En medio de crisis en Cutzamala, crecen denuncias por tomas clandestinas de agua en CDMX; subieron 155% en seis años
Ante la reducción del suministro proveniente del Sistema Cutzamala, el gobierno de la Ciudad de México anunció que emprendería acciones contra las tomas clandestinas o “huachicoleo de agua potable” -llamado así por las autoridades- un problema que se ha denunciado 154.8% más en la capital en el último sexenio, al pasar de 82 reportes en 2018 a 209 en 2023.
De acuerdo con información que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) entregó vía transparencia, las alcaldías que acumularon mayor número de reportes por tomas clandestinas de agua fueron Tlalpan (192), Iztapalapa (131), Gustavo A. Madero (119), Coyoacán (115) y Cuauhtémoc (112), que resultaron en la confirmación y atención de 150 tomas clandestinas en seis años.
A estos hallazgos se suma uno más, ocurrido a inicios de este año, con un operativo en el que participaron más de cien elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en el que se confiscaron tres pipas cisterna dedicadas a distribuir y vender de manera ilegal el agua que obtenían de una toma clandestina en la alcaldía Tlalpan, sin que hubiera personas detenidas.
Sobre este operativo, el jefe de Gobierno Martí Batres comentó que la toma clandestina fue ubicada en el pueblo de Magdalena Petlacalco “por diversas fuentes de inteligencia” de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno, así como el SACMEX.
Bátres aseguró que este tipo de acciones se van a seguir realizando en otros puntos localizados, como parte de los “trabajos prioritarios para cuidar el agua de los habitantes de la ciudad“.
CDMX: entre tomas clandestinas de agua y escasez
Armando Rosales, presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas, explicó que aunque la escasez del agua es un problema con el que ha vivido la capital desde su fundación, las tomas clandestinas han agravado el problema al generar fracturas en la red de tuberías que afectan el volumen de líquido que llega a las casas.
“En la Ciudad de México se ha presentado escasez de agua en diferentes momentos, desde su fundación, por lo que se ha tenido que importar a través de acueductos y se han explotado pozos, pero aún con ello desde principios del siglo XX se vislumbra una mayor escasez y empiezan los problemas de abastecimiento”, un fenómeno que según el especialista se ha incrementado con el crecimiento de la urbe.
“Desde la década de los cuarenta empieza a darse la distribución de agua por tandeo, y se incrementa hacia los sesenta, cuando la ciudad crece para convertirse en una metrópolis, hasta que en los setenta se establece un plan de acción inmediata para que, además de traer agua desde el Estado de México, se perforen nuevos pozos en la capital, una solución que se volvió permanente y ha provocado que se sobreexplote el suelo, generando grietas y fracturas”, agregó.
CDMX suma 351 reportes por falta de agua potable los últimos seis años
Aunque la falta de agua no es novedad en distintas zonas de la capital, entre 2018 y 2023 el SACMEX acumuló un total de 351 mil 454 reportes por este problema que en los últimos años se ha intensificado, alcanzando un máximo de 90 mil 451 registros en 2022, concentrados en las alcaldías Gustavo A. Madero (16 mil 131), Coyoacán (10 mil 531), Iztacalco (9 mil 942), Tlalpan (8 mil 223) y Benito Juárez (7 mil 716).
Entre las colonias que más reportaron falta de agua estuvieron la Agrícola Oriental y Pantitlán, de la alcaldía Iztacalco; Jardín Balbuena, de la Venustiano Carranza; la Roma Norte, perteneciente a Cuauhtémoc y el Pedregal de Santa Úrsula, en Coyoacán, con más de 600 registros cada una.
En 2023, de enero a octubre el SACMEX recibió 40 mil 139 solicitudes de atención por falta de agua, principalmente de las alcaldías Gustavo A. Madero (11 mil 575), Iztacalco (4 mil 239), Tlalpan (1 mil 16) e Iztapalapa (3 mil 131).
Para el académico y activista, la falta de agua ha llevado a que en las zonas más afectadas la gente haya aprendido a racionar el agua “porque ya están habituados al tandeo, saben que solamente llega una o dos veces a la semana, la cuestión es que cada vez son más las colonias que tienen que incorporarse a este sistema de suministro que además es el menos eficiente y más complicado de implementar”.
Denuncian falta de transparencia en cómo se distribuye el agua en CDMX
El pasado 6 de febrero, colectivos de vecinos protestaron frente a las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para exigir que las autoridades implementen medidas que privilegien el suministro de agua para los hogares y no para megaproyectos inmobiliarios y plazas comerciales, luego de que se informó que 284 colonias de 10 alcaldías tendrán servicio por tandeo.
Las alcaldías que tendrán tandeo son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, algunas de las cuales reportan falta de agua previo a la sequía.
Es por ello que los inconformes exigieron a las distintas dependencias encargadas de atender la escasez de agua que se garantice que no habrá “acaparamiento” del suministro en las zonas con mayor poder adquisitivo y actividad comercial, sin que hasta el momento conozcan propuestas para hacer más democrático el tandeo de agua en la ciudad, de acuerdo con Alejandro Velázquez, integrante del Frente en la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac.
“Hacemos un llamado para decir que ya basta de que haya algunos actores privados que estén acaparando el agua y basta de que la distribución del agua sea tan desigual, sobre todo en el contexto de esta sequía, porque no se está atendiendo la inequidad en el acceso a recursos hídricos”, indicó Alejandro Velázquez en entrevista.
Como ejemplo de esta inequidad en el suministro, Velázquez señaló que en Xochimilco –alcaldía que se surte a través de pozos– algunas colonias solo tienen servicio un par de días a la semana, y aparecen entre las zonas que ahora recibirán agua con tandeo.
“En el día a día la gente está enfrentando un desabasto continuo que nosotros vemos ligado a la situación socioeconómica de las colonias y pueblos, que en el caso de los más populares están sujetos al régimen de tandeo, es por eso que vamos a continuar insistiendo, protestando y exigiendo propuestas legislativas para regular y democratizar el acceso al agua“, expuso el activista.
Al respecto, el urbanista Armando Rosales comentó que la falta de transparencia sobre la distribución del agua genera desconfianza en la población que está sometida al régimen del tandeo, además de que impide conocer qué zonas de la ciudad se están viendo privilegiadas, por lo que exhortó a las autoridades a informar sobre el tema y garantizar que las decisiones sobre el acceso a este servicio no tienen un trasfondo político.
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Además, remarcó que es necesario que se replantee por completo el modelo de gestión hídrica en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana porque el actual “es ecológica y políticamente insostenible”.
“Hay advertencias desde hace décadas de que la Ciudad de México es terriblemente susceptible a sequías y estamos observando patrones de cambio climático muy graves, tenemos que atender el déficit en el tratamiento y reuso del agua e incrementar la reinfiltración hacia los acuíferos, porque este modelo en el que desechamos el agua sin tratamiento y tenemos que traerla desde lugares cada vez más lejanos es muy delicado y está operando en números rojos”, agregó.
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Desde la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos se ha hecho cargo de la comercialización del petróleo de Venezuela, así como de la transferencia y administración de los recursos procedentes de estas ventas. BBC Mundo te cuenta cómo funciona este proceso y qué dudas genera.
Sorpresa, confusión, preocupación, alivio, optimismo, mucha incertidumbre…
Esas fueron algunas de las muchas emociones y sentimientos que experimentaron los venezolanos el pasado 3 de enero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a partir de ahora su país asumiría las riendas de la industria petrolera venezolana.
“El negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso”, dijo el mandatario estadounidense. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera gravemente dañada y empiecen a generar dinero para el país”, afirmó Trump pocas horas después de que el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, hubiera sido capturado en una operación de las fuerzas militares estadounidenses.
Sus palabras generaron sentimientos encontrados entre los venezolanos que son conscientes del deterioro en el que ha caído la industria petrolera de su país en el último cuarto de siglo debido a problemas como la desinversión, la corrupción, las malas políticas y las sanciones internacionales, pero que, al mismo tiempo, tienen un fuerte vínculo de identidad con el petróleo, al que perciben no solamente como una fuente de la riqueza nacional sino como un recurso que les pertenece a todos.
Esta semana, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela en más de dos décadas.
Wright se reunió Rodríguez y aseguró que Trump está comprometido en transformar la relación con Caracas, para “llevar comercio, paz, prosperidad, empleos y oportunidades al pueblo de Venezuela en asociación con Estados Unidos”.
Pero ¿qué significa exactamente que EE.UU. se vaya a hacer cargo de la industria petrolera venezolana?
Se trata de una pregunta que sigue sin tener una respuesta precisa, pero que en las semanas que han transcurrido desde la detención de Maduro ha ido tomando forma.
Cómo EE.UU. está vendiendo el petróleo de Venezuela
El 6 de enero, apenas tres días después de la detención de Maduro, Trump publicó un mensaje en Truth Social anunciando que el gobierno de la presidenta temporal de Venezuela, Delcy Rodríguez, le iba a entregar a EE.UU. entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo (equivalentes a entre uno y dos meses de producción venezolana a los niveles actuales)
El mandatario señaló que el crudo se vendería a precios de mercado y que él iba a controlar el fruto de esa venta para asegurarse “de que sea usada en beneficio del pueblo de Venezuela y de EE.UU.”.
Al día siguiente, el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que ese país había empezado a comercializar el petróleo de Venezuela con el volumen de barriles mencionado antes e indicó que aplicarán este mecanismo de forma indefinida.
La petrolera estatal venezolana, Pdvsa, confirmó las negociaciones sobre un acuerdo de este tipo con EE.UU., pero no mencionó que fuera a aplicarse de forma indefinida y lo equiparó al que rige con la petrolera estadounidense Chevron. “Está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, apuntó.
En su comunicado, el DOE dijo que EE.UU.había contactado a las “principales empresas comercializadoras de materias primas del mundo y a bancos clave” para ejecutar y dar apoyo financiero a estas ventas de crudo.
Posteriormente se sabría que eran Vitol y Trafigura, dos de las compañías más grandes del mundo dedicadas a la comercialización de materias primas. Entre ambas manejan diariamente un volumen de petróleo suficiente para satisfacer el consumo combinado de México, Alemania, India y Japón, según Bloomberg.
Gran parte del crudo que estas empresas recibieron fue inicialmente almacenado a la espera de ser vendido. Bloomberg informó que estas compañías adquirieron ese petróleo a un precio de US$15 por debajo del costo del barril de crudo Brent y lo estuvieron ofrecieron a refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU. a entre US$8 y US$9 menos que el Brent.
Históricamente, el petróleo venezolano se ha vendido en un rango aproximado entre US$5 y US$15 por debajo del Brent dependiendo de la calidad del crudo, de las condiciones de la venta y de la situación del mercado (cuando el precio del petróleo en el mundo subía, el diferencial se reducía, pero cuando el precio bajaba, tendía a ampliarse).
Según la prensa estadounidense, Trafigura y Vitol fueron escogidas para estas primeras transacciones por ser compañías que tenían la capacidad para hacerse cargo del crudo venezolano y colocarlo rápidamente en el mercado.
Mecanismo de corto plazo
Según explicó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, la venta de este crudo era importante porque Venezuela se estaba quedando sin capacidad para almacenar el petróleo – debido al bloqueo marítimo impuesto por Trump desde diciembre- y además al gobierno de Delcy Rodríguez se le iba agotando el dinero para hacer frente a gastos esenciales.
“Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento. Estaban produciendo petróleo, estaban perforando, pero no tenían dónde guardarlo ni cómo moverlo. Y estaban enfrentando una presión fiscal. Necesitaban dinero y lo necesitaban de inmediato para pagar a los policías, a los trabajadores de la salud y las operaciones diarias del gobierno”, dijo en una comparecencia ante el Senado.
Rubio afirmó que este crudo venezolano se está vendiendo a precios de mercado, superiores a los que estaba recibiendo el país antes de la detención de Maduro.
“China estaba recibiendo este petróleo con un enorme descuento de unos US$20 por barril, y ni siquiera lo estaban pagando con dinero. Se estaba usando para amortizar la deuda que Venezuela les debía. Este es el petróleo del pueblo venezolano y se estaba entregando a los chinos como trueque”, dijo.
El diplomático aseguró que estas primeras ventas se hicieron a través de un mecanismo de corto plazo que no será definitivo.
“Estamos usando ese mecanismo de corto plazo tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que se generan vayan en beneficio del pueblo venezolano y no a financiar el sistema que existía en el pasado”, dijo.
“Esperamos pasar a un mecanismo que permita que ese petróleo se venda de manera normal, en una industria petrolera normal, no una dominada por compinches, ni por el soborno y la corrupción”, agregó.
¿Qué pasa con el dinero?
El 14 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron que ya se había realizado la primera venta de crudo venezolano por un monto de US$500 millones.
Ese dinero, sin embargo, no está bajo el control de las autoridades venezolanas sino de las estadounidenses.
Asdrúbal Oliveros, economista y consultor empresarial venezolano, dijo a BBC Mundo que el dinero se está depositando en una cuenta que mantiene el Banco Central de Venezuela en el banco estadounidense JP Morgan, desde donde es transferido a una cuenta en Qatar, que funciona como una suerte de fideicomiso entre EE.UU. y el gobierno de Venezuela.
“Desde allí, el dinero se distribuye a bancos venezolanos para la venta de dólares en el mercado cambiario o para cubrir las necesidades que tenga el país, previa aprobación de Estados Unidos y del fideicomiso”, señaló.
En su comparecencia ante el Senado, Marco Rubio dijo que el dinero está en una cuenta que pertenece a Venezuela, pero cuyo uso está bloqueado por las sanciones estadounidenses. Explicó que se decidió enviarlo a Qatar para solventar una dificultad jurídica derivada del hecho de que EE.UU. no reconoce al gobierno venezolano como legítimo y para evitar que los acreedores de la deuda venezolana intenten hacerse con el control de esos fondos para cobrar lo que se les debe.
“Si algo de ese dinero tocara un banco estadounidense, incluso si estuviera en una cuenta a nombre de los venezolanos, sería inmediatamente embargado por varios acreedores a los que eventualmente habrá que atender. Pero, a corto plazo, eso impediría que las autoridades venezolanas recibieran los fondos que necesitan para operar”, explicó.
¿Y cómo está llegando este dinero a la economía venezolana?
Cómo se gasta el dinero
Hasta ahora, los fondos están siendo adjudicados a través de subastas que realiza el Banco Central de Venezuela (BCV) y a las que empresas y personas naturales pueden acceder a través de cuatro bancos venezolanos.
Estos interesados deben presentar la documentación requerida, indicando además cuántos dólares requieren y a qué precio están dispuestos a comprarlos, según confirmaron fuentes de la banca venezolana a BBC Mundo.
Estas ofertas son informadas al BCV, que es quien finalmente decide a quién se le asignan las divisas, en qué cantidad y a qué precio.
¿Cuál es el criterio para estas asignaciones? Según señaló en un mensaje en X el economista Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, para el 30 de enero los fondos se habían asignado de esta forma: un 80% para sectores prioritarios como alimentos y medicinas, un 15% a otros sectores productivos y un 5% a personas naturales.
Esas asignaciones, en teoría, deben estar en línea con lo que se acuerde con EE.UU., según explicó Rubio en el Senado.
“Hemos creado un mecanismo temporal mediante el cual se pueden atender las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado en el que ellos [el gobierno de Delcy Rodríguez] presentarán cada mes un presupuesto: ‘Esto es lo que necesitamos que se financie’. Y nosotros les indicaremos desde el principio en qué no se puede usar ese dinero. Ellos han sido muy cooperativos en este sentido. De hecho, se han comprometido a usar una parte considerable de esos fondos para comprar medicinas y equipos directamente de EE.UU.”, contó.
“Estamos usando ese mecanismo temporal tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que se están generando actualmente beneficien al pueblo venezolano y no financien el sistema que existía en el pasado”, agregó.
Rubio agregó que están diseñando un mecanismo de auditoría posterior -pagado con los propios recursos venezolanos- para verificar cómo se está gastando el dinero.
Más dinero, no tanta transparencia
La falta de transparencia es una de las mayores preocupaciones existentes en torno a todo este proceso puesto en marcha entre el gobierno de Trump y el de Delcy Rodríguez.
“No sabemos con claridad quién aprueba la distribución de los fondos, qué criterios se utilizan para asegurarse de que el dinero realmente se destine a la compra de alimentos, combustible o al pago de salarios, y cuánta supervisión o rendición de cuentas existe para garantizar que los fondos se estén desembolsando como corresponde”, señala a BBc Mundo David L. Goldwyn, presidente de la consultora Goldwyn Global Strategies y presidente del Grupo Asesor de Energía del Atlantic Council.
Asdrúbal Oliveros considera que hace falta mejorar el sistema de subastas para que sea más transparente e incluya reglas más claras de participación, sobre cómo se fija el tipo de cambio y cómo se refleja esa tasa de cambio.
“El BCV pública una tasa de cambio todos los días que debería reflejar los resultados de esa subasta. Hasta ahora eso no ha ocurrido del todo. Creo que el sistema es susceptible de mejoras muy importantes que no solamente dependen de las sanciones, sino también de gestión interna del BCV”, señala.
En todo caso, hasta la fecha, el BCV ha puesto a subasta unos US$800 millones a través de la banca siguiendo un ritmo que, de mantenerse, podría llegar en el primer trimestre de 2026 hasta US$1.400 millones. De ser así, se ubicaría en niveles similares a los del último trimestre de 2025, cuando por ser época de Navidad suele haber más demanda de divisas, según comentó en X Alejandro Grisanti. Una buena señala para la economía.
“Que el programa esté colocando volúmenes comparables en un trimestre de baja estacionalidad fortalece el anclaje del mercado y reduce el riesgo de episodios cambiarios abruptos, siempre que la ejecución mantenga consistencia”, escribió el economista.
Y es probable que siga fluyendo mucho más dinero a través de este mecanismo temporal de venta de crudo pues, según Rubio, probablemente se gestionarán a través del mismo unos US$2.500 millones o US$3.000 millones.
Aunque le preocupa tanto la falta de celeridad de todo el proceso como la insuficiente transparencia, Asdrúbal Oliveros cree que estos mecanismos constituyen un avance en comparación con el escenario previo que vivía Venezuela: una situación en la que había dificultades para vender el crudo debido a las sanciones y el gobierno cobraba de forma poco transparente, a través de intermediarios y recurriendo muchas veces a criptomonedas.
“La perspectiva ahora es que haya más estabilidad cambiaria, una reducción de la inflación que es bastante preocupante en este en este momento. Y, por supuesto, también impacta en la dinámica de crecimiento. Esto ayudaría a tener un poco más de estabilidad, a que el sector privado pueda operar en mejores condiciones. Si ese dinero también se traduce en mejoras en servicios clave como electricidad e infraestructura, potenciará el crecimiento. Entonces, la perspectiva en el mediano plazo es positiva”, apunta.
David L. Goldwyn señala que el proceso hasta ahora ha sido favorable en términos de sus efectos anticorrupción, al imponer controles sobre la forma en la que el gobierno venezolano dispone de los recursos y, en términos económicos, al haber aumentado la disponibilidad de divisas en la economía, lo que parece haber detenido la devaluación del bolívar.
Sin embargo, advierte que el camino no está exento de retos.
Destaca que estas primeras ventas se han hecho con petróleo almacenado en buques y en cantidades relativamente pequeñas, en comparación con el tamaño de la economía venezolana.
“Una pregunta importante es qué tan eficiente será este proceso cuando se amplíe y cuando se trate de volúmenes mayores: qué tan rápido podrán tomarse decisiones y qué tan efectivas serán”, dice.
“Es demasiado pronto para saber si este es un sistema eficaz para estabilizar la economía. En la medida en que el dinero realmente se destine a alimentos, combustible, energía, salarios e incluso inversión en la rehabilitación de infraestructura crítica, eso será positivo para la economía venezolana, pero necesitan ingresos. Necesitan muchos más ingresos para lograr la estabilización”, advierte Goldwyn.
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