Hospitales de alta especialidad pasan al IMSS-BIENESTAR, ¿Cuáles son y qué significa el cambio?
Seis hospitales regionales de alta especialidad serán fusionados con el sistema IMSS-BIENESTAR, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo decretara el 10 de octubre pasado.
Los hospitales que formarán parte del IMSS-BIENESTAR son: el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío; Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas; Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán; Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.
Usuarios del VerifiChat nos preguntaron: ¿Qué pasará con estas instalaciones en términos de presupuesto y personal? Revisamos documentos y consultamos a Judith Senyacen Méndez, Directora adjunta de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), para que nos aclarara el tema.
Si tienes poco tiempo aquí te dejo lo más importante:
- Según el decreto presidencial, los hospitales de alta especialidad deberán mantener la atención médica sin interrupciones durante el proceso de fusión. Pero no explica qué tipos de servicios seguirán brindando en su incorporación al IMSS-BIENESTAR.
- El presupuesto destinado a los hospitales de alta especialidad pasaría a la bolsa general del IMSS-BIENESTAR. Sin embargo, el proyecto no se desglosa dentro del Presupuesto de Egresos para 2024, por lo que especialistas advierten que se perderá ‘trazabilidad’ o la huella de cómo se da el gasto.
- Este decreto no contiene un plan de operación ni un cálculo presupuestario para conocer los impactos de esta transferencia al sistema del IMSS-BIENESTAR.
- Antes del acuerdo presidencial, el IMSS tenía una cobertura de primer y segundo nivel de atención hospitalaria. Ahora podrá brindar una atención especializada de tercer nivel.
- Tres de los seis hospitales son administrados bajo el esquema de asociación pública-privada (APP), por lo que el presidente dijo que serían adquiridos a sus propietarios, aunque aún no se concreta la operación.
En qué consiste el cambio de estos hospitales
Los hospitales a los que se destinó el decreto presidencial eran administrados por la Secretaría de Salud y tres están bajo el modelo de asociación pública-privada.
Este acuerdo ordena la incorporación de los hospitales al IMSS-BIENESTAR “con el fin de continuar con la prestación de servicios médicos de alta especialidad con enfoque regional pero alineados al nuevo Sistema de Salud para el Bienestar”.
El decreto establece que los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales de los hospitales y el centro regional de alta especialidad pasarán al nuevo organismo de salud, además de que las obligaciones y derechos que tenían estos centros de salud serán asumidos por el IMSS-BIENESTAR.
En entrevista con El Sabueso, Judith Senyacen Méndez, Directora adjunta de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), mencionó que con este decreto de fusión el presupuesto destinado a los hospitales de alta especialidad pasaría a la bolsa general del IMSS-BIENESTAR, sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2024 no incluye la atención de alta especialidad de estos hospitales en el apartado del nuevo organismo descentralizado.
Con esto, refirió, se podría perder trazabilidad o la huella del presupuesto asignado a estos centros médicos, por lo que subrayó la necesidad de un desglose del monto destinado a los hospitales.
Al segundo trimestre del 2023, el centro regional de alta especialidad de Chiapas tenía un presupuesto modificado de mil 737 millones pesos; el hospital del Bajío mil 483 millones; el hospital regional de Oaxaca 937 millones; el hospital de la Península de Yucatán mil 147 millones; el hospital regional de Ciudad Victoria 943 millones y el hospital regional de Ixtapaluca mil 893 millones de pesos.
Senyacen Méndez también explicó que este decreto no contiene un plan de operación ni un cálculo presupuestario para conocer los impactos de esta transferencia al sistema del IMSS-BIENESTAR.
En el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2024, el nuevo organismo público descentralizado del IMSS-BIENESTAR concentra cuatro programas: Servicios de apoyo administrativo, Atención a la salud y medicamentos gratuitos, Atención a las personas sin seguridad social y Fortalecimiento de la atención médica. El total estimado para este sistema de salud sería de 128 mil 624 millones de pesos, según un análisis del CIEP.
“El IMSS-BIENESTAR debe encargarse de todas las acciones que se encuentren en proceso, incluidas las obligaciones derivadas de juicios y procedimientos administrativos; de instrumentos contractuales iniciados; así como de la atención y seguimiento de cualquier asunto jurisdiccional o administrativo que se encuentre en trámite o pendiente”, señala el acuerdo.
Zoé Robledo, director del IMSS, aseguró que serán respetados los derechos de los trabajadores de estas unidades médicas, conforme a la normativa aplicable para el IMSS-BIENESTAR.
Este proceso de transición, que según lo publicado en el Diario Oficial tiene que concretarse en tres meses, deberá ser financiado con los recursos asignados en el presupuesto del 2023 a estos hospitales, ya que el decreto no considera ampliaciones presupuestales para este cambio.
El IMSS-BIENESTAR deberá informar mensualmente el estado que guarda este movimiento.
No se prevén cambios en la atención de los hospitales de alta especialidad
Según el decreto presidencial, los hospitales de alta especialidad deberán mantener la atención médica sin interrupciones durante el proceso de fusión.
En ese sentido Juan Luis Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, confirmó que no habrá cambios de funcionamiento u operatividad en los hospitales que pasarán al IMSS-BIENESTAR.
Igualmente Daniel Díaz Martinez, secretario de Salud de Guanajuato, aseguró que este cambio no afectará la atención a los pacientes y confió en que esta fusión pueda incrementar el presupuesto destinado al hospital del Bajío.
A pesar de ello, el diputado Éctor Jaime criticó esta modificación en los hospitales regionales, ya que aseguró que “no hay garantía de que estos hospitales sigan atendiendo con los mismos estándares de calidad”, ni que sigan apoyando proyectos de investigación.
En este sentido, Senyacen Méndez enfatizó que el decreto presidencial no explica qué tipos de servicios seguirán brindando los hospitales de alta especialidad en su incorporación al IMSS-BIENESTAR.
Asimismo, comentó que para mejorar la atención a la salud de las personas sin seguridad social es necesario aumentar el presupuesto y mejorar temas de gobernanza, administración y gestión.
“No se discute cuánto se va a invertir en esta política. Podría ser una transferencia; en temas de recursos es el mismo presupuesto que mandan de una bolsa a otra. Aquí se haría lo mismo con estos recursos de estos hospitales de alta especialidad a este otro ramo (IMSS-BIENESTAR), pero no se habla de más inversión”, dijo Méndez.
A pesar de que se considera un aumento del gasto per cápita de salud en 12.8% para las personas sin seguridad social, el CIEP subrayó que este incremento es insuficiente debido a que entre 2018 y 2021 la carencia de salud aumentó en 30 millones.
Con esta transición de seis hospitales de alta especialidad al IMSS-BIENESTAR, este sistema de salud tendrá una red hospitalaria para brindar una atención especializada de tercer nivel. Antes del acuerdo presidencial, el IMSS tenía una cobertura de primer y segundo nivel de atención hospitalaria.
El 10 de octubre, 23 estados firmaron un acuerdo con el IMSS-BIENESTAR para su incorporación en el Sistema de Salud para el Bienestar. Con este acuerdo, la institución busca atender a 53.2 millones de personas sin seguridad social en 23 estados.
A este nuevo modelo de atención se han transferido 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud.
¿Qué son los hospitales de alta especialidad?
Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) y el Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE) fueron creados como centros de salud descentralizados y con personalidad jurídica propia, adscritos a la Secretaría de Salud.
Estos hospitales ofrecen un conjunto variable de especialidades y subespecialidades clínico-quirúrgicas, dirigidas a atender padecimientos de baja incidencia y alta complejidad diagnóstico-terapéutica. Algunos de los servicios que ofrecen son cardiología, oncología, alergología, ortopedia, hematología, nefrología, intervenciones quirúrgicas, neonatología, terapia intensiva, entre otros.
También, ofrecen capacitaciones a personal de salud y colaboran en proyectos de investigación en la materia.
Estos centros cobran cuotas de recuperación de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los pacientes con seguridad social, sin embargo, los servicios de los hospitales de alta especialidad son gratuitos para personas sin seguridad social, según consta en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de noviembre de 2020.
Hospitales en asociación pública-privada
El Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” son administrados bajo el esquema de asociación pública-privada (APP).
Este modelo implica que el gobierno opera estos hospitales, pero una empresa privada construye las instalaciones a cambio de un pago anual por determinado tiempo.
En el caso del hospital del Bajío, el gobierno tiene un contrato con Concesionaria Acciona a 25 años, el cual inició en 2005. Según el acuerdo, el gobierno paga un monto anual de 354 millones de pesos a la concesionaria.
El hospital de Ciudad Victoria del empresario Óscar Julio Quiroz Moreno tiene un contrato de 25 años que inició en 2007, y se destinan 531 millones de pesos anualmente.
En tanto, el hospital de Ixtapaluca tiene un contrato a 25 años desde 2009, y el gobierno federal paga anualmente 622 millones de pesos. Este centro fue desarrollado por la constructora GIA de Hipolito Gerard Rivero.
El acuerdo de fusión con el IMSS-BIENESTAR contempla que los contratos celebrados por los HRAE y el CRAE seguirán vigentes y surtiendo efectos hasta que se celebren modificaciones en dichos instrumentos jurídicos o nuevos contratos.
En otras ocasiones, el presidente López Obrador ha manifestado su intención de adquirir los 9 hospitales bajo el esquema APP, los cuales le cuestan al gobierno alrededor de 5 mil 650 millones de pesos anuales. El 4 de octubre, el mandatario informó que el empresario Olegario Vázquez Aldir aceptó vender tres hospitales APP desarrollados por su empresa.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias al “parole” con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023.
El gobierno de Estados Unidos le garantizó a una niña mexicana de 4 años un año más de permiso humanitario para permanecer en el país y así poder seguir con el tratamiento del que depende su vida.
Así se lo confirmó a la BBC este martes su abogada, Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel.
En abril la familia de la menor -identificada con el seudónimo de Sofía- fue notificada de la revocación del también llamado parole con el que había ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 y gracias a cual recibía atención médica para su grave síndrome.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”, contó la madre de la niña, Deysi Vargas, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Los Ángeles, California, y que puso el caso bajo los focos.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo.
La abogada Amato informó entonces que habían vuelto a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición estaba bajo evaluación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas a Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era Estados Unidos.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en Estados Unidos de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532 mil personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EU, mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Permisos revocados
Desde que el republicado Donald Trump llegó a la Casa Blanca, habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EU”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EU bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EU por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, rezaba la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EU, a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, decía la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó la abogada Gina Amato.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Este martes les fue notificada la extensión de la autorización por un año.
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