Elecciones 2024: ¿Es ilegal quitar la propaganda electoral en las calles?
Con las campañas electorales en curso, las calles de la Ciudad de México lucen llenas de propaganda de candidatos que buscan la Jefatura Gobierno.
Está en bardas, postes, espectaculares y todo tipo de rincones, incluso en lugares prohibidos por la ley, como en árboles.
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Esta ola de publicidad trajo consigo varios videos en los que personas retiran mantas, carteles y pancartas de la vía pública, mientras otros aseguran que personas ligadas a partidos políticos destruyen estos materiales.
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¿Qué dice la ley sobre retirar esta propaganda? Aquí te explico:
Retirar propaganda es función de autoridades electorales
La especialista en temas electorales Jessika Velázquez detalló a El Sabueso que si bien no existe en la legislación una sanción para los ciudadanos que retiran por cuenta propia propaganda electoral , lo ideal es que de eso se encarguen autoridades electorales.
“Si es tu propiedad y es propiedad privada, la puedes remover. Si estás en una vía pública, es decir, en una calle, en una avenida que sea de tránsito público, esa es una atribución que tienen las autoridades administrativas electorales y también la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, justamente para que puedan sancionar al partido político o a quien está haciendo la propaganda”, explicó
Además, la vocal ejecutiva del INE en Ciudad de México, María Luisa Flores Huerta, explicó que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local es el que rige la propaganda para los cargos de la capital. Sin embargo, ni ésta ni otras normativas contemplan regulaciones a la ciudadanía sobre el retiro de ésta promoción.
“No está hoy regulado algo para la ciudadanía”, dijo. “Seguramente tendría que valorar si causa algún daño al equipamiento, no meramente a la propaganda”.
Sin embargo, para servidores públicos sí existen sanciones por retiro de propaganda electoral. El Código Penal para la Ciudad de México establece en su artículo 359 que podrán imponerse entre seis meses hasta un año de prisión, o de 100 a 300 días de multa, a los servidores públicos que “se apoderen, destruyan, retiren, borren, supriman, oculten o distorsionen la propaganda de algún candidato, partido o planilla”. Incluso podrían ser destituidos o inhabilitados hasta por cinco años.
El artículo 250 de la LGIPE, en tanto, acota que “las autoridades electorales competentes” son las que pueden ordenar el retiro de propaganda electoral contraria a las normas.
Los partidos y la propaganda
En la Ciudad de México, por ejemplo, partidos políticos han señalado a sus adversarios por el retiro de publicidad a su favor. Pues algunas lonas de Clara Brugada, aspirante de la alianza Morena-PVEM-PT, y Santiago Taboada, representante de la coalición PAN-PRI-PRD, han sido encontradas rotas, tiradas, dobladas o simplemente desaparecieron de las calles de la Ciudad.
La especialista Jesika Velázquez explicó que, aunque se puede proceder contra el retiro irregular de propaganda, es poco probable que se compruebe la responsabilidad de partidos o autoridades.
“Es muy complicado porque justamente lo que hacen los partidos políticos, o en las candidaturas, es tratar de dar la vuelta al decir que es la población en general la que quita la propaganda, que están haciendo esta libertad de expresión, esta libertad de participar en la vida pública y democrática del país, y es así cómo pueden ellos deslindarse”, aseguró.
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Los candidatos para las elecciones en 2024 están obligados a declarar que los recursos utilizados para promocionarse no rebasan su tope de gastos de campaña.
Hasta ahora, sólo Santiago Taboada informó que ha gastado más de 8 millones de pesos en promocionales de vía pública durante su campaña, mientras sus contrincantes aún no actualizan esa información en el portal de Rendición de cuentas y fiscalización del INE.
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Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
De Monroe a Trump
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Intereses en la región
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
Represalias y recompensas
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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