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Zonas de sacrificio en México: cuarta transformación, militarización y contrainsurgencias

Definida como la práctica de alimentar a los lactantes únicamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida, sin darle ningún otro alimento y/o líquido, incluida el agua, <a href="https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1" target="_blank" rel="noopener">la lactancia materna</a> constituye un pilar fundamental de la salud materno-infantil. 
Está bien documentado que la Lactancia Materna Exclusiva (LME) tiene múltiples beneficios en el binomio madre-hijo y en la productividad y desarrollo de las familias, comunidades y países. Por ejemplo, en los niños y niñas reduce la mortalidad entre 4 y 10 veces y la morbilidad por infecciones diarreicas y respiratorias en un 50 % y 33 %, respectivamente, en entornos de bajos ingresos; asimismo, la evidencia científica sugiere un incremento de 2 a 3 puntos porcentuales en el coeficiente intelectual y protección contra enfermedades no transmisibles como obesidad y diabetes y caries dental. 
En las madres, el tiempo de amenorrea se incrementa, lo que contribuye a ampliar el intervalo entre embarazos. También reduce el riesgo de cáncer de ovario en 7 % y 18 % el cáncer de ovario en mujeres que tienen una duración prolongada de lactancia. La evidencia también sugiere que en mujeres lactantes ofrece protección contra osteoporosis, diabetes tipo 2, depresión materna posparto, entre otras. Adicional, el <a href="https://blogs.worldbank.org/en/health/breastfeeding-foundational-investment-human-capital#:~:text=Our%20research%20shows%20that%20efforts,in%20breastfeeding%20promotion%20and%20protection" target="_blank" rel="noopener">Banco Mundial</a> estimó que las estrategias de promoción y protección mundiales de la lactancia materna cuestan $ 0.6 mil millones de dólares anuales, con un potencial retorno de $ 30 mil millones de dólares anuales, lo que representa una relación de $ 35 dólares por cada dólar invertido. 
Las metas mundiales de nutrición, incluidas en el <a href="https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.1" target="_blank" rel="noopener">Plan de Aplicación Integral sobre la Nutrición de la Madre, el Lactante y el Niño Pequeño</a> aprobado en la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, plantearon una meta específica para lactancia materna: incrementar hasta al menos un 50 % la tasa de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses para 2025.
En 2021, el <a href="https://digitallibrary.un.org/record/4016715?v=pdf" target="_blank" rel="noopener">Colectivo Mundial para la Lactancia Materna</a>, bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), sugirió un aumento en la meta global: incrementar hasta al menos un 70% la tasa de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses para 2030.
Las prevalencias de lactancia materna exclusiva en el ámbito mundial y nacional han tenido avances importantes. Mundialmente, la prevalencia de lactancia materna exclusiva ha tenido un incremento promedio de 10 puntos porcentuales en los últimos diez años y en 2023 se ubicó en 48 %. <a href="https://www.unicef.org/media/150586/file/Global%20breastfeeding%20scorecard%202023.pdf" target="_blank" rel="noopener">México se encuentra entre los países que tuvieron un aumento de entre 5 % y 10 %.</a> En este sentido, y con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, la prevalencia observada de lactancia materna exclusiva fue <a href="https://doi.org/10.21149/15898" target="_blank" rel="noopener">de 34.2 %</a>.
Un Kilo de Ayuda y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) han realizado estimaciones de la prevalencia de lactancia materna exclusiva en comunidades donde ambas instituciones colaboran para mejorar el estado de salud y nutrición de niños menores de 5 años. En una primera estimación, el 41.9 % de las mujeres encuestadas practicó la lactancia materna exclusiva y, en una segunda, alrededor de 60 % de los niños y niñas recibieron este beneficio. 
A pesar de los avances mundiales y nacionales en la práctica de lactancia materna exclusiva, existen grandes retos para lograr la meta global hacia el 2030. En este sentido, se han planteado una serie de <a href="https://doi.org/10.21149/15898" target="_blank" rel="noopener">estrategias y recomendaciones nacionales</a> e <a href="https://www.unicef.org/media/150586/file/Global%20breastfeeding%20scorecard%202023.pdf" target="_blank" rel="noopener">internacionales</a> para alcanzar, e incluso, superar la meta global: 
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Monitorear el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Incentivar y proporcionar las capacidades necesarias al Sector Salud para ejecutar correctamente a Iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Niña (IHANN).</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Extender la licencia de maternidad pagada a por lo menos 6 meses (24 semanas) en el sector formal. </li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">En el sector informal, diseñar y ejecutar un programa de protección social para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. </li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Diseñar y aplicar estrategias comunitarias de comunicación y capacitación adaptadas a los contextos locales. </li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Invertir en la formación de recursos humanos para la promoción, protección y respaldo de la lactancia materna. </li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Revisar y modificar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y la NOM-131-SSA1-2012 para armonizar las distintas definiciones de fórmulas infantiles con el reglamento de la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible que obliga al cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna.</li>
</ul>
Como cada año, en la primera semana de agosto se lleva a cabo la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la que se realizan diversas actividades, foros y seminarios, entre otros, con el objetivo de visibilizar todas las acciones dirigidas a promover, proteger y respaldar la lactancia materna. El tema para 2024 fue: Cerrar la brecha: apoyo a la lactancia materna para todos. En México, el próximo 11 de septiembre se realizará el <a href="https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/9fnlm/" target="_blank" rel="noopener">9° Foro Nacional de Lactancia Materna</a>, cuya finalidad es llamar a la acción y reducir la brecha y desigualdades que viven las madres durante su ejercicio del derecho a la lactancia materna.
* Eduardo Thébar (@Unkilodeayuda) es responsable de Monitoreo y Desarrollo de un Kilo de Ayuda.
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¿Hasta cuándo será exclusiva e inclusiva la lactancia materna?

El gobierno de Ciudad de México publica un sitio en internet denominado “<a href="https://escuelasegura.cdmx.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">Escuela Segura</a>”.  Su objetivo es que el público pueda consultar si una institución particular que ofrece educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) cuenta con una serie de documentos y/o requisitos que le permiten brindar seguridad, desde la perspectiva del manejo de riesgo de desastre y protección civil, a sus colaboradores, alumnos y demás personas que acudan al inmueble.  La información que recaba es sobre cinco documentos: certificado único de zonificación de uso del suelo; programa interno de protección civil; aviso de funcionamiento de establecimientos mercantiles de bajo impacto; constancia de seguridad estructural, y visto bueno de seguridad y operación.
El objetivo de este esfuerzo es loable y en el sentido correcto de transparentar aquella información que sea un elemento para considerar por parte de los padres de familia para elegir una institución menos vulnerable, y es también una acción de identificación y prevención de riesgos. No obstante, su puesta en práctica es discriminatoria, ineficiente, no valida datos, es omisa y en consecuencia termina por resultar en un esfuerzo intranscendente.
<h2>Discriminación</h2>
Identificamos cuatro errores principales. El primero y más evidente es que solo están obligadas a subir la información de los cinco aspectos ya señalados aquellas instituciones de educación particulares que, según el sitio, son 3,014, mientras que las escuelas públicas no están obligadas y por lo tanto no comparten esa información.  Hay que subrayar que, de acuerdo con cifras oficiales, <a href="https://www.aefcm.gob.mx/estructura-aefcm/aefcm/" target="_blank" rel="noopener">en Ciudad de México existen aproximadamente 2,781 escuelas públicas que prestan servicio de tipo básico</a>, es decir, un poco menos de la mitad del universo no está considerado para transparentar esa información.  Se debe precisar que el número de escuelas públicas puede estar sobreestimado por aquellas que prestan servicio de educación para la formación de maestros.
Este es un acto de discriminación por motivos sociales y económicos, pero no contra los propietarios de las escuelas particulares, sino contra los alumnos, padres de familia y colaboradores de las escuelas públicas, que como ya se observó son la mayoría.  Al no ofrecer información que permita a los padres o tutores de alumnos de escuelas públicas a evaluar el nivel de riesgo o el cumplimiento de las medidas de su prevención y mitigación, los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con aquellos que asisten a escuelas particulares.  Los riesgos, entendidos como los daños probables resultantes de una combinación de bienes expuestos, peligros y la vulnerabilidad de los bienes ante los peligros, son por lo tanto mayores para aquellos que trabajan y asisten a escuelas públicas.  Su afirmación de que “los pobres son más vulnerables por el hecho de ser pobres” se convierte en una profecía autocumplida provocada por la autoridad.
<h2>Ineficiencia</h2>
En segundo lugar, la elección de los rubros sobre los que deben informar no es óptima. Tanto el aviso de funcionamiento de establecimientos mercantiles de bajo riesgo, como el certificado único de zonificación de uso del suelo no guardan una relación directa con el manejo de riesgos. En Ciudad de México, el tema de uso del suelo depende de diversos factores donde la relación uso de suelo y reducción de riesgos no está claramente fundamentada y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal prevé los mecanismos para modificar el uso del suelo sin que esté debidamente especificado el criterio de reducción o manejo de riesgos. Un ejemplo que ilustra el nulo interés por parte de la autoridad de reducir riesgos a través del uso del suelo es la constante celebración de eventos con asistencia masiva de personas en el Zócalo de Ciudad de México, definido como “Espacio Abierto” y, por lo tanto, donde está prohibido llevarlos a cabo.
Los aspectos que claramente contribuyen al manejo de riesgos son el programa interno de protección civil, la constancia de seguridad estructural y el visto bueno de seguridad y operación. Sin embargo, no tiene sentido solicitar los tres, ya que para estar en condiciones de registrar un programa interno de protección civil se debe contar con la constancia de seguridad estructural y el visto bueno de seguridad y operación. El programa incluye los otros dos. Si la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México hiciera pública la plataforma de registro de los programas internos de protección civil, no se requeriría un sitio adicional como “Escuela Segura”.  Pero la opacidad es la norma.
<h2>Datos inválidos</h2>
Un tercer equívoco se refiere al procedimiento para ingresar la información en el sitio. A falta de poderlo corroborar de primera mano, nuestra hipótesis es que es un formato libre en cuya programación no existe una rutina para validar datos. Entonces cargan información con errores, cuando no claramente falsa y el sistema solo lo registra.  Aquí se enlaza con el siguiente error y es la falta de supervisión de la veracidad de la información compartida por las escuelas.
<h2>Omisión</h2>
La autoridad, ninguna, revisa la veracidad de la información. Veamos unos ejemplos.  La constancia de seguridad estructural está prevista en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y debe renovarse cada cinco años o después de un sismo intenso o cuando lo decida la Administración. Hasta antes de la modificación de mayo del 2024 al Reglamento, la constancia tenía el mismo tiempo de validez, cinco años. Hay algunos casos en que se registran constancias con una validez por más de cinco años a partir de la fecha de fallecimiento del corresponsable en seguridad estructural que la emite. Puede ser un error involuntario ya que como se indicó, el sistema no tiene una rutina para validar datos o puede ser dolo por parte de quienes cargan la información.
Es el caso del corresponsable con número de registro C/SE 0093, Ing. Carlos Augusto Correa Domínguez, pues de acuerdo con el sitio en internet del registro civil de Ciudad de México una persona con los mismos nombres y apellidos tiene registro de defunción con fecha 11 de marzo de 2020. Existen al menos dos escuelas donde la fecha de vigencia excede el 11 de marzo de 2025 que son el Instituto Guillermo Marconi en Playa Rosarito 336 (Figura 1) y el Instituto México Secundaria en Popocatépetl 545 (Figura 2).
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Mismo caso del corresponsable C/SE 0153 Ing. Luis Ordóñez Reyna con registro de fallecimiento al parecer 24 de enero de 2019 ya que así está asentado en el sitio electrónico del registro civil para una persona con mismo nombre y apellidos, y las constancias de Montessori Laurel en Ricardo Monges López 73 (Figura 3) y primaria Jaime Sabines en Ruan 1 (Figura 4) tienen fecha de vigencia posterior al 24 de enero de 2024.
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Otro hecho que llama la atención es que existen al menos 31 escuelas que reportan como corresponsable en seguridad estructural al Ing. Leopoldo Salazar Dare C/SE 0207.  El registro civil registra una persona con mismo nombre y apellidos con registro de fallecimiento el 16 de diciembre de 2020.  En ninguna de las 31 constancias hay evidencia que la fecha de validez sea mayor a la fecha de registro de fallecimiento más cinco años, sin embargo, las 31 escuelas se encuentran en la alcaldía Iztapalapa.
<h2>Conclusión</h2>
Cualquier acción de prevención y reducción de riesgos es bienvenida siempre y cuando cumpla su objetivo.  Si no se revisa correctamente el cumplimiento de requisitos es una acción completamente inútil.  La autoridad oculta información y no brinda los recursos humanos y materiales para cumplir cabalmente su atribución de supervisión.  Las figuras de auditoría ciudadana, es decir, la revisión de requisitos por parte de sujetos obligados realizada por personas que no son servidores públicos es un mecanismo que le permitiría a la autoridad la verificación del cumplimiento normativo, y al mismo tiempo utilizar sus siempre escasos recursos en otras acciones.
Pero mientras la plataforma de los programas internos de protección civil sea reservada, las fechas de fallecimiento de corresponsables en seguridad estructural y directores responsables de obra sea confidencial (el Instituto para la Seguridad de las Construcciones negó el acceso a esta información) y no diseñen mecanismos de validación de datos en sus sistemas informáticos, seguiremos como hasta ahora, unos haciendo como que cumplen y otros como que revisan.
* Angélica López López es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Jorge Yáñez López es especialista en Gestión Integral de Riesgos de Desastre, EAPDF.

¿Escuela segura? Solo particulares (y tampoco ellos)

En <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/burocratizacion-sistema-refugio" target="_blank" rel="noopener">nuestra colaboración anterior en este blog</a>, abordamos cómo se han complejizado los procedimientos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) convirtiéndose en un obstáculo para que las personas migrantes que han salido de manera forzada de sus países ejerzan su derecho a solicitar y recibir refugio en México. En esta ocasión trataremos de mostrar otros elementos que evidencian cómo se ha ido desmantelando el sistema de asilo en México, en perjuicio de las personas con necesidades de protección internacional.
El testimonio de Idania, una mujer nicaragüense y su hijo, quienes fueron víctimas de secuestro en la frontera sur y posteriormente fueron desalojados del campamento en la Plaza Giordano Bruno, es sólo una muestra de los impactos que tienen los múltiples obstáculos que enfrentan las personas migrantes en México. Estos obstáculos, como el &#8220;cierre temporal&#8221; de la oficina central de la COMAR por más de 70 días, no solo impactan a nivel individual, sino que en conjunto constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
El viernes 24 de mayo de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que determinó el cambio de domicilio de la oficina central de la Coordinación General de la COMAR. Esta decisión se tomó después de una serie de manifestaciones encabezadas por grupos vecinales de la colonia Juárez, quienes exigían que el campamento de personas migrantes -personas como Idania y su hijo- fuera trasladado a un albergue del Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente, vecinos de la colonia Anzures (ambas en la Alcaldía Cuauhtémoc) se manifestaron en contra del cambio de sede, lo que generó que el gobierno desistiera del cambio de domicilio. Pasaron más de setenta días hasta que se anunció la reubicación de la oficina a una zona periférica de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa.
El prolongado cierre de las instalaciones de la COMAR afectó el derecho de las personas a solicitar y recibir asilo, pues durante 70 días no pudieron acceder efectivamente a realizar su solicitud. Aunado a ello, el no poder acceder al procedimiento de refugio hace que tampoco accedan al documento migratorio que tienen derecho, lo que les coloca en un riesgo inminente de ser devueltas a su país de origen, en donde su vida o integridad pueden estar en peligro.
Sin embargo, el cierre temporal de la COMAR no puede ser visto como un hecho aislado, sino que debe ser leído como una manifestación de la poca capacidad institucional con la que cuenta esta institución y, en general, las instituciones encargadas de velar por los derechos de las personas migrantes. En efecto, consideramos que desde el Estado Mexicano hay un desinterés absoluto por fortalecer a la COMAR o a las Procuradurías de Protección a la Infancia.
Como muestra de ello, vemos que para este año la COMAR tiene aprobado un presupuesto de 50 millones de pesos para sufragar toda su operación, frente a los 1,900 millones de pesos que recibe el Instituto Nacional de Migración (INM), <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> destinados a cubrir exclusivamente el pago de personal, pues los gastos de operación son cubiertos con los excedentes del pago de derechos migratorios. Por ello, hay que adicionar los más de 555 millones de pesos destinados a los servicios por traslado de personas que ha ejercido el INM a junio de 2024 y 114 millones de pesos más por concepto de alimentos para personas detenidas. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Este panorama es una pequeña muestra del desmantelamiento del sistema de asilo en México, que se refleja en una débil institucionalidad de la COMAR, la ausencia de espacios de acogida para las personas migrantes que llegan a México, así como la falta de opciones para regularizar su estancia en México y así poder acceder a un empleo y asegurar la garantía de sus derechos.
Frente a este panorama, desde Redodem creemos necesario que exista una política integral de atención a las personas migrantes, que incluya espacios dignos de acogida y programas accesibles para acceder a documentación migratoria y fortalecer presupuestal y administrativamente a la COMAR como la organización rectora en materia de protección internacional. Adicionalmente, estas acciones deben de estar acompañadas de un trabajo con las comunidades de acogida de las personas en contexto de movilidad forzada para prevenir expresiones de discriminación y promover una convivencia pacífica.
<a href="https://twitter.com/RedodemMX" target="_blank" rel="noopener">@RedodemMX</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Clave de Unidad K00 “Instituto Nacional de Migración” disponible <a href="https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/btrnZkyc/PEF2024/rpdngkxq/docs/04/r04_aae.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Partidas presupuestales 44102 “Gastos por servicios de traslado de personas” y 22102 “Productos alimenticios para personas derivados de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras” disponibles <a href="https://www.inm.gob.mx/static/transparencia/pdf/2024/edo-presupuesto-jun-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Desmantelamiento del sistema de refugio en México: un horizonte complejo para las personas forzadas a huir

Desmantelamiento del sistema de refugio: horizonte complejo para las personas forzadas a huir

El pasado domingo hubo diversas manifestaciones de rechazo a la reforma al Poder Judicial, con un común denominador novedoso y esperanzador: la juventud. Las diversas concentraciones de este año y el anterior se habían caracterizado por un mayor promedio de edad de los concurrentes; ahora parece que se asoma un relevo generacional. La petición es muy simple y a la vez muy profunda: diálogo.
Los estudiantes de derecho de muchas universidades coinciden en que el dictamen de la reforma al Poder Judicial tiene muchas disposiciones que atentan contra la integridad de la impartición de justicia. Pero por el otro lado, el titular del ejecutivo, la presidenta electa y los legisladores oficialistas insisten en apurar la aprobación de su iniciativa.
Para ellos, los foros de consulta fueron suficientes para oír voces críticas; para un conjunto no menor de actores -academia, empresarios, mercados financieros, embajadas y, por supuesto, el propio Poder Judicial- no ha existido un espacio para deliberar y perfeccionar una iniciativa tan trascendente como la que hoy se somete a consideración del legislativo.
Aun cuando pueda haber coincidencia en que hay que reformar al Poder Judicial para procurar un mejor acceso a la justicia, no hay argumentos convincentes de que eso se obtenga cancelando la carrera judicial e incentivando la popularidad de los impartidores de justicia. El daño que se le haría el Poder Judicial si la iniciativa se aprueba en sus términos es estructural: la pérdida de autonomía de los juzgadores, los riesgos de captura por parte de la delincuencia, en fin, el listado de potenciales retrocesos es nutrido.
Pero además se trata de una pieza legislativa extremadamente endeble, por lo que hace a las previsiones procedimentales. Para empezar, el inicio del proceso electivo se marca con la publicación del decreto, y se le otorgan 90 días al poder legislativo para emitir las leyes secundarias que soporten la reforma. Es decir, se inicia el proceso sin ley secundaria, lo que en los hechos hace que el consejo general del INE se vuelva legislador e intérprete de la Constitución. La incertidumbre que ello genera en el desarrollo del proceso es inédita: los posibles aspirantes se inscribirían a jugar en un juego en el que aún no definen las reglas ni las faltas.
Las campañas de los aspirantes, asume el dictamen, tendrán acceso a los tiempos de radio y televisión, pero no habrá financiamiento ni público ni privado y, por supuesto, no se señala nada en materia de rendición de cuentas o fiscalización. Curioso concepto de lo que es hacer una campaña: no hay financiamiento público ni privado, la producción de los spots para los tiempos de radio y TV sale de la nada, los traslados o actos de contacto con los electores son gratuitos. Vamos. no se incurre en ningún gasto, por tanto no se rinden cuentas.
Eso sin contar con la multitud de tómbolas que habrá que operar para ir discriminando listas. El azar y la “voluntad popular” como fórmula para suplir la meritocracia de la carrera judicial. Y en el colmo del exceso legislativo, se pretende, en una reforma constitucional, plasmar lo que será el diseño de la boleta electoral. Y por supuesto que no hay inocencia, se trata de hacer explícito para el elector cuál es el poder que postula a cada uno de los aspirantes y distinguir además a los jueces o magistrados en funciones que aspiran a ser electos. La desventaja con la que concurren los aspirantes del Poder Judicial es evidente.
En fin, es frente a estos despropósitos que la iniciativa ha despertado muchas inconformidades. Por lo pronto, hoy tenemos a uno de nuestros tres poderes en rebeldía. Eso está lejos de una convivencia civilizada, es imperativo que en las próximas horas se encuentren caminos para volver a la normalidad.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Reforma judicial: contrahecha y reprobada

&#8220;La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes&#8221;.
Martin Luther King Jr., activista por los derechos civiles
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Desde los foros oficiales, la interacción entre la ciudadanía y el gobierno se presenta como una relación tersa. Sin embargo, es probable que la falta de acceso a servicios esenciales, como la justicia y la información gubernamental, pueda llevar a una crisis y a una erosión de la confianza en las instituciones, lo que podría desencadenar una “turbulencia ciudadana”.
Esta situación podría agravarse en momentos en que los ciudadanos necesiten información específica del IMSS u otras dependencias gubernamentales para gestionar, por ejemplo, un convenio de pago pendiente o cumplir con obligaciones de pensión alimenticia. Y ni hablar de aquellos que enfrenten abusos de autoridad; estos se encontrarán probablemente indefensos y percibirán que el Estado ha dejado de ser un garante y protector de derechos.
Este escenario amerita una profunda reflexión, considerando no solo las alertas emitidas desde distintos sectores del ámbito nacional e internacional, sino también las implicaciones a largo plazo.
La idea de que &#8220;solo habrá de una sola sopa&#8221; subraya la preocupación por la concentración del poder, especialmente cuando el gobierno actúa como juez y parte, y cualquier decisión está sujeta a su voluntad.
Esta realidad, lamentablemente, se reflejará en la vida cotidiana, dejando a los ciudadanos cada vez más desprotegidos.
Históricamente, los regímenes que controlan tanto el poder ejecutivo como el judicial tienden a utilizar la justicia como una herramienta de control político y social, limitando la capacidad de los ciudadanos para cuestionar o resistir decisiones gubernamentales. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿presenciaremos un ejercicio del poder donde la autoridad imponga su voluntad sin restricciones?
Nos enfrentaremos a un escenario donde los proyectos del gobierno se impondrán, dificultando la expresión de opiniones o la sugerencia de alternativas. Ante esta realidad, sin duda, surgirá una creciente desilusión y desencanto ciudadano, amplificando una inconformidad que no hallará respuesta en la justicia ni respeto a los derechos.
No podemos permanecer como simples espectadores. La participación de las organizaciones sociales, civiles y los medios de comunicación será crucial para mantener el equilibrio y garantizar que las decisiones no sean arbitrarias.
En la actualidad, aún no se perciben con claridad los desafíos que enfrentarán los ciudadanos, ya que prevalece una aceptación basada en becas y subsidios. Esta estrategia gubernamental busca mantener la estabilidad social; sin embargo, a largo plazo, esta dependencia asistencialista es insostenible y dejará a la población vulnerable y sin las herramientas necesarias para enfrentar nuevas realidades económicas, a menos que se acompañe de políticas que promuevan el desarrollo económico y el verdadero bienestar ciudadano.
Además, nos enfrentamos a un entorno económico de gran incertidumbre, con señales de preocupación entre inversores nacionales, extranjeros y socios comerciales por las medidas que el gobierno está tomando en los ámbitos de la justicia y la seguridad.
La llegada de un nuevo gobierno no promete estabilidad; podríamos experimentar un declive en el crecimiento económico que afectaría negativamente el empleo, los ingresos y la calidad de vida de las familias, así como un deterioro continuo de nuestros derechos.
Ante este panorama, es fundamental que la ciudadanía mantenga el entusiasmo y adopte una postura propositiva para defender sus derechos.
Aunque vayamos contra corriente, es esencial que los ciudadanos sigan construyendo espacios de diálogo, fomenten debates constructivos y amplíen su capacidad de incidencia para expresar inquietudes y proponer soluciones.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Los vientos políticos que soplan en nuestro país

La reforma al Poder Judicial parece inminente. Sin embargo, este domingo 1 de septiembre escuchamos murmurar a esa fuerza estudiantil mexicana que, cuando se levanta, logra hacer temblar a nuestro país. Vale la pena detener un momento el ruido político y voltear a ver a uno de nuestros poderes fácticos más importantes: los estudiantes. De eso, van estas líneas.
La reforma judicial busca modificar estructuralmente la forma de designación de los jueces. Sin entrar a detalles, porque el objeto de esta reflexión es otra, la reforma busca cambiar el mecanismo a través del cual una persona puede ser juez. Desde hace ya varias décadas la carrera judicial es meritocrática: una persona sube los escalafones de cada puesto judicial, hace exámenes para acreditar conocimiento y después de varios años de profesionalización podrá ser nombrado juez. Una vez nombrado, se analiza el desempeño de su cargo pasados 6 años y se ratifica en el cargo para ser juez de manera permanente hasta alcanzar la edad de retiro.
Este mecanismo es el cimiento de la independencia judicial, es decir, cuidar que los jueces no respondan a intereses ajenos y minimizar los riesgos de presiones externas, incluso políticas, al momento de resolver casos.
Lo que se pretende con la reforma es eliminar este mecanismo de profesionalización y carrera judicial necesaria para ser juez, para que en su lugar los jueces sean elegidos a través de un sistema de listas de personas propuestas por el presidente, las Cámaras del Congreso y la Suprema Corte. Básicamente, que la presidenta electa y sus mayorías calificadas en el Congreso escojan a las personas que podrán ser votadas como jueces de todo el país.
La principal crítica reside en este punto: ¿por qué eliminar la profesionalización de jueces? ¿Por qué sería mejor que el presidente, las Cámaras del Congreso y la Corte propongan a las personas que podrán ser elegidas como jueces? ¿Realmente es una elección popular cuando la elección se reduce a las personas propuestas por el poder en turno?
La reforma es mucho más compleja, por supuesto. Tiene innumerables aristas y recovecos. Esto ha generado que la discusión se torne compleja, superficial y, siendo sinceros, dominada por el oficialismo.
El principal problema de la defensa del Poder Judicial es uno: de comunicación. No se le ha sabido explicar a la sociedad en los últimos meses lo que está pasando. México está pagando el precio de ser una sociedad desigual, una desigualdad que no sólo significa la vergüenza y el dolor de estar en los peores lugares de los países de la OCDE en diferencia de ingresos, sino que significa también un México fragmentado, que no dialoga entre sí, porque esta desigualdad ha sido utilizada políticamente a través de la polarización del país, lo que tristemente ha funcionado a la perfección.
Por un lado, tenemos un discurso oficialista para impulsar la reforma que habla de corrupción y privilegios de ciertas elites, problemas tan ciertos en nuestro país que resultan aplicables a prácticamente cualquier tema. Sin embargo, paradójicamente aquellos que convivimos en nuestro día a día con el Poder Judicial sabemos que si bien la institución es perfectible, sus problemas no se acabarán con esta propuesta de reforma, sino que más bien se agravarán y adicionarán nuevos problemas. Una cosa ciertamente cambiaría: habría control político sobre el Poder Judicial.
Por otro lado, aquellos que han abanderado la defensa del Poder Judicial está conformado por un universo pequeño y altamente técnico, y ha pretendido defenderse de esta forma, a través de tecnicismos que no significan nada para una sociedad con hambre y marcada por una profunda desigualdad. La “garantía de inamovilidad judicial” no significa nada para aquellas personas que sufren la insuficiencia de servicios sociales básicos, como acceso a la salud, o que no han tenido acceso a un abogado para usar ese sistema judicial que se pretende defender.
Pero algo pasó en medio de este embrollo y es que el oficialismo pareció subestimar a los estudiantes.
La marcha del 1 de septiembre nació de los estudiantes. Y esto cambia las reglas del juego. En nuestro país los estudiantes han demostrado ser los bateadores emergentes en momentos de profundas crisis sociales. Y que bueno, es su país, hasta más que nuestro. La fuerza de los movimientos estudiantiles es de lo más bonito cuando se piensa en la vida pública. La mayoría de las veces no son conscientes de su poder, cuya fuerza deviene de la claridad con la que ven el país que quieren; su intuición social es y tiene que ser la brújula del país.
Hubo una reacción interesante después de la marcha del 1 de septiembre: el oficialismo anunció que se votaría en dos días la reforma judicial en el Pleno de Cámara de Diputados. ¿Será que le dio miedo al oficialismo el involucramiento estudiantil? 
La marcha estudiantil fue un susurro de su verdadera fuerza. Quizás es demasiado tarde para el despliegue de un movimiento estudiantil en contra de la reforma judicial, quizás no. Pero es momento de recordar que los estudiantes son la amalgama y la brújula social de este país. Nos debería de dar hasta pena arrojarles esa responsabilidad, pero en el juego político de los adultos cuando se está a la deriva, en última instancia nos encomendamos a las manos de los estudiantes, a quienes sus núcleos familiares, sociales y profesionales seguiremos.
La consolidación del poder en la presidencia, las cámaras de diputados y senadores, las gubernaturas, los congresos locales, así como el alineamiento al oficialismo demostrado por parte del INE y del Tribunal Electoral, hacen pensar en un ejercicio del poder sin contrapesos y sin frenos. El último bastión de pie hoy es el Poder Judicial.
Es lo más natural que el ejercicio del poder busque su consolidación y fuerza, de ahí la importancia de la existencia de contrapesos y frenos. El ejercicio del poder sin contrapesos ni límites está destinado a ser autoritario. ¿Será que esto es lo que hizo a los estudiantes susurrar?
* Erika Mendoza Bergmans es abogada por la Escuela Libre de Derecho especializada en derecho constitucional y administrativo, así como en política pública.

Un movimiento estudiantil, la última esperanza de un Poder Judicial independiente

Una necesaria y urgente reforma al sistema de justicia en México implica discutir temas técnicos y complejos. Sin embargo, la complejidad de lo que se debe discutir no debería ser obstáculo para que se aborden aquellos aspectos de la reforma que son sencillitos. Bajo esta lógica el presente artículo propone una rápida reflexión de la reforma judicial, que va de lo fácil a lo difícil.
La primera y sencilla pregunta es si aquello que se propone es materialmente viable. Mas allá de si es o no deseable, la pregunta sería ¿Se puede? La respuesta es casi una caricatura<a href="#_edn1" name="_ednref1">1</a>. Imaginemos por ejemplo lo que pasaría en el estado de Guerrero donde se renovarían 174 puestos de la justicia local.
Bajo la fórmula propuesta en la iniciativa presidencial, esto significaría que la gente erigiría de entre 1,044  <a href="#_edn2" name="_ednref2">2</a> candidatos y candidatas. Además, más de 3 millones de personas pertenecientes a 81 municipios que están dentro del 21ª circuito judicial deberán elegir de entre otros 1,110 candidatos para llenar 37 puestos federales. Es decir, el día de la elección un ciudadano o ciudadana tendrá en su mano 2,154 nombres de entre los cuales elegir a juzgadores. El dictamen busca mejorar la iniciativa y propone que por lo menos a nivel federal esta votación se haga en dos tandas. Los estados podrán decidir cómo hacer lo propio. Aun ejecutado en mitades las personas deberían elegir de entre 1,077 candidatos y candidatas.
Sobra argumentar lo absurdo de la situación y más vale preguntarnos ¿qué sucedería en la práctica? Ante la imposibilidad material de conocer a la numerosa candidatura hay dos posibilidades. O la gente no vota y la elección se define con la participación de aquellos pocos que tienen interés en que gane una u otra persona, o bien la gente vota masivamente por quien le dijeron que eligiera. En la práctica y simplemente por razones logísticas, la reforma propuesta entrega la justicia federal a los partidos políticos y la justicia local a los grupos de poder del lugar. En muchos casos esto significa entregar la justicia local a la delincuencia organizada.
Retomando la lógica de lo fácil a lo difícil, la segunda pregunta fundamental a preguntarse ante la iniciativa es: ¿Cómo es que soluciona el problema de la justicia en México? Para saber si una acción soluciona un problema hay dos elementos indispensables. Primero se debe entender cuál es el problema e identificar qué no funciona. Luego se debe entender cómo la acción propuesta modifica aquello que no funciona.
Diagnósticos sobre por qué no funciona la justicia en México hay muchísimos. La iniciativa ignora los diagnósticos existentes y nombra como problema únicamente la corrupción judicial de manera genérica. Deja de lado no solo los profundos problemas con las fiscalías y la policía, sino que ignora el funcionamiento del poder judicial y los mecanismos que hacen posible la corrupción.
La iniciativa tampoco logra explicar cómo solucionará los problemas que identifica pues su argumento es débil. No se mejora a las instituciones de justicia, sino que se apuesta por colocar una institución endogámica en manos de personas buenas. La candidez de creer que la corrupción se soluciona otorgando poder discrecional a personas buenas, obliga la sospecha de que las intenciones no son tan buenas.
¿Se puede? Y, ¿cómo solucionar el problema? Son preguntas fáciles a las que les siguen una larga lista de preguntas difíciles. ¿Será la votación directa un medio adecuado para combatir la hegemonía interna del poder judicial o habrá medios de mayor rigor técnico para introducir mayor pluralidad en un sistema anquilosado? ¿Qué mecanismos empoderan a la ciudadanía frente al poder judicial sin mermar la autonomía del criterio de una jueza o juez? Etc.…
Con la reforma judicial propuesta y bajo la lógica que busca ir de lo fácil a lo difícil, no llegamos a estas discusiones complejas. La iniciativa no pasa de las primeras y más simples preguntas. Y sin embargo, a pesar de toda lógica, avanza. La iniciativa es errada por razones simples. Lamentablemente sus consecuencias económicas, políticas y sociales serán de vasta complejidad.
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*Margarita Griesbach es coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos de la Infancia Ibero-CDMX y consultora independiente.
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">1</a> José Ramón Cossío hace una clara exposición del absurdo logístico que implica la reforma en su participación en <a href="https://aristeguinoticias.com/1607/mexico/cada-persona-recibiria-573-boletas-en-elecciones-de-jueces-seria-un-rotundo-fracaso-jose-ramon-cossio-video/" target="_blank" rel="noopener">Aristegui Noticias del 16 de julio, 2024. </a>
<a href="#_ednref2" name="_edn2">2</a> Datos extraídos del INEGI: Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023.

Una reforma errada desde lo simple hasta lo complejo

Este último año se ha estado hablando mucho del nearshoring o relocalización de empresas como una solución casi mágica que atraerá inversión y capitales a México, y permitirá  enfrentar los retos presupuestales y fiscales que se le presentan al gobierno entrante, pero ¿en realidad están dadas las condiciones para que esto suceda?
El nearshoring consiste en la relocalización de cadenas productivas hacia un país que ofrezca mejores condiciones económicas: menores costos laborales, menos impuestos, más incentivos a la inversión y menores costos de transporte. En este sentido, México podría tener condiciones ideales para aprovechar la relocalización, al compartir más de 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos (EU), y además al tener un tratado de libre comercio con EU y Canadá.
El principal reto, sin embargo, consiste en ofrecer a las nuevas empresas certeza jurídica, infraestructura carretera eficiente, seguridad pública, acceso a servicios básicos como electricidad y agua, y acceso a mano de obra calificada. Sin ello, se podrían desincentivar nuevas inversiones o incluso causar la salida de las que ya están en México. Analicemos algunos de estos temas, así como el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED), que nos permitirá ver si estamos aprovechando o no el nearshoring.
La IED se compone de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. Para medir el efecto del nearshoring, nos interesa analizar las nuevas inversiones, que corresponden a las empresas que se instalan en México. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la cifra correspondiente al primer semestre de 2024 es de 909 millones de dólares (mdd), la más baja desde que se tiene registro (2006), solo con excepción de 2014, cuando fue negativa. Entre 2022 y 2023, las nuevas inversiones registraron una caída de 72.3 por ciento.
El año pasado, los países que registraron más nuevas inversiones en México fueron Estados Unidos (2,215 mdd), Gran Bretaña (464 mdd), Canadá (457 mdd), Japón (244 mdd) y Alemania (231 mdd). Mientras, la inversión proveniente de China ascendió a 192 mdd, muy similar a la proveniente de España (188 mdd), pero destaca que en el primer trimestre de 2024, China únicamente invirtió 1 millón de dólares en México.
En el mismo tenor, Francia pasó de invertir 102 mdd en 2023, a solo 1 mdd en 2024, y Japón pasó de invertir 244 mdd en 2023, a sólo 6 mdd en 2024. Finalmente, es relevante que Dinamarca, que históricamente ha invertido sumas importantes de dinero en México, retiró en 2023 una inversión por 1.9 mdd, primera vez que se da una cifra negativa para Dinamarca desde que se tiene registro, en 2006. Como se podrá observar, las cifras de IED están lejos de ser alentadoras.
Y es que como ya se mencionó, existen barreras importantes que México debe franquear para destrabar la inversión extranjera y realmente aprovechar el potencial que podría tener el fenómeno del nearshoring que, de acuerdo a cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (2022), podría ascender a 78,000 mdd en América Latina, de los cuales México sería el gran ganador al quedarse con 35,278 mdd.
Uno de los grandes retos es la generación de energía eléctrica. En 2024, la generación de energía ya se encuentra rebasada por el incremento en el consumo, lo que causa apagones en amplias zonas del país y genera pérdidas millonarias a las industrias.
Otro reto es el suministro de agua, que está causando polémica en estados como Hidalgo, pues algunas industrias, notablemente la cervecera, requieren de grandes cantidades de agua. También recordemos que en 2020 se canceló la construcción de una planta de Constellation Brands en Baja California, dejando una pérdida en inversiones por más de 1,000 mdd debido a que  la población argumentó que la planta pondría el riesgo el suministro de agua en Mexicali, Baja California. La cancelación de la planta se sometió a un referéndum, en el cual sólo participó el 5 % del padrón de votantes, quienes decidieron cancelarla.
Este acontecimiento nos lleva a otra gran barrera a la inversión: la certeza jurídica, que es de vital importancia si México realmente quiere aprovechar el nearshoring. De concretarse la reforma al Poder Judicial, así como la desaparición de los órganos reguladores, como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las empresas se quedarían sin ninguna garantía de que sus inversiones se van a respetar, o de que tendrán reglas claras para operar y competir. Además, México incurriría en una franca violación a las cláusulas del T-MEC, como lo han hecho notar varias instituciones de Estados Unidos y Canadá en días recientes. Los empresarios tampoco tendrían alguna garantía ante la desaparición del Poder Judicial pues, por ejemplo, el gobierno en turno les podría exigir créditos fiscales y estarían en total estado de indefensión.
Así que en estos días se definirá si realmente México apostará por el potencial económico que tiene el nearshoring, o si decide darle un portazo definitivo a las nuevas inversiones.
* Jacques Stroobants (<a href="https://x.com/JacquesStroob" target="_blank" rel="noopener">@JacquesStroob</a>) es coordinador de Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

Nearshoring en México: ¿existen las condiciones para aprovecharlo?

&#8220;La libertad no es algo que se nos da, es algo que debemos conquistar cada día&#8221;.
Albert Camus
 
Después de la jornada electoral y del resultado de las elecciones, donde MORENA y sus aliados (PT y PVEM) lograron una mayoría significativa, varios actores del quehacer nacional alertan que esta circunstancia marca un momento crucial para la democracia en México.
Estas advertencias no son infundadas. Con una votación de 7 contra 4, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió la distribución de los diputados plurinominales, y con una votación de cuatro a uno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-2024/congreso/tribunal-electoral-asignacion-plurinominales-congreso" target="_blank" rel="noopener">(TEPJF)</a> lo confirmó. En total, 364 legisladores pertenecen a los partidos de la autodenominada 4T en la Cámara de Diputados [MORENA, 236; PVEM, 77; PT, 51], mientras que la oposición cuenta con 136 legisladores [PAN, 72; PRI, 35; MC, 27; PRD, 1; y un legislador independiente]. Esto confirma la posibilidad de que la coalición oficialista pueda realizar reformas constitucionales a su discreción. En el Senado, la coalición oficialista tiene 83 escaños [MORENA, 60; PT, 9; PVEM, 14], más los dos senadores del PRD que se sumaron este miércoles, por lo que sólo necesita un senador más para alcanzar la mayoría calificada. La oposición tiene ahora 43 escaños [PAN, 22; PRI, 16; MC, 5].
Este nuevo equilibrio de poder presenta desafíos importantes y abre un debate profundo sobre la naturaleza de un gobierno fuerte y centralizado, con la capacidad de influir decisivamente en el Legislativo. Ya se vislumbra un debilitamiento de los contrapesos institucionales, elementos esenciales para prevenir abusos de poder y garantizar la pluralidad democrática.
Las propuestas de reformas al Poder Judicial y la posible eliminación de algunos organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y otros, anunciadas desde el 5 de febrero y reiteradas recientemente, indican la dirección que podría tomar tanto el gobierno actual como el próximo.
Lamentablemente, muchos actores políticos parecen no valorar la importancia de un sistema de gobierno democrático y equilibrado, con contrapesos efectivos y un entorno de pluralidad. Sin embargo, desde la ciudadanía existe un compromiso firme por preservar y fortalecer estos contrapesos. Es vital mantener un ambiente de pluralidad y diálogo para evitar que el poder se concentre de manera desproporcionada en un solo grupo político. Esto nos obliga a abrir espacios de diálogo y presentar propuestas que aborden los problemas del país desde lo micro hasta lo macro, con el fin de adoptar una postura proactiva que evite la erosión gradual de las libertades democráticas.
Históricamente, la ciudadanía ha demostrado su capacidad para abrir espacios de participación y diálogo, usando la imaginación y la vocación proactiva para conquistar espacios públicos y convertirse en un actor clave en la vida política del país. Esta actitud ha sido fundamental para que los ciudadanos se conviertan en actores de interés público. Es crucial que no adoptemos una postura meramente reactiva; en su lugar, debemos explorar oportunidades para influir en la agenda pública y avanzar en la consolidación de los derechos ya obtenidos.
Aunque algunos actores políticos promuevan una política del &#8220;no&#8221;, hemos aprendido que, en lugar de oponernos sistemáticamente a las iniciativas del gobierno, las organizaciones sociales y la sociedad civil deben construir una narrativa común y un enfoque constructivo que se traduzcan en acuerdos básicos que reflejen los intereses de la ciudadanía. Esta estrategia no solo fortalece a las organizaciones civiles, sino que también facilita un diálogo más productivo con el gobierno en turno.
A pesar de un gobierno fuerte y centralizado, no se puede ignorar el contexto internacional y la presencia de otros actores relevantes, tanto en el ámbito privado como en la sociedad civil. Estos contrapesos naturales pueden ejercer presión efectiva y limitar las acciones del gobierno, además de ofrecer oportunidades para la incidencia ciudadana organizada. La interacción con organismos internacionales y la construcción de alianzas estratégicas a nivel nacional son alternativas viables para contrarrestar el poder centralizado y fortalecer los contrapesos en el país.
En esta perspectiva, los ciudadanos no debemos quedarnos de brazos cruzados. El México actual exige renovar las formas de hacer política. La imaginación política, entendida como la capacidad de innovar y crear nuevas formas de interacción entre actores públicos, privados y la sociedad civil, es esencial para enfrentar los desafíos actuales y construir agendas comunes. No se trata solo de resistir, sino de generar nuevas oportunidades de participación y diálogo que permitan continuar fortaleciendo una democracia en la que la ciudadanía tiene la capacidad de influir y transformar la realidad política.
Es fundamental que estos esfuerzos se mantengan, fortaleciendo los espacios de diálogo. El momento actual exige un verdadero despertar ciudadano, en el que continuemos luchando por todo lo que podamos defender y mantengamos viva la labor inclusiva. Es fundamental que las y los ciudadanos se involucren activamente en la defensa de nuestros derechos, para asegurar que México siga siendo un país diverso y plural.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

El despertar ciudadano para el México de hoy

El 8 de octubre de 2021, en el canal de YouTube del Agrupamiento de Ingenieros &#8220;Felipe Ángeles&#8221;, se publicó un<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qnKdjgpHmHE" target="_blank" rel="noopener"> video </a>que fue grabado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uno de los megaproyectos de la actual administración, donde las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) aparecen con un chaleco guinda –color del partido oficialista– y explican “el orgullo de la capacidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para construir el nuevo aeropuerto” e invitan a conocerlo “para despejar mitos y leyendas negras”, dando a entender que es un video de publicidad, donde tenían que resaltar la obra y la institución –militarista– que la construyó.
<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/qnKdjgpHmHE?si=oBDnJmRyZYiME4mj" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Este video fue criticado por dos temas importantes. El primero, no se entiende por qué el órgano colegiado del INAI accedió a promocionar una obra –de una institución militar– sin poner ningún argumento sobre su relación con los derechos que promueve, garantiza y protege el INAI; y el segundo, porque da a conocer que se desdibujó la línea entre órgano autónomo y el Poder Ejecutivo en la arena pública.
Haciendo un recuento muy general, la primera vez que anuncia López Obrador la desaparición del INAI fue el 15 de febrero de 2022; su justificación fue que “todo aquello establecido en la Constitución de 1917 es neoliberal y por ello urgen reformas”.
Desde ese entonces, la clara intención del Poder Ejecutivo por desaparecer a este organismo ha sido constante. El pasado 5 de febrero, el Ejecutivo envió al Legislativo un paquete de reformas, entre ellas la reforma de simplificación orgánica, la cual busca eliminar al Instituto y pasar sus funciones principalmente a la Secretaría de Función Pública (SFP).
Lo anterior se agravó con las faltas de designaciones por la omisión del Senado. El pasado 12 de agosto se cumplieron <a href="https://twitter.com/yoMexiro/status/1823030379076280671/photo/1" target="_blank" rel="noopener">500 días</a> sin un Pleno completo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habilitó al órgano garante para que pueda sesionar con cuatro integrantes y ordenó al Senado para que designe a dos personas comisionadas del INAI, pero hasta la fecha no vemos la mínima intención de la Cámara Alta de cumplir con este mandato constitucional.
El pasado viernes 23 de agosto en la Cámara de Diputadas/os/es, sin ningún tipo de resistencia –salvo por diputadas y diputados que se pronunciaron en contra–, se aprobó el dictamen de la reforma, que desaparece a órganos autónomos, entre ellos el INAI. En septiembre de este año inicia el periodo ordinario de sesiones, con la nueva legislatura, y con ello llegarán los votos para aprobar esta reforma.
Ante todo este panorama, uno imaginaría que el Pleno del INAI cuenta con una estrategia que busque defender los derechos humanos que tutela y que el Ejecutivo busca suprimir, pero hemos observado con preocupación que el órgano colegiado se ha limitado solo a emitir comunicados, posicionamientos y ha otorgado entrevistas a medios de comunicación, pero hasta el momento no hemos observado una estrategia que privilegie el diálogo con la sociedad en general, acciones contundentes con las personas servidoras públicas que laboran dentro de la Institución, y mucho menos ha dado a conocer la materialización de acciones concretas para agotar todas las instancias y recursos necesarios para que no se consuma su desaparición, por ejemplo, activando mecanismos del Sistema de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano, además de solicitar acciones de las redes internacionales donde el INAI forma parte de ello, como la Alianza para el Gobierno Abierto, la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, Asamblea Global de la Privacidad (GPA), entre otras tantas, para que emitan sus posturas institucionales.
Todo lo anterior nos hace dudar si el comisionado presidente y las comisionadas del INAI han negociado sus nóminas para asegurar sus trabajos bajo la titularidad del Ejecutivo o realmente están defendiendo los intereses del bien común. Desde Mexiro A. C. esperamos equivocarnos con estas líneas.
Mientras tanto, aunque Morena cuenta con todos los votos para consumar el autoritarismo en México, por medio del hiperpresidencialismo, de nuestro lado como sociedad civil no dejaremos de agotar todas las instancias para que el gobierno garantice el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
* Fernanda Galicia (<a href="https://x.com/mafernn" target="_blank" rel="noopener">@mafernn</a>) es directore general en Mexiro A. C. (<a href="https://x.com/yoMexiro" target="_blank" rel="noopener">@yomexiro</a>), organización feminista anticorrupción, decolonial, comunitaria y anticorrupción.

La desaparición del INAI: ¿una entrega anunciada?

En América Latina, la protección del agua es <a href="https://www.undp.org/es/agua" target="_blank" rel="noopener">crucial</a> debido a su escasez, el componente cultural que entraña y su papel fundamental en el desarrollo de los territorios.
Los páramos —ubicados en países como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela— son ecosistemas de alta montaña <a href="https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-03/UNDP_Co_pub_gestion_paramos_region_central_2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">esenciales</a> para la regulación hídrica pues capturan agua de la lluvia y niebla, suministrándola a tierras bajas. Este proceso asegura la provisión de agua a varias comunidades y garantiza, por ejemplo, el <a href="https://www.wwf.org.co/?332290/Ley-de-paramos-comienza-la-implementacion#:~:text=Los%20p%C3%A1ramos%20son%20indispensables%20para,a%20trav%C3%A9s%20de%20las%20hidroel%C3%A9ctricas" target="_blank" rel="noopener">70 %</a> del agua en Colombia.
Estos ecosistemas —que cubren más de <a href="https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2003-081.pdf" target="_blank" rel="noopener">30.000 km2</a> del continente— son <a href="https://greenpeace.co/pdf/paramos/Informe%20P%C3%A1ramos%20en%20peligro.pdf">hogar</a> de más de 3.370 especies de plantas y 250 de animales. Pueden captar <a href="https://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/31389/237.pdf" target="_blank" rel="noopener">diez veces más</a> dióxido de carbono por metro cuadrado que un bosque tropical.
La minería a cielo abierto y la explotación subterránea de minerales son una gran amenaza para los páramos porque conlleva impactos negativos significativos como la contaminación del agua, la degradación del suelo, la alteración de los sistemas de drenaje (que puede <a href="https://greenpeace.co/pdf/paramos/Informe%20P%C3%A1ramos%20en%20peligro.pdf" target="_blank" rel="noopener">secar y reducir</a> los cuerpos de agua y sus flujos superficiales) y emisión de gases de efecto invernadero, entre otros. Estos impactos se <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-035-16.htm" target="_blank" rel="noopener">agravan</a> en los ecosistemas de alta montaña pues son frágiles y con capacidad limitada de regeneración.
A esto se suman los <a href="https://revistas.urosario.edu.co/xml/357/35763084009/html/index.html" target="_blank" rel="noopener">conflictos socioambientales</a> en muchas zonas andinas, donde la minería amenaza los medios de vida de comunidades que dependen de la integridad ambiental de estas áreas para su desarrollo individual y colectivo.
En Colombia, la protección de los páramos frente a proyectos mineros ha resultado en los últimos años en tres demandas millonarias contra el Estado interpuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por empresas canadienses interesadas en desarrollar minería a gran escala en el páramo de Santurbán.
Pese a los <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/las-razones-que-alejan-al-arbitraje-de-inversion-de-la-justicia-ambiental" target="_blank" rel="noopener">problemas estructurales</a> del sistema de arbitraje de inversiones —que incluyen desechar argumentos de protección ambiental en favor de los intereses de inversionistas—, una lectura con enfoque de derechos de los laudos arbitrales que resolvieron las tres demandas arroja luces sobre el camino que los Estados deben seguir para proteger los páramos y otros ecosistemas de alta montaña estratégicos para el agua en la región.
<h2>Tres demandas de arbitraje internacional relacionadas con minería en páramos</h2>
En los casos a los que hacemos referencia, las políticas ambientales de Colombia para salvaguardar los páramos resultaron en la cancelación de las concesiones mineras que las empresas canadienses Eco Oro Minerals, Red Eagle y Galway Gold Inc. (hoy Montauk Metals Inc.) tenían en el páramo de Santurbán. Esto llevó a las tres compañías a iniciar, por separado, procedimientos de arbitraje ante el CIADI alegando un menoscabo a sus inversiones, al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia-Canadá, e invocando diversas cláusulas como la presunta expropiación de sus derechos y una afectación al nivel mínimo de trato.
A continuación, resumimos los laudos arbitrales emitidos en los tres casos:
<ul>
<li>Eco Oro vs. Colombia. En su <a href="https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw16212.pdf" target="_blank" rel="noopener">decisión</a>, emitida el 9 de septiembre de 2021, el tribunal de arbitraje criticó a Colombia por su falta de claridad en la delimitación del páramo. Aunque reconoció que los páramos son ecosistemas sensibles y juegan un rol fundamental en la acción climática y la provisión de agua, ponderó los intereses de la empresa por encima de la protección ambiental. Declaró que, debido a mensajes inconsistentes acerca de la viabilidad del proyecto minero y durante la delimitación del páramo de Santurbán, el gobierno colombiano violó el TLC al no garantizar un nivel mínimo de trato al inversor.</li>
<li>Red Eagle vs. Colombia. El 18 de febrero de 2024, el CIADI notificó a Colombia su <a href="https://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C7148/DS19402_Sp.pdf" target="_blank" rel="noopener">decisión</a> en la demanda de Red Eagle, en la que desestimó las pretensiones de la minera, subrayando su obligación de actuar con debida diligencia al momento de realizar actividades en páramos. El tribunal consideró que las medidas adoptadas por el gobierno fueron razonables y proporcionadas, además de basadas en estudios científicos que demostraron que la protección del páramo de Santurbán es un objetivo legítimo que justifica la terminación de la concesión.</li>
<li>Galway Gold vs. Colombia. La <a href="https://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C7149/DS19725_Sp.pdf?_gl=1*1do3ccp*_gcl_au*MTIxNTk0OTU0Ni4xNzE5OTQ4MjE2" target="_blank" rel="noopener">decisión</a> del CIADI en este caso fue notificada al gobierno colombiano el 7 de junio de 2024. En ella se desestimaron las pretensiones de Galway Gold Inc. El tribunal identificó que Colombia actuó de manera inconsistente al determinar las zonas de páramos protegidas, no obstante, reconoció que los obstáculos para la conservación de estos ecosistemas son multifacéticos e implican la coordinación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que no es simple.</li>
</ul>
En las decisiones de los casos de Red Eagle y Galway Gold Inc., los tribunales resaltaron la debida diligencia requerida de los inversionistas al realizar actividades en páramos, consideraron razonables las medidas de protección ambiental del gobierno y reconocieron los conflictos que involucran la protección del ambiente en Colombia. Por consiguiente, concluyeron que los tribunales deben ser sensibles a los problemas que surgen durante la preservación de los páramos.
En el caso de Eco Oro, pese a las salvedades mencionadas, la mayoría del tribunal reconoció la fragilidad del ecosistema y los altos riesgos de impactos por la actividad minera, su rol en la lucha contra la crisis climática y la necesidad de protegerlos, ya que su restauración es incierta y puede llevar mucho tiempo.
Esto pone de relieve las dificultades prácticas en la protección de los páramos y los ecosistemas montanos. También alerta de la necesidad de marcos normativos y políticas ambientales coherentes y bien definidos que salvaguarden la integridad de estos ecosistemas.
Como señaló el tribunal en su decisión del caso de Red Eagle, las decisiones aparentemente contradictorias reflejan las complejidades del “mundo real” en la protección ambiental. Esto resalta la importancia de que Estados e inversionistas actúen con responsabilidad y transparencia para garantizar la conservación de los ecosistemas de alta montaña y los derechos de las comunidades locales.
<h2>El camino para proteger los ecosistemas montanos y el agua</h2>
Desde un enfoque de justicia ambiental y de derechos humanos, los tres laudos dejan elementos clave para construir una hoja de ruta hacia la protección de los páramos y otros ecosistemas de alta montaña, los servicios ecosistémicos que brindan y los derechos de las comunidades locales que viven en o dependen de ellos.
1. Cumplimiento de obligaciones internacionales para proteger ecosistemas estratégicos para el ciclo del agua
Las decisiones ratifican las obligaciones internacionales de los Estados para proteger fuentes hídricas importantes como páramos, bosques, humedales, glaciares andinos y otros ecosistemas de alta montaña. Resaltan el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) y el Acuerdo de París, tratados que reconocen la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad, la regulación hídrica y la mitigación de la crisis climática.
Estos compromisos se complementan con otros instrumentos internacionales que reafirman la relevancia de la protección del derecho al agua y la necesidad de una gestión sostenible de los recursos hídricos. Entre ellos están las declaraciones sobre el Medio Humano y sobre el Agua y Desarrollo Sostenible; la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda Regional de Acción por el Agua 2023.
2. Deber de las empresas de respetar las decisiones estatales referentes a la protección de los páramos y otros ecosistemas de alta montaña
Los tres fallos, leídos en conjunto, indican por qué las empresas deberían desistir de iniciar procedimientos ante instancias internacionales cuando los Estados actúan en cumplimiento de su obligación de proteger el ambiente. También resaltan la importancia de la debida diligencia en el actuar de las empresas, que incluye la obligación de identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos ambientales y sociales de sus actividades, así como de abstenerse de actuar si estos impactos son desproporcionados o inciertos.
El caso más reciente de una empresa que insiste en desconocer el derecho legítimo de los Estados a proteger el ambiente es el de <a href="https://www.first-quantum.com/English/announcements/announcements-details/2023/First-Quantum-Comments-on-Developments-in-Panama/default.aspx" target="_blank" rel="noopener">First Quantum Minerals</a>. La empresa canadiense anunció una demanda de arbitraje contra Panamá luego de que su contrato de concesión minera en la región montañosa de la provincia de Colón fuera declarado inconstitucional por la <a href="https://elpais.com/america/2023-11-28/la-corte-suprema-declara-inconstitucional-el-contrato-minero-que-provoco-masivas-protestas-en-panama.html" target="_blank" rel="noopener">Corte Suprema</a> de ese país.
3. Necesidad de cooperación regional para la protección de los ecosistemas de alta montaña
La protección de los páramos y otros ecosistemas de montaña no puede ser efectiva si se limita a un país. En América Latina, la minería a gran escala en los Andes sigue avanzando sin una adecuada evaluación de su impacto en el ambiente y en los derechos de las comunidades. Así ocurre con los páramos de <a href="https://es.mongabay.com/2023/11/ecuador-lucha-judicial-proteger-de-mineria-paramo-quimsacocha/" target="_blank" rel="noopener">Quimsacocha</a> y <a href="https://es.mongabay.com/2022/08/mineria-amenaza-el-paramo-de-fierro-urku-en-ecuador/" target="_blank" rel="noopener">Fierro Urku</a> en Ecuador, así como con <a href="https://muqui.org/ante-la-amenaza-de-minera-rio-blanco-las-comunidades-y-los-pueblos-de-piura-se-unen-por-la-defensa-de-sus-paramos-y-bosques-de-neblina/#:~:text=R%C3%ADo%20Blanco%20es%20un%20megaproyecto,0%2C63%25%7B1%7D." target="_blank" rel="noopener">páramos y bosques de niebla en Perú</a>, amenazados con proyectos de minería metálica.
Dado que el arbitraje internacional no está diseñado para proteger el ambiente ni los derechos de las comunidades, la cooperación sur-sur puede ofrecer una alternativa viable. No es suficiente con que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales y que las empresas respeten las decisiones estatales para proteger ecosistemas estratégicos. Es crucial que los países de la región trabajen juntos para coordinar esfuerzos y establecer medidas de protección regionales.
Un diálogo entre Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador podría facilitar la implementación de políticas sostenibles y eficientes. Esto garantizaría el respeto de los derechos de las comunidades, el equilibrio ecológico de los  ecosistemas de alta montaña, y la provisión de agua a largo plazo. Además, permitiría desarrollar alternativas sostenibles para enfrentar un sistema que ha ignorado continuamente la voz de las comunidades y la protección del ambiente.
4. Importancia de mayor investigación científica sobre los ecosistemas de alta montaña los páramos y de reconocer su valor ecológico
Es esencial que los Estados inviertan en investigación científica para comprender mejor la importancia ecológica de los  ecosistemas de alta montaña. La definición clara de sus servicios ecosistémicos permitirá establecer políticas de protección efectivas y focalizadas.
En los tres laudos se destaca el acervo probatorio científico, pues los datos demuestran que la protección de los páramos es crucial para la sostenibilidad ambiental y la seguridad hídrica en América Latina. Solo comprendiendo los componentes y las interrelaciones de estos ecosistemas se puede evidenciar eficazmente los desafíos para su protección. Esta información es fundamental para incidir, ante instancias regionales e internacionales, y que los Estados cumplan con sus obligaciones de conservación y las empresas interioricen que los páramos y otros ecosistemas abastecedores de agua son “zonas prohibidas” para la minería.
A través de la cooperación regional, el fortalecimiento de los marcos legales internacionales y la inversión en investigación científica, los países latinoamericanos pueden asegurar un futuro sostenible para sus páramos, otros ecosistemas de alta montaña y para las comunidades locales.
* Sebastián Abad Jara es ecuatoriano y abogado del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Elementos clave para la protección de los páramos y el agua en América Latina

El pasado viernes el Consejo General del INE resolvió la asignación de los diputados de representación proporcional. La mayoría de los consejeros avaló un acuerdo que refrenda la sobrerrepresentación en la integración de la cámara de diputados. Nadie duda de los efectos del acuerdo, pero la mayoría señaló que no había otras opciones para interpretar la Constitución. Un grupo de cuatro consejeros intentó demostrar que sí había un camino alternativo, y que el artículo 54 constitucional, más allá de que haya sido reiteradamente interpretado de una manera, admitía otras formas de abordarlo.
Concuerdo y me solidarizo con ellos por las presiones que han recibido y eventualmente seguirán recibiendo. Sin duda estamos ante un dilema interesante: nadie dice que aplicar literalmente la norma genere justicia, todos (casi) lamentan la distorsión al voto que se genera, pero la mayoría sostiene que no hay alternativas para solucionar la disyuntiva.
En los fundamentos del arbitraje electoral, el haber buscado resquicios a la ley (no violaciones) es lo que ha hecho avanzar y reencauzar las contiendas electorales. Sin audacia de la autoridad administrativa, no hubiéramos podido conocer las entrañas del Pemexgate o los Amigos de Fox; sin la imaginación del Tribunal Electoral en el 2006 no se hubiera generado el procedimiento sancionador abreviado (lo que hoy es el procedimiento especial sancionador).
En aquel año, sin la búsqueda de resquicios, tampoco se hubiera arribado a la tregua navideña (precedente de la regulación de las intercampañas) o al acuerdo de neutralidad de servidores públicos (el antecedente de la reforma al 134 constitucional). El adecuado arbitraje electoral descansa en reconocer las situaciones inéditas, los riesgos a la integridad, y revisar si se cuenta o no con los elementos suficientes para corregir.
El efecto reconocido por todos de que la norma genera una distorsión no deseada, cuenta aún con la aduana del Tribunal. Espero que la propia deliberación del Consejo General del INE, más la multitud de recursos que se han interpuesto, hagan que la reflexión de los magistrados electorales sea pausada y se nutra de un debate que ha sido rico en interpretaciones.
Del otro lado, el de las consecuencias, cada día tenemos más claro lo que quiere decir un país con sobrerrepresentación. Una reforma al Poder Judicial que lo aniquila sin importar los riesgos, las amenazas no veladas de juicio político a quienes difieren del oficialismo, y la extinción de todos y cada uno de los contrapesos que hemos construido. Estoy convencido de que hay alternativas, no fatalidad. Ojalá el miércoles, cuando resuelva la sala superior del Tribunal, prime la sensatez.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Sobrerrepresentación: alternativas, no fatalidad

El pasado jueves 22 de agosto, la consejera del INE Claudia Zavala presentó una propuesta inesperada para evitar la sobrerrepresentación extrema a la que aspira (y está a punto de obtener) la coalición de Morena, PT y PVEM. Dadas las complejidades del sistema electoral mexicano, la propuesta presentada y sus implicaciones pueden ser difíciles de entender. De hecho, el representante del PT expresó que &#8220;no entendió muy bien lo que planteó&#8221; la consejera Zavala durante la discusión en el Consejo General. En este texto, me propongo explicar qué se propuso y por qué valdría la pena estudiar la idea con mayor profundidad, ya sea por parte del Tribunal Electoral o bien por las personas que participarán en la muy necesaria reforma electoral que deberá presentarse en el transcurso de los próximos tres años.
El sistema electoral mexicano es un sistema mixto, es decir, cuenta con un componente de mayoría y otro de representación proporcional. En particular, la Cámara de Diputadas y Diputados cuenta con 300 curules de mayoría y 200 de representación proporcional. En este sentido, nuestro sistema es mixto con preponderancia mayoritaria, como bien se mencionó en múltiples ocasiones durante la discusión en el Consejo General del INE del viernes. Pero la preponderancia mayoritaria no lo vuelve un sistema mayoritario. Me explico. Los sistemas mixtos buscan &#8220;lo mejor de los dos mundos&#8221;. La regla mayoritaria tiene la ventaja de que el electorado vota por una persona y sus propuestas. Esta persona puede cambiarse de partido y no pierde su curul, pues la lógica mayoritaria es que la persona que obtiene la mayor cantidad de votos en su distrito, gana. Aun si se trata de una contienda muy cerrada, quien gana se lo lleva todo. La ventaja es que, en principio, esta persona debe rendir cuentas a su electorado, independientemente del partido (o los partidos) al que representa. La desventaja, sin embargo, es que la voluntad popular puede distorsionarse enormemente. Imaginemos un escenario donde una candidatura gana por 50 % más un voto y otra candidatura pierde tras haber obtenido 50 % menos un voto. Para fines prácticos, bajo este escenario, la mitad del electorado se queda sin representación en el Congreso. Los sistemas mixtos buscan atender este tipo de distorsiones al incorporar un componente de representación proporcional que busca acercarse a una mayor proporcionalidad (de ahí su nombre). Es decir, que la conformación de la Cámara se acerque más a la voluntad popular expresada en las urnas.
Ciertamente, nuestra Constitución no describe un sistema de proporcionalidad pura, donde la votación popular se traduciría de manera exacta en la conformación del Congreso. Esto quiere decir que el sistema prevé cierto grado de sobrerrepresentación. Sin embargo, decir que la sobrerrepresentación extrema que observamos en la asignación aprobada por el INE es esperable debido a que contamos con un sistema mayoritario es ignorar el componente de representación proporcional de nuestro sistema electoral, el cual busca atenuar estas distorsiones. Me concentraré, entonces, en este componente (RP), pues es aquí donde se encuentra el debate del dichoso ocho por ciento.
El artículo 54 constitucional en su fracción quinta establece:
&#8220;En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento&#8220;.
En español, esto quiere decir que existe un límite a la sobrerrepresentación de 8 % adicional a la votación obtenida por cada partido. Pero, ¿qué representa este 8 % y cómo se calcula? Históricamente, esta fracción se ha interpretado como el 8 % de la votación nacional emitida. En esta elección en particular, el 8 % de la votación nacional emitida equivale a 4.4 millones de votos. Esto quiere decir que todos los partidos, independientemente de su votación obtenida, pueden obtener curules adicionales que equivalen a 4.4 millones de votos. El PT, por ejemplo, obtuvo una votación menor a esta cifra, pues su votación nacional emitida fue de 3.2 millones. En el límite, el PT podría obtener las curules equivalentes a 7.6 millones de votos, a pesar de haber obtenido únicamente 3.2 millones. Pero si nos encontramos en el componente de representación proporcional, ¿no tendría más sentido calcular ese 8 % sobre la votación obtenida por cada partido? Eso volvería el límite a la sobrerrepresentación un límite proporcional (en función de la votación obtenida por cada partido) y no fijo (en función de la votación nacional emitida total). Eso fue lo que propuso Claudia Zavala. Para ilustrar cómo se verían estos límites, presento la siguiente tabla:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1439443" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/sobrerrepresentacion-propuesta-consejera-zavala.jpg" alt="Gráfica con la propuesta de la consejera Claudia Zavala para que Morena no tuviera sobrerrepresentación en el Congreso." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/sobrerrepresentacion-propuesta-consejera-zavala.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/sobrerrepresentacion-propuesta-consejera-zavala-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/sobrerrepresentacion-propuesta-consejera-zavala-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/sobrerrepresentacion-propuesta-consejera-zavala-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Notará quien me lee que al sumar los límites máximos se excede el 100 %. Esto, a la hora de asignar curules, implica que cuando algunos se sobrerrepresentan, otros se subrrepresentan. La clave está en la magnitud de esta sobre/subrrepresentación. Bajo el cálculo propuesto por la consejera Zavala, el margen máximo de distorsión total sería únicamente 8 % en cualquier elección, pero bajo el cálculo utilizado históricamente, el margen máximo de distorsión es variable y puede ser sumamente elevado (en este caso es de casi 50 %). Presento a continuación los porcentajes de sobre/subrrepresentación bajo ambos cálculos.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1439444" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/sobrerrepresentacion-propuesta-consejera-zavala-2.jpg" alt="Gráfica con la propuesta de la consejera Claudia Zavala para que Morena no tuviera sobrerrepresentación en el Congreso." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/sobrerrepresentacion-propuesta-consejera-zavala-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/sobrerrepresentacion-propuesta-consejera-zavala-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/sobrerrepresentacion-propuesta-consejera-zavala-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/sobrerrepresentacion-propuesta-consejera-zavala-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Así, el PT, con 5.8 % de la votación obtuvo 10.2 % de curules. En otras palabras, no obtuvo un 8 % adicional a su votación obtenida, pero casi duplicó su representación (tuvo un 76 % adicional) en la Cámara Baja. En contraste, MC, con 11.6 % de la votación obtuvo sólo 5.4 %; es decir, menos de la mitad de lo obtenido en las urnas. En contraste, si se hubiera seguido el criterio propuesto por Claudia Zavala, MC hubiera obtenido 8 % de las curules, al igual que el PT. En este escenario MC y el PT seguirían observando una sub y sobrerrepresentación, respectivamente, pero su magnitud sería considerablemente menor.
Es claro que la distribución propuesta por Claudia Zavala distorsiona menos la votación del electorado que la distribución aprobada por el INE. ¿Entonces por qué su propuesta sólo obtuvo 4 de los 11 votos posibles? Presento, a continuación, las posturas frente a esta propuesta durante la discusión del Consejo General.
<ol>
<li>No entendieron la propuesta o la ignoraron.</li>
<li>Aceptaron la propuesta por considerarla más adecuada.</li>
<li>Puntos porcentuales no son porcentajes.</li>
<li>Históricamente no se ha interpretado de esa manera.</li>
</ol>
Me concentraré en las posturas 3 y 4.
La Constitución dice &#8220;puntos&#8221;, lo cual da a entender que la fracción se refiere a puntos porcentuales. Los puntos porcentuales se refieren a la distancia entre dos porcentajes con la misma base; es decir, con el mismo denominador. En este caso, el denominador sería la votación nacional emitida. En contraste, un porcentaje se refiere a una fracción de una cifra. En este caso, la cifra sería el porcentaje de la votación nacional emitida obtenida por cada partido. Así, 10 % más 8 puntos porcentuales sería 18 % y 10 % más 8 % adicional sería 10.08 %. Pero la distinción entre punto porcentual y porcentaje es una confusión común. Por ejemplo, en los descuentos ofrecidos por las tiendas departamentales: cuando anuncian 30 % de descuento más 20 % adicional, no están ofreciendo 50 % de descuento (aunque eso aparentan), sino 36 % de descuento (30 % + (20 % x 30 %)). Esta misma confusión parece estar presente en el texto constitucional, el cual mezcla los términos de &#8220;puntos&#8221; (sin aclarar que son porcentuales) con &#8220;por ciento&#8221;.
Más allá de la falta de claridad en la redacción, es cierto que históricamente esta fracción se ha interpretado como puntos porcentuales y este cálculo nunca antes había sido cuestionado. ¿Tendría más sentido calcular límites proporcionales a la sobrerrepresentación en lugar de dar un margen de varios millones de votos a todos los partidos por igual? Dado que estamos hablando del componente de representación proporcional, la respuesta lógica sería que sí. Sea cual sea la decisión del Tribunal Electoral, le tocará al poder legislativo tomar nota de esta inconsistencia que convierte el componente de representación proporcional de nuestro sistema electoral en una fuente de distorsión adicional en lugar de aumentar la proporcionalidad.
<h2>Algunas notas adicionales</h2>
Sí hay sobrerrepresentación 
Diversas voces insisten en que &#8220;no hay sobrerrepresentación&#8221;. Esto es falso. Sí hay sobrerrepresentación. Hay partidos que obtendrán un mayor porcentaje de curules que su porcentaje de votos. El debate no es si la sobrerrepresentación está presente o no (sí lo está y nuestro sistema lo permite y lo contempla), sino si ésta resulta inconstitucional o no. Queda en manos del Tribunal Electoral determinarlo.
El INE tuvo omisiones graves durante el proceso electoral
En varias intervenciones de las y los consejeros del INE se lavaron las manos al decir que, aunque no les parece un sistema deseable, le corresponde al legislativo corregir los problemas identificados. Aquí quisiera aclarar que, si bien es evidente la necesidad de una reforma electoral, también es innegable que el Consejo General nos quedó a deber. De acuerdo con el artículo 44 de la LEGIPE, le corresponde al Consejo General del INE revisar y corregir los convenios de coalición, pero no cumplieron con su deber. En particular, aprobaron un muy cuestionable convenio de coalición que no cumple con los requisitos establecidos en la ley electoral. Por poner sólo un ejemplo: según el artículo 91 de la Ley General de Partidos, los convenios de coalición deben incluir en todos los casos &#8220;el partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos&#8221;. Pero el convenio de coalición de Morena-PT-PVEM no incluye esta información. Es más, el Consejo General aprobó el convenio presentado en noviembre del año pasado y las dos modificaciones solicitadas en enero y febrero de este año. En particular, en la segunda modificación hubo una reasignación de origen partidista y grupo parlamentario en 111 distritos. El listado sólo incluye el número de distrito y el partido. Los nombres de las personas candidatas no aparecen en el convenio de coalición. El Consejo General del INE dejó pasar todas estas irregularidades, afectando directamente a la ciudadanía y permitiendo que la coalición ganadora obtuviera una supra mayoría mediante <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/engano-esta-en-otro-lado" target="_blank" rel="noopener">un engaño a su propio electorado</a>.
No es inaudito (o necesariamente indeseable) que se aplique una interpretación distinta a la histórica
En 1994, la Suprema Corte resolvió un caso relacionado con la violación entre cónyuges. Se discutió si se configuraba el delito de violación cuando una persona violaba a su cónyuge. En ese entonces, a pesar de que ya existía el derecho a decidir en la Constitución, la Corte lo interpretó de tal forma que no protegía a las personas al interior del matrimonio. De acuerdo con su resolución, cuando las personas se casaban, adquirían el derecho y la obligación de reproducirse sexualmente. En este sentido, las personas casadas no le podían decir que no al ejercicio de la sexualidad si esta podía tener como resultado la reproducción. En 2005 se volvió a plantear la misma pregunta. Esta vez, a pesar de que nada había cambiado en el régimen constitucional y convencional, la Corte cambió su interpretación histórica al afirmar que el derecho a decidir no se perdía con el matrimonio. Afirmó con todas sus letras que nadie tiene derecho al cuerpo de otra persona, aun cuando sean cónyuges. Difícilmente alguien argumentaría que, aunque no es deseable que esté permitida la violación entre cónyuges, la interpretación histórica debería haberse mantenido.
Otro ejemplo: la afiliación efectiva. En 2021, el INE introdujo el criterio de revisión de la afiliación efectiva de las candidaturas presentadas en coalición, lo cual fue avalado por el Tribunal Electoral. Esto quiere decir que, al calcular las diputaciones de representación proporcional se verifica si la persona ganadora en cada distrito pertenece, efectivamente, al partido registrado en el convenio de coalición. En caso de que la persona se encuentre afiliada a un partido distinto, se modifica el cálculo para efectos del reparto de curules de representación proporcional y los límites a la sobrerrepresentación. La afiliación efectiva no está ni en la Constitución ni en las leyes electorales, pero es un criterio que se empezó a utilizar desde la elección pasada. La razón: reducir la desproporción entre el porcentaje de las curules asignadas y el de los votos obtenidos.
* Nuria Valenzuela Márquez (<a href="https://x.com/nuriav" target="_blank" rel="noopener">@nuriav</a>) estudió Economía y Ciencia Política. Es analista, consultora y cofundadora de Crucigrama.

El dichoso ocho por ciento

Cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) emitió el informe de su visita a México en 2021, señaló que “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas (…)” y categorizó a las desapariciones como el crimen perfecto.
Recientemente ello acaba de comprobarse con la absolución de las cuatro personas imputadas por la desaparición de Guadalupe Barajas Piña, mejor conocida como la maestra Lupita, desaparecida el 29 de febrero de 2021 en Salvatierra, Guanajuato. El Tribunal de Juicio Oral de Acámbaro dictó una sentencia parcial y favorable a los presuntos perpetradores de estos crímenes, después de un mes de audiencias.
Cabe señalar que las organizaciones acompañantes advirtieron la importancia del caso, el único judicializado de los relacionados con la megafosa encontrada en Salvatierra, Guanajuato en 2020; sitio de exterminio en el que la Fiscalía sólo ha identificado 65 de 80 cuerpos localizados. “Este fallo es un terrible mensaje de impunidad que pone en riesgo a la familia de Guadalupe, a los familiares de las 65 personas identificadas y a todos los colectivos que buscan a sus seres queridos en Guanajuato”, señalaron en un comunicado, en la misma línea del informe del CED.
La impunidad autoriza que se sigan cometiendo estos crímenes, dijo el profe Javi, papá de la maestra Lupita y defensor de derechos humanos premiado por Front Line Defenders, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero pasado, durante la audiencia sobre protección a las buscadoras, en la que, además, señaló: 
“Nosotros somos testigos de la impunidad, la conocemos en carne propia. El Poder Judicial de Guanajuato ha absuelto en dos ocasiones a los responsables del homicidio de nuestro hijo Javier, a pesar de contar con el señalamiento de testigos presenciales, la geolocalización de un teléfono de los imputados y que se les encontró el arma con la que asesinaron a mi hijo, y que esa arma se ha utilizado en otros 15 asesinatos más. Las fiscalías no investigan, pero incluso cuando lo hacen, tampoco podemos llegar a la justicia”.
Este cúmulo de pruebas fue ignorado por el Poder Judicial de Guanajuato, del que se presume no sólo “la autorización” que dice el profe Javi, sino un pacto de impunidad activa con el crimen organizado, con el grupo delincuencial que cometió tan atroz serie de desapariciones y asesinatos en Salvatierra. En febrero había absuelto a estos criminales en dos ocasiones, el pasado 21 de agosto, se consumó una tercera determinación para dejarles libres. Los profes han dicho que impugnarán y que mantendrán la esperanza de que ahora no llegue la impunidad, en este y en otros casos.
Esa esperanza no es ingenua, mucho menos pasiva. Es la muestra de que la indignación y la rabia se han transformado en una exigencia terca de justicia, incluso frente a instituciones cooptadas por el crimen. Ese crimen autorizado del que habla el profe Javi. Abrazo a Los profes.
*Raymundo Sandoval (<a href="https://x.com/ray_sandoval">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

La impunidad frente a las desapariciones

La <a href="https://www.nbcnews.com/politics/2024-election/president-joe-biden-drops-2024-presidential-race-rcna159867" target="_blank" rel="noopener">salida</a> de Joe Biden de la contienda presidencial abrió un profundo vacío en el proceso de sucesión del Partido Demócrata. Dicho proceso pudo haber reventado violentamente, atomizando a las diferentes tribus ideológicas y suscitando una profunda hemorragia política. Quizá la única esperanza del Partido Demócrata para prevenir dicho desangramiento era un escenario ilusorio, ficticio, al estilo de los bosquejados por Aaron Sorkin en la serie de televisión The West Wing, donde los clanes políticos <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SXoLaMhx-zI&amp;t=2s" target="_blank" rel="noopener">abandonan</a> sus divergencias a la luz de la inspiración celestial de un orador político talentoso. En cambio, la sucesión política tuvo lugar sin golpes: la vicepresidenta Kamala Harris irrumpió como la única contendiente, su campaña presidencial despegó y los demócratas <a href="https://www.economist.com/united-states/2024/07/31/the-kamala-harris-effect-on-the-polls-has-been-dramatic" target="_blank" rel="noopener">escalaron</a> en las encuestas presidenciales.
El foco de atención de los medios se desplazó para alumbrar los nuevos destellos políticos: la <a href="https://apnews.com/article/kamala-harris-picks-tim-walz-running-mate-a64a91ae84953e880c8d086316d07c54" target="_blank" rel="noopener">selección</a> del enérgico y acaramelado gobernador de Minnesota, Tim Walz, como candidato vicepresidencial; el <a href="https://www.washingtonpost.com/elections/2024/08/07/2024-election-campaign-updates-harris-trump/" target="_blank" rel="noopener">apoyo</a> categórico a Harris en los estados del Medio Oeste de país, y una entusiasta demostración de <a href="https://demconvention.com/" target="_blank" rel="noopener">fuerza</a> en la Convención Nacional Demócrata, que concluyó esta semana. Todo ello injertó una inyección de oxígeno al Partido que, además de evitar su inmolación, puede salvar a Estados Unidos del <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/elecciones-estados-unidos-donald-trump-joe-biden" target="_blank" rel="noopener">regreso</a> de la amenaza hobbesiana simbolizada en una segunda administración de Donald Trump.
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa <a href="https://www.eluniverso.com/2009/05/24/1/1361/353B698CAF814C77895951D4D8412880.html/" target="_blank" rel="noopener">describió</a> la elección entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori –las opciones presidenciales de Perú en 2011– como &#8220;una elección entre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y el cáncer terminal&#8221;. Fue una reflexión ácida sobre la falta de opciones políticas que aún resuena a lo largo y ancho de América Latina. Pero resulta engañoso trazar la misma correspondencia en el contexto político actual de Estados Unidos. Es deshonesto plantear que existe una equivalencia política cuando una de las opciones presidenciales es un <a href="https://edition.cnn.com/2024/05/30/politics/what-happens-now-trump-felony/index.html" target="_blank" rel="noopener">delincuente</a> imputado, <a href="https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/24/trumps-false-or-misleading-claims-total-30573-over-four-years/" target="_blank" rel="noopener">mitómano</a>, que i<a href="https://www.washingtonpost.com/january-6-capitol-riot/" target="_blank" rel="noopener">ncentivó</a> un golpe de estado, y a quien varios de sus exempleados en el gobierno han <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/elecciones-estados-unidos-donald-trump-joe-biden" target="_blank" rel="noopener">tildado</a> de una amenaza para la democracia.
El equilibrio ideológico entre la izquierda y la derecha en Estados Unidos fue <a href="https://money.cnn.com/2015/10/08/investing/donald-trump-make-america-great-again-trademark/" target="_blank" rel="noopener">lacerado</a> en 2015 por el torrente rojo de las corrientes de Make America Great Again (MAGA). En los casi diez años desde que Trump desató dichas corrientes, éstas han absorbido casi por completo al Partido Republicano, borrando prácticamente todo rastro del movimiento constitucional conservador que alguna vez lo caracterizó. El otrora partido del <a href="https://www.reaganfoundation.org/ronald-reagan/the-presidency/economic-policy/?srsltid=AfmBOoosMiO-2O2bY6Q1ora37JuQlCtAXd07Lxp4n6KeqX501ojF2rHa" target="_blank" rel="noopener">libre mercado</a> ahora <a href="https://www.theatlantic.com/politics/archive/2024/08/trumps-consumer-tariff-plan/679468/" target="_blank" rel="noopener">respalda</a> el proteccionismo, el uso de aranceles y las guerras comerciales. El partido que <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3e9NPJYKLp4" target="_blank" rel="noopener">defendía</a> verazmente los valores de libertad individual a nivel global –incluso aunque esta libertad se <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/biden-busca-apropiarse-del-concepto-libertad" target="_blank" rel="noopener">desarrollara</a> de manera atropellada y contradictoria dentro de Estados Unidos– ahora se <a href="https://edition.cnn.com/videos/politics/2023/11/12/donald-trump-comments-xi-jinping-kim-jong-un-new-hampshire-rally-se-cupp-acostanr-vpx.cnn" target="_blank" rel="noopener">engatusa</a> con líderes de regímenes totalitarios.
Algunas y algunos militantes republicanos de antaño, fieles a los principios constitucionales del viejo partido, como el senador <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Iz2P0ncjND8" target="_blank" rel="noopener">Mitt Romney</a>, la senadora <a href="https://www.youtube.com/shorts/H45KUOXxNb4" target="_blank" rel="noopener">Liz Cheney</a> y el exgobernador de Ohio, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Pv_i-dIb0rs" target="_blank" rel="noopener">John Kasich</a>, han intentado batallar, cual guerreros solitarios, contra la corriente. Derrotados, se han quedado al borde de la orfandad política. Pero salvo escasas excepciones, la mayoría de las y los miembros del partido, incluido el candidato a vicepresidente J. D. Vance, han navegado las cambiantes mareas políticas como camaleones, <a href="https://www.npr.org/2024/07/16/1198912911/the-political-evolution-of-j-d-vance" target="_blank" rel="noopener">abandonando</a> los cimientos de sus creencias a fin de impulsar sus propias carreras políticas.
Sin duda, el movimiento MAGA ha destruido los fundamentos constitucionales del partido conservador, que ejercía un saludable equilibrio ideológico frente al Partido Demócrata. Pero los peores elementos de la vieja agenda republicana han sobrevivido: la<a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/echeleganismo-estados-unidos-partido-republicano-movilidad-social" target="_blank" rel="noopener"> trivialización</a> del racismo y el sexismo estructurales, tal como se han enraizado, a lo largo de generaciones, en el tejido social de Estados Unidos, la <a href="https://www.nytimes.com/2024/07/15/climate/republicans-climate-change-fossil-fuels.html" target="_blank" rel="noopener">indiferencia</a> hacia la ciencia del cambio climático, el <a href="https://www.reuters.com/world/us/us-senate-republicans-block-assault-style-weapons-ban-mass-shootings-rise-2023-12-06/" target="_blank" rel="noopener">rechazo</a> de toda legislación prudente sobre el uso de armas y la <a href="https://www.nbcnews.com/politics/congress/senate-republicans-block-democratic-bill-codifying-roe-v-wade-abortion-rcna161016" target="_blank" rel="noopener">oposición</a> a la libertad reproductiva de las mujeres.
Biden tiene una larga lista de triunfos legislativos de los cuales Kamala Harris puede vanagloriarse: el <a href="https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/06/fact-sheet-the-bipartisan-infrastructure-deal/" target="_blank" rel="noopener">Acuerdo Bipartidista de Infraestructura</a>, la reincorporación de Estados Unidos al <a href="https://www.state.gov/the-united-states-officially-rejoins-the-paris-agreement/" target="_blank" rel="noopener">Acuerdo de París</a>, el <a href="https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3868082/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/" target="_blank" rel="noopener">apoyo</a> a Ucrania en la guerra contra Rusia y la <a href="https://home.treasury.gov/news/featured-stories/state-and-local-governments-in-the-post-covid-recovery" target="_blank" rel="noopener">recuperación</a> exitosa del país tras la crisis del COVID-19. Y, si bien es cierto que existen corrientes políticas peligrosas <a href="https://edition.cnn.com/2018/07/02/opinions/we-must-abolish-ice-pocan/index.html" target="_blank" rel="noopener">dentro</a> del ala izquierda del Partido Demócrata, estas mareas no han alejado del centro al núcleo ideológico del partido.
Las corrientes de MAGA no se detendrán ante los cimientos destruidos del Partido Republicano. Si Trump resulta presidente electo del país en noviembre, su objetivo será derribar los pilares de las bases institucionales de Estados Unidos. Y es posible que se desplomen.
* Jonathan Grabinsky (<a href="https://twitter.com/@Jgrabinsky" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Jgrabinsky</a>) es especialistas en temas de gobierno y profesor en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una licenciatura y maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago.

Kamala Harris busca salvar a la democracia

El pasado 11 de junio, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> una corte en los Estados Unidos encontró culpable a la compañía platanera Chiquita Brands International (anteriormente United Fruit Company) de financiar al grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la información del caso, la empresa les otorgó alrededor de 1,7 millones de dólares en un periodo que va de 1997 a 2004, años en que se le atribuyen al grupo AUC miles de asesinatos, además de otros delitos violentos como desapariciones, secuestros y un saldo de desplazamiento forzado interno en el país sudamericano.
Para este caso, el emporio multinacional de frutas Chiquita reconoció haber realizado pagos a las AUC y su defensa argumentó que la empresa se encontraba asediada por los grupos criminales que proliferaban en Colombia y que no contaban con la protección de las autoridades legales para poder desarrollar sus actividades comerciales, por lo que se vieron obligados a recurrir a protección de este grupo armado irregular que fuera catalogado como grupo terrorista por el gobierno de los EUA en 2001.
A partir de este caso podemos preguntarnos, ¿qué papel juegan los grandes capitales en los contextos de violencia criminal que azota a las distintas sociedades?
En el juicio de la historia, no quedan dudas que lo que las AUC realizaron fue consolidar la posición dominante de Chiquita a partir de amenazar, secuestrar y asesinar a productores locales, expulsarlos de sus tierras para el asentamiento de bodegas y hubs para el comercio y monopolizar la producción de plátanos y otros productos agrícolas en la región, de ahí que un jurado la encontrara culpable y se le ordenara la reparación del daño a las familias denunciantes, sentencia que aunque se queda corta para todo el daño ocasionado por la empresa y directivos, representa un avance para la justicia ya que establece precedentes jurídicos importantes para continuar con la defensa de las víctimas.
A partir de la revisión de la literatura especializada en delincuencia organizada, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> he encontrado que éstos, ya sean terroristas, traficantes de drogas o paramilitares, ejercen el control territorial en cuatro dimensiones distintas: la dimensión criminal, la cual se refiere a la relación entre distintos grupos delictivos; en la dimensión política, la cual se refiere a la relación entre los grupos delictivos con personas funcionarias públicas y representantes populares; la dimensión social, que es donde se relacionan los grupos delictivos con colectivos sociales o población en general, y finalmente la dimensión económica, la cual se refiere a la relación entre los grupos criminales con empresas (empresari@s y quienes componen la economía formal e informal).
Dentro de la dimensión económica, la relación puede adoptar dos formas: primero, intervención sin poner en riesgo la economía, lo que significa que son consumidores de productos al, por ejemplo, adquirir bienes muebles e inmuebles o abrir fondos de inversión, todo sin  ejercer ningún tipo de violencia. De igual forma, pueden ser proveedores de productos o servicios  al contar con negocios que sirven como fachada o vender alguna otra mercancía (legal o ilegal). La segunda forma, es la intervención que amenaza la economía, donde se da cuenta de la influencia de un grupo delictivo sobre empresas a partir de extorsionarlas, <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> para permitirles funcionar, o que se establezcan de manera arbitraria los precios de algunos productos o se prohíba el comercio de otros, acciones que dañan el correcto desarrollo de una economía formal.
Pero ¿qué sucede cuando una empresa es la que acude al grupo delictivo, ya sea para su protección de otros grupos, la eliminación de la competencia o represión de la resistencia civil para afianzar una posición dominante en el mercado de algún producto? Este escenario es como el visto en Colombia con el caso de Chiquita y entra en el segundo arquetipo que es de intervención que amenaza a la economía legal, pero con la particularidad de que las empresas ahora funcionan como un posibilitador o facilitador del ejercicio del control territorial por parte de grupos delictivos.
Volviendo la mirada a México, aún estamos lejos de pensar en la responsabilidad que los grandes capitales han tenido en la perpetuación del ciclo de violencia que vivimos. Un caso específico es el del estado de Michoacán, donde según investigaciones periodísticas <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> las empresas mineras financiaron la existencia de algunas autodefensas comunitarias con el argumento de poder defenderse del asedio de la agrupación criminal conocida como Los Caballeros Templarios, con el saldo de violencia que todos conocemos y que aún prevalece en la entidad.
Ahora, no puedo evitar pensar qué otros casos similares hay en el país: con mineras (de capital preponderantemente extranjero) en el norte, con empresas fruteras en sur y sureste o en la región del istmo con los proyectos productivos en pie. Ahora con el nearshoring debemos poner atención en cómo se puede transformar esta situación, donde el peor de los escenarios es que se profundice los nexos entre empresarios y GDO, ya que, básicamente, los grandes capitales pueden recurrir a los GDO como un grupo paramilitar privado con el propósito de ejercer presión y represión a toda oposición realizada por parte de la población o competencia local en todos los sitios donde tengan interés en invertir o donde ya hayan invertido.
La pregunta que en última instancia debemos hacer es si, de investigarse y posteriormente demostrarse, alguna vez se responsabilizará a las empresas por el papel que tienen en la profundización de la violencia criminal en México. Mucho me temo que en la interrelación entre poder político y los grandes capitales en México que aún goza de buena salud (a pesar de que en el actual régimen se diga que ya se han separado), impedirá conocer la verdad, la consecución de la justicia y la reparación de los daños realizados a las víctimas.
* Gerardo López García (<a href="https://x.com/gera_emp" target="_blank" rel="noopener">@gera_emp</a>) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Delouya, S; Torres, M; Calderón, V; Akbarzai, S (2024, 12 de junio). “<a href="https://edition.cnn.com/2024/06/11/business/chiquita-banana-liable-paramilitary-group-colombia/index.html" target="_blank" rel="noopener">Chiquita found liable for financing paramilitary group</a>”, CNN.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Von Lampe (2016). Organised Crime. Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures and Extra-legal Governance. Estados Unidos, SAGE.  
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> De la Calle, L (2020). La economía de la extorsión: el lastre que despoja a México. Ciudad de México, Debate.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> AFP (2014, 19 de febrero). “<a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mineras-financian-a-autodefensas-20140219-0055.html" target="_blank" rel="noopener">Mineras financian autodefensas</a>”, El economista.

Los grandes capitales y la delincuencia organizada en México y América Latina

Como nunca, tanto a nivel federal como a nivel local, tendremos muchísimas mujeres al frente de instituciones claves para la gobernabilidad, la economía y la política en nuestro país.
Si bien hace algunas décadas esto era algo impensable, donde se decía que la paridad no era un tema central ni para la agenda de género y muchos menos para la agenda política, al final el tiempo nos dio la razón: las mujeres llegaron poco a poco a tomar estas posiciones y a partir de esta gestión las decisiones centrales del país serán tomadas, en su mayoría, por mujeres.
El reto es bastante grande: por un lado luchar contra los estereotipos en los que casi de manera mecánica han establecido que la vara es mucho más alta por el simple hecho de ser mujer; que se deje de creer que llegaron por un vínculo masculino a los espacios de decisión y que logremos sostener espacios políticos típicamente ocupados por hombres para lograr resignificarlos con el objetivo de que sigan llegando más mujeres.
Frente a estos retos y a los añejos pactos machistas es fundamental que las nuevas presidentas, secretarias, legisladoras, alcaldesas, consejeras asuman un nuevo pacto con las más de 65 millones de mujeres que habitamos este país.
Si en verdad logramos establecer un nuevo pacto feminista, las mujeres que a partir del 1 de octubre se encontrarán en el poder tendrán que asumir que primero va la agenda compartida y luego las diferencias ideológicas y partidistas.
El pacto tendrá que poner al centro las más sentidas demandas: al menos tendrá que contener una ruta inmediata para el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el acceso a la justicia para todas, la reducción sostenida de la violencia que día a día vivimos las mujeres en nuestro país y la implementación de una política pública amplia contra la violencia política hacia nosotras. También deberá asumir que llegaron muchas, pero faltan otras: las mujeres campesinas, las cuidadoras, las indígenas, las que están en prisión injustamente, las migrantes, las trabajadoras sexuales, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans. Todas. Es decir, que en estos nuevos tiempos no solo se deberá pelear por lo ganado, sino ampliar la trinchera para que las demás estén ahí.
Aunado a lo anterior vienen otros mayores: jamás replicar las practicas masculinas donde se es candil de la agenda feminista y oscuridad con los equipos internos. Mostrar que es posible hacer una política transformadora sin desgastar ni abusar de los horarios de trabajo de las y los trabajadores, mostrar también que la balanza entre el tiempo privado y los compromisos políticos existen.
Honremos a todas las mujeres que dieron su vida porque hoy podamos tomar el poder sin arriesgar nuestra integridad; asumamos de aquí en adelante la agenda feminista llegó para quedarse, una agenda en la que se sienten las bases para que muchas más aspiren a llegar ahí no solo como un modelo aspiracionista, sino como uno cotidiano. Demostremos que sí hay una forma distinta de hacer y ser en la vida política de México.
* Angela Guerrero (<a href="https://x.com/angelaguerreroa" target="_blank" rel="noopener">@angelaguerreroa</a>) es coordinadora general de CEA Justicia Social (<a href="https://x.com/CeaJusticia" target="_blank" rel="noopener">@CeaJusticia</a>).

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