Estudiantes encarcelados en Jalisco: cómo surgió su protesta contra un desarrollo inmobiliario y de qué los acusan
En el cruce de la Calzada Independencia y Periférico, al norte de Guadalajara, existe un predio donde se construye “Iconia”, antes conocido como “Proyecto Puerta de Guadalajara”, un espacio que pretende ser un complejo de mil 800 departamentos.
Quienes transitan por los alrededores del predio de 13.6 hectáreas solo pueden ver una malla ciclónica y lonas negras que intentan tapar un predio repleto de maleza y de trabajadores construyendo una torre.
A sus alrededores, jóvenes universitarios reparten volantes para informar que tres de sus compañeros: Iván Cisneros, José Alexis Rojas y Javier Armenta —este último expresidente de la Federación de Estudiantes (FEU) de la Universidad de Guadalajara—, permanecen en prisión preventiva acusados del delito de despojo con violencia porque fueron parte de un plantón ciudadano entre marzo y julio de 2021, cuyo fin era exigir que el predio se regresara a la ciudadanía y se considerara parte del Parque Natural Huentitán, un espacio con el que colinda el terreno.
Mientras se está a unas horas de que los jóvenes encaren su audiencia de vinculación en Puente Grande, el acceso a Iconia, que colinda con el estacionamiento del Zoológico de Guadalajara, es custodiado por una mujer. “¿Vienen a la cita?”, cuestiona la joven. Ella se presenta como vendedora de los departamentos de Iconia y oferta las visitas al complejo.
Desde el mes de septiembre, el presidente municipal de Guadalajara informó de la suspensión de la obra porque la empresa desarrolladora no ha cumplido con las contraprestaciones a las que está obligada.
Sin embargo, Animal Político constató que los trabajadores continúan la obra. De hecho la vendedora insiste en que para diciembre de 2023 se podrá habitar el sitio, pues reconoce que “se continúa avanzando” en la construcción.
También explica que existe un departamento muestra que se puede ver con previa cita en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. “Ahorita tenemos los departamentos de 79 metros cuadrados y salen en dos millones y medio de pesos… lo que se pide es un enganche equivalente al 20% del valor, que en este caso es de 500 mil pesos”, dice la joven.
Los activistas y defensores que integran Únete Huentitán señalan que los estudiantes están siendo utilizados como una venganza política para amedrentar a quienes se oponen al proyecto inmobiliario de Iconia.
En tanto, el gobernador Enrique Alfaro publicó un video sobre el tema, asegurando que “no hay ningún estudiante detenido por protestar”, e insistiendo en que la empresa tiene derecho en exigir y denunciar el ingreso de los estudiantes a sus instalaciones.
“El proceso que enfrentan estos jóvenes no es por manifestarse si no por una denuncia de hechos presentada por un particular por el probable delito de despojo de inmuebles y aguas previsto en el código penal de nuestro estado, y es producto de una denuncia interpuesta por los dueños del terreno, no por el gobierno de Jalisco”, señaló Alfaro.
“El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque no es un parque, si no una propiedad privada, este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal siendo entonces presidente Alfonso Petersen, su Cabildo autorizó la venta y este decreto fue avalado por un consejo del que por cierto formaba parte la Universidad de Guadalajara.
Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente. Es al poder judicial no al poder ni al gobernador, a quien le toca resolver el tema y hacer justicia. Insisto, no hay ningún estudiante detenido por protestar y no hay ninguna intromisión de un servidor en un asunto que es entre particulares, y que compete resolver al poder judicial”.
Aunque refirió que el gobierno del estado no debe meterse con las decisiones del poder judicial, hizo un exhortó a que “los estudiantes puedan enfrentar su proceso fuera de la cárcel sin que esto signifique exonerar a nadie”.
Estudiantes están prisión preventiva; niegan que estuvieran armados
Desde el pasado 5 de enero Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), permanecen en prisión preventiva luego de que así lo decidiera el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, bajo el argumento de que podrían no presentarse a su audiencia de imputación el martes 10 de enero.
Los estudiantes fueron imputados por el delito de despojo con violencia que supuestamente cometieron en 29 de marzo de 2021. La empresa denunciante es la Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe, encargada de las obras de Iconia y quien a través de sus trabajadores presentó una serie de testimonios que aseguran que los jóvenes estaban armados al ingresar al predio para hacer el plantón en compañía de otros universitarios, activistas y vecinos de la zona.
Juan Carlos Guerrero, abogado defensor de los universitarios, insiste en que los jóvenes no iban armados. “Lo rechazamos categóricamente. Las únicas armas que llevaban los estudiantes, los activistas y los vecinos de la zona llevaban eran sus ideas, su compromiso con la ciudad y algunos picos y palas para sembrar arbolitos”, dice.
El defensor insiste en que se trata de una persecución política para amedrentar a quienes se oponen al proyecto Iconia. “El día que supuestamente hicieron el desalojo fue el 29 de marzo de 2021. Se tardaron casi dos años en integrar una carpeta de investigación, así o más fabricada”, agrega.
Guerrero insiste en que la rapidez con la que han llevado el caso es muy sospechosa. Los jóvenes fueron notificados de una denuncia en su contra el 23 de diciembre y la cita para que se presentaran a su audiencia inicial quedó establecida para el 26 de diciembre.
Sin embargo, enfermaron por COVID-19 y presentaron su justificante, por lo que un juez en guardia estableció que se presentarán el 29 de diciembre. “La cita estaba fuera de todo protocolo sanitario, de todas reglas de sanidad que ha establecido el gobierno estatal y federal que dice que debe de haber una ventana periodo de diez días”, dice el defensor.
Finalmente la primera audiencia ocurrió el jueves 5 de enero a las 2 de la tarde. El abogado denuncia que fue un proceso amañado.
“Estamos consternados, jamás me había tocado un proceso penal tan fatuo, tan falto de veracidad y objetividad como este; se presentaron cuatro agentes del Misterio Público y tres asesores jurídicos de la empresa para imputar a tres estudiantes. Toda la fuerza de la fiscalía estuvo hoy haciendo señalamientos mentirosos, señalamientos falsos… ni nos dejaron hablar en la audiencia”, comenta.
Será este martes 10 de enero cuando tengan la audiencia de vinculación en las instalaciones de Puente Grande.
La toma de instalaciones de Iconia y el despojo
El 29 de marzo de 2021, vecinos de la zona, activistas y universitarios hicieron un plantón en el sitio y sembraron 500 árboles, argumentando que se trata de un terreno que le pertenece a la ciudadanía. Por ese hecho, los estudiantes están denunciados.
Los propios manifestantes realizaron una transmisión en vivo del hecho. Aquí se puede ver:
Sigue #EnVivo nuestra rueda de prensa #CiudadanxsVSDepredadores. Conoce la historia detrás del parque que defendemos, porque #HuentitánNoSeVende vamos a defender lo nuestro. #500árboles #NoaIconiahttps://t.co/sPFkiu1ojg
— Javier Armenta (@JavierArmentaMX) March 29, 2021
“Tenemos siete años defendiendo todas estas áreas de los depredadores y megaproyectos que el gobierno junto con las mafias inmobiliarias han pretendido imponer aquí, este terreno que ven atrás es un despojo porque en 1980 con el dinero del pueblo se adquirió para crear un gran parque metropolitano, cosa que los gobiernos de las distintas administraciones no lo han hecho, al contrario empezaron a sacar sus proyectos”, dijo Arturo Mendoza Montaño, miembro de Únete Huentitán, una red de activistas y vecinos de la zona.
Se están robando 133,000 m2 de parque, los servicios en la zona metropolitana son insuficientes, no necesitamos más edificios, necesitamos árboles.#ParqueResistenciaHuentitán #NOaIconia #HuentitánNoSeVende #500árboles https://t.co/x7QQaAT8BJ
— Javier Armenta (@JavierArmentaMX) March 29, 2021
“Estamos en defensa, Únete Huentitán siempre ha realizado actividades pacíficas y el dia de hoy estamos ejerciendo el derecho de sembrar vida en un área pública que le pertenece a la comunidad, no nos vamos a ir, estamos rescatando un terreno que le denominaron Iconia, nosotros lo vamos a bautizar el dia de hoy como el Parque Resistencia Huentitán”, agregó.
En entrevista para Animal Político, Arturo aseguró que durante el plantón se sembraron árboles endémicos que fueron donados por los vecinos de la zona, con el propósito de que al estar protegidos por las leyes ambientales no pudieran ser retirados del sitio.
El plantón duró 144 días. De acuerdo con documentación periodística, durante su estadía, los vecinos realizaron actividades recreativas en el sitio como la instalación de un escenario para realizar obras de teatro, el uso del espacio para juegos infantiles, la creación de un huerto urbano y hasta sede de recolección de cáscaras de huevo para el saneamiento del Río Santiago.
El integrante de Únete Huentitán asegura que durante ese tiempo llegaron a plantar un total de casi mil árboles endémicos.
El 19 de agosto de 2021 medios de comunicación documentaron que los vecinos fueron despojados del sitio con violencia por la madrugada.
“A las 3 de la mañana me hablaron unos compañeros, había entrado gente con armas y me estuvieron narrando los hechos hasta que les quitaron los celulares. Entraron al parque unos 30 vehículos sin títulos, se decían que era de la Fiscalía, pero no tenían forma de demostrarlo y usaban pasamontañas. Ingresaron a agredir. Rompieron las casas de campaña, amedrentaron a los compañeros que estaban acampando, eran cerca de 35 compañeros.
Durante esos momentos no tuvimos la certeza de que eran personal de la policía municipal o de la fiscalía. Cuando llegaron los medios y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cerca de las 8 de la mañana, policías con rótulos aparecieron por la parte trasera del terreno y presentaron una ficha de desalojo, pero estaba mal la fecha y estaba mal el domicilio”, describe Arturo.
El integrante de Únete Huentitán asegura que después de ello han sufrido acoso y amedrentamientos por parte de la autoridad. “Lo que quieren es que dejemos de resistir frente al proyecto de Iconia”, insiste Arturo.
Historia de la obra: ¿Por qué protestan contra Iconia?
En diciembre de 1980, el congreso del Estado emitió el decreto 10421 donde autoriza que el municipio de Guadalajara adquiera diversos terrenos, entre ellos el terreno donde actualmente se construye Iconia. En ese momento el objetivo era construir un parque municipal.
Para 2008, el parque no se había realizado y en una sesión ordinaria, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el proyecto llamado Puerta Guadalajara, que buscaba construir una serie de rascacielos en el sitio.
Para hacer posible el proyecto, el Ayuntamiento hizo un convenio y lo entregó a la empresa española Mecano Levante. A cambio tendría que hacer obras a favor de la zona por el equivalente de 688 millones de pesos.
En 2012 venció el plazo para realizar los trabajos y Mecano no cumplió. La empresa transfirió sus derechos a la empresa Operadora Hotelera Salamanca (OHS) sin la previa autorización del Ayuntamiento de Guadalajara.
Para 2014 los vecinos comenzaron a manifestarse por las obras inconclusas y denunciaron que los diferentes gobiernos municipales debieron defender el terreno y solo aprobar la construcción de un parque municipal.
En diciembre de 2016, Enrique Alfaro, entonces presidente municipal de Guadalajara, hizo un acuerdo modificatorio para validar el cambio de empresa y sostener que ahora OHS debía entregar diferentes obras en la zona como un centro deportivo en el predio conocido como “El Disparate”, un parque lineal, una avenida troncal y un malecón panorámico.
Sin embargo, la empresa OHS tampoco cumplió con las obras y el 24 de noviembre de 2017 vendió el predio en 500 millones de pesos a la compañía Hoteles Riviera Deluxe.
De acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara, para septiembre de 2022, el centro deportivo debía tener un avance de 70%, pero sólo era del 30%, mientras que el parque lineal ni siquiera ha comenzado.
La vialidad Troncal lleva un avance de 40% y la construcción de los departamentos 15%. La única contraprestación que ha entregado OHS en la presente administración es el parque Puerta Barranca.
Relacionado
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
