen situaciones en las que los internos, residentes, estudiantes y médicos en general puedan tener situaciones que no permitan el sano funcionamiento en sus profesiones y desempeño como médicos en las distintas clínicas y hospitales del país”, publicó el Ministerio de Salud de Colombia en su cuenta de X.
La Javeriana asegura que revisará e indagará “sobre la existencia de situaciones que no están en línea” con su “modo de proceder” y tomará las medidas que sean necesarias “para garantizar el bienestar de la Comunidad Javeriana”.
Aunque a la vista de las reacciones de los últimos días, el caso Gutiérrez parece haber dejado al descubierto más bien un problema estructural que ha afectado a generaciones de residentes.
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