“Es insuficiente”: mujeres y personas gestantes buscan eliminar barrera de 12 semanas para abortar
Luna, quien pidió omitir su nombre real por seguridad, tenía 18 semanas de embarazo cuando tomó la decisión de abandonar la relación abusiva en la que estaba y abortar. Ella vivía en Guadalajara, Jalisco, cuando el procedimiento médico ni siquiera estaba despenalizado en la entidad.
No contaba con los medios ni los recursos para criarlo por sí misma, además de ser ya madre de un niño de 6 años.
Luna, como decenas de mujeres y personas gestantes en México, experimentan la necesidad de abortar por complicaciones económicas, de situaciones de violencia, o falta de recursos, pero la limitación de 12 semanas para interrumpir sus embarazos les ha quedado corta ante sus circunstancias.
“En un inicio yo sí quería, pero lo que me hizo tomar esta decisión fue que me empecé a dar cuenta que realmente yo no quería esta vida”, comparte Luna en entrevista. “Estaba yo viviendo un tema económicamente vulnerable, en la relación empezó a haber violencia física y la psicológica ya la traíamos de muchos meses atrás”.
12 semanas para acceder al aborto son insuficientes, señalan especialistas
En México, 22 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto, ya sea por vía legislativa o judicial. La mayoría de ellas permiten la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, un hecho que ha sido criticado por organizaciones y personas que han abortado debido a los obstáculos que pueden impedir que el procedimiento se realice a tiempo.
“Por ejemplo, falta de recursos económicos, o de redes de apoyo, y también una preocupación que ha surgido mucho y que es principal después de las 12 semanas es la desinformación de cómo se concibe el aborto después de este periodo”, dice Brenda Gutiérrez, coordinadora de Fondo MARIA, organización que apoya a mujeres y personas gestantes en procesos de aborto.
“Las personas que van llegando con más semanas de gestación, muchas veces es porque tienen alguna situación específica que las pone en un lugar más vulnerable. Puede ser una cuestión de violencia, en la que es mucho más complicado, por ejemplo, marcar a la línea telefónica o buscar la información porque hay una vigilancia, o si hay violencia es menos el tiempo o los recursos que tienes para gestionar tu aborto, pero también pueden ser cuestiones de mucha vulnerabilidad económica”.
Estas también incluyen a mujeres y personas gestantes que han vivido violencia sexual y tuvieron que navegar un “laberinto” burocrático para poder acceder a la interrupción del embarazo por la norma mexicana NOM-046-SSA2-2005, la cual marca los criterios de atención médica en instituciones de salud federales en casos de violencia sexual.
En países como Colombia, por ejemplo, el aborto está permitido hasta las 24 semanas de gestación, y en Canadá el procedimiento médico se puede realizar en cualquier momento del embarazo sin alguna repercusión penal.
“Quiero que se quiten los mitos”
Luna comenzó a buscar redes de apoyo y colectivas feministas de Guadalajara para informarse sobre cómo proceder con la interrupción de su embarazo, que en ese momento tenía alrededor de 8 semanas de gestación.
“Me empecé a escribir con una chica por WhatsApp que me empezó a asesorar de qué podía pasar, qué no podía pasar. En ese inter yo todavía estaba en esta relación, donde yo inclusive no le quería decir que ya me quería ir porque cada que intentaba salir de esta relación había mucho chantaje y manipulación”, dice.
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Fue ahí donde pidió el apoyo de organizaciones y de sus amistades para obtener el dinero para mudarse a la Ciudad de México, y ahí abortar en una clínica pública de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Sin embargo, una vez ahí le notificaron que tenía 15 semanas de gestación, tres más de las permitidas por el Código Penal local para hacer el procedimiento. Entonces recordó la información que le había brindado la acompañanta de aborto de Guadalajara, así como el procedimiento con medicamento, y decidió buscar nuevamente asesoramiento de colectivas y organizaciones en la capital para poder realizarse el aborto.
Estas colectivas y organizaciones se apoyan en su mayoría en el “Manual de práctica clínica para un Aborto seguro” de la Organización Mundial de Salud (OMS), el cual explica opciones de tratamiento tanto para una interrupción previo a las 12 semanas, como para después de ello. Se recomiendan distintos métodos según el tiempo de gestación: mifepristona y misoprostol, sólo misoprostol, abortos quirúrgicos mediante un aspirado o dilatación y evacuación.
“Evidentemente a mí sí me vino el miedo, de qué tal si algo sale mal y más por el tema de mi hijo, porque yo soy madre autónoma”, expone Luna. “Pero llegué a un lugar seguro, tanto en la cuestión médica, y hubo atención psicológica, y fue ahí donde se cortó un poco el miedo”.
Luna pudo concluir con su proceso médico, pero reflexiona ahora sobre el tiempo que dan las legislaciones locales para poder llevar a cabo el aborto y lo considera completamente insuficiente.
“No estoy de acuerdo en que sólo sean las 12 semanas, justamente porque todavía hay forma de resolverlo tiempo después y no tenemos por qué estar forzadas a maternar cuando realmente no lo deseamos. Yo sí creo mucho en esto, que la maternidad se tiene que querer o no ser”, asegura. “Quiero que se quiten mitos, de justo que te metan este miedo de forma médica de que te vas a morir y te va a pasar algo”.
“Sabía que era el límite para tomar una decisión”
Kaori, otra mujer que habita en Puebla y quien pidió usar otro nombre por seguridad, apenas logró estar a tiempo para realizar su aborto.
Desde temprana edad, supo que ella no quería maternar, por lo que cuando se enteró de su embarazo, ya a sus 30 años de edad, quiso terminarlo. Inició su procedimiento con medicamento cuando tenía ocho semanas de gestación, con el apoyo de su pareja y colectivas locales.
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Ella pensó que había logrado retirar el producto, pero continuó presentando síntomas de embarazo por lo que se hizo un ultrasonido y ahí se percató que aún tenía residuos en su útero.
“El impacto fue mayor, porque ya había hecho un procedimiento antes. Después, al ver que el procedimiento no había funcionado, fue un shock”, expresa. “Fueron muchas cosas las que me hicieron pensar, ‘No, pues a lo mejor sí lo debes de tener’”.
Aún así, Kaori estaba segura que no quería ser madre, entonces empezó a investigar clínicas de la Ciudad de México donde podía acudir para hacer un aspirado y poder retirar el resto del producto.
“Yo sabía que ya no tenía más tiempo, sabía que las 12 semanas eran el límite para poder tomar una decisión, y realmente no sé qué hubiera pasado si hubiera tenido más tiempo (de gestación)”, dice.
Abunda desinformación sobre el aborto
Desde Fondo MARIA, Brenda Gutiérrez señala la desinformación que existe en torno al aborto después de las 12 semanas de gestación. “La necesidad de abortar continúa, pero hay una pausa, o a veces se desaniman pensando, o tomándose más tiempo para investigar, si realmente está en peligro sus vidas, o creen que es algo que no se va a poder o que nadie lo sabe hacer”, detalla.
Tal fue el caso de Val, quien pudo abortar en Puebla a sus 16 semanas de gestación gracias al apoyo de colectivas.
A pesar de que supo de su embarazo cuando tenía 6 semanas de gestación, el procedimiento aún no se había despenalizado en su entidad federativa, y viajar a la capital del país para recibir atención era complicado. Ella aún era una estudiante de universidad y la relación amorosa en la que estaba terminó al poco tiempo de saber de su embarazo, por lo que se sintió sola y sin apoyo.
“Pasaron semanas, yo no sabía qué hacer y también sentía que (mi embarazo) no era verdad, pero obviamente sí, solamente que no sabía qué hacer”, dice Val. “No tenía información, ni conocía a gente que lo ha hecho, entonces no sabía a quién acudir”.
Antes de vivir su interrupción del embarazo, Val consideraba que las 12 semanas eran tiempo suficiente para llevar a cabo el procedimiento, pero hoy tiene una opinión distinta.
“La verdad es que hasta que te pasa, lo entiendes. No creo que sea suficiente el tiempo que ellos establecen porque no saben las condiciones que las chicas están pasando, si es por dinero, por salud, por salud mental, cómo se sienten. En ese momento, yo creo que no piensas en nada más porque tienes miedo. No sabes qué hacer, y no sabes si la decisión que vas a tomar es la correcta”.
Urgen eliminar aborto del Código Penal
Más allá del número de semanas de gestación al cual se permite la interrupción del embarazo, colectivas y organizaciones como Fondo MARIA exigen que el aborto se elimine por completo de todos los códigos penales en el país, al ser el procedimiento médico –junto con la eutanasia– en ser considerado como un delito.
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La despenalización en varios estados hasta las 12 semanas “sí es de celebración, pero también es decir, ‘Esto nos queda corto’, y seguir comunicando que ese plazo queda corto y que es insuficiente, que siempre lo ha sido, pero que actualmente tenemos como muchos otro, o sea, tenemos otros ejemplos en la región de avanzada”, expone Brenda Gutiérrez.
El riesgo de seguir hablando del aborto desde una lógica penal es que siga existiendo el estigma y miedo alrededor de la palabra, denuncia, lo que a su vez implica que personal de salud tiene dudas sobre la legalidad de su aplicación y en recibir capacitación para realizarlos.
“Los procedimientos médicos tienen que estar regulados y pensados desde otras esferas, como un asunto de salud pública, de derechos humanos, pero no desde la penalización”, resalta.
“Creemos que el siguiente paso es poder hablar de abortos en plural, como todos los abortos que sean necesarios, pero también abortos de más de 12 semanas con toda la complejidad que esto puede tener, y con todo el cuidado que también queremos poner en la discusión”.
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Cientos de venezolanos regresan a su país tras desistir de llegar a EU. El trayecto más difícil y más costoso en su camino es el que hay entre Panamá y Colombia.
“Si pudiera devolver el tiempo, jamás pasaría por eso”, dice Carlos*, un migrante venezolano, refiriéndose a la ruta que hizo en lancha desde Panamá hasta Colombia.
Él es uno de los cientos de migrantes que decidieron regresar a su país a raíz de que Donald Trump eliminara las opciones que tenían para cruzar la frontera de Estados Unidos legalmente como solicitantes de asilo.
La lancha en la que iba este lunes con su esposa y sus hijos de 8 y 12 años desde Puerto Obaldía, Panamá, hasta Capurganá, Colombia, se quedó varada en mar abierto.
“Le entró agua al motor y quedamos flotando a mar abierto”, relata Carlos para BBC Mundo. “Llamaron a un lanchero para que nos fuera a rescatar, pero cuando llegó, chocó con nuestra lancha, se montó encima de nosotros y casi nos volteamos”.
El choque le abrió un hueco a la lancha, por el que se empezó a entrar el agua. Afortunadamente, otra embarcación los rescató y los llevó de vuelta a Puerto Obaldía.
Más tarde, y tras algunas reparaciones, Carlos y su familia volvieron a zarpar en la misma lancha y lograron llegar a Capurganá.
El trayecto entre Panamá y Colombia es el más complicado del viaje entre Norteamérica y Suramérica porque no hay carreteras que unan a los dos países.
La gran mayoría de los migrantes atravesaron de ida la peligrosa selva del Darién, una travesía en la cual murieron 84 personas en 2023 y 55 en 2024, según cifras del gobierno de Panamá.
Ahora, para evitar hacerlo de nuevo y por las fuertes restricciones que ha implementado Panamá al tránsito por el Darién, están cruzando por mar.
Para Carlos, lo que vivió en la lancha fue mucho peor que vivió hace seis meses en la selva. La define como una experiencia “traumática”.
“La lancha en mar abierto brinca más de un metro y cae como si estuvieran tirándote de golpe al piso. Sientes como si te estuvieran dando un golpe con un palo en la espalda, en las piernas”.
El choque no fue el único incidente que vivió en la ruta. En un momento, se quedaron sin combustible. Y en otro, el patrón perdió el control del volante y la lancha se ladeó tanto que Carlos quedó parcialmente sumergido en el agua.
Su prioridad cuando iba en la lancha, sin embargo, era mantener agarrados a sus hijos y distraerlos del miedo que sentían.
“Yo lo pienso ahorita y digo: ¿cómo pudimos exponer nuestras vidas así?”.
Según el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, más de 2.200 migrantes llegaron a ese país durante febrero en su camino de regreso hacia Venezuela.
No se sabe cuántos de ellos han salido en lanchas hacia Colombia, pero estas se han convertido en el principal medio de transporte para los migrantes que regresan.
El sábado 22 de febrero una lancha que zarpó de Cartí, en la comarca indígena Guna Yala, naufragó con 21 pasajeros —19 de ellos migrantes— en medio de la noche.
El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá confirmó que logró rescatar a 20 de ellos, pero una niña venezolana de 8 años falleció.
Según un experto consultado por BBC Mundo, la ruta que siguen las lanchas que transportan migrantes no es particularmente difícil.
Sin embargo, los vientos alisios, que son más intensos entre enero y abril, sí provocan mareas altas que pueden ser amenazantes para las lanchas abiertas, como aquellas en las que se trasladan los migrantes. No son embarcaciones diseñadas para trayectos tan largos.
A pesar de los riesgos, en TikTok y grupos de WhatsApp, cientos de migrantes venezolanos se alientan mutuamente a realizar el viaje y se felicitan cuando logran llegar al otro lado.
“Es una tranquilidad que no tiene precio llegar a Necoclí (Colombia)”, escribe uno de ellos. “Ni aunque me pagaran $5.000 (unos US$245) semanales, me quedaba un día más en México”, escribe otro.
Las rutas
Las rutas marítimas improvisadas que han usado cientos de migrantes en las últimas semanas para llegar a Colombia arrancan desde dos puntos: uno en la comarca de Guna Yala y otro en la provincia de Colón, en Panamá.
Guna Yala es una comarca indígena en el noreste del país que se extiende a lo largo de la costa Caribe desde la frontera con Colombia. Es, por ende, el lugar más cercano desde donde llegar por mar a Necoclí.
Desde que ocurrió el naufragio del 21 de febrero, sin embargo, dejaron de zarpar lanchas desde Guna Yala y se trasladó todo el transporte de migrantes a la provincia de Colón, según informan fuentes en el terreno.
Las autoridades indígenas de Guna Yala le dijeron a BBC Mundo que, desde antes del naufragio, habían advertido de que a su territorio estaban llegando decenas de migrantes en carros particulares, taxis y a pie para embarcarse en las lanchas.
“Lamentablemente, Gunayala no está en condiciones de recibir y atender a esos seres humanos en condiciones adecuadas, y nos sorprende que ni las Naciones Unidas ni el gobierno de Panamá hayan puesto recursos para un albergue, botes, carros o alimentación para atender estas personas”, decía un comunicado del Congreso General Gunayala.
Las embarcaciones desde Guna Yala zarpaban en Cartí y llegaban hasta Puerto Obaldía, un corregimiento muy cerca de la frontera con Colombia. Ese trayecto toma al menos 7 horas.
A pesar de que la instrucción expresa de las autoridades de Guna Yala es no navegar después de las 5:00 pm, la lancha que naufragó el 22 de febrero viajaba en medio de la noche.
BBC Mundo contactó con las autoridades panameñas para saber cuál ha sido su papel en el transporte de los migrantes que van de norte a sur, pero no obtuvo respuesta.
Sin embargo, fotos que tomó la agencia de noticias AFP en Puerto Cartí el 21 de febrero mostraban a miembros de la fuerza pública panameña vigilando el muelle mientras los migrantes embarcaban.
Ese mismo día y de ese mismo lugar zarpó la embarcación que naufragó.
US$300 hasta Necoclí
La otra ruta, que es por la que avanzan hacia su destino casi todos los migrantes desde que ocurrió el naufragio, arranca en Miramar, un corregimiento en la provincia de Colón.
Ahí, los migrantes abordan una primera lancha que para en Gaigirgordub, una isla en la comarca de Guna Yala, y llega hasta Puerto Obaldía. Es un viaje que toma aproximadamente unas 9 horas.
“Realmente hay que vivirlo para poder entenderlo”, le contó a BBC Mundo Rafael*, otro migrante que realizó la travesía.
“Tu vida depende depende de otra persona, a a la que no le importan tus miedos o los golpes que estás sufriendo. Ellos solo quieren llegar”.
“Había un conductor de una lancha que iba a toda mecha y tomando licor”, agregó.
Según los testimonios que recogió BBC Mundo, en Puerto Obaldía los migrantes se quedan una noche. Ahí, hay un puesto de control de las autoridades panameñas donde les revisan los documentos.
Los transportistas les dicen que la comida y el hospedaje de esa noche están incluidos en el precio que pagan, pero eso no es así, según Rafael.
“No te dan agua, ni siquiera agua dulce para que te puedas bañar”, le dijo a BBC Mundo.
Al día siguiente, otra lancha los lleva desde allí hasta Capurganá, un trayecto que toma unos 25 minutos.
En Capurganá, cambian nuevamente de lancha a otra más grande para ir hacia Necoclí o Turbo, dos municipios colombianos relativamente bien conectados desde donde los migrantes pueden continuar su camino por tierra.
Según Carlos, la lancha que lo llevó de Capurganá a Necoclí tenía capacidad para 63 personas, pero en ella iban 68.
En grupos de Whatsapp, algunos migrantes afirman que los patrones de las lanchas les habían vendido un paquete que supuestamente los llevaría hasta Necoclí pero terminaron dejándolos en Puerto Obaldía, a mitad de camino.
El paso entre Panamá y Colombia es lo más caro de todo el viaje desde México hasta Venezuela.
Las lanchas cobran aproximadamente unos US$300 por persona por llevar a los migrantes desde el Caribe panameño hasta Necoclí.
A eso se suman otros US$200 que les cuesta más o menos a cada uno llegar desde Tapachula, México, hasta Panamá, un trayecto que hacen en autobús y toma más o menos cinco días.
Reunir ese dinero en México, sobre todo para las familias con niños, es muy difícil, según los testimonios que recogió BBC Mundo.
Por ende, muchos que no tienen cómo pagar el precio de las lanchas han quedado varados en albergues en la provincia del Darién.
Es el caso de Adrianyela, una migrante que logró llegar con su hija de dos años hasta Panamá con el dinero que ganó vendiendo dulces, pidiendo en la calle y limpiando vidrios en el camino.
Como no tiene la cantidad necesaria para seguir, lleva dos semanas en la Estación Temporal de Recepción de Migrantes de Lajas Blancas, de donde no tiene como salir y donde la infraestructura es muy precaria.
El presidente Mulino ha dicho en varias ocasiones que está trabajando para llegar a un acuerdo con Colombia que permita que los migrantes venezolanos que se encuentran en albergues panameños, como Adrianyela, sean trasladados en vuelos humanitarios hasta Cúcuta.
Sin embargo, por el momento no se conoce ningún acuerdo binacional para que Colombia reciba a migrantes provenientes de Panamá.
BBC Mundo consultó a Migración Colombia y a la Cancillería colombiana en qué punto se encuentra esa negociación y qué medidas se están tomando ante la llegada de migrantes de regreso, pero no recibió respuesta.
A muchos de los migrantes, la alternativa que les queda es pedirles a sus familiares y amigos que les envíen dinero dinero para poder continuar su camino.
“Los familiares por nosotros hasta se endeudan con tal de vernos a nosotros bien”, decía uno de los migrantes en un grupo de Whatsapp.
“Cuando uno anda loco por irse, no le importa el costo ni de los pasajes de bus ni de las lanchas. Lo importante es llegar bien, abrazar a la familia y a los hijos”, escribía otro.
Con todo y los riesgos, subirse a una de esas lanchas es el mayor deseo de muchos migrantes en la medida en que los acercan a la posibilidad de rehacer su vida luego de meses viajando, sin poder llegar a su destino final, EE.UU.
A pesar de que la situación económica y política en Venezuela por la que decidieron migrar sigue igual, volver para muchos de los migrantes es la manera de dejar atrás meses en los que se han enfrentado a xenofobia, robos, estafas e incluso secuestros.
“Por todo lo que viví, estoy superemocionado de llegar a Venezuela”, dice Carlos.
“Los migrantes solo queremos regresar a casa y dejar atrás tantas penurias y frustraciones”, concluye Rafael.
*Los nombres fueron cambiados por petición de los migrantes.
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