Vacuna COVID-19 de Pfizer y Moderna: lo que debes saber de su venta en farmacias de México
Nota al lector: Esta nota fue actualizada conforme se dio información sobre precios y fecha de arranque del servicio.
Pfizer y Moderna obtuvieron autorización para vender su vacuna contra COVID-19 en México. A partir del miércoles 20 de diciembre comenzará en el país la venta de Pfizer. Lo que significa que podrás encontrarlas en farmacias de las marcas Guadalajara, San Pablo, Del Ahorro y Benavides, entre otras.
Se prevé que con el paso de las semanas y una mejora en su distribución, también puedas encontrarla en hospitales y clínicas privadas.
Esta venta no interviene con la campaña de salud federal. La Secretaría de Salud sigue aplicando de manera gratuita su vacuna contra el COVID-19 de las marcas Abdalá y Sputnik V para todo público. Si quieres saber las ubicaciones en CDMX para adultos, da clic aquí.
También lee: Sputnik y Abdala como refuerzo de vacuna COVID en México, ¿efectivas ante las nuevas variantes?
Las vacunas de Pfizer o Moderna se suman como opción y se distinguen porque han actualizado sus fórmulas para hacerlas específicas a las variantes que circulan en el momento.
Especialistas nos explicaron que las personas pueden recibirlas sin importar la marca anterior que les hayan aplicado.
“Ya se pueden combinar. La evidencia muestra que no existe riesgo sobre aplicarse vacunas contra COVID de distintas marcas o plataformas”, explica Carol Perelman química farmacéutica, bióloga por la UNAM y directora del Jardín Weizmann de Ciencias.
La guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también señala que combinar diferentes marcas de vacunas es seguro y eficaz.
“Los científicos creen que mezclar refuerzos podría ayudar a mejorar la respuesta del sistema inmunológico al virus COVID-19 y potencialmente obtener más protección contra síntomas graves, hospitalizaciones y muertes como resultado de la infección”, agrega la iniciativa de salud Health Desk.
Precio de la vacuna
El precio de las vacunas de Pfizer y Moderna no es un precio único. Las marcas de las vacunas dan un precio sugerido, pero las farmacias definen su precio final.
En el caso de Pfizer, de acuerdo con consultas télefonicas, su precio varia entre 848 pesos y alcanza los 990 pesos.
En Farmacias San Pablo su precio es de 848 pesos y para solicitar la vacuna, primero debes marcar al 800 072 6722 para conocer cuáles sedes tienen disponibilidad.
En Farmacias Guadalajara tiene un precio de 990 y hay que agendar cita para la vacunación a través del sitio Pharmaclinic, en su opción de “agendar cita” y luego “vacunación contra COVID-19, Pfizer Cominarty”.
Mientras que Farmacias del Ahorro ofrece la vacuna por 859 pesos y se debe agendar cita en su página oficial. En su caso, el servicio de agendar cita estará disponible a partir del 20 de diciembre.
En tanto Farmacias Benavides todavía no cuenta con información confirmada sobre el proceso a realizar, por lo que recomiendan acudir directamente a la sucursal más cercana.
Previo a vacunarte, acude a una valoración médica
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detallan que cualquier persona mayor a seis meses de edad puede ser vacunada con ambas marcas en su dosis pediátrica. También se aplica para las personas embarazadas.
Sin embargo, en el caso de México las vacunas actualizadas contra COVID-19 están autorizadas para aplicarse en personas de 5 años y más, en dos presentaciones para el grupo de edad de 5 a 11 años y para el grupo de 12 años en adelante, explica el doctor Baruch Díaz, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM.
La recomendación de los CDC es acudir a una valoración médica previo a intentar vacunarse. Pues de acuerdo a la edad, la presencia de comorbilidades y el riesgo de infección, el médico recomendará si es necesario una dosis de refuerzo.
“Se ha demostrado que la duración de la protección después de la vacuna COVID-19 varía según las personas, la vacuna recibida y el número de dosis. La protección contra la infección también difiere según la variante de COVID-19 a la que está expuesta una persona”, explica la iniciativa médica de Health Desk.
De acuerdo con el doctor Baruch Díaz, se recomienda que la aplicación entre el esquema primario y el refuerzo sea de por lo menos 4 semanas.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autoridad que aprobó la venta de la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, también enfatiza que su aplicación deberá ser “bajo estricta recomendación médica”.
Pasar este filtro médico evitará que personas con fiebre, alérgicas a cualquier ingrediente de la vacuna y personas con un periodo menor a tres meses de haberse enfermado, accedan a la vacunación, cuando no es recomendable hacerlo.
Son las primeras marcas, pero no serán las únicas
La autorización de Cofepris para que Pfizer y Moderna puedan vender su vacuna en México ocurre un año después de que la Organización Mundial de Salud (OMS) concluyera la emergencia sanitaria por COVID-19.
Se trata de las primeras marcas en obtener el permiso para vender en el sector privado del país. Pero se anticipa que no serán las únicas.
Cofepris a través de su Comité Nacional de Moléculas (CNM) recibió entre abril y octubre solicitudes de las marcas Pfizer, Astrazeneca y Moderna para obtener permiso de comercializar sus vacunas contra COVID-19.
Para septiembre Cofepris abrió su convocatoria de registro de manera oficial y, un mes después, el Comité de Nacional de Moléculas aprobó la comercialización de la vacuna Comirnaty de Pfizer y la vacuna de Spikevax monovalente de Moderna, solicitada a través de su representante legal en el país Asofarma S.A. de C.V.
Las rechazadas fueron la vacuna ChAdOx-1-s de Astrazeneca y la vacuna spikevax bivalente de Moderna. Todos los resultados del Comité puedes consultarlos aquí.
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La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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