Fideicomisos del Poder Judicial: ¿Cuáles quiere eliminar Morena? ¿Se afectan derechos de trabajadores?
Morena busca eliminar fideicomisos con saldo de 8 mil 500 millones de pesos para pensiones complementarias de mandos superiores y medios, personal operativo, además de magistrados y jueces jubilados del Poder Judicial, lo que ha desatado protestas y el anuncio de amparos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no serán afectados derechos de trabajadores, pero especialistas y partidos de oposición mencionan lo contrario. A continuación te explicamos cuáles son los fideicomisos del Poder Judicial que están en riesgo de desaparecer, sus montos y cuáles han sido los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación:
¿Qué son los fideicomisos y por qué se usan?
Especialistas nos explicaron que los fideicomisos son instrumentos financieros en los que instancias públicas o privadas ‘guardan fondos’ en una bolsa destinada a un fin específico, pero cuyos montos mientras no sean gastados también generan rendimientos.
Hasta el segundo trimestre de 2023, Hacienda reportó 178 fideicomisos vigentes, 138 en operación y otros 40 en proceso de extinción. La Secretaría del Bienestar, por ejemplo, tiene un fideicomiso ‘del Bienestar’ para garantizar la entrega del programa de apoyo.
Estos fideicomisos se alimentan de los recursos presupuestales aprobados por diputados y diputadas, y la dependencia que los usa tiene la ventaja de que si al finalizar el año no se emplearon los recursos se quedan en la ‘bolsa’, e incluso pueden crecer.
Esto da mayor control de los recursos, más allá de los vaivenes políticos y la discusión anual entre partidos para asignar presupuesto.
“Básicamente te garantiza no correr el riesgo de que te vayan a recortar el presupuesto en un determinado año, y te quedes sin la capacidad de financiar un programa en cuestión”, explica Jorge Cano, experto en los programas de Gasto Público en México Evalúa.
Para la abogada constitucionalista Melissa Ayala, el uso de los fideicomisos “permite una mejor planeación y proyección de esos recursos para el fin que se le ha atribuido”.
Aunque por otro lado especialistas también han señalado el riesgo de la opacidad al utilizar fideicomisos, y Morena critica en la iniciativa del legislador Mier el manejo discrecional de recursos públicos que puede tenerse con estos instrumentos, aunque también sean utilizados por secretarías del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, legisladores de oposición han acusado que la iniciativa, más que buscar la transparencia y ahorro, busca ‘castigar’ al poder Judicial y afectar su autonomía, por las resoluciones que ha emitido respecto a reformas del gobierno actual.
¿Qué fideicomisos que quiere eliminar Morena, se afectan derechos laborales?
En la iniciativa de Morena se plantea eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Entre ellos tres relacionados con pensiones “complementarias”, es decir, montos de pensión que se suman a los que asigna por ley el ISSSTE a funcionarios públicos, y que son financiados con recursos provenientes de los fideicomisos.
Estos son: de Pensiones Complementarias para Mandos Superiores, que van de director general a secretario de estudio, aunque no considera a ministras y ministros en retiro, y que hasta junio de 2023 tenía un saldo de 832 millones de pesos.
También los de Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo (saldo de 2,972 millones), y otro de Pensiones complementarias de magistradas y jueces jubilados (4 mil 722 millones).
Más de la mitad de los recursos que pretende quitar Morena son de fideicomisos enfocados en pensiones, y el de mandos superiores es el de menos recursos.
Y si bien dichas prestaciones son “complementarias”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió que “no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el PJF que ya cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso, así como de quienes eventualmente cumplirán con ellos”.
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que desde la creación de estos fideicomisos de pensiones complementarias se estableció que su entrega no sería obligatoria ni permanente, lo que también refirió el presidente.
“Entiendo el planteamiento (de López Obrador) porque podemos pensar que si hay fideicomisos que no son obligatorios, entonces al no ser obligatorios se podrían eliminar y no debería de pasar nada”, refirió Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM.
“El tema es que una vez que se han creado, aunque no fueron obligatorios constituyen obligaciones ya respecto a los trabajadores, y los trabajadores a la inversa ya tienen derechos adquiridos”, agregó.
El artículo 123 de la Constitución, explica que ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva. “(La eliminación de los fideicomisos) implicaría su aplicación de forma retroactiva porque se estarían afectando los derechos de los trabajadores”.
El padrón de la SCJN de beneficiarios del fideicomiso de pensiones complementarias para mandos superiores tuvo al 30 de septiembre de este año a 26 beneficiarios.
El de mandos medios a 188.
Y en el caso del Fideicomiso Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces jubilados, en el reporte del segundo trimestre del año se observaron 385 beneficiarios.
Entre los fideicomisos con el mayor monto presupuestal, y que busca eliminar Morena, también está el del Consejo de la Judicatura Federal para el Desarrollo de Infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal, con un saldo de 4 mil 308 millones hasta junio de 2023.
“Los recursos de ese fideicomiso se utilizan para financiar, como su nombre indica, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente, en esa materia”, refirió la Suprema Corte.
Así, la extinción de este fondo afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano”.
Otro de los fideicomisos es el de Mantenimiento de Casas Habitación de Magistrados y Jueces, para proveer una vivienda a magistrados de Circuito o jueces de Distrito cuando se les asigne a órganos jurisdiccionales con distinta residencia a la de su domicilio actual.
“Con lo que se evita que dichos funcionarios judiciales establezcan relaciones de tipo comercial para contar con una vivienda con personas que, a la postre podrían ser parte en juicios federales”, se refiere en el Diario Oficial, aclarando en otro documento que dicha vivienda que les asignen seguirá siendo de dominio público, y que al ser trasladados de nuevo, retirarse o incluso ser sancionados deben dejar dicho inmueble.
En el caso de este fideicomiso, no se ubicó en línea el listado de padrón beneficiarios.
ASF criticó en 2019 que no se usan los recursos en los fideicomisos
Como refiere la iniciativa de Morena, la Auditoría Superior de la Federación observó en 2019 que aunque el Poder Judicial tiene recursos en los fideicomisos apenas usa anualmente una fracción mínima de ellos, y en cambio se seguía recurriendo al presupuesto.
“Se considera que la operación de los fideicomisos de la SCJN y del CJF no se ajusta a criterios de racionalidad dada la muy baja utilización de sus recursos, lo cual ha sido una constante, en los últimos 10 años, ya que, en promedio, solo se ha utilizado el 4.8% de sus disponibilidades, destacando los fideicomisos relativos a pensiones complementarias, cuyo financiamiento ha sido efectuado mayormente con recursos de los propios presupuestos de dichos órganos en lugar de hacer uso de los recursos disponibles con los que cuentan dichos instrumentos financieros, originando ello que las disponibilidades se hayan incrementado casi 4 veces en los últimos 10 años, lo cual representa un incremento de 11,538.2 millones de pesos”, señaló la Auditoría.
Un año después, en el caso de los fideicomisos “Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo” y “Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior” de la SCJN, refirió que el 90% de los recursos ejercidos para ese fin en 2019 se financiaron con el presupuesto de la SCJN con cargo a la partida de gasto 15301 “Prestaciones de Retiro”. Y solo el 10% con dinero de los fideicomisos.
No hay evidencia de que sean para lujos de jueces y ministros
En el medio público Canal 11 se difundió que parte del dinero de los fideicomisos es para que jueces “reciban dos vehículos blindados tipo suburban con valor de seis millones de pesos, un gasto anual de 22 mil pesos en gasolina, seis celulares y tres ipads”.
Una narrativa similar a la que se refiere en la exposición de motivos del legislador Ignacio Mier, en su caso citando una columna de opinión de Salvador García Soto, quien a su vez refiere que obtuvo la información de “fuentes del gobierno federal”.
En una revisión, no se encontró ninguna fuente documental con ese desglose de gastos, sólo los reportes de saldos de fideicomisos y en la mayoría de ellos de beneficiarios, también sin encontrar que alguno de ellos beneficia actualmente a ministras o ministros, como señaló la SCJN.
¿Es buena idea eliminarlos?
Jorge Cano, experto en los programas de Gasto Público en México Evalúa, menciona que si el presidente López Obrador considera que hay opacidad con los fideicomisos, la mejor opción es obtener más mecanismos de transparencia, pero no eliminarlos.
La misma organización especializada en el análisis presupuestal expresó en un comunicado que no está a favor de “procesos arbitrarios de extinción de fideicomisos públicos” y sin procesos estrictos de evaluación.
En el caso de los fideicomisos del PJF, apuntó, se deberían considerar aspectos adicionales, dadas las posibles afectaciones a su independencia.
“Reafirmamos nuestra preocupación en torno al potencial recorte al presupuesto del PJF y a la posible adopción de una reforma que pretende eliminar sus fideicomisos. Nos parece que, de aprobarse, se erosionaría la división de poderes, se pondría en riesgo la independencia judicial y se deterioraría aún más el derecho de los mexicanos de acceder a una justicia pronta y expedita”.
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Mientras Cuba se prepara para un temido escenario de “cero combustible” por las presiones de Trump, los cubanos tiran de solidaridad, inventiva y previsión.
Elizabeth Contreras* remueve el carbón en la cocina que improvisó sobre bloques de cemento en el patio de su casa.
En la parrilla hay unas piezas de pollo que alimentarán a tres familias del barrio en un municipio periférico del suroeste de La Habana.
“Mucha gente lleva días cocinando así porque la olla eléctrica apenas puede usarse sin corriente y queda poco gas”, le cuenta a BBC Mundo.
“Nos ayudamos entre vecinos en esta incertidumbre”, añade esta pensionista de 68 años.
Cuba sufre una crisis energética y de escasez de combustible que se agravó desde mediados de 2024 y que en este 2026 se acerca a un abismo impredecible.
“Vamos a vivir tiempos difíciles”, aseguró el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una alocución el pasado 5 de febrero que precedió al anuncio de un plan extraordinario de ahorro energético.
Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, el gobierno de Donald Trump en EE.UU. desplegó varias medidas que dificultan el acceso a combustible de la isla, como la amenaza de imposición de aranceles a los países que envíen petróleo.
Washington se ha asegurado de que Cuba no reciba petróleo de Venezuela, que durante dos décadas ha sido el principal aliado de La Habana, y ha incrementado la presión para reducir el crudo que llega desde México.
Esto se une a problemas crónicos para generar electricidad por deficiencias productivas, plantas termoeléctricas obsoletas y falta de divisas para acceder a combustibles en el mercado internacional.
Son situaciones que el gobierno de La Habana atribuye al embargo económico estadounidense impuesto sobre Cuba desde los años 60, cuando triunfó la revolución socialista de Fidel Castro y se nacionalizaron industrias y negocios estadounidenses.
¿Peor que en el Periodo Especial?
Lo que se vive en Cuba estos días trae recuerdos del pasado a algunos de los habitantes de la isla.
En los 90, Cuba dependía mayoritariamente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), su principal aliado político y comercial.
Tras derrumbarse la URSS, los cubanos sufrieron una grave crisis conocida como el Periodo Especial que para muchos, incluida Contreras, nunca llegó a superarse del todo, sino que se pasó “por mejores y peores momentos”.
“Pero lo de ahora me parece más grave”, opina.
Con el colapso del comercio entre Moscú y La Habana a comienzos de los 90, los cubanos se vieron forzados a un racionamiento extremo de recursos y alimentos.
Como ahora, cocinaron con carbón, sufrieron problemas de transporte y convivieron con largas horas de apagones.
Contreras recuerda que, “parecido a hace tres décadas, hemos sufrido cortes de electricidad de hasta 18 horas en más de una ocasión en las últimas semanas”.
El plan anunciado por el gobierno cubano para ahorrar incluye racionar la venta de combustible, utilizándolo para actividades económicas imprescindibles y servicios esenciales, además de priorizar el teletrabajo e implementar clases semipresenciales en universidades.
Díaz-Canel rescató en su discurso el concepto de “opción cero”, un plan de supervivencia planteado en los 90 ante un escenario de “cero petróleo”.
Michael Bustamante, profesor asociado de estudios cubano-estadounidenses de la Universidad de Miami, aclara que, en términos comparativos, el PIB de Cuba hoy es menos débil que en los 90.
“Entre el 91 y el 94, el PIB se desplomó más de un tercio. Desde la pandemia para acá, el deterioro se calcula en un 11%. No existe la misma magnitud”, dice el académico.
Sin embargo, Bustamante comprende que muchos crean que la crisis actual es más grave.
“La economía cubana nunca se recuperó del todo tras el Periodo Especial y, aunque el colapso de ahora es menor en porcentaje, se siente peor para muchos porque se parte de una situación ya de por sí delicada”, añade el experto.
Bustamante observó en su último viaje a Cuba en 2023 que los cubanos sienten que en los 90 la crisis fue igual para todos, pero que hoy se notan disparidades.
“Tras la aparición de tiendas privadas, bien surtidas, quienes tienen dinero pueden conseguir cosas. Uno pensaría que eso aliviaría la crisis para algunos, pero tengo la sensación de que hay una desigualdad rampante que poco tiene que ver con lo vivido en los 90”, argumenta.
Inventiva y costumbre
Dos testimonios obtenidos por BBC Mundo relatan que, en medio de la crisis, todavía notan cierta normalidad en las calles.
“Veo Cuba como hace unas semanas. No hay fogatas en cada calle y vimos bastante gente fuera, haciendo fila en cajeros y mucho tráfico. Todavía no he visto ‘la época de las cavernas’ que pintan muchos”, cuentan dos mujeres en mensajes de voz.
Lo cierto es que, ya sea por costumbre o inventiva, a muchos esta situación les agarra prevenidos.
Una usuaria cubana en TikTok, @darlinmedina93, ha explicado en su cuenta cómo cocinar con leña o lavar ropa en ríos.
“Sé que me vas a decir que la cocina en leña es muy rica (…) pero no es fácil, mi amor, que tengas que batirte todos los días a cocinar con carbón, leña, que tu casa se te llene de tizne y que te ahogues del humo”, narra la usuaria en uno de sus videos.
Jennifer Pedraza*, trabajadora y estudiante de 34 años, reúne “bombillos, ventiladores y lámparas recargables, además de cargadores portátiles”.
“También acumulo agua, que está fallando”, le dice a BBC Mundo.
Pedraza y Contreras sí notan una disminución del tráfico en los últimos días.
Imágenes de agencias de noticias mostraron importantes avenidas vacías este domingo, como la del Malecón habanero, que habitualmente es una de las más transitadas de la capital.
“Solo rezo por no enfermarme porque me da pavor pensar cómo podré moverme”, dice Contreras.
Es algo que no le afecta tanto a Pedraza porque vive cerca de su trabajo, pero recientemente “dejó de hacer un examen en la universidad” porque estudia lejos y “no había cómo llegar”.
Su principal preocupación es su hijo de 9 años: “En la escuela casi nunca hay corriente y, cuando sale, debe hacer repasos y tareas a oscuras porque cuando llega a casa tampoco hay electricidad”.
“Tampoco puede ver dibujos animados o películas, ni usar mucho el teléfono cuando no hay luz o internet. Es complicado para un niño estar todo el tiempo a oscuras”, cuenta.
La situación, si bien grave, no es crítica para todos los ciudadanos con los que contactó BBC Mundo. Varios de ellos cuentan con familiares en el exterior que envían remesas, alimentos y recursos, o tienen un empleo por cuenta propia.
Pero quienes no tienen estas vías se apañan con un salario medio de 6.830 pesos cubanos al mes (US$14 al cambio en el mercado informal), según cifras de noviembre de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba.
Una botella de aceite cuesta alrededor de US$2,5 y una caja con 30 huevos casi US$6, según Pedraza. Ahí se va más de la mitad del ingreso oficial.
Efecto incierto
Tras la captura de Maduro, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, quien es de origen cubano, comenzaron a presionar al gobierno de la isla.
No está claro si, como en Venezuela, buscan forzar un cambio de liderazgo tras más de 60 años de un sistema sociocomunista de partido único.
Antes de las presiones petroleras, ya Trump había incluido de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y revertido muchas de las medidas aperturistas tomadas por Washington en 2015, a fines de la segunda presidencia de Barack Obama.
Díaz-Canel aseguró en su discurso del 5 de febrero que “Cuba está dispuesta a un diálogo con EE.UU. sobre cualquier tema”, aunque “sin presiones”.
La historia dice que las medidas de EE.UU. contra la isla han servido poco para acercar posturas.
“La asfixia económica de EE.UU. hacia Cuba nunca ha funcionado. Empobrece a la población y la afecta mucho más que al gobierno. No ha servido para que se negocie la gestión económica y política de la sociedad cubana”, recuerda Bustamante.
El profesor cree posible que esa historia de presión que no llega a ninguna parte se repita, aunque piensa que EE.UU. tiene hoy más cartas sobre la mesa.
“La pregunta es si Washington forzará una crisis humanitaria que provoque un estallido social y justifique una intervención militar o si el gobierno cubano cederá o apostará a aguantar hasta las elecciones de medio término y que Trump pierda capital político”, analiza Bustamante.
Son teorías que resuenan en la población cubana.
“Hay quien comenta si aquí puede suceder lo de Venezuela, aunque a nadie le gusta escuchar sobre balas y bombas”, comenta Contreras.
La sensación de que “algo va a pasar” es compartida entre cubanos de dentro y fuera de la isla, pero es difícil de predecir que será ese “algo” tras décadas de impasse político entre Washington y La Habana.
*Los nombres reales de los testimonios fueron omitidos por protección de fuentes.
