Luna, quien pidió omitir su nombre real por seguridad, tenía 18 semanas de embarazo cuando tomó la decisión de abandonar la relación abusiva en la que estaba y abortar. Ella vivía en Guadalajara, Jalisco, cuando el procedimiento médico ni siquiera estaba despenalizado en la entidad.
No contaba con los medios ni los recursos para criarlo por sí misma, además de ser ya madre de un niño de 6 años.
Luna, como decenas de mujeres y personas gestantes en México, experimentan la necesidad de abortar por complicaciones económicas, de situaciones de violencia, o falta de recursos, pero la limitación de 12 semanas para interrumpir sus embarazos les ha quedado corta ante sus circunstancias.
“En un inicio yo sí quería, pero lo que me hizo tomar esta decisión fue que me empecé a dar cuenta que realmente yo no quería esta vida”, comparte Luna en entrevista. “Estaba yo viviendo un tema económicamente vulnerable, en la relación empezó a haber violencia física y la psicológica ya la traíamos de muchos meses atrás”.
En México, 22 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto, ya sea por vía legislativa o judicial. La mayoría de ellas permiten la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, un hecho que ha sido criticado por organizaciones y personas que han abortado debido a los obstáculos que pueden impedir que el procedimiento se realice a tiempo.
“Por ejemplo, falta de recursos económicos, o de redes de apoyo, y también una preocupación que ha surgido mucho y que es principal después de las 12 semanas es la desinformación de cómo se concibe el aborto después de este periodo”, dice Brenda Gutiérrez, coordinadora de Fondo MARIA, organización que apoya a mujeres y personas gestantes en procesos de aborto.
“Las personas que van llegando con más semanas de gestación, muchas veces es porque tienen alguna situación específica que las pone en un lugar más vulnerable. Puede ser una cuestión de violencia, en la que es mucho más complicado, por ejemplo, marcar a la línea telefónica o buscar la información porque hay una vigilancia, o si hay violencia es menos el tiempo o los recursos que tienes para gestionar tu aborto, pero también pueden ser cuestiones de mucha vulnerabilidad económica”.
Estas también incluyen a mujeres y personas gestantes que han vivido violencia sexual y tuvieron que navegar un “laberinto” burocrático para poder acceder a la interrupción del embarazo por la norma mexicana NOM-046-SSA2-2005, la cual marca los criterios de atención médica en instituciones de salud federales en casos de violencia sexual.
En países como Colombia, por ejemplo, el aborto está permitido hasta las 24 semanas de gestación, y en Canadá el procedimiento médico se puede realizar en cualquier momento del embarazo sin alguna repercusión penal.
Luna comenzó a buscar redes de apoyo y colectivas feministas de Guadalajara para informarse sobre cómo proceder con la interrupción de su embarazo, que en ese momento tenía alrededor de 8 semanas de gestación.
“Me empecé a escribir con una chica por WhatsApp que me empezó a asesorar de qué podía pasar, qué no podía pasar. En ese inter yo todavía estaba en esta relación, donde yo inclusive no le quería decir que ya me quería ir porque cada que intentaba salir de esta relación había mucho chantaje y manipulación”, dice.
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Fue ahí donde pidió el apoyo de organizaciones y de sus amistades para obtener el dinero para mudarse a la Ciudad de México, y ahí abortar en una clínica pública de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Sin embargo, una vez ahí le notificaron que tenía 15 semanas de gestación, tres más de las permitidas por el Código Penal local para hacer el procedimiento. Entonces recordó la información que le había brindado la acompañanta de aborto de Guadalajara, así como el procedimiento con medicamento, y decidió buscar nuevamente asesoramiento de colectivas y organizaciones en la capital para poder realizarse el aborto.
Estas colectivas y organizaciones se apoyan en su mayoría en el “Manual de práctica clínica para un Aborto seguro” de la Organización Mundial de Salud (OMS), el cual explica opciones de tratamiento tanto para una interrupción previo a las 12 semanas, como para después de ello. Se recomiendan distintos métodos según el tiempo de gestación: mifepristona y misoprostol, sólo misoprostol, abortos quirúrgicos mediante un aspirado o dilatación y evacuación.
“Evidentemente a mí sí me vino el miedo, de qué tal si algo sale mal y más por el tema de mi hijo, porque yo soy madre autónoma”, expone Luna. “Pero llegué a un lugar seguro, tanto en la cuestión médica, y hubo atención psicológica, y fue ahí donde se cortó un poco el miedo”.
Luna pudo concluir con su proceso médico, pero reflexiona ahora sobre el tiempo que dan las legislaciones locales para poder llevar a cabo el aborto y lo considera completamente insuficiente.
“No estoy de acuerdo en que sólo sean las 12 semanas, justamente porque todavía hay forma de resolverlo tiempo después y no tenemos por qué estar forzadas a maternar cuando realmente no lo deseamos. Yo sí creo mucho en esto, que la maternidad se tiene que querer o no ser”, asegura. “Quiero que se quiten mitos, de justo que te metan este miedo de forma médica de que te vas a morir y te va a pasar algo”.
Kaori, otra mujer que habita en Puebla y quien pidió usar otro nombre por seguridad, apenas logró estar a tiempo para realizar su aborto.
Desde temprana edad, supo que ella no quería maternar, por lo que cuando se enteró de su embarazo, ya a sus 30 años de edad, quiso terminarlo. Inició su procedimiento con medicamento cuando tenía ocho semanas de gestación, con el apoyo de su pareja y colectivas locales.
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Ella pensó que había logrado retirar el producto, pero continuó presentando síntomas de embarazo por lo que se hizo un ultrasonido y ahí se percató que aún tenía residuos en su útero.
“El impacto fue mayor, porque ya había hecho un procedimiento antes. Después, al ver que el procedimiento no había funcionado, fue un shock”, expresa. “Fueron muchas cosas las que me hicieron pensar, ‘No, pues a lo mejor sí lo debes de tener’”.
Aún así, Kaori estaba segura que no quería ser madre, entonces empezó a investigar clínicas de la Ciudad de México donde podía acudir para hacer un aspirado y poder retirar el resto del producto.
“Yo sabía que ya no tenía más tiempo, sabía que las 12 semanas eran el límite para poder tomar una decisión, y realmente no sé qué hubiera pasado si hubiera tenido más tiempo (de gestación)”, dice.
Desde Fondo MARIA, Brenda Gutiérrez señala la desinformación que existe en torno al aborto después de las 12 semanas de gestación. “La necesidad de abortar continúa, pero hay una pausa, o a veces se desaniman pensando, o tomándose más tiempo para investigar, si realmente está en peligro sus vidas, o creen que es algo que no se va a poder o que nadie lo sabe hacer”, detalla.
Tal fue el caso de Val, quien pudo abortar en Puebla a sus 16 semanas de gestación gracias al apoyo de colectivas.
A pesar de que supo de su embarazo cuando tenía 6 semanas de gestación, el procedimiento aún no se había despenalizado en su entidad federativa, y viajar a la capital del país para recibir atención era complicado. Ella aún era una estudiante de universidad y la relación amorosa en la que estaba terminó al poco tiempo de saber de su embarazo, por lo que se sintió sola y sin apoyo.
“Pasaron semanas, yo no sabía qué hacer y también sentía que (mi embarazo) no era verdad, pero obviamente sí, solamente que no sabía qué hacer”, dice Val. “No tenía información, ni conocía a gente que lo ha hecho, entonces no sabía a quién acudir”.
Antes de vivir su interrupción del embarazo, Val consideraba que las 12 semanas eran tiempo suficiente para llevar a cabo el procedimiento, pero hoy tiene una opinión distinta.
“La verdad es que hasta que te pasa, lo entiendes. No creo que sea suficiente el tiempo que ellos establecen porque no saben las condiciones que las chicas están pasando, si es por dinero, por salud, por salud mental, cómo se sienten. En ese momento, yo creo que no piensas en nada más porque tienes miedo. No sabes qué hacer, y no sabes si la decisión que vas a tomar es la correcta”.
Más allá del número de semanas de gestación al cual se permite la interrupción del embarazo, colectivas y organizaciones como Fondo MARIA exigen que el aborto se elimine por completo de todos los códigos penales en el país, al ser el procedimiento médico –junto con la eutanasia– en ser considerado como un delito.
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La despenalización en varios estados hasta las 12 semanas “sí es de celebración, pero también es decir, ‘Esto nos queda corto’, y seguir comunicando que ese plazo queda corto y que es insuficiente, que siempre lo ha sido, pero que actualmente tenemos como muchos otro, o sea, tenemos otros ejemplos en la región de avanzada”, expone Brenda Gutiérrez.
El riesgo de seguir hablando del aborto desde una lógica penal es que siga existiendo el estigma y miedo alrededor de la palabra, denuncia, lo que a su vez implica que personal de salud tiene dudas sobre la legalidad de su aplicación y en recibir capacitación para realizarlos.
“Los procedimientos médicos tienen que estar regulados y pensados desde otras esferas, como un asunto de salud pública, de derechos humanos, pero no desde la penalización”, resalta.
“Creemos que el siguiente paso es poder hablar de abortos en plural, como todos los abortos que sean necesarios, pero también abortos de más de 12 semanas con toda la complejidad que esto puede tener, y con todo el cuidado que también queremos poner en la discusión”.
Pagasa es tan pequeña que apenas puede aterrizar un avión, pero es objeto de una intensa disputa entre Filipinas y China, que mantiene a sus 300 habitantes bajo constante tensión.
Con 37 hectáreas, la isla Pagasa -que significa “esperanza”- apenas tiene espacio para que sus habitantes puedan vivir.
En la isla, que es administrada por Filipinas, prácticamente no hay nada.
Sus aproximadamente 300 habitantes viven en pequeñas casas de madera, pescan en las cristalinas aguas turquesas que rodean la isla y cultivan lo que les permite el suelo arenoso.
Pero no están solos. En la costa oeste de esta isla en disputa hay una flota de barcos.
Todos son chinos: de la marina, la guardia costera o la llamada milicia marítima de China.
Son grandes buques pesqueros que han sido reconvertidos y que buscan mantener el dominio de ese país en el mar que rodea la isla.
Cuando nos acercábamos a Pagasa contamos al menos 20 barcos.
Durante los últimos diez años, China ha estado expandiendo su presencia en el mar de China Meridional. Ha tomado posesión de arrecifes de coral sumergidos y ha construido en ellos tres grandes bases aéreas.
También ha desplegado cientos de barcos para reforzar su reclamo sobre casi todas las rutas marítimas estratégicas que se extienden hacia el sur desde las grandes ciudades exportadoras de la costa china.
Pocos países del Sudeste Asiático que también reclaman islas en el mismo mar se han atrevido a contraatacar a China; solo Vietnam y Filipinas lo han hecho.
Los ejércitos de ambos países son mucho más pequeños que los de China, pero aún conservan un puñado de arrecifes e islas.
Pagasa, también conocida como Thitu, entre otros nombres, es la más grande de ellas.
Sin embargo, lo que hace que la isla sea excepcional es su población civil, presente en pocas islas del mar de China Meridional.
Desde la perspectiva de Filipinas, esto, y el hecho de que Pagasa sea tierra firme y no un arrecife parcialmente sumergido ni un cayo arenoso, refuerza sus reivindicaciones sobre la isla.
“Pagasa es muy importante para nosotros”, le dice a la BBC Jonathan Malaya, director general adjunto del Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas.
Explica que tiene una pista de aterrizaje y es un lugar habitable: “Hay una comunidad filipina residente y pescadores viviendo allí”, prosigue.
“Y dado el tamaño de la isla, una de las pocas que no tuvo que ser recuperada del mar, bajo el derecho internacional genera su propio mar territorial de 12 millas náuticas”.
“Por lo tanto, es, en cierto modo, un eje fundamental para la presencia filipina (en la zona)”, añade.
Para llegar a Pagasa se necesitan dos o tres días de viaje en barco desde la isla filipina de Palawan, o una hora de viaje en avión, pero en ambos casos las tormentas son frecuentes en esa parte del mundo.
Anteriormente sólo aviones pequeños podían aterrizar en la isla, hasta hace dos años cuando pavimentaron la pista y la ampliaron a 1.300m.
Ahora pueden llegar grandes aviones de transporte C130.
Pero viajar en ellos, como hicimos nosotros, es como hacerlo en un autobús lleno en hora pico.
Todo tiene que ser traído desde afuera y por eso nuestro avión estaba repleto. Desde el suelo hasta el techo.
Había colchones, huevos, bolsas de arroz, un par de motos y mucho equipaje, sin mencionar un gran grupo de personal militar, la mayoría de los cuales tuvieron que estar de pie durante todo el vuelo.
Mucho ha cambiado en los últimos años. Hay un nuevo hangar, lo suficientemente grande como para albergar aviones durante las tormentas.
También están construyendo una torre de control y dragando un pequeño puerto para permitir el atraque de barcos más grandes.
Algunos marineros filipinos apostados allí nos ofrecieron un recorrido por la isla. Aunque en realidad, dado su tamaño, esto parecía innecesario.
Filipinas le arrebató Pagasa a Taiwán en 1971, cuando una guarnición taiwanesa la abandonó durante un tifón.
Fue anexionada formalmente por Filipinas en 1978.
Poco después, el gobierno empezó a animar a la población civil a asentarse allí.
Sus habitantes necesitan apoyo para sobrevivir en esta remota franja de tierra. Las familias reciben mensualmente donaciones oficiales de alimentos, agua y otros víveres.
Actualmente cuentan con electricidad y conexión a internet móvil, pero eso solo llegó hace cuatro años.
Aparte de los trabajos gubernamentales, la pesca es la única forma viable de ganarse la vida, y desde la llegada de las flotillas chinas incluso esto se ha vuelto difícil.
El pescador Larry Hugo lleva 16 años viviendo en la isla y ha estado documentando el creciente control chino sobre la zona.
Filmó una construcción en el arrecife Subi, a unos 32 km de Pagasa, que con el tiempo se fue convirtiendo en una base aérea militar a gran escala.
Uno de sus videos, que muestra cómo su pequeño bote de madera casi es embestido por un barco de la guardia costera china en 2021, lo ha convertido en una pequeña celebridad.
Pero el acoso chino lo ha obligado a pescar en una zona más pequeña y más cerca de su casa.
“Sus barcos son enormes comparados con los nuestros. Nos amenazan, se acercan y hacen sonar sus sirenas para ahuyentarnos. Nos asustan muchísimo. Así que ya no voy a mis antiguos caladeros más lejanos”, explica.
“Ahora tengo que pescar cerca de la isla, pero las reservas de peces están disminuyendo y es mucho más difícil llenar nuestros tinacos como antes”.
Realyn Limbo ha trabajado como profesora en la isla por 10 años y ha visto crecer la escuela, que antes era una pequeña cabaña y ahora es una edificación de gran tamaño.
Enseña a más de 100 alumnos, desde el preescolar hasta los 18 años.
“Para mí, esta isla es como el paraíso”, le dice a la BBC.
“Tenemos cubiertas todas nuestras necesidades básicas. Es limpia y tranquila; los niños pueden jugar al baloncesto o ir a nadar después del colegio. No necesitamos centros comerciales ni todo ese materialismo”.
Pagasa es un lugar muy tranquilo. Con el intenso calor del mediodía, encontramos a la mayoría de la gente dormitando en hamacas o escuchando música en sus porches.
Durante nuestro recorrido nos topamos con Melania Alojado, una trabajadora sanitaria del pueblo, quien mecía a un bebé pequeño para ayudarlo a dormir.
“El mayor desafío para nosotros es cuando las personas, especialmente los niños, se enferman”, afirma.
“Si es grave, debemos evacuarlos a tierra firme. No soy enfermera titulada, así que no puedo realizar tareas médicas complejas. Pero no siempre hay aviones disponibles (para evacuarlos) y, a veces, el clima es demasiado duro para viajar”, añade.
“Cuando eso sucede simplemente tenemos que cuidarlos lo mejor que podamos”.
Pero ella también valora la tranquilidad de la vida en la isla.
“Nos liberamos de muchas tensiones. Recibimos alimentos subvencionados y podemos cultivar algunos de nuestros propios alimentos. En la gran ciudad, se necesita dinero para todo”.
Vimos algunas casas nuevas y en construcción, pero Pagasa no tiene espacio para alojar a mucha más gente.
Como también hay muy pocos empleos, los jóvenes suelen abandonar la isla al terminar la escuela.
A pesar de su tranquilidad encantadora y sus impresionantes playas de arena blanca, persiste una atmósfera tensa, debido en parte a la abrumadora presencia china, claramente visible en la costa.
“Los chinos de la base aérea de Subi Reef siempre nos retan cuando nos acercamos a Pagasa”, asegura el piloto de la aeronave en la que viajamos. “Siempre nos advierten que estamos entrando en territorio chino sin permiso”.
Le preguntamos si alguna vez han intentado detenerlo.
“No, es rutina. Les decimos que esto es territorio filipino. Siempre lo hacemos”, responde.
Jonathan Malaya afirma que su gobierno ha presentado una protesta diplomática formal cada semana ante la Embajada de China por la presencia de sus buques en lo que Filipinas considera aguas territoriales de Pagasa.
Esto contrasta marcadamente con la administración anterior del presidente Rodrigo Duterte, que evitó confrontaciones con China con la esperanza de atraer más inversiones a Filipinas.
“Creo que ganaremos más respeto de China si nos mantenemos firmes y les demostramos que también podemos jugar este juego”, afirma.
“Pero el problema de las democracias como Filipinas es que las políticas pueden cambiar con gobiernos nuevos. China no tiene ese problema”.
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