Fideicomisos del Poder Judicial: ¿Cuáles quiere eliminar Morena? ¿Se afectan derechos de trabajadores?
Morena busca eliminar fideicomisos con saldo de 8 mil 500 millones de pesos para pensiones complementarias de mandos superiores y medios, personal operativo, además de magistrados y jueces jubilados del Poder Judicial, lo que ha desatado protestas y el anuncio de amparos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no serán afectados derechos de trabajadores, pero especialistas y partidos de oposición mencionan lo contrario. A continuación te explicamos cuáles son los fideicomisos del Poder Judicial que están en riesgo de desaparecer, sus montos y cuáles han sido los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación:
¿Qué son los fideicomisos y por qué se usan?
Especialistas nos explicaron que los fideicomisos son instrumentos financieros en los que instancias públicas o privadas ‘guardan fondos’ en una bolsa destinada a un fin específico, pero cuyos montos mientras no sean gastados también generan rendimientos.
Hasta el segundo trimestre de 2023, Hacienda reportó 178 fideicomisos vigentes, 138 en operación y otros 40 en proceso de extinción. La Secretaría del Bienestar, por ejemplo, tiene un fideicomiso ‘del Bienestar’ para garantizar la entrega del programa de apoyo.
Estos fideicomisos se alimentan de los recursos presupuestales aprobados por diputados y diputadas, y la dependencia que los usa tiene la ventaja de que si al finalizar el año no se emplearon los recursos se quedan en la ‘bolsa’, e incluso pueden crecer.
Esto da mayor control de los recursos, más allá de los vaivenes políticos y la discusión anual entre partidos para asignar presupuesto.
“Básicamente te garantiza no correr el riesgo de que te vayan a recortar el presupuesto en un determinado año, y te quedes sin la capacidad de financiar un programa en cuestión”, explica Jorge Cano, experto en los programas de Gasto Público en México Evalúa.
Para la abogada constitucionalista Melissa Ayala, el uso de los fideicomisos “permite una mejor planeación y proyección de esos recursos para el fin que se le ha atribuido”.
Aunque por otro lado especialistas también han señalado el riesgo de la opacidad al utilizar fideicomisos, y Morena critica en la iniciativa del legislador Mier el manejo discrecional de recursos públicos que puede tenerse con estos instrumentos, aunque también sean utilizados por secretarías del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, legisladores de oposición han acusado que la iniciativa, más que buscar la transparencia y ahorro, busca ‘castigar’ al poder Judicial y afectar su autonomía, por las resoluciones que ha emitido respecto a reformas del gobierno actual.
¿Qué fideicomisos que quiere eliminar Morena, se afectan derechos laborales?
En la iniciativa de Morena se plantea eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Entre ellos tres relacionados con pensiones “complementarias”, es decir, montos de pensión que se suman a los que asigna por ley el ISSSTE a funcionarios públicos, y que son financiados con recursos provenientes de los fideicomisos.
Estos son: de Pensiones Complementarias para Mandos Superiores, que van de director general a secretario de estudio, aunque no considera a ministras y ministros en retiro, y que hasta junio de 2023 tenía un saldo de 832 millones de pesos.
También los de Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo (saldo de 2,972 millones), y otro de Pensiones complementarias de magistradas y jueces jubilados (4 mil 722 millones).
Más de la mitad de los recursos que pretende quitar Morena son de fideicomisos enfocados en pensiones, y el de mandos superiores es el de menos recursos.
Y si bien dichas prestaciones son “complementarias”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió que “no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el PJF que ya cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso, así como de quienes eventualmente cumplirán con ellos”.
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que desde la creación de estos fideicomisos de pensiones complementarias se estableció que su entrega no sería obligatoria ni permanente, lo que también refirió el presidente.
“Entiendo el planteamiento (de López Obrador) porque podemos pensar que si hay fideicomisos que no son obligatorios, entonces al no ser obligatorios se podrían eliminar y no debería de pasar nada”, refirió Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM.
“El tema es que una vez que se han creado, aunque no fueron obligatorios constituyen obligaciones ya respecto a los trabajadores, y los trabajadores a la inversa ya tienen derechos adquiridos”, agregó.
El artículo 123 de la Constitución, explica que ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva. “(La eliminación de los fideicomisos) implicaría su aplicación de forma retroactiva porque se estarían afectando los derechos de los trabajadores”.
El padrón de la SCJN de beneficiarios del fideicomiso de pensiones complementarias para mandos superiores tuvo al 30 de septiembre de este año a 26 beneficiarios.
El de mandos medios a 188.
Y en el caso del Fideicomiso Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces jubilados, en el reporte del segundo trimestre del año se observaron 385 beneficiarios.
Entre los fideicomisos con el mayor monto presupuestal, y que busca eliminar Morena, también está el del Consejo de la Judicatura Federal para el Desarrollo de Infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal, con un saldo de 4 mil 308 millones hasta junio de 2023.
“Los recursos de ese fideicomiso se utilizan para financiar, como su nombre indica, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente, en esa materia”, refirió la Suprema Corte.
Así, la extinción de este fondo afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano”.
Otro de los fideicomisos es el de Mantenimiento de Casas Habitación de Magistrados y Jueces, para proveer una vivienda a magistrados de Circuito o jueces de Distrito cuando se les asigne a órganos jurisdiccionales con distinta residencia a la de su domicilio actual.
“Con lo que se evita que dichos funcionarios judiciales establezcan relaciones de tipo comercial para contar con una vivienda con personas que, a la postre podrían ser parte en juicios federales”, se refiere en el Diario Oficial, aclarando en otro documento que dicha vivienda que les asignen seguirá siendo de dominio público, y que al ser trasladados de nuevo, retirarse o incluso ser sancionados deben dejar dicho inmueble.
En el caso de este fideicomiso, no se ubicó en línea el listado de padrón beneficiarios.
ASF criticó en 2019 que no se usan los recursos en los fideicomisos
Como refiere la iniciativa de Morena, la Auditoría Superior de la Federación observó en 2019 que aunque el Poder Judicial tiene recursos en los fideicomisos apenas usa anualmente una fracción mínima de ellos, y en cambio se seguía recurriendo al presupuesto.
“Se considera que la operación de los fideicomisos de la SCJN y del CJF no se ajusta a criterios de racionalidad dada la muy baja utilización de sus recursos, lo cual ha sido una constante, en los últimos 10 años, ya que, en promedio, solo se ha utilizado el 4.8% de sus disponibilidades, destacando los fideicomisos relativos a pensiones complementarias, cuyo financiamiento ha sido efectuado mayormente con recursos de los propios presupuestos de dichos órganos en lugar de hacer uso de los recursos disponibles con los que cuentan dichos instrumentos financieros, originando ello que las disponibilidades se hayan incrementado casi 4 veces en los últimos 10 años, lo cual representa un incremento de 11,538.2 millones de pesos”, señaló la Auditoría.
Un año después, en el caso de los fideicomisos “Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo” y “Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior” de la SCJN, refirió que el 90% de los recursos ejercidos para ese fin en 2019 se financiaron con el presupuesto de la SCJN con cargo a la partida de gasto 15301 “Prestaciones de Retiro”. Y solo el 10% con dinero de los fideicomisos.
No hay evidencia de que sean para lujos de jueces y ministros
En el medio público Canal 11 se difundió que parte del dinero de los fideicomisos es para que jueces “reciban dos vehículos blindados tipo suburban con valor de seis millones de pesos, un gasto anual de 22 mil pesos en gasolina, seis celulares y tres ipads”.
Una narrativa similar a la que se refiere en la exposición de motivos del legislador Ignacio Mier, en su caso citando una columna de opinión de Salvador García Soto, quien a su vez refiere que obtuvo la información de “fuentes del gobierno federal”.
En una revisión, no se encontró ninguna fuente documental con ese desglose de gastos, sólo los reportes de saldos de fideicomisos y en la mayoría de ellos de beneficiarios, también sin encontrar que alguno de ellos beneficia actualmente a ministras o ministros, como señaló la SCJN.
¿Es buena idea eliminarlos?
Jorge Cano, experto en los programas de Gasto Público en México Evalúa, menciona que si el presidente López Obrador considera que hay opacidad con los fideicomisos, la mejor opción es obtener más mecanismos de transparencia, pero no eliminarlos.
La misma organización especializada en el análisis presupuestal expresó en un comunicado que no está a favor de “procesos arbitrarios de extinción de fideicomisos públicos” y sin procesos estrictos de evaluación.
En el caso de los fideicomisos del PJF, apuntó, se deberían considerar aspectos adicionales, dadas las posibles afectaciones a su independencia.
“Reafirmamos nuestra preocupación en torno al potencial recorte al presupuesto del PJF y a la posible adopción de una reforma que pretende eliminar sus fideicomisos. Nos parece que, de aprobarse, se erosionaría la división de poderes, se pondría en riesgo la independencia judicial y se deterioraría aún más el derecho de los mexicanos de acceder a una justicia pronta y expedita”.
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En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso y con una Corte Suprema conservadora que, en varias ocasiones, ha favorecido su agenda. Aquí te contamos cuáles pueden ser las limitaciones al poder del mandatario estadounidense.
Donald Trump regresa este 20 de enero a la Casa Blanca con una agenda de grandes cambios en Estados Unidos.
“Gobernaré con un lema sencillo: promesas hechas, promesas cumplidas”, dijo el mandatario en su primer discurso luego de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Esa noche, Trump dijo que convertiría a EE.UU. en el mejor país del mundo.
Entre sus propuestas está seguir construyendo el muro limítrofe con México para sellar las fronteras del país y, sobre todo, expulsar del país a millones de extranjeros indocumentados en lo que asegura será la “mayor deportación” de la historia de Estados Unidos.
También ha prometido reducir la burocracia gubernamental, bajar los impuestos e imponer un sistema de aranceles de 10% a 20% a la importación de la mayor parte de los productos extranjeros que, en el caso de China, llegarían a 60%.
Para lograr estos objetivos, Trump cuenta con un partido republicano que ha cerrado filas en torno a su figura y que dispone de mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que configura lo que los estadounidenses denominan como “trifecta” o gobierno unificado.
Esto significa que las cosas empiezan a funcionar al estilo de los sistemas parlamentarios unicamerales, donde una mayoría toma el control del Congreso y del gobierno, actuando como un todo unificado que puede hacer prácticamente lo que quiere, dice a BBC Mundo Mark Peterson, profesor de Políticas Públicas, Ciencia Política y Derecho en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
Además, la Corte Suprema de Justicia -que encabeza el tercer poder independiente del Estado- cuenta en estos momentos con una mayoría de seis jueces conservadores (tres de ellos nombrados por Trump durante su primer mandato) frente a tres jueces liberales, lo que aumenta la probabilidad de que las iniciativas del gobierno reciban luz verde por parte del máximo tribunal.
¿Significa esto que Donald Trump gobernará sin ningún tipo de contrapeso? No.
Aquí te contamos seis posibles límites al poder casi absoluto del nuevo presidente.
1. Mayorías muy pequeñas en el Congreso
Los republicanos cuentan con mayorías en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, no se trata de una ventaja holgada que pueda garantizar la aprobación de todas sus propuestas.
Los resultados de las elecciones de noviembre otorgaron al partido de gobierno 220 legisladores frente a 215 de los demócratas. No obstante, desde entonces tres congresistas republicanos renunciaron a su escaño para ocupar otras posiciones y eso supone que al menos durante unos meses, la ventaja de los republicanos en la Cámara Baja se reduce a dos votos, lo que les deja muy poco margen de maniobra.
“Es la mayoría más débil que ha habido en tiempos modernos. Y aunque los republicanos están ahora extremadamente alineados, es muy difícil mantenerlos a todos unidos frente a temas muy complicados para lograr que ese control nominal de la cámara se convierta en un control absoluto”, apunta Peterson.
En la Cámara Alta, los republicanos cuentan con 53 senadores, frente a 47 de los demócratas. Eso significa que aún les faltan 7 votos para contar con la mayoría calificada necesaria para aprobar medidas importantes.
“A menos que todo lo que quieran hacer pueda empaquetarse a través del mecanismo de reconciliación, los demócratas pueden vetar casi todo”, indica Peterson.
La reconciliación es un procedimiento especial que permite al Senado aprobar de forma expedita medidas presupuestarias contando con una mayoría simple de votos (51, en lugar de 60). En las últimas décadas ha sido empleado con frecuencia debido a la extrema polarización que hay en el Congreso estadounidense, pero no se puede aplicar en todos los casos.
“Los presidentes que han tenido la oportunidad de hacer cambios importantes han llegado al poder con una victoria aplastante, con mayorías dominantes en la Cámara de Representantes y el Senado del orden del 60% de los escaños o más. Ese no es el caso ahora, por lo que será realmente sorprendente si Trump, trabajando con sus aliados republicanos, puede hacer realmente el tipo de cosas de las que ha estado hablando”, señala Peterson.
El experto destaca que durante la primera mitad de su primer gobierno, Trump contó con una trifecta, así como con una mayoría aún más holgada que la actual en la Cámara de Representantes y la única ley importante que logró aprobar fue un recorte de impuestos.
2. Un poder judicial que aún mantiene su independencia
Aunque en la Corte Suprema hay una mayoría de seis jueces conservadores y tres de ellos fueron nominados por Trump, eso no es garantía de que todas las iniciativas del gobierno vayan a recibir el visto bueno.
Es cierto que en su actual configuración, el máximo tribunal estadounidense revirtió la protección federal al derecho al aborto que existía desde la década de 1970 y que esa medida contó con el apoyo de los nuevos magistrados, tal como había prometido Trump que ocurriría durante su campaña de 2016.
Esa Corte Suprema también estableció que los presidentes tienen derecho a “inmunidad absoluta contra el procesamiento penal” por aquellas acciones de carácter oficial que realicen durante sus mandatos, lo que libró a Trump de varios juicios que estaban en marcha en su contra.
Esa decisión dejo claro, no obstante, que los presidentes no cuentan con esta misma inmunidad en las acciones que no tienen relación con su rol oficial.
Además, el máximo tribunal desestimó las denuncias que hicieron Trump y los republicanos con el fin de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y rechazó los intentos del gobierno de Trump de poner fin al programa DACA, que protege a centenares de miles de personas que llegaron a EE.UU. sin papeles siendo menores de edad.
También mantuvo en vigor algunas protecciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (popularmente conocido como Obamacare), así como otras disposiciones que protegen a las personas LGBTI+ de sufrir discriminación en los lugares de trabajo, en ambos casos contradiciendo los planes de los republicanos.
Más allá de la Corte Suprema, de acuerdo con un estudio del Centro Pew, 60% de los jueces activos en cortes de distrito en Estados Unidos fueron nominados por mandatarios demócratas, mientras que solamente 40% fueron postulados por presidentes republicanos.
“El Poder Judicial sigue siendo una tercera rama importante del gobierno con un alto grado de independencia y, además, la mayoría de sus integrantes no han sido nombrados ni por Trump ni por los republicanos”, apunta Peterson, quien subraya además que se supone que los jueces deben tomar sus decisiones guiados por la ley y por los precedentes establecidos por la Corte Suprema.
3. Los gobiernos estatales y locales
El hecho de que Estados Unidos sea un estado federal trae consigo importantes limitaciones a los cambios que se pueden aplicar desde la Casa Blanca.
La décima enmienda constitucional otorga un amplio número de competencias a los gobiernos de los estados.
Tradicionalmente los estados han tenido competencias sobre seguridad, salud, beneficios sociales, educación, procesos electorales, derecho penal, regulaciones laborales y leyes sobre la propiedad.
De igual modo, los condados y ciudades tienen responsabilidades en temas de seguridad pública, planificación urbana, uso de las tierras, entre otros.
Esas competencias permiten que desde esas instancias de gobierno puede hacerse resistencia u oposición a algunas de las iniciativas que impulse Trump.
“Los demócratas definitivamente van a utilizar estas competencias ahora en contra del gobierno Trump”, vaticina Peterson.
“Vivo en California, el estado más grande del país, la quinta economía más grande del mundo. No es universalmente democráta, ni liberal ni progresista, pero va fuertemente en esa dirección. Y este será un estado, como muchos otros, que hará lo posible para hacer cosas independientemente de lo que quiera el gobierno de Trump o para desafiarlo, tal como Texas y otros estados desafiaron a los gobiernos de Biden y Obama en el pasado”, agrega.
En la actualidad, 23 de los 50 estados del país cuentan con gobernadores demócratas.
La colaboración o resistencia de las autoridades estatales y locales puede ser un factor determinante en algunos planes de Trump como la deportación masiva de migrantes, pues es una tarea difícil y compleja que requiere apoyos locales.
Muchas ciudades y estados se han declarado como lugares “santuario” para los migrantes, por lo que que limitan su cooperación con el gobierno federal en este campo.
4. Una burocracia profesional
Durante el primer gobierno de Trump, en las filas republicanas hubo quejas porque no lograron impulsar su agenda política tanto como querían debido, en parte, a su propio desconocimiento sobre cómo funciona el Estado y la burocracia, pero también debido a la resistencia que encontraron por parte de funcionarios públicos, el llamado servicio civil, que objetaron o ralentizaron la ejecución de órdenes que consideraron ilegales o inapropiadas.
Hacia el final de ese mandato, Trump aprobó una orden ejecutiva que le iba a permitir despedir a miles de empleados públicos y reemplazarlos por sus partidarios.
Esa medida fue derogada por Biden, pero el programa de campaña de Trump contemplaba su reinstauración.
De hecho, de cara a este segundo gobierno, varios grupos conservadores cercanos al nuevo mandatario elaboraron bases de datos con miles de profesionales leales a su proyecto político e ideológicamente afines con los cuales buscarían sustituir a los funcionarios públicos.
Esta iniciativa, sin embargo, puede enfrentarse a una fuerte resistencia institucional, legal, política y sindical.
“Creo que habrá tribunales que reaccionen contra eso. El servicio civil existe por una razón y hay una ley que lo ampara. Por eso, no habrá una erosión masiva y un ataque a los empleados federales, hasta el punto de reestructurar el gobierno de una forma sustancial”, dice Peterson.
“Sin embargo, sí habrá cosas marginales que marcarán una diferencia. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo decide trasladar las oficinas de una institución fuera de Washington DC a otros lugares del país, eso hará que algunos funcionarios renuncien a sus cargos porque no pueden trasladar a sus familias”, agrega.
5. Los medios de comunicación y la sociedad civil
Cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez, los medios de comunicación de tendencia liberal realizaron una cobertura crítica de su gobierno, mientras que sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para bloquear muchas de sus iniciativas por vía de la presión ciudadana o de los tribunales.
En el caso de los medios de comunicación, la situación ha cambiado un poco.
Ejemplo de ello es lo ocurrido con el diario The Washington Post que durante el primer gobierno de Trump llevó un registro de cada vez que el mandatario decía una mentira o desinformaba (más de 30.000 en cuatro años).
Por contraste, en los últimos meses de la reciente campaña, este medio decidió no publicar su acostumbrado editorial en el que fija posición sobre las elecciones y, en este caso, preveía dar un espaldarazo a la candidata demócrata, Kamala Harris.
Lo mismo hizo otro diario tradicionalmente liberal, Los Angeles Times.
El hecho de que Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, haya acudido a reunirse con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, es otro elemento destacable.
En paralelo, muchos otros medios han mantenido firme su postura crítica frente a los planteamientos del nuevo gobierno de Trump.
Lo mismo puede decirse de numerosas organizaciones de la sociedad civil como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que cuenta con 1,7 millones de afiliados y que ya ha anunciado su intención de tratar de detener la puesta en práctica de algunas de las propuestas del nuevo mandatario.
“La victoria del presidente electo Trump significa que si implementa las políticas con las que ha amenazado desde que dejó el cargo en 2020, más familias inmigrantes serán separadas, más personas enfrentarán daños graves debido a las restricciones de salud reproductiva y utilizará al gobierno federal como arma contra los manifestantes y los opositores políticos”, dijo la ACLU en un comunicado tras conocerse la victoria de Trump.
“Emprendimos acciones legales contra la administración de Trump más de 430 veces cuando estuvo la primera vez en el cargo. Tenemos la estrategia para contraatacar y ganar una vez más”, agregó el texto.
6. Las prioridades de los ciudadanos
La capacidad que tendrá Trump de llevar adelante su agenda de gobierno también dependerá de cómo esta encaje con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos y cómo sea percibida por estos.
En especial porque, aunque Trump ganó el voto popular, no consiguió un apoyo realmente mayoritario de los ciudadanos.
“El presidente Trump ganó la elección. Es un hecho indiscutible. Pero lo hizo con el 49,9% del voto popular -menos de la mitad de los votantes- y con un margen de apenas 1,5% puntos porcentuales sobre Kamala Harris. Esa es una de las victorias más ajustadas para un presidente”, apunta Peterson.
El experto destaca además que en el conjunto de electores que le apoyaron no todos están comprometidos con sus propuestas más radicales.
“Una parte importante son los partidarios MAGA [siglas en inglés del lema Hagamos de Estados Unidos Grande de Nuevo]: ellos apoyarían lo que Trump quiera hacer. Otra parte son republicanos a los que no les gusta Trump, pero que lo prefieren porque siendo conservadores quieren impuestos más bajos, menos regulaciones, etc”.
“Y luego hay un grupo grande de personas que votaron por Trump porque la inflación era muy alta, querían un cambio y él era la opción que tenían para conseguirlo”, afirma.
Peterson advierte que muchos de esos votantes no apoyarían, por ejemplo, la eliminación de Obamacare, ni quieren que se acabe con el gobierno federal o con el servicio civil; o que se deroguen las políticas contra el cambio climático.
Este es un factor que presionaría hacia la moderación del gobierno, no solamente porque puede afectar la popularidad de Trump sino también las opciones de los congresistas republicanos de lograr reelegirse en los comicios de mitad de periodo en 2026.
¿Y qué haría Trump si enfrenta este tipo de resistencia ante alguna de sus propuestas?
“Él se adaptará según sea necesario y, luego, culpará a otros por no haber logrado su objetivo”, prevé Peterson.
El experto recuerda que esto ya ocurrió a inicios del primer gobierno de Trump, cuando la popularidad del Obamacare creció mientras el gobierno se esforzaba por derogarlo, por lo que al final la Casa Banca tuvo que mantenerlo en vigor y conformarse con hacer algunos cambios menores.
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