Refugio para la propaganda rusa y, también, ¡sitio de bodas! Historia desde dentro del Club de Periodistas de México
Para entender mejor
El Centro Histórico de la Ciudad de México se caracteriza por la resonancia del tiempo entre sus calles. En ellas se edificaron enormes construcciones virreinales de tezontle y cantera; la arquitectura barroca predomina y, en algunos puntos, es casi imposible discernir dónde comienza un edificio y termina otro.
Esa sensación de construcción continua está en la calle que ahora lleva el nombre del periodista mexicano Filomeno Mata. Solo que, a diferencia de los edificios cercanos, en donde hay museos o restaurantes, el inmueble ubicado en el número 8 de la calle es la sede del Club de Periodistas de México, la asociación civil fundada en 1952 que públicamente condena la mentira, pero que impulsa propaganda rusa y desinformación sobre la invasión militar en Ucrania y otros asuntos claves para el gobierno de Vladimir Putin.
Aunque la puerta permanece abierta, una vez adentro se apaga el sonido de los carros, la música del organillo y el bullicio a tan solo 900 metros del Zócalo, la Catedral y el Palacio Nacional, donde despacha la presidenta de México. El silencio lo hace parecer iglesia, pero este se rompe cuando desde una larga y alta recepción de madera una voz ordena: “¡Dígame!”.
La mirada del hombre es impaciente, así que me apresuro a pedir información sobre las instalaciones que se rentan para fiestas. “Lo vi en Bodas.com”, le digo. Parece confundido, pero de todos modos me extiende una arrugada libreta de visitas, me pide anotar mi nombre y mostrarle mi celular para corroborar la hora de ingreso. “A ver, mi reloj se rompió”, dice, y con ese pretexto mira sin ninguna discreción la pantalla de mi teléfono.
Resulta que ese espacio no solo ha servido para eventos políticos como la conferencia de prensa de dirigentes y representantes populares electos de Morena en julio de 2024, donde se promocionaba la Reforma Judicial; o para albergar un premio de periodismo que ha sido especialmente benéfico para medios como Russia Today (RT); también se renta para celebrar bodas, graduaciones y cualquier evento social. “Este palacio virreinal te conecta con la riqueza cultural de la ciudad y ofrece espacios únicos para encuentros significativos”, dice la página web del Club.
Conferencia prensa Morena. Foto publicada por la cuenta en X de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Si decides que aquí sea tu boda, podrás contar que en este mismo sitio estuvieron personajes como el embajador ruso Viktor Koronelli, recibiendo un premio dirigido al medio de propaganda ruso Tsargard, por su cobertura en la guerra en Ucrania.
Foto de montaje de evento social en el Club de Periodistas. Foto tomada de su perfil en Bodas.com.mx
“Esta es su casa mexicana”, le dijo al embajador en 2023 Celeste Sáenz, quien junto a Mouris Salloum George lidera el Club. Además, tienen su revista, una página web, un pódcast y una fundación de asistencia social para periodistas, nombrada en honor a su fundador, el español Antonio Sáenz de Miera Fieytal, padre de Celeste.
Es un edificio de tres niveles y 1,892 metros cuadrados de superficie total (20,365 pies cuadrados). El sonido de mis pasos parece exagerado sobre la escalera monumental que me conduce al primer piso. Ahí se encuentra el salón nombrado en honor a Adolfo López Mateos, quien como presidente de México decretó el 8 de diciembre de 1961 que ese lugar se destinaría al uso del Club Mexicano de Periodistas, A. C, según consta en el archivo del Diario Oficial de la Federación, que es el periódico oficial del Gobierno de México que publica leyes, decretos, reglamentos y otros actos de los poderes de la Federación.
El inmueble es tan grande que en la planta baja hay espacio para una cafetería, aunque está en desuso. En el patio se celebran eventos para hasta 300 invitados, en el segundo nivel hay oficinas de la asociación civil y, en el tercer piso, se encuentra la Posada del Periodista, que dice poder albergar a 34 huéspedes fijos, ocho ambulatorios y 50 de media estancia.
Según la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, este edificio era antes un convento de la Orden de los Bethlemitas. Pasó a manos del particular Abelardo G. Labastida en 1894, y en 1930 un decreto presidencial de Abelardo L. Rodríguez destinó el edificio al servicio de industria y comercio. En 1937 se cambió por el Departamento de Pesas y Medidas, y desde 1961, es el Club de Periodistas.
Me encuentro ahora con una mujer que me recibe sonriente y me muestra desde el balcón el patio techado que se renta para fiestas. El piso parece un tablero de ajedrez, con cuadros de mármol que alternan el negro y el blanco bajo múltiples columnas y capiteles perfectamente moldeados. Señala la ubicación de los baños y presume que ahí se han organizado fiestas con diferentes motivos.
No me dice que, además de eventos sociales y premiaciones del Club, en ese espacio el año pasado se dio un curso para medios de comunicación impartido por RT, similar al que se impartió en Venezuela y que, según el medio de verificación Cazadores de Fake News, en aquel país concluyó con vitoreos de “¡Viva Rusia!”, y “¡Viva Putin!”.
Tampoco me cuenta que en ese lugar se han realizado conferencias de prensa internacionales, como la dictada por Evo Morales en noviembre de 2019 cuando llegó a México después de presentar su renuncia a la presidencia de Bolivia. Ni que su fachada sirve de spot de filmación para series y comerciales.
Detrás escucho el movimiento rápido de dos personas que se despiden mientras cruzan las altas puertas de madera y moldura dorada. “Ya se van mi jefe y mi jefa”, me dice, mientras veo a una mujer de cabello rubio apresurar el paso y a un sujeto alto y de cabello negro que camina delante de ella. Sus jefes no son otros que Celeste Sáenz y Mouris Salloum George.
Minutos después me conducen a una oficina donde las paredes casi no se ven, pues sobre ellas cuelgan cuadros enormes del patio dispuesto como salón de eventos y una gran pantalla que muestra la exagerada vigilancia del recinto con múltiples videocámaras.
La encargada que se sienta frente a un gran escritorio de madera finalmente me informa que la renta del espacio por seis horas es de 77,000 pesos mexicanos (4,191 dólares), y 1,500 pesos adicionales (81 dólares) por el servicio de limpieza de baños. La música, la decoración, el mobiliario y el banquete no los proporcionan ahí, por lo que hay que buscar a esos proveedores en otro lado. En su agenda ya está reservado el espacio para seis eventos durante los últimos cuatro meses de 2025.
Agradezco la información y me despido con calma del señor de la recepción, por la que también se entra a la Fundación que lleva el nombre del fundador del Club: Antonio Sáenz de Miera Fieytal. El Club y la Fundación están en un mismo edificio, donde mañana puede haber una boda, pasado la filmación de una serie y el siguiente día, premios que favorecen a las narrativas del Kremlin.
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La sentencia contra la médica ha sido criticada por organismos como la CIDH, que la consideran una prueba de la intención de las autoridades de silenciar las voces críticas.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es absoluto”.
La excusa para la invasión
“Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era “subido de tono” , pero negó que su madre cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una invasión.
“Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer”, alertó semanas atrás.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula”, advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
Sin sustento
La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.
“Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.
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