Afromexicanas, grupo más olvidado en la agenda y el segundo más discriminado en México; reforma resulta insuficiente, aseguran
Datos desagregados que contemplen las particularidades de los contextos que habitan las mujeres afromexicanas para diseñar políticas públicas específicas, promover medidas que disminuyan el subregistro de datos oficiales y asignar presupuesto suficiente para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra ellas son pendientes que aún tienen las autoridades con esta población.
En entrevista, Sagrario del Carmen Cruz, de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora Capítulo México, subraya que aún son múltiples y diversas las violencias específicas que enfrentan las mujeres afromexicanas, y que es importante remarcarlas como un tema no resuelto durante las próximas jornadas del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Además, recuerda que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 el segundo grupo más discriminado en México, después de las diversidades sexuales, son las personas afrodescendientes, en buena medida –añade– por su apariencia y estereotipos asociados a sus rasgos físicos y tono de piel.
“Esto cambia radicalmente desde el 2017, que fue la última Enadis, porque en aquel entonces el grupo más discriminado era la diversidad religiosa y luego la diversidad sexual, y ahora no es así. El segundo grupo ahora son los afrodescendientes; no tengo la certeza, pero quizá sea por la abundante migración que ha habido de personas de diversas partes del mundo, entre ellos afrodescendientes, y que esa sea la causa que agudiza la discriminación”, sostiene.
La distinción por rasgos físicos, sobre todo en el caso de las mujeres afrodescendientes, tiene que ver con su altura y su volumen, el aspecto de su cabello e incluso la hipersexualización. “En este sentido, la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica no ocurre en un vacío, está profundamente entrelazada con la discriminación que enfrentamos”, detalla el informe Identidades entrelazadas: las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional, coordinado por Católicas por el Derecho a Decidir.
Esa discriminación se manifesta a través del colorismo y reduce la visibilidad de las experiencias de esa población que, durante siglos, sostiene el documento, ha luchado por el reconocimiento de los pueblos afromexicanos y ahora enfrenta una batalla específica por el reconocimiento de los derechos de las mujeres que cargan la doble discriminación de ser afros y ser mujeres.
“Aunque la invisibilidad no surge exclusivamente de nuestro género, sino del régimen de racialización colonial, esta invisibilidad profundiza las violencias que enfrentamos como mujeres afromexicanas”, señala el informe que al mismo tiempo recuerda que el Censo de Población y Vivienda 2020, que contó por primera vez a las personas afrodescendientes, encontró que en México viven 2 millones 576 mil 213 que se identifican como tales.
De esa cantidad, la mitad son mujeres, y la mayor presencia de dicha población está en Guerrero (8.6%), Oaxaca (4.7%), Baja California Sur (3.3%), Yucatán (3%), Quintana Roo (2.8%), Veracruz (2.7%) y Campeche (2.1%). Sin embargo, el informe destaca que el censo aún tiene varios sesgos: la dificultad de identificarse como afromexicana en un contexto racista y por otro, los obstáculos en el levantamiento, lo que implica un subregistro difícil de dimensionar.
De ahí que uno de los pendientes que remarca Cruz es la falta de datos desagregados que reconozcan en su especificidad a las mujeres afromexicanas que, detalla el informe, enfrenten principalmente al menos siete tipos de violencia: falta de acceso a servicios de calidad, violencia psicológica, económica, médica y obstétrica, política, hacia niñas y adolescentes y hacia mujeres de la diversidad sexual.
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“Son violencias que se dan desde la niñez más temprana hasta tu vejez; entonces cuando te pones a analizar todo esto no es nada más decir ‘ay, qué sensible’, como nos han dicho. Es una violencia estructural que se da dentro de la familia: el colorismo, por ejemplo, cómo catalogan al hijo o al nieto desde el más claro al más oscuro, dentro del salón de clases también, con una visión eurocéntrica de belleza”, cuestiona la activista.
Sin embargo, esas violencias que se reproducen desde la familia y el salón de clases escalan hasta las decisiones de poder. Cruz critica el cambió al artículo 2 de la Constitución, que no representó una modificación mayor, sino que agregó un apartado que solo les menciona. Refiere también las acciones afirmativas políticas, que han simulado o usurpado los lugares que le corresponderían a personas afro.
“Que no pertenecen a ninguna organización ni han tenido un activismo claro, que eso fue lo que exigimos al INE, que fuera una acción afirmativa, pero con un reconocimiento y un respaldo comunitario para que tuviera una validación, y no se cumplió. Todo eso es parte de estas violencias estructurales, y que el Estado puede decir que está cumpliendo una agenda, pero no es así”, añade.
Según el informe coordinado por Católicas por el derecho a decidir, de la Enadis se desprende que las principales problemáticas que enfrentan las personas afrodescendientes, en ese orden, son la falta de respeto a sus tradiciones, usos y costumbres; la falta de reconocimiento a su autonomía como pueblo, la carencia de servicios básicos como luz, agua y caminos; que el gobierno o empresas exploten sus recursos naturales sin consultarles, así como la persecución y violencia a quienes defienden sus territorios y recursos.
“Hay mucho por hacer. Yo sé que en el discurso dicen que se ha avanzado mucho, pero queda solamente en el papel, no en la realidad, y sé que la lucha por los derechos civiles en referentes como Estados Unidos, que empezó desde los 60, costó mucho trabajo, entonces nosotros estamos apenas gateando en esta lucha por los derechos civiles”, lamenta Cruz.
Mujeres indígenas, con discapacidad y diversas, mayormente afectadas por la violencia
El informe Identidades entrelazadas busca visibilizar, rumbo al 25N, las múltiples formas de opresión desde un enfoque interseccional, según plantea el propio documento, que permita comprender cómo se cruzan factores como la identidad, la etnicidad, la discapacidad y la diversidad sexogenérica, y cómo la falta de medidas integrales agudizan las desigualdades que enfrentan no solo las mujeres afromexicanas, sino también las indígenas, aquellas que viven con una discapacidad y las que pertenecen a la diversidad sexogenérica.
Si bien, señalan en sus conclusiones, se constata que cada grupo enfrenta violencias particulares, la intersección de factores como el racismo, la precarización, el capacitismo y la discriminación por identidad, expresión de género y orientación sexual demuestra que existe un terreno común de exclusión, marginación y violencia institucionalizada.
Según el documento, los cuatro puntos urgentes de atención para estas poblaciones son el acceso a la justicia, la atención a la salud mental, la sensibilización y educación, así como su reconocimiento y representación.
“Es fundamental reformar los sistemas de justicia que actualmente perpetúan la violencia de género mediante la burocracia, la falta de perspectiva intercultural, así como el machismo, racismo y clasismo estructural”, apunta el informe al detallar que, de manera urgente, se necesita personal capacitado que pueda ofrecer acceso justo, rápido y seguro que respete las particularidades de cada población.
“La violencia de género tiene un impacto devastador en la salud mental de las personas. El alto índice de ideación suicida entre las personas de la diversidad sexogenérica y los graves problemas emocionales de las mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad hacen evidente la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental, brindando apoyo integral y accesible”, agrega el documento.
Por otro lado, la escuela, los espacios médicos y laborales son precisamente los lugares donde enfrentan exclusión, violencia y discriminación, por lo que urgen programas efectivos de capacitación y sensibilización que integren la crítica feminista, antirracista, anticapacitista, anticapitalista y de la diversidad sexogenérica, y que al mismo tiempo eliminen las prácticas y estructuras que refuerzan las violencias basadas en género y entrelazadas con otras opresiones.
Además, en los entornos legislativo y social es indispensable fortalecer procesos de reconocimiento legal, participación política y representación cultural de todas las identidades, lo que incluye a mujeres de pueblos originarios, afromexicanas, con discapacidad, trans, no binarias y de diversas identidades y orientaciones. “Es fundamental reconocer su valía y aportación a una sociedad diversa, compleja y más justa”, concluye el informe.
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Los albergues en la frontera mexicana viven una situación inédita con la ausencia de migrantes. Pero eso no quiere decir que la migración se haya detenido.
Hubo momentos, hace no mucho, en que el piso del albergue Embajadores de Dios, en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, casi no se podía ver: los colchones, carpas y camas de migrantes forraban el espacio.
Hoy, en cambio, el recinto se ve inmenso, la mitad de las camas disponibles están sin tender y en una esquina hay arrejuntados un puñado de colchones azules para los días de emergencia.
Pareciera que estos no son días de emergencia en una ciudad que no conoce la calma en materia migratoria.
Pareciera que el discurso de Donald Trump —que la amenaza de una deportación masiva y el cierre de mecanismos legales para migrar para contener lo que el considera una “invasión”— ha tenido efecto: la gente está cruzando menos.
“En este momento no hay llegadas importantes a México”, dice Silvia Garduño, portavoz en México de Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. “Pero sabemos que las causas de salida se mantienen”.
Tijuana, que comparte área metropolitana con San Diego, es la ciudad más grande de la zona, nació como producto de la delimitación fronteriza y ha sido por siglo y medio el punto neurálgico del flujo migratorio hacia la mayor potencia del mundo.
Acá hay 44 espacios dedicados a la recepción y atención de migrantes y ninguno, según activistas que los recorren a diario, tiene ahora más de la mitad de ocupación.
BBC Mundo visitó cinco de ellos y en todos —más que la fila usual para usar el baño, las tomas eléctricas abarrotadas de celulares o el sonido de los niños jugando y corriendo— lo que encontramos fue silencio, carpas vacías, comedores desolados.
Según cifras de Acnur, el 90% de la población migrante en la ciudad está hoy por fuera de los albergues.
La situación se replica en las otras ciudades fronterizas como Tijuana.
“Caldo gordo” para delincuentes
Un silencio que no implica que la migración se haya detenido, advierten los activistas: significa, más bien, que los migrantes se están quedando en el camino, o están intentando cruzar ilegalmente.
Las causas de la migración —la violencia, la pobreza o la persecución en países como Haití, Venezuela o Nicaragua— están vigentes o incluso han empeorado con el cierre de la cooperación internacional estadounidense decretado por el gobierno de Trump.
El deseo y, para la gente perseguida, la necesidad de migrar hacia Estados Unidos es imposible de detener, señalan los expertos.
“La esperanza de migrar puede con todo”, dice Judith Cabrera, directora de Border Line Crisis Center, un albergue en Tijuana.
Cabrera se reúne con BBC Mundo una mañana fría y nublada en la que unas horas antes se había visto con un grupo de migrantes colombianas que fueron estafadas dos veces a cuenta de su obsesión por cruzar.
Los presuntos coyotes, relata la activista, primero les dijeron que las iban a cruzar por US$800 a través de un túnel; es decir, por una décima parte de lo que suele costar y a través de un túnel que, desde hace cuatro décadas, no existe.
“Las montaron en un carro, las pasearon por toda la ciudad y al final las dejaron donde las habían recogido”, señala Cabrera.
Luego, lo mismo: unos traficantes les prometieron el cruce por US$2.300. “Y claro, al ser más lana (dinero), ellas pensaron que era más certero, pero qué va, otra vez las estafaron”.
Cabrera se lamenta: “No hay nada que yo les diga que pueda evitarlo, y eso te muestra que el sueño americano no está roto (…) La gente quiere seguir insistiendo en cruzar y no se da cuenta de los peligros que implica porque prefieren mantener el sueño vivo”.
Y concluye: “Trump está desalentando la migración y eso es caldo gordo para los traficantes (favorece)”.
Asentamiento transitorio
Los migrantes que no están intentando cruzar ilegalmente pueden estar esperando en el lugar donde están a ver cuándo surge una nueva oportunidad.
Trump cerró los sistemas de atención migratoria, como el CBP One, que permitía pedir una cita para pedir asilo antes de entrar en EE.UU. La apuesta de muchos —270.000 se quedaron varados por las cancelaciones— es que lo vuelva a abrir o cree algún mecanismo similar, lo que parece improbable.
“La decisión de quedarse donde están nunca es definitiva”, dice María de Lourdes Madrano, directora de Centro 32, una organización que apoya a los migrantes en los albergues.
“Siempre creen que al día siguiente pueden abrir y solucionarse la situación, y creen que alejarse de la frontera reduce la posibilidad… Porque, después de tanto lo que costó llegar acá, se piensa que irse es como renunciar al sueño”.
“Los albergues están vacíos, pero los colegios están llenos de extranjeros”, asegura, en referencia a los niños cuyos padres migrantes han decidido asentarse en Tijuana, así sea transitoriamente.
“Sacando a los latinos”
Wilker Hernández tiene 23 años; es oriundo del estado Mérida, en Venezuela, y lleva un año intentando cruzar a Estados Unidos, donde está una parte de su familia, mientras la otra sigue en su país. Tenía la cita para presentar documentos el 21 de enero, al día siguiente de la toma de posesión de Trump. Se la cancelaron.
Y desde entonces ha ido adaptándose a la idea de que su destino bien puede ser este: Tijuana, una ciudad que tiene la migración en su ADN, de la que se dice que “hay oportunidades para todos”, que reporta la tasa de desempleo más baja de México.
“Estamos como en un limbo de que no sabemos qué va a suceder”, dice Hernández, quien ha conseguido un trabajo como obrero en un albergue, Embajadores de Dios, donde están construyendo viviendas formales fuera de la zona de carpas.
El barrio que le rodea, conocido como el Cañón del Alacrán, ha vivido en los últimos dos años un boom de construcción de asentamientos relativamente formales de grupos migrantes que han decidido prolongar su estancia en Tijuana.
“Aún estoy indeciso, si intentar cruzar o devolverme”, añade. “Por ahora estoy trabajando porque qué más (…) Trump cerró la frontera, está sacando a todos los latinos, es un poco complicado, estamos acá y no sabemos qué hacer”.
El discurso de Trump ha calado entre los migrantes. Eso los puede poner en mayor riesgo ante las mafias y los coyotes, pero en todo caso reduce su esperanza de una mejor vida, una vida posible, en Estados Unidos.
El mandatario prometió una “deportación masiva” de personas indocumentadas que, aunque lejos de ser masiva, sí tiene un impacto disuasorio.
Cabrera, la activista tijuanense, lo pone así: “Más que una deportación masiva, lo que estamos viendo es una deportación mediática, y eso claro que tienen sus efectos, sobre el camino y la salud mental del migrante”.
En los albergues casi no hay migrantes, pero la situación del migrante es ahora más difícil.
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