Desmantelamiento del sistema de refugio en México: un horizonte complejo para las personas forzadas a huir
En nuestra colaboración anterior en este blog, abordamos cómo se han complejizado los procedimientos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) convirtiéndose en un obstáculo para que las personas migrantes que han salido de manera forzada de sus países ejerzan su derecho a solicitar y recibir refugio en México. En esta ocasión trataremos de mostrar otros elementos que evidencian cómo se ha ido desmantelando el sistema de asilo en México, en perjuicio de las personas con necesidades de protección internacional.
El testimonio de Idania, una mujer nicaragüense y su hijo, quienes fueron víctimas de secuestro en la frontera sur y posteriormente fueron desalojados del campamento en la Plaza Giordano Bruno, es sólo una muestra de los impactos que tienen los múltiples obstáculos que enfrentan las personas migrantes en México. Estos obstáculos, como el “cierre temporal” de la oficina central de la COMAR por más de 70 días, no solo impactan a nivel individual, sino que en conjunto constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
El viernes 24 de mayo de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que determinó el cambio de domicilio de la oficina central de la Coordinación General de la COMAR. Esta decisión se tomó después de una serie de manifestaciones encabezadas por grupos vecinales de la colonia Juárez, quienes exigían que el campamento de personas migrantes -personas como Idania y su hijo- fuera trasladado a un albergue del Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente, vecinos de la colonia Anzures (ambas en la Alcaldía Cuauhtémoc) se manifestaron en contra del cambio de sede, lo que generó que el gobierno desistiera del cambio de domicilio. Pasaron más de setenta días hasta que se anunció la reubicación de la oficina a una zona periférica de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa.
El prolongado cierre de las instalaciones de la COMAR afectó el derecho de las personas a solicitar y recibir asilo, pues durante 70 días no pudieron acceder efectivamente a realizar su solicitud. Aunado a ello, el no poder acceder al procedimiento de refugio hace que tampoco accedan al documento migratorio que tienen derecho, lo que les coloca en un riesgo inminente de ser devueltas a su país de origen, en donde su vida o integridad pueden estar en peligro.
Sin embargo, el cierre temporal de la COMAR no puede ser visto como un hecho aislado, sino que debe ser leído como una manifestación de la poca capacidad institucional con la que cuenta esta institución y, en general, las instituciones encargadas de velar por los derechos de las personas migrantes. En efecto, consideramos que desde el Estado Mexicano hay un desinterés absoluto por fortalecer a la COMAR o a las Procuradurías de Protección a la Infancia.
Como muestra de ello, vemos que para este año la COMAR tiene aprobado un presupuesto de 50 millones de pesos para sufragar toda su operación, frente a los 1,900 millones de pesos que recibe el Instituto Nacional de Migración (INM), 1 destinados a cubrir exclusivamente el pago de personal, pues los gastos de operación son cubiertos con los excedentes del pago de derechos migratorios. Por ello, hay que adicionar los más de 555 millones de pesos destinados a los servicios por traslado de personas que ha ejercido el INM a junio de 2024 y 114 millones de pesos más por concepto de alimentos para personas detenidas. 2
Este panorama es una pequeña muestra del desmantelamiento del sistema de asilo en México, que se refleja en una débil institucionalidad de la COMAR, la ausencia de espacios de acogida para las personas migrantes que llegan a México, así como la falta de opciones para regularizar su estancia en México y así poder acceder a un empleo y asegurar la garantía de sus derechos.
Frente a este panorama, desde Redodem creemos necesario que exista una política integral de atención a las personas migrantes, que incluya espacios dignos de acogida y programas accesibles para acceder a documentación migratoria y fortalecer presupuestal y administrativamente a la COMAR como la organización rectora en materia de protección internacional. Adicionalmente, estas acciones deben de estar acompañadas de un trabajo con las comunidades de acogida de las personas en contexto de movilidad forzada para prevenir expresiones de discriminación y promover una convivencia pacífica.
Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la nueva agencia, un repaso a la trayectoria del fundador de Tesla puede dar algunas pistas.
Donald Trump le ha encargado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la dirección del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Trump afirmó en redes sociales que Musk y Vivek Ramaswamy, excandidato en las primarias del Partido Republicano, “desmantelarán la burocracia gubernamental, reducirán las regulaciones excesivas, recortarán los gastos innecesarios y reestructurarán las agencias federales”.
El empresario tecnológico cuenta con una larga experiencia de liderazgo corporativo para cumplir ese objetivo que lleva meses defendiendo.
Pero su rol también le otorgaría una importante influencia sobre la política gubernamental y el entorno regulatorio en el que operan sus compañías, lo que plantea dudas razonables.
Qué se sabe del DOGE
De momento se conocen pocos detalles concretos sobre el próximo Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que Trump llamó en un comunicado “el Proyecto Manhattan de nuestro tiempo”.
El presidente electo ha adelantado que el DOGE funcionará como una especie de consejo asesor que operará de forma externa mediante una asociación con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB).
El departamento, anunció Trump, “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto”.
“Espero que Elon y Vivek realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia y, al mismo tiempo, para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Es importante destacar que eliminaremos el despilfarro y el fraude masivos que existen en nuestro gasto gubernamental anual de US$6,5 billones”, agregó.
Y, en principio, no será permanente: Trump estima que el órgano completará su trabajo en 18 meses, y Musk cree que lo hará “mucho más rápido”.
Por su parte, Musk afirmó en un mitin del entonces candidato republicano en octubre que el presupuesto del gobierno estadounidense podría reducirse en “al menos” US$2 billones de un total de US$6,5 billones.
También ha sugerido con frecuencia que el número de empleados gubernamentales se puede reducir de forma significativa.
Por su parte, Ramaswamy expresó en el pasado su deseo de eliminar una serie de oficinas federales, entre ellas el Departamento de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.
El precedente de Twitter/X
En todo caso, la forma en la que Musk ha dirigido sus propias empresas puede dar pistas de lo que los estadounidenses pueden esperar que haga en el DOGE.
En octubre de 2022 se hizo cargo de la plataforma de redes sociales Twitter, a la que rebautizó como X, en un acuerdo de US$44.000 millones.
Musk renunció a las políticas de moderación de contenido y eliminó el veto a los usuarios considerados infractores de las reglas sobre discurso de odio y desinformación.
Uno de los usuarios a los que restituyó fue Trump, cuyo perfil había sido censurado tras el motín del Capitolio en enero de 2021 por seguir afirmando que las elecciones de 2020 habían sido amañadas en su contra.
La adquisición de Musk trajo cambios radicales a X, como la reducción de plantilla de unas 8.000 personas a 1.500.
En abril de 2023 le dijo a la BBC que su razonamiento para tomar esta medida era que “si toda la empresa se hunde, entonces nadie tendrá trabajo”.
“Su idea de eficiencia era despedir a mucha gente”, afirma Alex Waddan, profesor de política estadounidense en la Universidad de Leicester.
Como respuesta al éxodo de anunciantes por relajar las políticas de libertad de expresión de la plataforma, el empresario monetizó algunas funciones para aumentar los ingresos.
Convirtió las marcas azules, que antes indicaban que una cuenta de una figura pública era auténtica, en un modelo de suscripción y vinculó los pagos de publicidad a usuarios “verificados” con la cantidad de interacciones recibidas.
Pero estos cambios tuvieron algunas consecuencias no deseadas.
Tras un aluvión de críticas, X asignó marcas de oro o plata a las cuentas oficiales para evitar que se confundieran con falsas, lo que significa que las marcas azules solo indican que una cuenta es de pago.
Incentivar a los usuarios con una parte de los ingresos publicitarios también aportó una vía para que las llamadas “granjas de bots” ganaran dinero con interacciones a su contenido generado automáticamente. Musk ha dicho que su equipo ha eliminado de forma repetida las cuentas de bots.
Los críticos sostienen que sus cambios han dado prominencia al discurso de odio y la desinformación, aunque él sostiene que la red social es políticamente neutral.
“Como ’empresario en serie’, Musk ha sido implacable en su intento de mejorar la eficiencia institucional en sus propias compañías”, evalúa Thomas Gift, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Política Estadounidense en el University College de Londres.
Añade que, aunque el papel principal de Musk será “reducir la maraña de burocracia que es el gobierno federal de Estados Unidos”, su puesto también le aportará influencia en la nueva administración.
“Si bien su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental será más informal, no hay duda de que Trump lo escucha, al menos por el momento”, sentencia.
Musk contra las regulaciones
Elon Musk “es extremadamente antirregulaciones y odia que el gobierno o cualquier otra persona le diga qué hacer“, describió la periodista de investigación Kristen Grind en el podcast The Daily del diario estadounidense The New York Times.
El acrónimo DOGE ideado por Musk hace referencia a un meme de un perro Shiba Inu que luego dio su nombre a la criptomoneda Dogecoin. Él ha mencionado ambos con frecuencia.
Christopher Phelps, profesor de historia política moderna de Estados Unidos, interpreta que el nombre es “un guiño a la desregulación de las criptomonedas como parte de sus planes”.
Los precios de las criptomonedas aumentaron después de la elección de Trump, lo que hace pensar que el presidente entrante creará un entorno regulatorio relajado.
Pero los llamamientos desregulatorios de Musk también pueden atribuirse en parte a las frustraciones que ha padecido con sus otras empresas comerciales: la compañía de vehículos eléctricos Tesla y la firma de cohetes SpaceX.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado repetidamente a Tesla de intentar evitar que sus trabajadores se sindicalicen, lo que en algunos casos podría infringir la ley federal.
Musk, cuyo patrimonio neto estimado alcanza los US$290.000 millones, ha afirmado anteriormente que “no está en contra de todos los sindicatos”, pero que el sindicato de trabajadores automotrices “tiene un historial de destrucción de productividad que impide a una empresa competir”.
En septiembre, Musk amenazó con demandar a la Administración Federal de Aviación por sus planes de multar a su compañía SpaceX con US$633.000 por supuestas infracciones de licencias relacionadas con algunos de sus lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral, en Florida.
Acusó a la agencia de “extralimitación regulatoria”.
También ha dicho en repetidas ocasiones que quiere colonizar Marte, y el programa Starship de SpaceX es un intento de hacer esto posible.
Pero en septiembre escribió que esto solo era una posibilidad “siempre que no se vea sofocada por la burocracia” y afirmó que la creación del DOGE era “el único camino para extender la vida más allá de la Tierra”.
¿Altruismo o interés?
Entonces, ¿hasta qué punto su motivación para asumir el rol en el gobierno responde a sus intereses comerciales?
Musk “se beneficiará personalmente de gran parte de la desregulación que promociona”, opina el profesor Phelps.
“Creo que poner a alguien que es multimillonario y dirige grandes corporaciones a cargo de un proyecto federal de desregulación es algo, por naturaleza, lleno de conflictos de intereses“.
Por su parte, el profesor Gift apunta que “no hay duda de que Musk tiene importantes intereses creados en el panorama regulatorio de Estados Unidos como resultado de sus muchas empresas comerciales”.
Al mismo tiempo, matiza, “es difícil afirmar que este sea el único motivo que lo impulsa”.
“Musk ha asumido enormes riesgos personales y políticos al salir del armario a favor de Trump, y muchas de sus actividades y retórica parecen mostrar a un individuo ideológicamente comprometido con causas en las que cree”.
El profesor Waddan coincide con este punto de vista: “es evidente que tiene algo en juego y un interés propio, pero igualmente puede creer sinceramente que hay demasiada regulación y demasiada burocracia gubernamental”.
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