Una reforma errada desde lo simple hasta lo complejo
Una necesaria y urgente reforma al sistema de justicia en México implica discutir temas técnicos y complejos. Sin embargo, la complejidad de lo que se debe discutir no debería ser obstáculo para que se aborden aquellos aspectos de la reforma que son sencillitos. Bajo esta lógica el presente artículo propone una rápida reflexión de la reforma judicial, que va de lo fácil a lo difícil.
La primera y sencilla pregunta es si aquello que se propone es materialmente viable. Mas allá de si es o no deseable, la pregunta sería ¿Se puede? La respuesta es casi una caricatura1. Imaginemos por ejemplo lo que pasaría en el estado de Guerrero donde se renovarían 174 puestos de la justicia local.
Bajo la fórmula propuesta en la iniciativa presidencial, esto significaría que la gente erigiría de entre 1,044 2 candidatos y candidatas. Además, más de 3 millones de personas pertenecientes a 81 municipios que están dentro del 21ª circuito judicial deberán elegir de entre otros 1,110 candidatos para llenar 37 puestos federales. Es decir, el día de la elección un ciudadano o ciudadana tendrá en su mano 2,154 nombres de entre los cuales elegir a juzgadores. El dictamen busca mejorar la iniciativa y propone que por lo menos a nivel federal esta votación se haga en dos tandas. Los estados podrán decidir cómo hacer lo propio. Aun ejecutado en mitades las personas deberían elegir de entre 1,077 candidatos y candidatas.
Sobra argumentar lo absurdo de la situación y más vale preguntarnos ¿qué sucedería en la práctica? Ante la imposibilidad material de conocer a la numerosa candidatura hay dos posibilidades. O la gente no vota y la elección se define con la participación de aquellos pocos que tienen interés en que gane una u otra persona, o bien la gente vota masivamente por quien le dijeron que eligiera. En la práctica y simplemente por razones logísticas, la reforma propuesta entrega la justicia federal a los partidos políticos y la justicia local a los grupos de poder del lugar. En muchos casos esto significa entregar la justicia local a la delincuencia organizada.
Retomando la lógica de lo fácil a lo difícil, la segunda pregunta fundamental a preguntarse ante la iniciativa es: ¿Cómo es que soluciona el problema de la justicia en México? Para saber si una acción soluciona un problema hay dos elementos indispensables. Primero se debe entender cuál es el problema e identificar qué no funciona. Luego se debe entender cómo la acción propuesta modifica aquello que no funciona.
Diagnósticos sobre por qué no funciona la justicia en México hay muchísimos. La iniciativa ignora los diagnósticos existentes y nombra como problema únicamente la corrupción judicial de manera genérica. Deja de lado no solo los profundos problemas con las fiscalías y la policía, sino que ignora el funcionamiento del poder judicial y los mecanismos que hacen posible la corrupción.
La iniciativa tampoco logra explicar cómo solucionará los problemas que identifica pues su argumento es débil. No se mejora a las instituciones de justicia, sino que se apuesta por colocar una institución endogámica en manos de personas buenas. La candidez de creer que la corrupción se soluciona otorgando poder discrecional a personas buenas, obliga la sospecha de que las intenciones no son tan buenas.
¿Se puede? Y, ¿cómo solucionar el problema? Son preguntas fáciles a las que les siguen una larga lista de preguntas difíciles. ¿Será la votación directa un medio adecuado para combatir la hegemonía interna del poder judicial o habrá medios de mayor rigor técnico para introducir mayor pluralidad en un sistema anquilosado? ¿Qué mecanismos empoderan a la ciudadanía frente al poder judicial sin mermar la autonomía del criterio de una jueza o juez? Etc.…
Con la reforma judicial propuesta y bajo la lógica que busca ir de lo fácil a lo difícil, no llegamos a estas discusiones complejas. La iniciativa no pasa de las primeras y más simples preguntas. Y sin embargo, a pesar de toda lógica, avanza. La iniciativa es errada por razones simples. Lamentablemente sus consecuencias económicas, políticas y sociales serán de vasta complejidad.
*Margarita Griesbach es coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos de la Infancia Ibero-CDMX y consultora independiente.
1 José Ramón Cossío hace una clara exposición del absurdo logístico que implica la reforma en su participación en Aristegui Noticias del 16 de julio, 2024.
2 Datos extraídos del INEGI: Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023.
El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.
Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.
Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.
La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.
Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.
Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Masacre de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.
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