Desmantelamiento del sistema de refugio en México: un horizonte complejo para las personas forzadas a huir
En nuestra colaboración anterior en este blog, abordamos cómo se han complejizado los procedimientos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) convirtiéndose en un obstáculo para que las personas migrantes que han salido de manera forzada de sus países ejerzan su derecho a solicitar y recibir refugio en México. En esta ocasión trataremos de mostrar otros elementos que evidencian cómo se ha ido desmantelando el sistema de asilo en México, en perjuicio de las personas con necesidades de protección internacional.
El testimonio de Idania, una mujer nicaragüense y su hijo, quienes fueron víctimas de secuestro en la frontera sur y posteriormente fueron desalojados del campamento en la Plaza Giordano Bruno, es sólo una muestra de los impactos que tienen los múltiples obstáculos que enfrentan las personas migrantes en México. Estos obstáculos, como el “cierre temporal” de la oficina central de la COMAR por más de 70 días, no solo impactan a nivel individual, sino que en conjunto constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
El viernes 24 de mayo de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que determinó el cambio de domicilio de la oficina central de la Coordinación General de la COMAR. Esta decisión se tomó después de una serie de manifestaciones encabezadas por grupos vecinales de la colonia Juárez, quienes exigían que el campamento de personas migrantes -personas como Idania y su hijo- fuera trasladado a un albergue del Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente, vecinos de la colonia Anzures (ambas en la Alcaldía Cuauhtémoc) se manifestaron en contra del cambio de sede, lo que generó que el gobierno desistiera del cambio de domicilio. Pasaron más de setenta días hasta que se anunció la reubicación de la oficina a una zona periférica de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa.
El prolongado cierre de las instalaciones de la COMAR afectó el derecho de las personas a solicitar y recibir asilo, pues durante 70 días no pudieron acceder efectivamente a realizar su solicitud. Aunado a ello, el no poder acceder al procedimiento de refugio hace que tampoco accedan al documento migratorio que tienen derecho, lo que les coloca en un riesgo inminente de ser devueltas a su país de origen, en donde su vida o integridad pueden estar en peligro.
Sin embargo, el cierre temporal de la COMAR no puede ser visto como un hecho aislado, sino que debe ser leído como una manifestación de la poca capacidad institucional con la que cuenta esta institución y, en general, las instituciones encargadas de velar por los derechos de las personas migrantes. En efecto, consideramos que desde el Estado Mexicano hay un desinterés absoluto por fortalecer a la COMAR o a las Procuradurías de Protección a la Infancia.
Como muestra de ello, vemos que para este año la COMAR tiene aprobado un presupuesto de 50 millones de pesos para sufragar toda su operación, frente a los 1,900 millones de pesos que recibe el Instituto Nacional de Migración (INM), 1 destinados a cubrir exclusivamente el pago de personal, pues los gastos de operación son cubiertos con los excedentes del pago de derechos migratorios. Por ello, hay que adicionar los más de 555 millones de pesos destinados a los servicios por traslado de personas que ha ejercido el INM a junio de 2024 y 114 millones de pesos más por concepto de alimentos para personas detenidas. 2
Este panorama es una pequeña muestra del desmantelamiento del sistema de asilo en México, que se refleja en una débil institucionalidad de la COMAR, la ausencia de espacios de acogida para las personas migrantes que llegan a México, así como la falta de opciones para regularizar su estancia en México y así poder acceder a un empleo y asegurar la garantía de sus derechos.
Frente a este panorama, desde Redodem creemos necesario que exista una política integral de atención a las personas migrantes, que incluya espacios dignos de acogida y programas accesibles para acceder a documentación migratoria y fortalecer presupuestal y administrativamente a la COMAR como la organización rectora en materia de protección internacional. Adicionalmente, estas acciones deben de estar acompañadas de un trabajo con las comunidades de acogida de las personas en contexto de movilidad forzada para prevenir expresiones de discriminación y promover una convivencia pacífica.
Aunque han pasado muchas cosas en dos meses, la política venezolana este fin de semana parece haber vuelto al statu quo, donde Maduro luce fuerte e inamovible y la oposición contempla sus opciones.
“El 10 de enero de 2025 el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela”.
Con estas palabras, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reaccionó a la salida del país del candidato opositor de 75 años, sobre quien pesaba una orden de detención de las autoridades.
El sábado, España concedió asilo político a quien ofició como candidato opositor en las elecciones del 28 de julio, día en que, según las actas publicadas por la oposición, González ganó con un 70% de los votos.
Nicolás Maduro, sin embargo, fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral y ratificado por un Tribunal Supremo de Justicia afín al oficialismo.
La salida de González, entonces, saca de la ecuación al que algunos consideran el presidente electo. Eso, en principio, parece una victoria para el chavismo, que en palabras de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, permitió su traslado “en aras de la tranquilidad y paz política del país”.
La oposición, sin embargo, ha calificado el asilo político de su candidato como un “movimiento estratégico” como parte de su lucha para sacar a Maduro del poder.
Por eso, Machado, que se mantiene dentro del país de manera clandestina, reaccionó con un mensaje de esperanza para los millones que quieren un cambio.
El 10 de enero, el presidente electo debe juramentarse.
Y la oposición espera que, de aquí a entonces, se den las condiciones para que Maduro, o alguno de los grupos políticos y militares que sostienen su permanencia en el poder, promueva algún tipo de transición en un país sumido en la crisis económica y social.
“Hasta el final”
En su mensaje, Machado repitió el lema de este ciclo electoral: “Venezolanos, esta lucha es HASTA EL FINAL y la victoria es nuestra”.
El jueves, en una rueda de prensa virtual, la líder opositora aseguró “que las cosas se están moviendo y algunas no son obvias. Creo que la comunidad internacional está aumentando, lentamente, la presión, y creo que hay que hacerlo de manera más significativa”.
Machado se mantiene convencida de que en el entorno de Maduro hay descontento con una situación que ha vuelto a instalar al mandatario venezolano en el escenario internacional como un “dictador” y puede acentuar el aislamiento del país y reforzar las sanciones financieras sobre los líderes del chavismo.
“El régimen está muy preocupado porque saben que en el seno de las Fuerzas Armadas también perdieron toda legitimidad”, dijo Machado. Y añadió que la oposición se mantiene “abierta” a la negociación.
“Hemos sido claros en la postura de brazos abiertos y de no persecución ni venganza para los oficialistas”.
La dirigente espera que la presión diplomática, los mensajes conciliatorios hacia las Fuerzas Armadas y las salidas puntuales a protestar en las calles generen movimientos en el seno del oficialismo.
La apuesta es también que países como Estados Unidos, que tiene la capacidad de sancionar a funcionarios chavistas y a sus familias, o Colombia, que tiene canales de comunicación con el chavismo, sirvan de puente para que Maduro, o alguno de sus aliados, cambie de parecer.
Se mantiene el statu quo
Pero, contrario a lo que dice Machado, los expertos no ven señales de que el bloque chavista esté fragmentado o al borde de una sublevación interna, que ha sido, desde un principio, el desencadenante fundamental para pensar en una transición.
“El chavismo tiene una revolución enraizada por 25 años y absolutamente decidida a no dejarse sacar del poder, con costos de salida inmensos que nunca fueron realmente negociados”, le dice a BBC Mundo Luis Vicente León, encuestador y analista.
“Más allá de la opinión mediática, el chavismo ha logrado mantener su unidad y su respaldo militar”, añade.
Después de años de persecución y divisiones internas, la oposición venezolana ha quedado reducida a la figura de Machado, quien ahora concentra las decisiones de estrategia de un abigarrado conglomerado de fuerzas políticas.
Aunque el deseo de cambio de los venezolanos parece abrumador, los partidos que los representan están desprestigiados, han perdido a muchos de sus líderes y ahora deberán discutir el camino a seguir.
Para 2025 están pautadas elecciones regionales, locales y legislativas.
Después de lo que pasó el 28 de julio, cuando el CNE perdió la poca credibilidad que le quedaba entre un importante sector de los venezolanos, la oposición tendrá que volver a preguntarse si vale la pena abstenerse de participar en unas elecciones, cosa que en el pasado le costó años de irrelevancia política y desinterés en su electorado.
León añade: “En el mediano y largo plazo veremos un aumento de la apatía y algún regreso a momentos previos, donde habrá que producir otra vez negociaciones, pero más vinculadas a la preservación del país y su gente que a la salida de Maduro del poder”.
De volver a negociar, lo más probable es que Maduro no esté dispuesto a contemplar un reconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio que plantea la oposición, sino, por ejemplo, la posibilidad de que no perseguir a los opositores, la liberación de los miles de manifestantes que han sido arrestados o una política de apertura económica que alivie la crisis.
Aunque el 28 de julio la oposición demostró su capacidad de organización y el enorme apoyo que mantiene entre la gente, todo indica que, con el retiro de González, se volvió a un punto inicial carente de opciones.
Le queda presionar a la comunidad internacional para que acorrale a Maduro y no aflojar en lo interno para que alguien dentro del chavismo rompa el statu quo.
Faltan 123 días para el 10 de enero de 2025. Tiempo suficiente para que pase cualquier cosa en la política venezolana.
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