Inteligencia Artificial en elecciones: sin regulación y en riesgo de que se use para ‘guerra sucia’
¿Un diálogo de Ricardo Monreal con el expresidente estadounidense Benjamin Franklin? La Inteligencia Artificial (IA) lo hizo posible, y el resultado fue publicado por el senador que en ese momento recorría el país con la intención de ser elegido por Morena para pelear por la Presidencia de México en 2024.
La estrategía de aprovechar la Inteligencia artificial con fines electorales no sólo fue adoptada por Monreal. Claudia Sheinbaum –quien resultó electa para representar a Morena en 2024– también la utilizó para estar en tendencia. Mientras que Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la presidencia por la oposición, aprovechó la IA para crear un video en el que se lanza en contra de su oponente.
Este tipo de tecnologías no solo es aprovechada para generar propaganda; también puede ser usada para desinformar, o hacer guerra sucia al rival en turno, suplantando rostros e incluso voces.
Por ejemplo, en redes sociales se compartieron imágenes del presidente de Francia, Emmanuel Macron, participando en las protestas contra su propia reforma jubilatoria. También se compartió otra del presidente Putin de rodillas frente al presidente de China. Y en México ya se utilizan avatares para hacer promoción a favor del presidente López Obrador.
El problema es que las leyes electorales vigentes no abordan la manipulación de contenido generado por IA en las campañas electorales —ni siquiera contemplan internet o redes sociales—, lo cual representa un vacío, incluso en el aspecto de fiscalización del gasto.
Frente al proceso electoral en desarrollo el investigador Raúl Trejo Delarbre advierte que los usuarios están en una condición de vulnerabilidad frente a contenido fabricado con IA que pudiera ser falso pero verosímil.
México carece de una regulación a la IA
De acuerdo con un estudio de IBM, México es el quinto país de América Latina que más utiliza Inteligencia Artificial, pero no existe hoy una política de Estado que invierta en esos temas.
En entrevista con Animal Político Jimena Moreno González, abogada especialista en temas de tecnología, señaló que México se ha quedado rezagado en la regulación de contenidos de internet y en la inversión gubernamental al respecto.
“En México no hay un sistema legal que regule la IA… no hay un marco regulatorio que hable específicamente de la IA”, dijo.
La también investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) destacó que en el mundo la IA se regula “a través de principios éticos” promulgados por diferentes organismos internacionales, “es un tema autorregulatorio”. Sin embargo, en México “no llegamos a esa autorregulación”, sino que estamos “en la ingobernabilidad”, indicó Moreno.
“Puede haber sanciones sobre la conducta”, refirió, como el desprestigio, la honra de las personas, “pero no para la generación del algoritmo que va a ser que tenga sesgos o que pudiera influir en una parte de la población, ahí no llegamos”.
La investigadora del CIDE también destacó que la regulación de la IA “no es tan fácil”, debido a los intereses económicos que hay detrás, ya que la tecnológica “es una industria que genera mucho dinero”. Y en la cual el gobierno ha dejado de invertir en los últimos años.
En México el presupuesto a Ciencia, Tecnología e Innovación se ha reducido este año un 9% real con respecto al 2018.
De acuerdo con el Informe de la UNESCO sobre la Ciencia publicado en 2021, México es uno de los países que menos invierte en investigación y desarrollo como % del PIB.
De acuerdo con este estudio México sólo invierte el 0.31% de su presupuesto como porcentaje del PIB a estos rubros. Un porcentaje muy inferior al 1.79% del promedio mundial, al 0.66% promedio en América Latina y menor a países como Brasil (1.26%) y Argentina (0.54%).
La IA “nos agarra desprevenidos” en materia electoral
Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, considera que la IA “nos agarra desprevenidos” en materia electoral.
Las autoridades electorales, apuntó, deben de estar “muy abrumadas” ya que “la legislación que tenemos ahora no da muchos márgenes para evitar el uso de contenidos engañosos” en las próximas elecciones. Asimismo, destacó que “lamentablemente no hay un contexto en México para enfrentar este problema”.
El investigador del IIS indicó que tenemos una legislación que tiene más de 15 años que “fue pensada para los medios tradicionales”, para la cual “las reglas ya no pueden cambiar” ya que toda modificación a la ley requiere de un año previo a la celebración de las elecciones.
Una revisión de El Sabueso a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), documento que establece las normas de las campañas electorales, permite dar cuenta de que no existe mención alguna a la IA, el internet o las plataformas sociales.
En México existen más de 90 millones de usuarios de Internet y las audiencias de los medios tradicionales van a la baja. Sin embargo, a decir de Jimena Moreno, “el desarrollo de la IA va mucho más rápido que el desarrollo de las leyes”.
De hecho, Olga González Martínez, Subdirectora de información y gestión de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) del INE, indicó recientemente que en México “el uso de las tecnologías no está completamente regulado” ya que “se aplican las mismas leyes que en la difusión por los medios tradicionales”.
La IA en las campañas electorales
En el marco de las campañas electorales que hoy se desarrollan rumbo al proceso electoral del 2024, la IA ya ha sido utilizada, pero no solo con fines propagandísticos, también se ha acusado su utilización para el ataque de candidatos.
Un caso reciente corresponde a la difusión de un audio en el que Clara Brugada, actual candidata interna de Morena para la jefatura de Gobierno, supuestamente afirma que subirá los impuestos en la Ciudad de México.
Sin embargo, Brugada denunció en un tuit que dicho audio habría sido “elaborado con IA” y que “ninguna parte de su contenido corresponde a conversaciones reales”. Además, destacó que se trataba de una “guerra sucia de la derecha”.
Asimismo, en otra grabación atribuida a Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México supuestamente Batres afirma que tienen “dos semanas para bajar a Omar (Harfuch) por el tema de género”.
En el audio, difundido en redes sociales y medios de comunicación, también se dan instrucciones para “seguir creciendo a Clara (Brugada)”. Sin embargo, Martí Batres negó ser autor de dichas frases y acusó el uso de Inteligencia Artificial (IA).
Ricardo Monreal es otro actor político que ha alertado sobre esto, pues según él, la política es “un campo en donde las deepfakes han encontrado cobijo y crecido como la espuma” y advirtió que las deepfakes “cayeron como anillo al dedo para un nuevo tipo de guerra sucia: la digital”.
Los deepfakes o “falsedades profundas” son archivos de vídeo, imagen o voz manipulados mediante un software de inteligencia artificial de modo que parezcan originales, auténticos y reales.
La creación de deepfakes no requiere de un conocimiento especializado, hoy existen opciones de software gratuito con los que cualquier usuario puede crear contenido rápidamente.
Trejo Delarbre señaló que pese a que lo ideal sería “tratar de legislar los usos”, “nuestro poder legislativo —salvo excepciones— no está pensando en la Inteligencia Artificial”.
“Vamos a tener muchos problemas con la circulación de videos y otros contenidos hechos por simpatizantes anónimos”, dijo el investigador. “No van a ser falsedades distribuidas de manera oficial por una campaña, sino de manera subrepticia, anónima u oculta por usuarios que no serán identificables y que van a propagar contenidos que por su espectacularidad se van a volver virales de manera muy rápida”.
Este fenómeno ya se presentó en la actual contienda electoral, pues han sido los mismos usuarios simpatizantes quienes han difundido ya videos y fotografías generados por IA.
Por ejemplo, hace unos meses usuarios difundieron un video generado por IA en el que Xóchitl Gálvez respondía a Claudia Sheinbaum luego de decir que “no cualquier mujer” podía ser presidenta:
La IA en las elecciones de Estados Unidos
La experiencia mexicana no está tan alejada del desconcierto y las preocupaciones que genera la IA en otros países que tienen procesos electorales en puerta.
Estados Unidos, por ejemplo, elegirá al próximo presidente en noviembre de 2024, pero en su caso actualmente ya discute el uso de la Inteligencia Artificial con fines electorales.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos publicado en agosto de este año advierte que “han surgido preocupaciones sobre el uso de anuncios de campaña (electoral) generados por inteligencia artificial y su potencial uso para difundir desinformación”.
Asimismo, un documento del Congreso de Estados Unidos indica que “el uso de la IA para generar deepfakes está causando preocupación porque los resultados son cada vez más realistas, se crean rápidamente y se hacen a bajo costo con software disponible gratuitamente”.
“De este modo, incluso los operadores no cualificados podrían descargar las herramientas informáticas necesarias y, utilizando datos públicos, crear contenidos falsificados cada vez más convincentes” señala el documento.
En Estados Unidos la Ley Federal de Campañas Electorales de Estados Unidos (FECA, por sus siglas en inglés) tampoco regula el uso de la IA en promocionales electorales.
Por ello el 22 de junio la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos (FEC) discutió —aunque no aprobó— una petición que solicitaba analizar la aplicación de la legislación electoral en “anuncios de campaña de IA deliberadamente engañosos”.
La petición sostenía que “un clip de audio o video deepfake hecho por un candidato que representa a un candidato opositor diciendo o haciendo algo que no ocurrió, como hacer un comentario ofensivo o aceptar un soborno, violaría” la legislación electoral.
Acceso desigual a esta tecnología
Vale la pena recordar que en las elecciones de 2016 Donald Trump contrató a una empresa que, a través del “microtargeting conductual”, intentó influir en los votantes de Estados Unidos usando la información de 50 millones de usuarios de Facebook.
El microtargeting es una estrategia de marketing que utiliza datos demográficos e identifica intereses de usuarios o grupos específicos para enviar anuncios dirigidos que se alineen con sus intereses.
“Lo que ahora vamos a tener es microtargeting con contenidos elaborados con IA y será muy fácil que si yo tengo una simpatía por un partido me envíen un contenido que refuerce esa simpatía, y la antipatía por el candidato rival”, alertó Trejo Delarbre.
La investigadora del CIDE advirtió que, de no regular los algoritmos IA bajo principios éticos, crecerá la brecha de desigualdad.
“Vamos a empezar a replicar el sistema de desigualdad social de una manera todavía más acelerada”, un escenario en el que mencionó Moreno que los más desprotegidos “van a ser los más vulnerables: mujeres, jóvenes y gente que no tiene acceso a estas tecnologías”.
“Si no hay principios éticos transparentes en el desarrollo de algoritmos las desigualdades se van a acrecentar a la misma velocidad con la que está avanzando la inteligencia artificial, ese es el gran riesgo. Lo mismo pasa con los derechos políticos y con la libertad de expresión”, dijo.
Para la realización de este texto Animal Político solicitó al INE una entrevista para conocer su postura con respecto al uso de la IA en el próximo proceso electoral, sin embargo, hasta el momento en el que se redacta esta nota no hemos obtenido una respuesta del Instituto.
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La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
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