Morena busca eliminar fideicomisos con saldo de 8 mil 500 millones de pesos para pensiones complementarias de mandos superiores y medios, personal operativo, además de magistrados y jueces jubilados del Poder Judicial, lo que ha desatado protestas y el anuncio de amparos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no serán afectados derechos de trabajadores, pero especialistas y partidos de oposición mencionan lo contrario. A continuación te explicamos cuáles son los fideicomisos del Poder Judicial que están en riesgo de desaparecer, sus montos y cuáles han sido los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación:
Especialistas nos explicaron que los fideicomisos son instrumentos financieros en los que instancias públicas o privadas ‘guardan fondos’ en una bolsa destinada a un fin específico, pero cuyos montos mientras no sean gastados también generan rendimientos.
Hasta el segundo trimestre de 2023, Hacienda reportó 178 fideicomisos vigentes, 138 en operación y otros 40 en proceso de extinción. La Secretaría del Bienestar, por ejemplo, tiene un fideicomiso ‘del Bienestar’ para garantizar la entrega del programa de apoyo.
Estos fideicomisos se alimentan de los recursos presupuestales aprobados por diputados y diputadas, y la dependencia que los usa tiene la ventaja de que si al finalizar el año no se emplearon los recursos se quedan en la ‘bolsa’, e incluso pueden crecer.
Esto da mayor control de los recursos, más allá de los vaivenes políticos y la discusión anual entre partidos para asignar presupuesto.
“Básicamente te garantiza no correr el riesgo de que te vayan a recortar el presupuesto en un determinado año, y te quedes sin la capacidad de financiar un programa en cuestión”, explica Jorge Cano, experto en los programas de Gasto Público en México Evalúa.
Para la abogada constitucionalista Melissa Ayala, el uso de los fideicomisos “permite una mejor planeación y proyección de esos recursos para el fin que se le ha atribuido”.
Aunque por otro lado especialistas también han señalado el riesgo de la opacidad al utilizar fideicomisos, y Morena critica en la iniciativa del legislador Mier el manejo discrecional de recursos públicos que puede tenerse con estos instrumentos, aunque también sean utilizados por secretarías del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, legisladores de oposición han acusado que la iniciativa, más que buscar la transparencia y ahorro, busca ‘castigar’ al poder Judicial y afectar su autonomía, por las resoluciones que ha emitido respecto a reformas del gobierno actual.
En la iniciativa de Morena se plantea eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Entre ellos tres relacionados con pensiones “complementarias”, es decir, montos de pensión que se suman a los que asigna por ley el ISSSTE a funcionarios públicos, y que son financiados con recursos provenientes de los fideicomisos.
Estos son: de Pensiones Complementarias para Mandos Superiores, que van de director general a secretario de estudio, aunque no considera a ministras y ministros en retiro, y que hasta junio de 2023 tenía un saldo de 832 millones de pesos.
También los de Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo (saldo de 2,972 millones), y otro de Pensiones complementarias de magistradas y jueces jubilados (4 mil 722 millones).
Más de la mitad de los recursos que pretende quitar Morena son de fideicomisos enfocados en pensiones, y el de mandos superiores es el de menos recursos.
Y si bien dichas prestaciones son “complementarias”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió que “no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el PJF que ya cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso, así como de quienes eventualmente cumplirán con ellos”.
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que desde la creación de estos fideicomisos de pensiones complementarias se estableció que su entrega no sería obligatoria ni permanente, lo que también refirió el presidente.
“Entiendo el planteamiento (de López Obrador) porque podemos pensar que si hay fideicomisos que no son obligatorios, entonces al no ser obligatorios se podrían eliminar y no debería de pasar nada”, refirió Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM.
“El tema es que una vez que se han creado, aunque no fueron obligatorios constituyen obligaciones ya respecto a los trabajadores, y los trabajadores a la inversa ya tienen derechos adquiridos”, agregó.
El artículo 123 de la Constitución, explica que ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva. “(La eliminación de los fideicomisos) implicaría su aplicación de forma retroactiva porque se estarían afectando los derechos de los trabajadores”.
El padrón de la SCJN de beneficiarios del fideicomiso de pensiones complementarias para mandos superiores tuvo al 30 de septiembre de este año a 26 beneficiarios.
El de mandos medios a 188.
Y en el caso del Fideicomiso Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces jubilados, en el reporte del segundo trimestre del año se observaron 385 beneficiarios.
Entre los fideicomisos con el mayor monto presupuestal, y que busca eliminar Morena, también está el del Consejo de la Judicatura Federal para el Desarrollo de Infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal, con un saldo de 4 mil 308 millones hasta junio de 2023.
“Los recursos de ese fideicomiso se utilizan para financiar, como su nombre indica, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente, en esa materia”, refirió la Suprema Corte.
Así, la extinción de este fondo afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano”.
Otro de los fideicomisos es el de Mantenimiento de Casas Habitación de Magistrados y Jueces, para proveer una vivienda a magistrados de Circuito o jueces de Distrito cuando se les asigne a órganos jurisdiccionales con distinta residencia a la de su domicilio actual.
“Con lo que se evita que dichos funcionarios judiciales establezcan relaciones de tipo comercial para contar con una vivienda con personas que, a la postre podrían ser parte en juicios federales”, se refiere en el Diario Oficial, aclarando en otro documento que dicha vivienda que les asignen seguirá siendo de dominio público, y que al ser trasladados de nuevo, retirarse o incluso ser sancionados deben dejar dicho inmueble.
En el caso de este fideicomiso, no se ubicó en línea el listado de padrón beneficiarios.
Como refiere la iniciativa de Morena, la Auditoría Superior de la Federación observó en 2019 que aunque el Poder Judicial tiene recursos en los fideicomisos apenas usa anualmente una fracción mínima de ellos, y en cambio se seguía recurriendo al presupuesto.
“Se considera que la operación de los fideicomisos de la SCJN y del CJF no se ajusta a criterios de racionalidad dada la muy baja utilización de sus recursos, lo cual ha sido una constante, en los últimos 10 años, ya que, en promedio, solo se ha utilizado el 4.8% de sus disponibilidades, destacando los fideicomisos relativos a pensiones complementarias, cuyo financiamiento ha sido efectuado mayormente con recursos de los propios presupuestos de dichos órganos en lugar de hacer uso de los recursos disponibles con los que cuentan dichos instrumentos financieros, originando ello que las disponibilidades se hayan incrementado casi 4 veces en los últimos 10 años, lo cual representa un incremento de 11,538.2 millones de pesos”, señaló la Auditoría.
Un año después, en el caso de los fideicomisos “Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo” y “Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior” de la SCJN, refirió que el 90% de los recursos ejercidos para ese fin en 2019 se financiaron con el presupuesto de la SCJN con cargo a la partida de gasto 15301 “Prestaciones de Retiro”. Y solo el 10% con dinero de los fideicomisos.
En el medio público Canal 11 se difundió que parte del dinero de los fideicomisos es para que jueces “reciban dos vehículos blindados tipo suburban con valor de seis millones de pesos, un gasto anual de 22 mil pesos en gasolina, seis celulares y tres ipads”.
Una narrativa similar a la que se refiere en la exposición de motivos del legislador Ignacio Mier, en su caso citando una columna de opinión de Salvador García Soto, quien a su vez refiere que obtuvo la información de “fuentes del gobierno federal”.
En una revisión, no se encontró ninguna fuente documental con ese desglose de gastos, sólo los reportes de saldos de fideicomisos y en la mayoría de ellos de beneficiarios, también sin encontrar que alguno de ellos beneficia actualmente a ministras o ministros, como señaló la SCJN.
Jorge Cano, experto en los programas de Gasto Público en México Evalúa, menciona que si el presidente López Obrador considera que hay opacidad con los fideicomisos, la mejor opción es obtener más mecanismos de transparencia, pero no eliminarlos.
La misma organización especializada en el análisis presupuestal expresó en un comunicado que no está a favor de “procesos arbitrarios de extinción de fideicomisos públicos” y sin procesos estrictos de evaluación.
En el caso de los fideicomisos del PJF, apuntó, se deberían considerar aspectos adicionales, dadas las posibles afectaciones a su independencia.
“Reafirmamos nuestra preocupación en torno al potencial recorte al presupuesto del PJF y a la posible adopción de una reforma que pretende eliminar sus fideicomisos. Nos parece que, de aprobarse, se erosionaría la división de poderes, se pondría en riesgo la independencia judicial y se deterioraría aún más el derecho de los mexicanos de acceder a una justicia pronta y expedita”.
La ley aprobada en el Congreso, que será promulgada este viernes por el presidente, incluye cambios radicales en los impuestos, la seguridad social y más.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el extenso proyecto de ley de impuestos y gastos de Donald Trump, lo que representa una victoria significativa y reñida para el presidente y su agenda nacional.
Tras una ardua sesión en el Capitolio, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 218 votos a favor y 214 en contra este jueves por la tarde. El martes, el proyecto fue aprobado en el Senado por un solo voto.
Trump había dado al Congreso, controlado por los republicanos, hasta el 4 de julio para enviarle la versión final del proyecto de ley y así promulgarlo, algo que hará este viernes en una ceremonia especial.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el proyecto de ley podría añadir US$3,3 billones al déficit federal en los próximos 10 años y dejar a millones de personas sin cobertura sanitaria, una previsión que la Casa Blanca cuestiona.
La legislación genera ahorros mediante recortes a las prestaciones publicas para alimentación y sanidad, y la reducción de las exenciones fiscales para proyectos de energía limpia.
Además, cumple dos de las principales promesas de campaña de Trump: hacer permanentes sus recortes de impuestos de 2017 y eliminar los impuestos sobre las propinas, las horas extras y los beneficiarios de la Seguridad Social, con un coste de US$4,5 billones en 10 años.
Se destinarán unos US$150.000 millones a seguridad fronteriza, centros de detención y agentes de inmigración. Otros US$150.000 millones se destinarán a gasto militar, incluyendo el programa de defensa antimisiles “cúpula dorada” del presidente.
Los demócratas, que habían recurrido a maniobras procesales para retrasar la votación en la Cámara de Representantes, criticaron duramente el proyecto de ley final.
Lo describieron como una medida que priva a millones de estadounidenses de la atención médica y los subsidios alimentarios, a la vez que otorgaba recortes de impuestos a los ricos.
A continuación, te presentamos algunos de los puntos clave de la polémica ley.
En su primer mandato, Trump firmó la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, que bajó los tributos a corporaciones y personas de la mayoría de los niveles de ingresos.
Trump había promocionado la ley como una norma que estimularía el crecimiento económico, pero expertos argumentan que ha beneficiado más a los estadounidenses adinerados.
Disposiciones clave de esa ley vencerán en diciembre, pero el extenso proyecto de ley presupuestaria votado este jueves hará que esas reducciones de impuestos sean permanentes.
Para ayudar a financiar los recortes de impuestos en otras áreas, los republicanos han añadido restricciones y requisitos adicionales a Medicaid, el programa de salud del que dependen millones de estadounidenses con discapacidades y bajos ingresos.
Los cambios a Medicaid, uno de los componentes más importantes del gasto federal, han sido una fuente importante de conflicto.
Uno de los cambios son los nuevos requisitos laborales para adultos sin hijos y sin discapacidades.
Para calificar, a partir de diciembre de 2026 deberán trabajar al menos 80 horas al mes.
Otro cambio propuesto al programa es exigir que la reinscripción a Medicaid pase de ser anual a semestral.
Los inscritos también tendrán que proporcionar verificaciones adicionales de ingresos y residencia.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que casi 12 millones de estadounidenses podrían perder su cobertura médica para finales de la próxima década como resultado de los cambios propuestos.
En la campaña electoral, Trump prometió eliminar los impuestos sobre las prestaciones del Seguro Social: pagos por jubilaciones o pensiones para personas con discapacidad.
El proyecto de ley no cumple esa promesa, pero sí aumenta temporalmente la deducción estándar hasta en US$6.000 anuales para algunas personas mayores de 65 años. Esta deducción estaría vigente entre 2025 y 2028.
No podrán beneficiarse las personas mayores con ingresos más bajos que ya no pagan impuestos sobre el Seguro Social, quienes optan por solicitar sus beneficios antes de cumplir los 65 años y quienes superan un umbral de ingresos definido.
También se han incorporado reformas al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), utilizado por más de 40 millones de estadounidenses de bajos ingresos.
El proyecto de ley exige que los estados contribuyan más al programa, que actualmente está financiado en su totalidad por el gobierno federal.
El gobierno seguirá financiando íntegramente las prestaciones para los estados con una tasa de error en los pagos inferior al 6%, pero los estados con tasas de error más altas asumirán entre el 5% y el 15% de los costos del programa.
El cambio entrará en vigor en 2028.
El proyecto de ley también añade requisitos de trabajo para los afiliados al programa SNAP sin discapacidades que no tengan dependientes.
La disposición de “sin impuestos sobre las propinas” del proyecto de ley fue una de las promesas de campaña de Trump.
La versión final del proyecto de ley permitirá a los trabajadores deducirse hasta US$25.000 en propinas y hasta US$12.500 (US$25.000 en el caso de una declaración conjunta) en horas extras, pero estas deducciones son temporales y terminan el 31 de diciembre de 2028.
Una de las divisiones más notables entre los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado era la propuesta del Senado de exenciones fiscales para energías limpias.
Aunque ambos pedían el fin de los créditos fiscales federales para energías limpias de la era Biden, los republicanos del Senado aprobaron una eliminación gradual.
Por ejemplo, el Senado ha ampliado el plazo para que las empresas que construyen parques eólicos y solares sigan beneficiándose de los créditos fiscales.
Sin embargo, tanto la versión de la Cámara baja como la del Senado buscaron denegar los créditos a empresas cuyas cadenas de suministro puedan tener vínculos con una “entidad extranjera preocupante”, como China.
Las empresas que comiencen la construcción este año podrían calificar para la exención fiscal completa. Esta se reduce al 60% si comienzan la construcción en 2026 y al 20% si comienzan en 2027. El crédito desaparecería en 2028.
Ahora que el proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, su siguiente paso es pasar por el despacho del presidente para su promulgación oficial.
La Casa Blanca afirma que el presidente Trump lo firmará en una ceremonia el 4 de julio a las 17:00 hora local (21:00 GMT).
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó a la aprobación del proyecto de ley con un mensaje breve en redes sociales: “¡VICTORIA!”, escribió, junto a una imagen de la bandera estadounidense.
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