Reforma al Poder Judicial: ¿Qué sigue para jueces y magistrados en funciones y qué pasará con los casos que revisan?
La reforma al Poder Judicial podrá implicar que hasta 1 mil 647 jueces y magistrados dejen su trabajo en caso de no participar en la elección o no resultar electos, a la par de comprometer la oferta de servicios judiciales y hasta retrasar juicios, especialmente en el área penal, como advirtieron especialistas.
En El Sabueso te explicamos qué pasará con los jueces y magistrados que dejen su cargo tras la implementación de la reforma judicial, así como los riesgos para los procesos judiciales que estarán en manos de personas juzgadoras que tendrán que dejar su cargo en agosto de 2025.
Para entender mejor: ¿Qué es la reforma judicial? Contempla elegir por voto popular a mil 600 jueces, magistrados y nueve ministros
¿Cuántos jueces y magistrados se renovarán en 2025?
Actualmente, el Poder Judicial Federal (PJF) está compuesto por mil 689 personas juzgadoras, de las cuales mil 683 se elegirán por votación en los próximos dos años, según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023. Los otros seis cargos, correspondientes al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), desaparecerán.
De acuerdo con lo que menciona la reforma, se elegirían 9 ministros de la Corte, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 7 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 15 de sus Salas Regionales, 910 magistrados de Circuito y 737 jueces. En total serán 1 mil 683 cargos a elegir por votación.
La elección de los juzgadores se dividirá en dos etapas: en 2025, se elegirán alrededor de 852 puestos del Poder Judicial de la Federación (PJF), más dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del TEPJF.
Mientras que en 2027, se elegirá la mitad restante de magistrados y jueces federales, así como 7 magistrados de la Sala Superior del TEPJF. En ambas, las personas que ocupen los cargos en el momento de que se emita la convocatoria podrán optar por participar o no en la elección.
Si ninguna de las actuales personas juzgadoras del PJF resulta electa o decide no postularse, se despediría a mil 647 magistrados y jueces entre 2025 y 2027, que tendrían derecho a un pago tras dejar su cargo, según el dictamen aprobado.
Dicho pago será equivalente a tres meses de salario integrado, veinte días de salario por cada año de servicio y prestaciones a las que tengan derecho.
De acuerdo con el Manual de Remuneraciones de la SCJN 2024 y con la reforma judicial, un magistrado actual que no repita en su cargo recibiría 649 mil 89 pesos de tres meses de salario integrado, 101 mil 687 pesos por cada año que laboró, 291 mil 400 pesos por concepto de aguinaldo y prima vacacional, así como 474 mil 595 pesos por pago por riesgo.
En tanto, un juez recibiría 196 mil 395 pesos por tres meses de salario integrado, 92 mil 806 pesos por cada año que trabajo, 261 mil 672 pesos por aguinaldo y prima vacacional, y 424 mil 558 por pago por riesgo.
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En el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ellos no tienen garantía de recibir una pensión de retiro si no son elegidos. La reforma establece que para conservar su haber de retiro, los ministros tendrían que renunciar a su encargo antes de que se emita la convocatoria para la elección extraordinaria, a celebrarse en 2025.
Esto deja de lado al ministro Luis María Aguilar, quien termina su encargo en noviembre de 2024. Según la reforma, a él no le corresponde haber de retiro.
Cabe destacar que la reforma no considera algún tipo de indemnización para los consejeros del CJF, el cual desaparecerá el día que tomen protesta los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el 1 de septiembre de 2025. Tampoco se prevén compensaciones para los integrantes de la Sala Especializada del TEPJF, la cual también será eliminada en esa fecha.
La reforma también contempla que los jueces y magistrados que dejen su cargo podrán seguir litigando mientras ejerzan su labor fuera del circuito o distrito al que fueron adscritos en su último encargo.
Mientras que para ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del TEPJF se mantiene la prohibición de litigar ante órganos del PJF por dos años.
El dictamen considera que cada estado deberá realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales para cumplir con la reforma.
Las elecciones locales de los poderes judiciales deberán coincidir con la elección extraordinaria del 2025 o con la elección del 2027.
¿Qué pasará con los casos pendientes ante la renovación de jueces y magistraturas?
La reforma establece que la primera parte de la elección de jueces y magistraturas, en 2025, renovará sólo la mitad de los cargos. El Senado priorizará para la primera elección aquellas plazas que tengan vacantes, renuncias y haya retiros programados.
Mientras que el resto de los cargos que serán votados, los elegirá esa Cámara por sorteo público. Pero cuidará que la renovación sea de la mitad de los puestos correspondientes a cada especialización, para hacer una renovación escalonada. Es decir, que en 2025 se renovará la mitad de jueces y magistrados, por ejemplo, en materia penal, y en 2027 la otra mitad.
Especialistas consultados por El Sabueso advirtieron de dos riesgos con estas condiciones.
Por un lado, se prevé un retraso en la función judicial, toda vez que al reducir los requisitos para elegir a jueces y magistrados, muchos de ellos llegarán sin experiencia en los procesos, lo que se sumará a la sobrecarga de trabajo que hay en la mayoría de los juzgados y tribunales del país.
“¿Cuál es el riesgo que puede pasar? Pues si potencialmente llega gente que no tenga conocimiento de la operación de un tribunal, se va a sumar la dilación que ya tienen con la curva de aprendizaje. ¿Cómo vas a garantizar que esta gente nueva, a la que además no le estás pidiendo experiencia, llegue y sepa operar?”, cuestionó Darío Ángeles, especialista en derecho administrativo.
Por otro lado, los procesos penales tendrán un reto particular. Ello porque en el Código Nacional de Procesos Penales se establece como uno de los principios básicos la inmediación. Esto significa que el mismo juez debe admitir, desahogar o valorar las pruebas, así como emitir y explicar la sentencia respectiva. Y en caso de que no sea el mismo juez, como explica el abogado Miguel Carbonell en este artículo, el proceso tendría que reponerse.
Esto afectaría sobre todo a los casos que sigan en audiencias cerca de la fecha en que tomen posesión las nuevas personas juzgadoras, en septiembre de 2025.
“Hay juicios orales que duran 10 o 15 audiencias. Entonces, con la reforma como está, puedes iniciar tú con un juez, se va a ir tu juez, va a llegar otro y se supone que lo apropiado sería reponer todo el procedimiento, con una afectación en los derechos de las dos partes, la víctima y el imputado”, explicó Luis Eliud Tapia, abogado especializado en derecho penal.
Y estos casos no están previstos ni en el texto constitucional ni en los artículos transitorios de la reforma, advirtieron ambos especialistas.
Apenas este jueves 12 de septiembre, la ministra Lenia Batres informó que presentó una propuesta para que el Pleno de la Suprema Corte “formule una propuesta de reformas necesarias en la legislación secundaria que, de común acuerdo entre las y los integrantes de este pleno, deben ser consideradas para garantizar la viabilidad de la función jurisdiccional en el marco de la reforma constitucional”.
Sin embargo, no dio más detalles de lo que contendrá esa propuesta. Por lo que será hasta que se conozcan esta propuesta y los cambios en las leyes secundarias que conoceremos qué pasará en los procesos que se desarrollen en medio de la renovación de jueces y magistrados.
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La anulación de la prórroga del TPS le impone a David el desafío de encontrar otra forma de permanecer legalmente en EE.UU. o marcharse a otro país antes de ser deportado.
David pensaba que su mayor reto aquella noche bajo cero era mantener el calor mientras caminaba sobre la nieve, hasta que se topó con una patrulla policial en Washington.
Un policía le pidió sus papeles en el trayecto que recorría cada noche para volver a casa después del trabajo. Al comprobar que era venezolano y tenía un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el uniformado le dijo en perfecto español: “Disfrútalo mientras lo tengas”.
David no supo qué responder. El policía le hizo un gesto con la mano y lo despachó en inglés: “Go, go, go!”.
A finales de diciembre y a pocos días de abandonar la Casa Blanca, el gobierno del presidente Joe Biden aprobó una extensión del TPS para los venezolanos, una medida que permitía a casi 600.000 personas residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, libres del riesgo de ser deportados.
Pero el miércoles 29 de enero, durante su segunda semana de mandato, el gobierno del presidente Donald Trump anuló esa prórroga, una decisión que dejará a sus beneficiarios sin un estatus migratorio legal en Estados Unidos y puede convertirlos en sujetos de deportación.
En el caso de David, su TPS vence el próximo 2 de abril.
“Es muy duro saber que ahora corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”, dijo a BBC Mundo después de pedir que su verdadera identidad se mantuviera anónima.
“Salí huyendo de allá para sobrevivir, hice todo lo que me pidieron aquí y ahora vivo con miedo de que me agarren o me pase algo malo, como me ocurría en Venezuela”.
Su abogado le recomendó la misma alternativa que están considerando los beneficiarios del TPS que no disponen de otro estatus migratorio en Estados Unidos: introducir una petición de asilo ante un tribunal estadounidense.
Mientras tenga un proceso judicial en curso, David no puede ser deportado.
Trump emprendió una política de deportaciones masivas de indocumentados, que podría afectar a 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal.
Una de sus primeras medidas fue suspender el parole, un permiso humanitario que el gobierno de Biden concedió a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, que llegaron a territorio estadounidense tras huir de las crisis en sus países.
“Ya sabes lo que les va a pasar”
David tenía una peluquería en el estado Aragua, en el centro norte de Venezuela.
Mientras le pintaba el cabello a una clienta, un muchacho entró al negocio y le preguntó si le faltaba mucho para atenderlo. Él le pidió que se sentara y esperara, pero el hombre se enfureció.
Sacó una pistola, amenazó a David y a sus clientas, les robó las carteras y varias máquinas de afeitar. Antes de marcharse, disparó contra la fachada de la peluquería, mientras todos se tiraron al suelo, escondiéndose detrás de las sillas dispuestas frente a los espejos.
“Traté de poner la denuncia en la policía y me dijeron que no lo hiciera, nadie podía meterse con el Tren de Aragua”, recordó David en referencia a la banda de crimen organizado venezolana que acaba de ser catalogada como una organización terrorista por el gobierno de Trump.
“Al día siguiente, me dejaron una nota en la puerta del negocio que decía: ‘Si no te vas del estado, ya sabes lo que les va a pasar a ti y a tu familia'”.
Aquel día de 2018 comenzaron siete años de historia migratoria para David. Se marchó de Aragua con su ropa y US$600, mientras su esposa y sus tres hijos esperaban a que él se instalara en Colombia.
Pero en el trayecto lo asaltaron y cruzó la frontera sin dinero ni pertenencias. Logró conservar el pasaporte porque lo escondió entre sus piernas cuando unos hombres armados asaltaron el autobús en el que viajaba dentro de Venezuela.
Una vez que llegó a Colombia, durmió en plazas donde se refugiaban otros migrantes y pasó tres días seguidos sin comer, hasta que un hombre le regaló una bolsa de caramelos que comenzó a vender por unidad, su primera oportunidad de generar ingresos fuera de Venezuela.
Con el tiempo logró trabajos más estables y pudo llevar a su esposa y sus hijos a Colombia. Pero su madre se quedó en Aragua. En medio de la pandemia, David logró ahorrar lo suficiente para visitarla.
Cuando llegó a casa de su madre, le dejó un poco de dinero para que comprara comida y preparara un almuerzo para la familia, mientras él salía a visitar a un amigo. Pero minutos después, ella lo llamó para decirle que unos hombres lo buscaban.
David volvió a huir a Colombia, esta vez sin despedirse de su madre.
“No sé cómo se enteraron de que había llegado”, lamenta. “Ahí fue cuando me di cuenta del nivel de control que el Tren de Aragua tenía en esa área y sobre todos nosotros”.
El miedo creíble
Después del confinamiento por el coronavirus, los salarios de David y su esposa en Colombia no alcanzaban para mantener a los niños, así que decidió marcharse a Estados Unidos.
Cruzó Centroamérica y México por tierra, sobrevivió a dos secuestros y entregó los US$1.800 que había ahorrado a hombres armados que lo golpearon hasta sacarle un diente.
Cuando llegó al norte de México, una madrugada de mediados de 2023, sintió miedo de lanzarse al río Bravo para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero a lo lejos, en el horizonte del desierto, se avistaban camionetas negras con fusiles que sobresalían por las ventanas.
“El agua estaba fría y la corriente era tan fuerte que me arrastró unos 60 metros. Sentía que me ahogaba pero logré cruzar agarrándome del monte que crecía en la orilla”.
David estuvo detenido durante semanas en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hasta que las autoridades migratorias le hicieron entrevistas en las que contó que había escapado por el Tren de Aragua y logró demostrar que tenía un “miedo creíble” de volver a Venezuela.
“Apenas pude, me acogí al TPS para poder trabajar y me mudé a casa de un amigo en Washington. Llevo un año y medio viviendo aquí, dedicado exclusivamente a hacer dinero para mantener a mi familia”.
En 1990, el Congreso de Estados Unidos creó la figura del TPS para migrantes que enfrentaban dificultades extremas si se veían obligados a regresar a sus países de origen, debido a conflictos armados, razones humanitarias o desastres naturales.
La basura fuera
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que la prórroga del TPS había sido anulada el miércoles 29 de enero, durante una entrevista con la cadena de noticias Fox News.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo Noem usando las siglas del Tren de Aragua.
“Ayer estuve en Nueva York y la gente de este país quiere esta basura fuera”, aseguró Noem. “Quieren que sus comunidades estén seguras. Fue increíble ver a la gente caminar junto a nosotros en la calle temprano en la mañana y darnos las gracias”.
David encuentra paradójico que sea la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos lo que ahora le hace sentirse señalado como un criminal que merece ser deportado.
“Que seamos venezolanos no significa que todos seamos Tren de Aragua”. “Nos están estigmatizando porque venimos del mismo lugar, pero muchos hemos sido víctimas de ellos y estamos escapando de eso”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha identificado a presuntos miembros del Tren de Aragua en 16 estados, con un centenar de investigaciones federales relacionadas con la organización y al menos 50 detenciones y condenas judiciales.
“Ahora no solo me da miedo que me pare un policía en la calle, también me da miedo saber que el Tren está en Estados Unidos”.
La esposa y los hijos de David forman parte de un programa de ACNUR para ingresar a Estados Unidos como refugiados. Desde la investidura de Trump, el 20 de enero, el viaje de la familia fue postergado hasta confirmar si efectivamente el país estará dispuesto a recibirlos.
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