Detectan 2,280 tomas clandestinas de agua en seis años; uno de cada 2 acuíferos está contaminado
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó 2,280 tomas clandestinas de agua en México entre 2012 y 2018. Se trata de pozos abiertos por usuarios individuales o empresas que extraen el líquido sin contar con permisos correspondientes, contribuyendo a la sobreexplotación de los acuíferos. Este es uno de los datos que se extraen del informe “Corrupción en el sector del agua: ¿quién es responsable de la crisis?”, publicado por Laboratorio Ethos, think tank o centro de análisis dedicado a las políticas públicas.
El informe, elaborado por los investigadores Rodrigo Bolaños, Dalia Toledo y Cuauhtémoc Osorno, se centra en cómo la corrupción ahonda en los problemas de escasez y contaminación del agua que sufre México.
“En México, la corrupción del sector hídrico es preocupante”, dice el informe, que alerta en que esta práctica se manifiesta “de distintas formas en todas las etapas de la gestión del agua”.
Algunos datos que revela el documento:
Uno de cada dos acuíferos en México está contaminado.
Conagua otorgó al menos 77 concesiones en acuíferos secos que no deberían ser explotados.
Apenas 149 inspectores están desplegados en todo el país para detectar irregularidades relacionadas con el servicio de agua.
El presupuesto de Conagua, que es la institución que se encarga de regular el uso del líquido, se redujo un 53% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Una cifra que llega al 55% en el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Sobre los pozos clandestinos, Bolaños indica a Animal Político que los que se incluyen en el informe son aquellos registrados por Conagua, los que fueron detectados y clausurados. Es decir, que no hay forma de saber cuántos existen realmente en México. El informe señala casos como el Pénjamo-Abasolo, que en 2013 era considerado como el acuífero con mayor extracción ilegal y del que salían de forma irregular 11,721 litros de agua por segundo.
En realidad, las posibilidades de que un pozo ilegal sea detectado son exiguas, debido a la escasa labor de supervisión.
Además, en opinión del investigador, hay prácticas que incentivan la ilegalidad. Por ejemplo, los decretos que legalizan los pozos irregulares cada cierto tiempo. “¿Qué incentivo vas a tener si sabes que te van a ofrecer regularizarte?”, plantea.
El informe detecta corrupción en seis áreas: las concesiones, la regulación de las aguas de deshecho, los organismos encargados de llevar el agua a los hogares, las tomas clandestinas, las obras hidráulicas y la falta de información. Aunque este último punto es “transversal” a todos los anteriores”, según Bolaño, que denuncia los datos “son incompletos”.
Sobre las concesiones, el informe detecta 77 que licencias para acuíferos sobreexplotados.
Las regiones más afectadas son: Lerma Santiago (Aguas Calientes, Jalisco y Querétaro), con el 61% de los títulos; Río Bravo (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), con el 26%; y el sureste de Baja California con el 13%.
“Las concesiones se entregan a pesar de que los solicitantes no cumplen con toda la documentación obligatoria”, dice el documento.
Bolaños insiste en que la ley establece que “no se deben dar concesiones cuando no hay suficiente agua”.
Resulta relevante los usos que aseguraban que se iba a dar a estas concesiones. El 57% era de carácter agrícola, el 16% “diferentes usos”, el 12% servicios, el 10% público urbano y el 5% industrial.
No obstante, existe una red de tráfico de concesiones que hace que se vendan y se compren licencias para el derecho de extracción.
La contaminación es otro de los puntos de los que alerta el informe.
“La contaminación hídrica es ocasionada, principalmente, por los distintos desechos que se vierten legal e ilegalmente a los cuerpos de agua”, dice el informe, que advierte que la mitad de los acuíferos del país está contaminado.
“En teoría los organismos operadores tratan el agua. Existen plantas de tratamiento. Pero son elefantes blancos porque, básicamente, no funcionan”, dice Bolaños. Esta ineficiencia explica que tres de cada cuatro mexicanos pongan en duda la calidad del agua que reciben en casa.
A la escasa presencia de inspectores se le suma otro factor determinante: la corrupción. Según el informe, las empresas llegan a pagar hasta el 20% del valor de la multa para diluir la muestra que los inspectores toman del agua y evitar sanciones mayores. Bolaños reconoce que probar estas irregularidades es un trabajo complejo, y que el informe lo incluye tras entrevistarse con funcionarios y empresarios conocedores del proceso.
Los organismos operadores son otro de los problemas que observa la investigación. Existen cerca de 2,688 a nivel municipal, intermunicipal y estatal. Aquí se detectan irregularidades en los nombramientos, derivados del compadrazgo; en la falta de normativas y en la ausencia de supervisión.
Las grandes obras públicas también son terreno fértil para prácticas corruptas según el documento, que observa como fenómenos los pagos a trabajos no realizados y los dobles pagos por trabajos que sí se realizan.
Como último elemento, Laboratorio Ethos apunta a la falta de información, lo que “permite esconder o justificar decisiones discrecionales de los servidores públicos, al mismo tiempo que dificulta el monitoreo ciudadano sobre la gestión del agua”.
Como receta para revertir el problema, el informe plantea tres ejes: el fomento de la transparencia en el sector, la participación ciudadana y el impulso a la rendición de cuentas.
“Combatir de la corrupción en el sector agua debería ser prioritario”, advierte el documento.
