
Ante la reducción del suministro proveniente del Sistema Cutzamala, el gobierno de la Ciudad de México anunció que emprendería acciones contra las tomas clandestinas o “huachicoleo de agua potable” -llamado así por las autoridades- un problema que se ha denunciado 154.8% más en la capital en el último sexenio, al pasar de 82 reportes en 2018 a 209 en 2023.
De acuerdo con información que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) entregó vía transparencia, las alcaldías que acumularon mayor número de reportes por tomas clandestinas de agua fueron Tlalpan (192), Iztapalapa (131), Gustavo A. Madero (119), Coyoacán (115) y Cuauhtémoc (112), que resultaron en la confirmación y atención de 150 tomas clandestinas en seis años.
A estos hallazgos se suma uno más, ocurrido a inicios de este año, con un operativo en el que participaron más de cien elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en el que se confiscaron tres pipas cisterna dedicadas a distribuir y vender de manera ilegal el agua que obtenían de una toma clandestina en la alcaldía Tlalpan, sin que hubiera personas detenidas.

Sobre este operativo, el jefe de Gobierno Martí Batres comentó que la toma clandestina fue ubicada en el pueblo de Magdalena Petlacalco “por diversas fuentes de inteligencia” de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno, así como el SACMEX.
Bátres aseguró que este tipo de acciones se van a seguir realizando en otros puntos localizados, como parte de los “trabajos prioritarios para cuidar el agua de los habitantes de la ciudad“.
Armando Rosales, presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas, explicó que aunque la escasez del agua es un problema con el que ha vivido la capital desde su fundación, las tomas clandestinas han agravado el problema al generar fracturas en la red de tuberías que afectan el volumen de líquido que llega a las casas.
“En la Ciudad de México se ha presentado escasez de agua en diferentes momentos, desde su fundación, por lo que se ha tenido que importar a través de acueductos y se han explotado pozos, pero aún con ello desde principios del siglo XX se vislumbra una mayor escasez y empiezan los problemas de abastecimiento”, un fenómeno que según el especialista se ha incrementado con el crecimiento de la urbe.
“Desde la década de los cuarenta empieza a darse la distribución de agua por tandeo, y se incrementa hacia los sesenta, cuando la ciudad crece para convertirse en una metrópolis, hasta que en los setenta se establece un plan de acción inmediata para que, además de traer agua desde el Estado de México, se perforen nuevos pozos en la capital, una solución que se volvió permanente y ha provocado que se sobreexplote el suelo, generando grietas y fracturas”, agregó.
Aunque la falta de agua no es novedad en distintas zonas de la capital, entre 2018 y 2023 el SACMEX acumuló un total de 351 mil 454 reportes por este problema que en los últimos años se ha intensificado, alcanzando un máximo de 90 mil 451 registros en 2022, concentrados en las alcaldías Gustavo A. Madero (16 mil 131), Coyoacán (10 mil 531), Iztacalco (9 mil 942), Tlalpan (8 mil 223) y Benito Juárez (7 mil 716).
Entre las colonias que más reportaron falta de agua estuvieron la Agrícola Oriental y Pantitlán, de la alcaldía Iztacalco; Jardín Balbuena, de la Venustiano Carranza; la Roma Norte, perteneciente a Cuauhtémoc y el Pedregal de Santa Úrsula, en Coyoacán, con más de 600 registros cada una.
En 2023, de enero a octubre el SACMEX recibió 40 mil 139 solicitudes de atención por falta de agua, principalmente de las alcaldías Gustavo A. Madero (11 mil 575), Iztacalco (4 mil 239), Tlalpan (1 mil 16) e Iztapalapa (3 mil 131).
Para el académico y activista, la falta de agua ha llevado a que en las zonas más afectadas la gente haya aprendido a racionar el agua “porque ya están habituados al tandeo, saben que solamente llega una o dos veces a la semana, la cuestión es que cada vez son más las colonias que tienen que incorporarse a este sistema de suministro que además es el menos eficiente y más complicado de implementar”.
El pasado 6 de febrero, colectivos de vecinos protestaron frente a las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para exigir que las autoridades implementen medidas que privilegien el suministro de agua para los hogares y no para megaproyectos inmobiliarios y plazas comerciales, luego de que se informó que 284 colonias de 10 alcaldías tendrán servicio por tandeo.
Las alcaldías que tendrán tandeo son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, algunas de las cuales reportan falta de agua previo a la sequía.

Es por ello que los inconformes exigieron a las distintas dependencias encargadas de atender la escasez de agua que se garantice que no habrá “acaparamiento” del suministro en las zonas con mayor poder adquisitivo y actividad comercial, sin que hasta el momento conozcan propuestas para hacer más democrático el tandeo de agua en la ciudad, de acuerdo con Alejandro Velázquez, integrante del Frente en la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac.
“Hacemos un llamado para decir que ya basta de que haya algunos actores privados que estén acaparando el agua y basta de que la distribución del agua sea tan desigual, sobre todo en el contexto de esta sequía, porque no se está atendiendo la inequidad en el acceso a recursos hídricos”, indicó Alejandro Velázquez en entrevista.
Como ejemplo de esta inequidad en el suministro, Velázquez señaló que en Xochimilco –alcaldía que se surte a través de pozos– algunas colonias solo tienen servicio un par de días a la semana, y aparecen entre las zonas que ahora recibirán agua con tandeo.
“En el día a día la gente está enfrentando un desabasto continuo que nosotros vemos ligado a la situación socioeconómica de las colonias y pueblos, que en el caso de los más populares están sujetos al régimen de tandeo, es por eso que vamos a continuar insistiendo, protestando y exigiendo propuestas legislativas para regular y democratizar el acceso al agua“, expuso el activista.
Al respecto, el urbanista Armando Rosales comentó que la falta de transparencia sobre la distribución del agua genera desconfianza en la población que está sometida al régimen del tandeo, además de que impide conocer qué zonas de la ciudad se están viendo privilegiadas, por lo que exhortó a las autoridades a informar sobre el tema y garantizar que las decisiones sobre el acceso a este servicio no tienen un trasfondo político.
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Además, remarcó que es necesario que se replantee por completo el modelo de gestión hídrica en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana porque el actual “es ecológica y políticamente insostenible”.
“Hay advertencias desde hace décadas de que la Ciudad de México es terriblemente susceptible a sequías y estamos observando patrones de cambio climático muy graves, tenemos que atender el déficit en el tratamiento y reuso del agua e incrementar la reinfiltración hacia los acuíferos, porque este modelo en el que desechamos el agua sin tratamiento y tenemos que traerla desde lugares cada vez más lejanos es muy delicado y está operando en números rojos”, agregó.

Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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