“Beatriz quería vivir y ser feliz”, dice la cronología elaborada por organizaciones civiles que relata cómo una joven salvadoreña luchó contra ese Estado para que le permitiera interrumpir un embarazo que ponía en riesgo su vida. Fue muy tarde cuando, después de mucho batallar, pudo hacerlo: tras varios embates a su salud y un aborto que demoró 81 días, Beatriz falleció un 8 de octubre de 2017.

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“Beatriz fue mi hija, ella siempre estuvo acá en este proceso por el cual ella pasó y el Estado le falló; así fue como el caso se llegó a la Corte Interamericana”, dice Delmy desde El Salvador, en referencia a la lucha que la propia joven emprendió, antes de morir, para hacer valer su derecho, el cual le fue negado dos veces por la máxima autoridad salvadoreña.

Esa lucha empezó cuando ya con un hijo de nueve meses, Beatriz llegó al hospital por una crisis de salud; los médicos diagnosticaron un nuevo embarazo y recomendaron ellos mismos interrumpir, porque el feto no estaba desarrollando cráneo ni cerebro. Continuarlo solo afectaría la salud y la vida de la joven, como ocurrió finalmente. Hoy es Delmy quien da continuidad a esa batalla.

De la muerte de Beatriz han pasado 7 años, pero ya son 10 desde que se conoció por primera vez el caso. Mariana Moisa, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una de las cuatro colitigantes, explica que la resolución de la CoIDH, aunque se espera pronto, ha enfrentado un movimiento muy fuerte de grupos conservadores que se oponen a los derechos de las mujeres y las niñas.

Lo anterior sin negar, aclara, que hay un movimiento conservador que se opone al caso de Beatriz, que son grupos que se movilizan en diferentes países tanto como en la Corte Interamericana, y que acosaron de manera directa a Beatriz y lo han hecho después también con su familia. Delmy lo recuerda y lo reprocha.

“Estos grupos ni tan siquiera conocieron a Beatriz, ellos no sabían el sufrimiento que ella estaba pasando, lo que la familia estaba pasando; ellos nada más se pusieron a hablar mal de ella, a decirle que no hiciera, le ofrecieron hasta dinero para que ella no hiciera lo que estaba pidiendo, pero como le decía yo a ella: que ella era la que estaba sufriendo y ellos no sabían lo que estaba pasando”, relata. 

Lo que ha pedido siempre, reitera, es justicia y reparación. Perder a Beatriz no fue fácil para la familia pero sumado a ello, otra de sus preocupaciones es el hijo de 13 años que le sobrevive, para quien también piden medidas que puedan resarcir el daño tanto en materia de estudios como del apoyo psicológico que requiere. Además, después de toda su lucha al lado de su hija y tras su ausencia, Delmy sufre problemas de salud relativos a su presión arterial.  

“Nosotros lo que estamos pidiendo también, como reparación, es que se cambien las leyes por las cuales muchas mujeres acá en El Salvador son violentadas en sus derechos”, señala. Moisa añade que el camino es la búsqueda de la justicia también para otras “Beatrices”, porque no es el único caso que pone en evidencia las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. 

El 25N y la proyección regional del caso de Beatriz

En este 25N y para los 16 días de activismo que se inauguraron a partir de esa conmemoración, la exigencia de una sentencia justa en el caso de Beatriz contra el gobierno salvadoreño llegó a las calles de la Ciudad de México junto con el resto de demandas de atención a las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres.

Esto se debe a que la llegada del caso de la joven a la Corte Interamericana, de la que se espera una sentencia a finales de este año o principios del siguiente, sentaría un precedente importante en materia de garantía del derecho al aborto en la región no solo como un mensaje del peligro de penalizarlo de manera absoluta o conservarlo como un delito, sino para que el personal de salud tenga mayores certezas.

Laura Andrade, de Ipas Latinoamérica y el Caribe, otra de las cuatro organizaciones colitigantes del caso, explica que Beatriz siempre le pidió a su familia y a las organizaciones que lo acompañaron desde que ella estaba viva, que siguieran la lucha para que ninguna otra mujer en Latinoamérica volviera a vivir lo que ella pasó.

“Este caso ocurrió hace más de 10 años; en la actualidad está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a punto de recibir sentencia, por eso es que nosotras estamos pidiendo sentencia justa para Beatriz. Es un caso que puede resolverse a finales de este año, y que es tan importante porque la sentencia que se dicte marca referente para todos los países de la región Latinoamérica y el Caribe”, puntualiza.

Las organizaciones esperan que la sentencia vaya en el mismo sentido que otros llamados de la Corte: que no se sigan repitiendo estos casos, para lo cual se requiere que los países y Estados de la región modifiquen sus marcos normativos y legales con la finalidad de despenalizar totalmente el aborto y eliminar las barreras para acceder a este de manera segura. 

“En la actualidad, las mujeres tenemos abortos en diferentes momentos de nuestra vida reproductiva, por razones que a veces son completamente ajenas a nuestras decisiones o acciones; hay que recordar que hay abortos espontáneos, incluso de embarazos deseados o planeados, que ocurren por alguna situación en particular, y en esos casos seguimos teniendo negaciones de los servicios de aborto, e incluso criminalización dentro de los propios hospitales”, remarca Andrade.

Lo anterior genera violencia, revictimización y vulneración a los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Además, es preciso recordar que los embarazos no deseados ocurren por muchas razones, subraya la activista, también como resultado de violencia sexual, casos en los que se ha registrado negación del servicio, así como criminalización social y penal, incluso en México, pese a que es la única causal permitida en todo el país.

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“El esquema de causales, el que en la actualidad opera en territorio mexicano, no es suficiente; la apuesta tiene que ser la eliminación del delito de aborto, que es lo único que puede ofrecer certeza al personal de salud para atender a las usuarias, porque de otro modo, los profesionales de la salud se quedan atados de manos. El caso de Beatriz es súper importante, porque lo que se decida va a marcar un precedente para las mujeres de toda América Latina y el Caribe”, añade.

Para la mamá de Beatriz, una definición y sentencia en el caso de su hija marcaría también el fin de años de batalla que, al mismo tiempo, han desencadenado consecuencias físicas y emocionales para ella y su familia. “Yo estoy enferma ya de la presión, también en lo económico somos una familia de bajos recursos, y es por eso que pedimos justicia, porque estos casos le pasan a las mujeres más pobres”, lamenta.