El informe de la Misión Civil de Observación en la Península de Yucatán evidencia que Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) fueron omisos, durante su sexenio, a los daños socioambientales que causaron las obras y operación del proyecto Tren Maya en el territorio. 

En el documento “Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya”, evidencian los impactos generados en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. 

Incluso, se documentó un incremento en la inseguridad y diversificaciones de violencias como consecuencia de la militarización de este megaproyecto ferroviario.

El despliegue militar en la zona comenzó a crecer con el inicio de las obras del Proyecto Integral de Desarrollo Tren Maya. 

El inicio de la intervención militar en la península

Como es sabido, el proyecto Tren Maya se inició con irregularidades legales y la falta de una consulta idónea para las comunidades locales.

De esta manera, los hallazgos en el informe de la Misión Civil de Observación determinaron que la intervención militar se convirtió en el mecanismo de disciplinamiento principal que dio paso al desarrollo de la obra.

¿Cómo llegaron los militares al Tren Maya?

Durante la primera fase de la construcción del proyecto Tren Maya, las obras se asignaron a empresas contratistas como Mota-Engil, ICA, CICSA y Carso.

Pero, en agosto de 2023, eso cambió cuando López Obrador decidió cambiar la estrategia y transfirió la construcción, la administración y sus beneficios a la Secretaría de la Defensa (Sedena).

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Para la Misión Civil esa dinámica empoderó a los militares e incrementó la militarización. De esta manera; el militarismo que se impuso al sur-sureste del país reconfiguró el territorio.

Una vez que la Sedena tuvo el control de las obras y operación del proyecto Tren Maya otros megaproyectos, emblema de la administración de López Obrador desde 2018, fueron incorporados paulatinamente a los militares.

De esta manera, subrayan en el informe,  la Sedena se ungió como ocupante del territorio con una autoridad irremplazable y omnipresente, con el respaldo, además, del decreto del 22 de noviembre de 2021, en el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

Dicho decreto otorgó el carácter de Proyecto de Seguridad Nacional al Tren Maya.

La Misión Civil de Observación determinó que la entrega de las obras del Tren Maya a la Sedena dio paso a que los militares ocuparan el territorio, donde caminos, estaciones, almacenes, cuarteles, bancos de material, hoteles, aeropuertos y otros, son figuras que pasaron a manos de la corporación militar en un proceso de ocupación del territorio. 

Como resultado de esta ocupación, tras el decreto que otorgó a las obras del tren el estatuto de seguridad nacional, dio como resultado que la Sedena actuará como depositaria y beneficiaria de la obra. Ésto determinaría una compleja interacción entre constructores, administradores y habitantes de la zona.

¿Cómo ha afectado la militarización en el territorio?

Con la ocupación militar, el informe de la Misión Civil de Observación señala que han sido expropiadas las tierras de los ejidos y directamente los militares han invadido propiedades.

De manera que, las atraviesan con caminos y negocian en condiciones muy desfavorables para los dueños.

Además de la construcción de los seis hoteles de lujo que han construido a un lado de sitios arqueológicos emblemáticos o en reservas de la Biósfera, como Calakmul. Estas acciones ponen en riesgo el patrimonio arqueológico, social y ambiental.

Lo anterior acrecienta en la zona el uso de agua, genera basura y contaminantes, y aumenta la afluencia de personas en las inmediaciones de las edificaciones prehispánicas. 

De la libertad, al miedo y la violencia

De acuerdo con los testimonios recabados y los recorridos realizados por representantes de la Misión Civil de Observación en la Península de Yucatán, encontraron que “la impunidad y la amplia circulación de miembros de las fuerzas armadas en toda la región, es una ocupación que no termina con la construcción del tren”.

La documentación de la presencia militar acompañada del despojo territorial cambió la dinámica y el perfil comunitario de las comunidades que colindan con las estaciones cercanas a los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.

“Lo mismo pueden encontrarse en un restaurante que en el supermercado, la tienda, la farmacia, las salas de cine, los bares y los parques, moviéndose entre los pobladores a pesar de estar ostensiblemente armados. La libertad con que circulaban los niños, las mujeres y la población en general se ha transformado en miedo y violencia”, sentenció la Misión Civil en el informe.

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Asimismo, los testimonios recabados durante los recorridos que realizó la Misión Civil insistieron en la indefensión de las comunidades frente a las arbitrariedades de los militares, tanto en terreno, en las dinámicas sociales, en la manera descuidada como transitan por caminos o a campo traviesa y en la disposición unilateral de los territorios.

Sin embargo, el atropello al estado de derecho y la acción de la justicia también son parte de esa acumulación de violencias por parte de los militares en el territorio. 

La Misión Civil indicó que “ni los amparos concedidos por los jueces correspondientes han sido respetados. Mucho menos las quejas de los pobladores”.

Las instalaciones militares continúan siendo parte del paisaje a lo largo del proyecto Tren Maya como ocurre con el levantamiento de instalaciones militares en toda la vía trazada que, desde un inicio, se utilizaron para realizar y proteger la obra. 

Sin embargo, la Misión Civil reveló que en poblaciones como Carrillo Puerto se observan campamentos militares a la entrada, a la salida y en el centro de la ciudad. 

“Ahí es donde se planean desarrollos más intervencionistas o donde la resistencia al proyecto es mayor, ahí la presencia militar es mucho más explícita y reiterada. El despliegue y presencia acrecentada de la corporación militar no es exclusivo de la zona, aunque ahí sea especialmente notorio y abundante”, advierten. 

Violencias documentadas a lo largo del Tren Maya

Como parte de los resultados a hallazgos en los recorridos que la Misión Civil realizó a lo largo del Tren Maya, detectaron sitios específicos donde las violencias crecieron. 

Actos documentados como el despojo de tierras, trata de personas en modalidad de explotación sexual y pederastía, incluso el boom inmobiliario en sitios naturales.

Uno de estos sitios es la ruta norte de Quintana Roo donde se encuentra el tramo 5 norte del Tren Maya, correspondiente al área del sistema de cuevas inundadas Sac Aktun. En ese lugar la violencia se relaciona con el daño al territorio, principalmente, con la instalación de las más de 15 mil pilas de metal y concreto en el sistema de cuevas.

Los 850 kilómetros de costa de Quintana Roo también se han visto afectados con las obras y operación del proyecto Tren Maya ya que, se incentivó la extensión de la industria turística. Una de las múltiples violencias relacionadas son las extorsiones y el derecho de piso que se han incorporado a la cotidianidad de los pequeños negocios.

Otro sitio donde se detectó una crecida de violencias es la ruta Chetumal a Xpujil donde la apertura del derecho de vía arrasó con la selva o pasó sobre tierras de las comunidades y ejidos dedicados a la apicultura, la agricultura o la ganadería.

Una de las violencias más marcadas en esa región está relacionada con el acceso al agua donde, una buena parte de las comunidades carece de un servicio eficiente de este recurso.

“El gobierno les ofreció la reparación del acueducto para proveerles el líquido vital a cambio de su aceptación al proyecto del tren, promesa que no se ha cumplido. Los testimonios de compromisos incumplidos son recurrentes. Sea que los ejidatarios o pobladores aceptaron vender parte de sus tierras, los militares las ocuparon, y hasta ahora no han entregado el pago”,  señalaron en el informe.

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Además, lugares como Calakmul, Escárcega y Candelaria no se quedan atrás. Ahí, los militares arremetieron con los modos de vida, su cultura y cosmovisión de las comunidades que habitan en esos sitios.

La Misión Civil resaltó que los testimonios y las observaciones directas registran un constante paso de camiones, volquetes, tráileres de carga y otros vehículos militares propiedad de la Sedena, que ocupan buena parte de la carretera y con frecuencia impiden el paso. 

“Van y vienen, no siempre con el cuidado necesario, al punto que atropellaron a un joven que murió y por el que hubo una fuerte protesta de la población. Ocurre que la gente debe orillarse para dejarlos pasar y así evitar nuevos accidentes”, señalaron testimonios dentro del informe.