Aun cuando los factores que fomentan la violencia feminicida en México son diversos y complejos, la reciente captura de un feminicida serial en la capital del país –al que se atribuyen por lo menos seis asesinatos de mujeres entre 2012 y 2024– evidenció la existencia de un aliciente especial y común para todos estos criminales, independientemente de sus características o motivaciones individuales: la certeza casi absoluta de que no enfrentarán consecuencias por sus actos, ya que, en general, a las autoridades responsables no le interesa impedirlos.

Miguel “N”, químico laboratorista de 39 años, fue aprehendido el pasado 16 de abril de 2024 en la colonia La Cruz, de la alcaldía Iztacalco, por vecinos suyos y de sus dos últimas víctimas, una joven de 17 años que vivía en el mismo edificio de departamentos que él, a la que atacó sexualmente y asesinó, así como la madre de esa adolescente, a la que apuñaló en siete ocasiones cuando intentó defender a su hija, sin lograr matarla.

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Sólo por la intervención vecinal, Miguel “N” fue detenido, tras 12 años de crímenes impunes, durante los que vivió sin molestias por parte de la autoridad, aun cuando en informes oficiales se le identificó como un posible perpetrador de violencia feminicida desde el año 2021, es decir, dos años y cuatro meses antes de su captura.

Primera pista ignorada

El primer indicio de que Miguel “N”estaba relacionado con la desaparición de mujeres en la Ciudad de México fue proporcionado a las autoridades en agosto del año 2012, al reportarse que él fue la última persona que estuvo con Amairany, una joven de 18 años cuyo rastro se desvaneció, cuando se preparaba para presentar su examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional.

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“El día que ella desapareció, ella se fue a la escuela, al curso propedéutico que estaba tomando (para hacer su examen de ingreso a la universidad) –recuerda su mamá– y de ahí ella me dijo que iba a ir a recoger unas fotos al Cetis 42 (donde recientemente había concluido sus estudios de bachillerato). Ahí es a donde la acompañó Miguel N, pero ella después ya no regresó a casa. Desde ese día, no tengo noticias de ella”.

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De hecho, para que la Fiscalía de Justicia capitalina se acordara de Amairany, de la presunta responsabilidad de Miguel N en su desaparición, así como de la investigación que alguna vez había iniciado por este caso, fue necesario que su madre, la señora Cecilia, se plantara ante la vivienda del presunto feminicida, 10 días después de que fuese capturado, portando un cartel color rosa. Junto a una fotografía de la joven, en ese cartel se leía: “Justicia para Amairany”.

Ahí, acompañada de otras madres que también buscan a personas desaparecidas, la señora Cecilia denunció que las investigaciones para dar con el paradero de su hija llevaban todo este tiempo “abandonadas”.

–En todos estos años, ¿le consta que la autoridad haya hecho algo por localizar a su hija? –se pregunta a la señora Cecilia.

–No mucho –responde–, la verdad no mucho. Ahora quiero que me enseñen las pertenencias (encontradas en la vivienda de Miguel N), y lo genético. Temo que entre los cráneos que encontraron, esté el de mi hija.

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A raíz de esta protesta pública realizada fuera de la casa de Miguel N, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por primera vez en 12 años, tomó muestras genéticas a familiares de Amairany, para compararlas con los restos óseos hallados en la vivienda del procesado.

Dos semanas después, el pasado 9 de mayo, la Fiscalía confirmó a la señora Cecilia que entre esos restos estaban los de su hija.

Segunda pista ignorada

Cuatro meses después de que se perdiera el rastro de Amairany, en diciembre de 2012, la Fiscalía de Justicia capitalina obtuvo el segundo indicio sobre la vinculación de Miguel “N” con la desaparición de mujeres, luego de que se reportara la ausencia de Karen, una joven de 21 años, laboratorista como él, y compañera de trabajo.

Karen desapareció el 2 de diciembre de 2012, luego de asistir a una fiesta, junto con otros amigos de su centro laboral, realizada en el departamento de Miguel “N” (el mismo sitio en el que, años después, sería detenido).

Tal como ocurrió con Amairany, Miguel “N” fue la última persona que estuvo con Karen antes de su desaparición, coincidencia que las autoridades locales no consideraron importante.

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Esa noche, luego del festejo, Karen y otros compañeros de trabajo decidieron quedarse a dormir en el departamento de Miguel “N”, pero al día siguiente, cuando esas otras personas despertaron, la joven ya no estaba.

Según la versión que Miguel “N” les dio en ese momento a sus compañeros de trabajo, Karen había despertado temprano y él se había ofrecido para acompañarla a la entrada del metro Coyuya, ubicado a unas cuadras de distancia. Pero Karen nunca llegó a su casa. Ni siquiera llegó a la entrada del metro.
Fue hallada un día después, sin vida, en las inmediaciones de la estación Coyuya y, aunque el sitio donde fue localizado su cuerpo ponía en entredicho la versión brindada por Miguel “N”, la Fiscalía no indagó su posible responsabilidad en los hechos.

Por el contrario, las autoridades clasificaron la muerte de Karen como accidental, producto de una intoxicación, y no realizaron mayor investigación.

Tercera pista ignorada

El 7 de febrero de 2015, tres años después de la desaparición de Amairany y de que Karen fuera localizada sin vida, las autoridades capitalinas recibieron la denuncia por la desaparición de una tercera joven, también vinculada con Miguel “N”.

Frida Sofía, de 22 años, era originaria de Morelos, pero en 2015 se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en el Politécnico.

Esta joven desapareció el 4 de febrero de 2015 y, tres días después, cuando la señora Minerva, su madre, fue avisada de su ausencia por amigos de Frida Sofía, ésta acudió a la capital del país para interponer la denuncia.

La entonces Procuraduría de justicia capitalina inició por este caso una investigación formal, aunque, en realidad, no realizó ninguna acción concreta de búsqueda, por lo que, tal como explica la señora Minerva, “nunca hubo una pista” sobre las causas o responsables de la desaparición.

No obstante, si al menos las autoridades hubieran revisado el perfil de Facebook de esta estudiante, habrían podido hallar una fotografía en la que Frida Sofía aparece junto a Miguel “N”. Y si hubiesen indagado un poco más, también habrían encontrado que en el perfil de Facebook del feminicida serial había una segunda fotografía, en la que posa junto a la víctima, poco antes de su desaparición. Pero no lo hicieron.
Por el contrario, en el año 2021, la señora Minerva fue notificada por la ahora Fiscalía General de Justicia que el expediente sobre la desaparición de su hija había sido extraviado.

“Hace dos años me dijeron que mi expediente se había perdido –afirma la señora Minerva–. Hasta ahora que salió esto (de la aprehensión de Miguel “N”), me llaman los mismos de la fiscalía, para decirme que venga a que me tomen muestras de ADN a mí y a mi esposo”.

Las autoridades, además, les informaron que, a nueve años de la desaparición de Frida Sofía, y a dos años de que el expediente fuera extraviado, aún “no me pueden dar acceso a la carpeta de investigación –lamenta su mamá–, porque todavía no la integran bien, (dicen) que hay muchas cosas que faltan todavía”.

Cuarta pista ignorada

El cuarto indicio sobre la vinculación de Miguel “N”con actos de violencia feminicida se sumó al cúmulo de evidencias que ya poseía la Fiscalía de Justicia local el día 30 de noviembre de 2018, cuando desapareció Viviana, una joven laboratorista de 32 años, que trabajó en el mismo centro de laboral que él, hasta algunos meses antes de que se perdiera su rastro.

Viviana desapareció en el metro Ermita, donde una compañera de trabajo la vio descender del transporte público en el que ambas viajaban, tras concluir su jornada. Luego, no se supo más de ella. Sin embargo, en julio de 2019 –es decir, seis meses después de su desaparición–, el teléfono de esta joven fue activado “cerca del metro Coyuya, lugar señalado como punto de desaparición” de otras víctimas del sexo femenino, tal como consta en la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía local.

Aunque las autoridades capitalinas vincularon la desaparición de Viviana con otros casos similares ocurridos “cerca del metro Coyuya”, no iniciaron ninguna investigación orientada a determinar si, efectivamente, todas esas desapariciones habían sido perpetradas por una misma persona.
Por el contrario, la investigación sobre la desaparición de Viviana se restringió a realizar entrevistas, muy lentamente, con sus familiares y con sus compañeros de trabajo.

Durante una de estas entrevistas, realizada el 19 de noviembre de 2020 (es decir, dos años después de la desaparición) una de las personas que trabajaba con la víctima informó que Viviana frecuentaba a un excompañero de su anterior centro laboral, un laboratorio ubicado en las inmediaciones del metro Coyuya, al que identificó como Miguel “N”. Textualmente, en los reportes oficiales de los que se obtuvo copia se afirma que “Miguel N llevaba a la persona desaparecida a su casa y en ocasiones la invitaba a tomar café”.

Pero, aunque las autoridades contaban ya con antecedentes que vinculaban a Miguel “N” con otras desapariciones de mujeres y también sabían que en el área en la que éste radicaba se venían acumulando casos similares, no hicieron nada para confirmar su responsabilidad en la desaparición de Viviana.

Ante esta omisión de la Fiscalía, en un análisis de contexto sobre este caso, elaborado en diciembre de 2021 por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobierno capitalina, se advirtió que Viviana “pudo haber sido víctima de violencia feminicida”, por lo cual se recomendó a la Fiscalía “realizar entrevistas a Miguel N”, así como “solicitar (a la compañía telefónica respectiva) la sábana de llamadas de Miguel N”, para comprobar si el día de los hechos sostuvo alguna comunicación con la víctima.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no obstante, ignoró esta solicitud de nuevas pesquisas contra Miguel “N”.

Cuando fueron consultadas por Animal Político en torno a estas omisiones, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Búsqueda de Personas capitalinas emitieron cada cual un comunicado de prensa, en los que niegan haber contado con información sobre este feminicida serial, de forma previa a su captura, lo cual, no obstante, queda refutado por los registros oficiales obtenidos por Animal Político.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobierno local, incluso, negó haber realizado el análisis de contexto en el que se solicita investigar concretamente a Miguel “N”.

Sin embargo, tal como confirmó la Auditoría Superior de la Ciudad de México, a través de su auditoría ASCM/33/21, la realización de este análisis de contexto (en el que se advierte sobre el presunto involucramiento de Miguel “N” en actos de violencia feminicida) fue encargada por la Comisión de Búsqueda de Personas en agosto de 2021 a la doctora Javiera Donoso, experta en análisis de desapariciones de larga data, a través del contrato CBP/AD/PF/001/2021.

Este contrato fue revisado en el año 2022 por la Auditoría Superior, luego de lo cual, dicho organismo determinó que “se constató el cumplimiento” de los servicios requeridos.

Consultada por Animal Político, la doctora Javiera Donoso advirtió que, por la confidencialidad debida, no puede dar detalles sobre los casos que fue contratada para analizar. Sin embargo, confirmó que en el año 2021 fue contratada por las autoridades capitalinas para realizar un análisis de contexto sobre desapariciones de mujeres en la Ciudad de México, en el que se advirió sobre la existencia de un patrón de desapariciones en torno al metro Coyuya y en el que se ya identificaba a un presunto responsable de violencia feminicida sobre el que se recomendaron acciones concretas de investigación.

Estas acciones de investigación, sin embargo, nunca fueron realizadas por la Fiscalía y Miguel “N” continuó su vida sin contratiempos, durante dos años y cuatro meses más.

En ese tiempo, se le relacionó con al menos una desaparición más de mujeres, ocurrida en 2019, además de sus últimas dos víctimas, atacadas el 16 de abril de 2024, una de las cuales logró sobrevivir al intento de feminicidio, aunque con heridas graves.

Los réditos de las omisiones y el desinterés

En el año 2012, cuando Amairany desapareció y Karen fue localizada muerta, sin que las autoridades locales hicieran nada por identificar al presunto responsable de esos hechos, al mando de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estaba Jesús Rodríguez Almeida, que el 5 de diciembre de 2012 fue ascendido a titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, la corporación policiaca encargada de prevenir los delitos en la Ciudad de México.

En los años siguientes, además, Rodríguez Almeida fue llamado a encabezar la policía preventiva de Puebla, luego ocupó el cargo de Secretario de Gobierno en ese estado y, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, incluso ejerció la gubernatura interina de dicha entidad.

Luego, cuando Frida Sofía desapareció, en 2015, al frente de la entonces Procuraduría de Justicia local, estaba Rodolfo Ríos Garza, quien se vio obligado a renunciar en 2017, luego de que este organismo clasificó como suicidio la muerte Lesvy Berlín, una joven que, tal como se probó luego, en realidad había sido víctima de feminicidio a manos de su pareja.

Después, al desaparecer Viviana, en 2018, el procurador de justicia capitalino era Edmundo Garrido, que meses después de dejar el puesto, en 2019, fue el único fue investigado en 2019 por simular la disminución delictiva en la capital del país, mediante la manipulación de estadísticas oficiales, pero esas investigaciones no llevaron a ninguna sanción.

Finalmente, cuando en 2020 y 2021 las autoridades determinaron que existía un patrón de desapariciones de mujeres en las inmediaciones del metro Coyuya, y que Miguel “N” podría estar vinculado con la desaparición de mujeres y con la comisión de posibles actos de “violencia feminicida”, a cargo de la Fiscalía local estaba Ernestina Godoy, mientras que al frente de la Secretaría de Gobierno (a la cual pertenece la Comisión de Búsqueda de Personas) estaba Martí Batres.

Godoy, en la actualidad, es candidata al Senado. Y Martí Batres fue ascendido a jefe de gobierno interino de la Ciudad de México.

“Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).”