Aunque Miguel “N” fue mencionado como posible sospechoso de la desaparición de una mujer desde 2012, la lucha por la justicia de las múltiples víctimas del presunto feminicida de Iztacalco a lo largo de 13 años la protagonizaron las familias, quienes señalaron en todo momento omisiones y fallas de las autoridades de la Ciudad de México. Son ellas y sus defensas legales quienes, a raíz de la muerte del preso, aún buscan y exigen a la Fiscalía alternativas para garantizar la reparación del daño y el acceso a la verdad.
“Miguel es el reflejo del sistema carente. Desde fiscalías, desde reclusorios, Miguel sólo es el reflejo del sistema carente e inoperante”, señaló Tatiana Calles, tía de María José –la última víctima de feminicidio– en declaraciones a la prensa tras el fallecimiento del presunto responsable de al menos 7 feminicidios y desaparición de mujeres.
Al momento de su fallecimiento, Miguel “N” enfrentaba múltiples procesos penales por el feminicidio, desaparición e intento de feminicidio en contra de siete mujeres. Durante el año que estuvo en prisión preventiva, la Fiscalía capitalina no dio respuestas concluyentes a las víctimas sobre los análisis de todos los indicios localizados en su departamento, que incluían restos óseos, pertenencias de presuntas víctimas y diarios con información sobre los crímenes.
“Sólo sabemos que está muerto, que el juicio queda ahí. No tenemos más respuestas”, lamentó la señora Tatiana.
Los primeros señalamientos contra Miguel “N” fueron por la presunta desaparición de la joven Amairany en 2012, cuando su madre, Cecilia González, dijo a las autoridades de la CDMX que él la había acompañado a recoger unas fotografías el día que fue vista por última vez.
Después ocurrieron las desapariciones de Frida Sofía, en 2015, y de Viviana, en 2018; y para el año 2020 la Fiscalía capitalina ya tenía conocimiento que Miguel “N” podría estar vinculado con la desaparición de mujeres en las inmediaciones del metro Coyuya, en la alcaldía Iztacalco.
Como publicó Animal Político en abril de 2024 de acuerdo con documentación oficial a la que tuvo acceso, el individuo ya había sido nombrado en una carpeta de investigación en noviembre de 2020, como un posible sospechoso en la desaparición de su colega de trabajo “V”.
Incluso, la Unidad de Análisis de Contexto de la Comisión de Búsqueda de Personas capitalinas elaboró un informe en noviembre de 2021 en el que sugirió realizar entrevistas a Miguel “N”, solicitar su sábana de llamadas e indagar sobre su identidad.
A pesar de estos señalamientos, la detención del hombre no se produjo hasta casi tres años después, cuando huía del sitio donde habría asesinado a María José, de 17 años de edad.
Las familias de Amairany, Wendoline, Frida Sofía y Viviana aseguraron que ya están en contacto con la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, quien se comprometió a continuar con las investigaciones de los feminicidios cometidos; pero no han podido recuperar los restos y pertenencias de sus hijas, ni han obtenido los peritajes multidisciplinarios de identificación.
La entrega digna de los indicios óseos y objetos personales localizados es parte de las exigencias que han emitido tras la muerte de Miguel “N”, junto con el esclarecimiento total de las circunstancias de las muertes de las jóvenes.
A finales de febrero, las familiares habían denunciado irregularidades en las diligencias hechas por la Fiscalía, así como omisiones desde el momento que denunciaron la desaparición de sus seres queridos –ocurridas entre 2012 y 2018–.
También señalaron que todavía no había una judicialización en el caso de Viviana por “la falta de análisis de los indicios digitales asegurados en el departamento de Miguel ‘N’”. Para ese entonces, señalaron, la Fiscalía todavía no había terminado de procesar todos los indicios localizados en su departamento y que eran indispensables para los juicios en su contra.
También debido a esto, se desconoce cuántas víctimas más podría haber y quiénes serían. Apenas el pasado jueves 10 de abril, tres días antes de su muerte, Miguel ‘N’ contactó vía telefónica, desde el Reclusorio Varonil Oriente, a Fernanda, hermana de la joven María José, y le confesó que habría cometido delitos contra más mujeres.
“(Me dijo) Que eran más víctimas. No solamente eran ocho, o siete. Son más”, detalló Fernanda sobre esa llamada.
En el caso de María José, la última víctima del supuesto feminicida, y su madre Cassandra, sobreviviente de un ataque, fue hasta este miércoles, día del aniversario luctuoso de la joven de 17 años, cuando la Fiscalía de CDMX hizo contacto con la defensa legal para dar seguimiento.
“Por lo que hace la investigación del feminicidio, ya se concluye. Ahorita la investigación que está en curso es a la que le vamos a meter presión para que Fiscalía, primero, nos deje actuar dentro de la carpeta, y posteriormente poder meter a nuestros propios peritos privados”, expuso en entrevista Eliane Trujillo, abogada de Cassandra.
Añadió que solicitarán apoyo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sus peritos intervengan en la carpeta de investigación sobre la muerte de Miguel “N”, presuntamente por un paro cardiorrespiratorio tras una caída en el Reclusorio Varonil Oriente.
#Ahora | La abogada de María José y Cassandra, Erendali Trujillo, comentó que el juicio contra Miguel “N” estaba en una etapa de audiencia intermedia y a raíz del fallecimiento se sobreseerá el caso y tendrán que apelar ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para… pic.twitter.com/5jGJJsXehZ
— Animal Político (@Pajaropolitico) April 16, 2025
La defensa legal de Cassandra y María José recurrirá a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para procurar una reparación del daño, pues tras la muerte de Miguel “N” deberá de ser el Estado mexicano quien tome estas medidas.
“Es su derecho legítimo de las propias víctimas tener una reparación de daño integral. Entonces, si el imputado, ya sentenciado en este caso, no tiene para garantizar esa reparación, pues se pelea y se busca a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”.
Tatiana Calles, hermana de Cassandra y tía de María José, resaltó que la principal sensación que les ha dejado la muerte de Miguel “N” es de impotencia.
“Como víctimas, ¿cómo nos quedamos?”, reclamó en entrevista con Animal Político.
–¿Qué sensación les deja?, se le cuestionó.
“Impotencia. Impotencia, no creemos en la justicia. Desde el primer día nunca creímos en la Fiscalía. Nunca creímos en las ‘buenas intenciones’ de la Fiscalía, ni en el ‘buen trabajo’ que pudieran realizar”, señaló Calles. “No nos dieron nunca respuestas, nos dilataron mucho los procedimientos, y nunca nos dieron algo para que nosotros dijéramos ‘Se está haciendo esa justicia’”.
Al igual que las familiares de Viviana, Amairany, Wendoline y Frida Sofía, la familia de María José reiteró que las autoridades capitalinas les fallaron al no actuar con la debida diligencia.
“El que se haya atrapado a Miguel ‘N’ no fue un tema de investigación de las autoridades, fue que mató a mi sobrina, casi mató a mi hermana”, concluyó Tatiana. “Se los pusimos en las manos a la Fiscalía, y aún así se les murió”.
Uno de los raperos más influyentes de la industria musical de EE.UU. enfrenta graves acusaciones relacionadas con el tráfico sexual, algo que él rechaza. Aquí te contamos qué se espera de este juicio.
El rapero Sean “Diddy” Combs, uno de los íconos de la música de Estados Unidos, se enfrenta desde este lunes en un esperado juicio a la acusación de dirigir una extensa operación de trata de personas y explotación sexual.
Los cargos contra Combs, de 55 años, incluyen conspiración para extorsionar, trata de personas con fines de explotación sexual y proveer transporte para el ejercicio de la prostitución.
De ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.
El rapero también se enfrenta a decenas de demandas civiles de particulares que lo acusan de utilizar su influencia para drogar, agredir, violar, intimidar y silenciar.
Combs se declara inocente de los cargos penales y rechaza las demandas civiles que califica como intentos de “obtener un dinero rápido”.
En el proceso penal federal que se instruye en Nueva York, Combs está acusado de asociación ilícita, dos cargos de trata de personas con fines de explotación sexual y dos cargos de transporte para el ejercicio de la prostitución.
Muchas de las acusaciones más graves se refieren al cargo de conspiración para la extorsión.
Se le acusa de secuestrar, drogar y coaccionar a mujeres para que realizaran actividades sexuales, a veces con armas de fuego o amenazas de violencia.
En una redada en su mansión de Los Ángeles, la policía encontró suministros que, según ellos, estaban destinados a ser utilizados en orgías, incluidas drogas y más de mil botellas de aceite para bebés.
Por otra parte, Combs se enfrenta a varias demandas en las que se le acusa de violación y agresión.
Tony Buzbee, un abogado de Texas que se ocupa de algunos de estos casos, dijo que más de 100 mujeres y hombres de todo el país han presentado demandas contra el magnate del rap o que tenían intención de hacerlo.
En diciembre de 2023, una mujer señalada en los documentos judiciales como Jane Doe alegó que fue “violada en grupo” por Combs y otras personas en 2003, cuando tenía 17 años. Afirmó que le habían suministrado “grandes cantidades de drogas y alcohol” antes de la agresión sexual.
El equipo legal de Combs desestimó la avalancha de demandas como “claros intentos de conseguir publicidad”.
Los problemas legales actuales de Combs comenzaron a finales de 2023, cuando fue demandado por abuso violento y violación por su exnovia Cassie Ventura.
Esa demanda se resolvió por una cantidad no revelada de dinero un día después de que se presentó, aunque Combs sostenía que era inocente.
Desde entonces, docenas de personas han presentado demandas acusando a Combs de agresión sexual, incluidos algunos señalamientos que se remontan a 1991.
Combs niega todas las acusaciones.
Su controvertida historia con Ventura resurgió en 2024, cuando la cadena de noticias CNN filtró imágenes de cámaras de seguridad de 2016 en las que se veía a Combs pateando a su exnovia mientras yacía en el suelo del pasillo de un hotel.
Entonces el músico se disculpó por su comportamiento, diciendo: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video”.
En una declaración a la BBC sobre los cargos penales federales, el abogado de Combs dijo: “El señor Combs y su equipo legal confían plenamente en los hechos y en la integridad del proceso judicial.
“En los tribunales prevalecerá la verdad: que el señor Combs nunca agredió sexualmente ni traficó con nadie, ni hombres ni mujeres, ni adultos ni menores”.
Los abogados presentaron posteriormente una moción para desestimar una parte de la acusación federal en la que se le acusa de proveer transporte para el ejercicio de la prostitución. Su equipo argumentó que se le acusaba injustamente por su raza.
En una vista celebrada en Nueva York una semana antes del inicio oficial del juicio, sus abogados declararon ante el tribunal que el rapero llevaba el “estilo de vida” de un swinger y que no era un delincuente.
Dijeron que le parecía “apropiado” tener múltiples parejas sexuales, incluidas trabajadoras sexuales.
Los abogados de Sean “Diddy” Combs han negado en todo momento las acusaciones formuladas contra él en las demandas civiles, calificándolas de “repugnantes” y sugiriendo que fueron hechas por “individuos que buscaban dinero fácil”.
Si es declarado culpable del delito de conspiración, Combs se enfrenta a cadena perpetua.
Se enfrenta a otra pena mínima de 15 años si es declarado culpable de trata de personas. El transporte con fines de prostitución conlleva además una pena máxima de 10 años.
Combs está recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York, desde su detención el 16 de septiembre de 2024.
La prisión ha sido denunciada por organizaciones civiles e incluso por jueces de estar superpoblada y no tener personal suficiente, además de mantener una cultura de violencia.
Sus abogados defienden su puesta en libertad, citando las “horribles” condiciones de la cárcel, pero un juez federal de Nueva York denegó la solicitud de libertad bajo fianza, alegando que Combs representa un “grave riesgo de fuga”.
Los fiscales habían alegado anteriormente que Sean Diddy Combs había infringido las normas penitenciarias al ponerse en contacto con posibles testigos. Lo acusaron de realizar “esfuerzos incesantes” para “influir de forma corrupta en el testimonio de los testigos”.
Un juez concedió a Combs permiso para llevar ropa no carcelaria durante el juicio, en lugar del uniforme que usan los internos.
Cuando compareció ante el tribunal para la selección del jurado, el rapero llevaba un suéter azul y una camisa blanca con gafas en la cabeza.
Combs, también conocido como Puffy, Puff Daddy, P Diddy, Love y Brother Love, reescribió las reglas del hip-hop poco después de aparecer en la escena musical en la década de 1990.
Sus primeros éxitos musicales los consiguió al lanzar las carreras de Mary J Blige y Christopher Wallace, también conocido como Biggie Smalls o Notorious B.I.G.
Su sello discográfico Bad Boy Records se anotó un triunfo temprano con el álbum de Biggie Smalls Ready to Die, que alcanzó un disco platino. Pronto se convirtió en uno de los sellos más importantes del rap e incorporó a figuras como Faith Evans, Ma$e, 112, Mariah Carey y Jennifer Lopez.
Combs también ha desarrollado una prolífica carrera empresarial al margen de la música. En 2007 firmó un acuerdo con la empresa británica de bebidas Diageo para promocionar la marca francesa de vodka Cîroc en Estados Unidos.
En 2023 publicó su quinto disco, The Love Album: Off The Grid, y obtuvo su primera nominación como solista en los premios Grammy. También fue nombrado icono mundial en los premios MTV de ese año.
Durante décadas de logros, Combs también se enfrentó a múltiples desafíos legales.
En mayo de 1999 fue detenido como sospechoso de agresión. En marzo de 2001 fue declarado inocente de los cargos de posesión de armas y soborno en relación con un tiroteo ocurrido en 1999 en un club de Nueva York.
En 2003, fue demandado por amenazar a su socio comercial con un bate de béisbol, y en 2015 fue detenido por cargos de agresión contra el entrenador de fútbol de su hijo.
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