Avanza la marea verde en México: congreso de Yucatán despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación
El Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. De esta manera, suman ya 22 entidades que garantizan la interrupción legal del embarazo.
Con 22 votos a favor de Morena, Movimiento Ciudadano y PRI y 13 en contra del Partido Verde Ecologista y el PAN, legisladores aprobaron en sesión ordinaria el dictamen en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.
Dicho dictamen fue avalado en cumplimiento a una sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en agosto de 2024.
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En la resolución, la Corte ordenó al Congreso de Yucatán reformar su constitución y derogar del Código Penal local los artículos que criminalizan de forma absoluta la interrupción del embarazo voluntaria.
No obstante, el cumplimiento de la sentencia fue parcial, pues el congreso local no avaló el cambio constitucional y el dictamen se discutirá en comisión.
“No se aprobó el cambio constitucional, por lo que el dictamen regresa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su discusión. Sin embargo, se aprobó la despenalización del aborto voluntario a las 12 semanas, con 22 votos a favor (Morena, MC y PRI) y 13 en contra (PAN y PVEM)”, detalló la diputada Clara Rosales.
Congreso de Yucatán aumenta pena para aborto forzado
El dictamen aprobado este miércoles por Yucatán también expone un aumento a las penas para el aborto forzado. De esta manera pasaron de 3 a 8 años, a 5 y 10 años de cárcel.
En el caso de la práctica forzada con violencia, las penas establecidas eran de 6 a 9 años, sin embargo, incrementaron de 9 a 15 años de prisión.
22 estados garantizan la interrupción legal del embarazo
Tras la aprobación en Yucatán, suman ya 22 entidades del país en despenalizar el aborto.
El pasado mes de febrero, Campeche también garantizó la interrupción legal del embarazo tras más de dos años de que la Corte despenalizó el aborto voluntario a nivel nacional.
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En tanto, en enero, Nayarit también se sumó a la marea verde al despenalizar también el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Esto luego de que en agosto de 2024, un Tribunal Colegiado ordenó al Congreso de Nayarit eliminar el delito de aborto y derogar los artículos que declarados inconstitucionales que criminalizan su derecho a decidir.
En 2024, la Marea Verde tuvo un enorme avance en México, con la despenalización del aborto en 10 entidades federativas, de las cuales 7 fueron por vía legislativa y 3 por vía judicial. Sin embargo, uno de los puntos claves para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo es regular la objeción de conciencia, un pendiente que mantiene el Gobierno federal.
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El Presidente Nayib Bukele dijo que liberaría a los 252 venezolanos que están en el CECOT si Maduro soltaba a 252 “presos políticos” en sus cárceles.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció repatriar a 252 venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos y encarcelados en su país si Venezuela libera la misma cantidad de “presos políticos”.
Nayib Bukele se dirigió a las redes sociales para responderle directamente al presidente de Venezuela (cuya legitimidad aún está en disputa) Nicolás Maduro, después de que en marzo el líder venezolano hubiera presentado una demanda de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador, buscando la liberación de los ciudadanos venezolanos que fueron deportados de EE.UU. a El Salvador.
En un mensaje que publicó en la red social X, Bukele negó que los ciudadanos venezolanos que actualmente están recluídos en el temido Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de su país sean prisioneros políticos, y aseguró que “muchos (…) han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados”.
El presidente de El Salvador luego acusó a Maduro de ser él quien tiene prisioneros políticos en su país: “la única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”.
“Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene.”
A la declaración de Bukele respondió inicialmente la Fiscalía General de Venezuela, diciendo que con sus palabras, el presidente de El Salvador estaba “confesando” “mantener secuestrados” a 252 venezolanos en su país.
“Secuestrados”
El comunicado del Ministerio Público de Venezuela tildó a Bukele de ser “el más fiel exponente del neofascismo del presente siglo XXI”, y de estar cometiendo, junto a EE.UU. “una grave violación del derecho internacional, de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de la mitad del siglo XX”.
Además, el Ministerio Público venezolano le pidió al gobierno de El Salvador que le enviara “de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los secuestrados y su estatus judicial, así también como la fé de vida y el informe médico de cada uno”.
“Al mundo entero debe causarle repugnancia el hecho de que el CECOT ya no es un centro de tortura (…) para sancionar a delincuentes de su país, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana”.
Bukele por su lado, mencionó algunos de los nombres de miembros de la oposición en Venezuela que actualmente están pagando alguna sentencia o recibiendo presión estatal: ” Entre ellos, Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel”.
“La señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos.”
Una pelea en EE.UU.
Los 252 ciudadanos venezolanos actualmente en el CECOT fueron deportados de EE.UU. y enviados a El Salvador por el gobierno del presidente Donald Trump, quien los acusa de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua sin ofrecer evidencia que lo soporte.
Washington le paga a El Salvador para mantener a los deportados en su notorio Centro de Confinamiento de Terroristas de alta seguridad.
Desde que asumió el cargo en enero, las políticas migratorias de línea dura de Trump se han topado con varios obstáculos legales.
En el último acontecimiento, la Corte Suprema de EE.UU. ordenó el sábado a Washington que suspendiera la deportación de otro grupo de presuntos pandilleros venezolanos.
La Casa Blanca ha calificado las impugnaciones al uso de la ley para deportaciones masivas como “litigios sin fundamento”.
Trump ha enviado a presuntos pandilleros venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al presidente la facultad de detener y deportar a nativos o ciudadanos de naciones “enemigas” sin los procesos habituales.
Esta ley solo se había utilizado anteriormente en tres ocasiones, todas en época de guerra.
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