Para entender mejor
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó 660 millones 978 mil 723 pesos como tope de gastos de campaña para cada candidata y el candidato a la Presidencia de la República: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.
Aunque las y los candidatos difunden ya sus propuestas, hacen giras y otras formas de propaganda, pero esa promoción tiene un límite de gasto que en caso de rebasar, pueden ser sancionados con la nulidad de la elección.
Ese monto lo podrán gastar durante los 90 días que dura esta etapa electoral, de aquí al 29 de mayo del 2024, cuando inicie un periodo de veda previo al día de votación, que es el domingo 2 de junio.
Los recursos de campaña los pueden obtener del financiamiento público otorgado a los partidos, y otro tanto vía donativos.
Los donativos de índole privado también tienen un límite y de acuerdo con el Consejo General del INE, el acuerdo INE/CG592/2023 los divide de la siguiente manera.
De las aportaciones por parte de militantes, en dinero y en especie, el límite total es de 132 millones 195 mil pesos.
Las aportaciones por parte de simpatizantes, tanto para precampañas y campañas, el tope máximo es de 42 millones 962 mil pesos. Las aportaciones individuales por persona están limitadas a 2 millones 148 mil pesos.
El acuerdo también precisa que los partidos políticos deben transparentar cada recurso gastado, y éstos no pueden recibir dinero de ninguna institución gubernamental, de otros partidos políticos o personas residentes en el extranjero.
En el caso de las candidaturas a diputaciones federales, el monto máximo que pueden ejercer es de 2 millones 203 mil 262 pesos, independientemente del distrito por el que compitan.
En cuanto a los aspirantes a una senaduría, el tope dependerá de la entidad en la que se encuentre el candidato. La Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México son las entidades con un mayor tope de gastos para las y los aspirantes al Senado, con 44 millones 65 mil 248 pesos por entidad.
¿Cómo se establecen los topes de gastos de campaña?
Los lineamientos del INE señalan que para garantizar la equidad, así como evitar gastos excesivos y mantener una contienda justa y transparente durante el proceso electoral, las y los aspirantes tienen topes de gastos de campañas.
El tope para el cargo de Presidente de la República equivale al 20% del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) refiere que el tope de gastos de campaña en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa se establece a partir de dividir el tope de gastos de campaña presidencial entre 300, que es el número de distritos electorales en que se divide el país.
Tomando en cuenta que el tope para los aspirantes a la Presidencia es de 660.9 millones, y esta cantidad se divide entre 300, el resultado es de 2 mil millones 203 mil 262 pesos.
Para determinar el tope de gastos de campaña para las candidaturas al Senado por el principio de mayoría relativa, se multiplica el tope de gastos de campaña para la elección de diputaciones por el número de distritos de cada entidad federativa.
¿Cuánto dinero tienen los partidos políticos para gastar?
La fiscalización de gastos emplea diversas estrategias que consiste en emitir lineamientos específicos que regulan los procesos electorales incluyendo los gastos que mediante la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), se encargan de evaluar los gastos de los partidos políticos, los candidatos y las personas aportantes.
La UTF es la encargada de monitorear y verificar los eventos, recorridos y la propaganda que se realiza durante todo el proceso electoral.
El artículo 41, la Ley General de Partidos Políticos señala que el INE es la autoridad que determina el financiamiento de los partidos políticos anualmente, basándose en el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en las elecciones anteriormente inmediatas.
El Prorrateo de Recursos o la distribución y administración de recursos del financiamiento de campaña, es responsabilidad de los partidos políticos y éstos deben informar a la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña acerca de cómo será dicha distribución.
La ley también establece que en el caso donde participe un candidato a senador y un candidato a diputado federal, se distribuirá el gasto en un 70% al primero y un 30% al segundo.
El financiamiento público federal total para los partidos políticos es de 10 mil 444 millones 157 mil 311 pesos, de los cuales, 3 mil 304 millones 893 mil 614 pesos serán destinados para sus gastos de campaña, 198 millones 293 mil 617 pesos son para actividades específicas, 264 millones 391 mil 491 pesos para franquicia postal y 693 mil 490 para la franquicia telegráfica y 6 mil 609 millones 787 mil 227 pesos para actividades ordinarias.
De igual forma, se destinaron 66 millones 97 mil 872 pesos para gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes; sin embargo, este importe se reservará para ser distribuido igualitariamente entre los siete Partidos Políticos y cada una de las candidaturas independientes.
El partido Morena, que encabeza la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ por la que contiende Claudia Sheinbaum, es el partido que obtuvo un mayor recurso, pues cuenta con un total de 3 mil 159 millones 15 mil 47 pesos, de los cuales, 1 mil 023 millones puede destinarlos a gastos de campaña.
Esta cifra es casi la tercera parte del total del financiamiento público que podrán destinar los partidos políticos a las campañas federales de este año y es apenas menor a lo que dispondrán el PRI y el PAN juntos.
¿Cuáles son los gastos que fiscaliza el INE?
La misma LGIPE, en su artículo 243, establece distintas categorías de gasto electoral que son fiscalizadas o revisadas por las autoridades electorales. Entre ellas está:
Gastos de propaganda. Este contempla toda la propaganda realizada en bardas, volantes, mantas, pancartas, equipo logístico, de sonido o lugares alquilados, así como propaganda utilitaria.
Se entiende por propaganda utilitaria electoral cualquier artículo que tenga un valor de uso y su finalidad sea la de convencer al electorado para que voten por determinado partido político o aspirantes, así lo estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la sentencia SUP-JIN-359/2012.
La legislación también considera ‘Gastos operativos de la campaña’, que son los sueldos y salarios del personal temporal, así como el arrendamiento eventual de inmuebles o bienes muebles, gastos de transporte de material y personal, así como viáticos y otros similares.
Los Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos son los que se difunden en cualquiera de estos medios, así como inserciones pagadas, publicidad anuncios y similares, mismas que deben ser identificables si se trata de propaganda o inserción pagada.
Y, finalmente, están los Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión que son los que se realizan para pagar servicios profesionales, uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción.
¿Qué pasa si se rebasan los topes de campaña?
El artículo 456 de la LGIPE refiere que que los aspirantes que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General pueden ser sancionados con una amonestación pública, una multa o incluso la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que procedan.
Algunas entidades federativas establecen que además de las sanciones administrativas a partidos y candidatos, existe la posibilidad de anular la elección, sin embargo es el Tribunal Electoral quien determina si se puede aplicar dicha sanción.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó la jurisprudencia con el rubro “Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña. Elementos para su configuración”, al resolver que una elección podrá ser anulada cuando se acredite un rebase de tope de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.
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Colombia fue por años el principal aliado de Israel en la región. El anuncio de Petro se produjo ante miles de simpatizantes en Bogotá durante los actos de conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles 1 de mayo que su país romperá relaciones diplomáticas con Israel.
“Aquí, delante de ustedes, el presidente de la república informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”.
El anuncio de Petro se produjo ante miles de simpatizantes en Bogotá, la capital colombiana, durante los actos de conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
Petro ya había criticado duramente las acciones de Israel en Gaza en su guerra contra el grupo militante islamista Hamás.
“Hoy la humanidad, en todas las calles, está de acuerdo con nosotros. No puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir”, añadió Petro en su discurso de este miércoles.
La ruptura de relaciones anunciada por el actual gobierno colombiano, el primero de izquierdas en la historia del país, supone un giro de 180 grados a las políticas de anteriores administraciones, que habían afianzado a Colombia como el principal aliado de Israel en la región.
Deterioro progresivo
Las relaciones entre Israel y Colombia se enfriaron progresivamente desde que las fuerzas israelíes respondieran con fuerza al ataque sin precedentes que Hamás ejecutó en su territorio el 7 de octubre de 2023.
La incursión de Hamás acabó con más de 1.2000 muertes y la toma de 240 rehenes. Las ofensivas de Israel en Gaza se han cobrado más de 34.000 vidas en Gaza.
Pocos días después de agudizarse el conflicto, Israel dijo que “suspendería las exportaciones de seguridad” a Colombia después de que Petro comparara el lenguaje del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, con el que usaban “los nazis con los judíos”.
En febrero de este año, Petro suspendió la compra de armas a Israel después de que decenas de personas murieran mientras buscaban comida en Gaza durante una ofensiva israelí.
El mandatario calificó esos actos como “genocidio”, dijo que recordaban al “holocausto” y añadió que el mundo debía “bloquear” a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí.
Bolivia se había convertido hace unos meses en el primer país de la región en romper relaciones con Israel después del 7 de octubre.
¿Fin de una “relación especial”?
En 2020, el entonces gobierno de Iván Duque firmó un Tratado de Libre Comercio de “última generación” con Israel.
Fue el paso con el que Colombia se afianzó como principal aliado de Israel en la región, ahondando en una relación que en los 20 años anteriores se había estrechado con rapidez.
Desde comienzos del siglo XX y durante la Guerra Fría, Colombia era a su vez un aliado capital para Estados Unidos en América Latina.
“Y la conjunción de intereses entre los dos países e Israel hizo que se creara un triángulo estratégico entre los tres”, le dijo en una entrevista a BBC Mundo Marcos Peckell, profesor de diplomacia y relaciones internacionales.
Tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001 y la llegada al poder de Álvaro Uribe en 2002, Colombia se adhirió a lo que Estados Unidos llamó la guerra global contra el terrorismo.
Desde ese momento Colombia declaró a las guerrillas “organizaciones terroristas” y pasó de ver su propia guerra como un conflicto armado a verla como una “amenaza terrorista”.
Y fue entonces cuando los militares israelíes, que durante décadas enfrentaron movimientos que consideran terroristas como Hamás y Hezbolá, entraron de lleno a apoyar a las Fuerzas Armadas colombianas.
Entre 2002 y 2006, según cifras oficiales, la importación de material militar de Israel a Colombia se duplicó.
Las cooperaciones no han sido solo militares.
Durante los últimos 24 años, por ejemplo, miles de colombianos participaron del Mashav, un programa de educación de la Cancillería israelí que entrena a extranjeros en medicina, agricultura y tecnología.
Por eso ha sido tan común ver colombianos e israelíes pasando meses o años de intercambio en el otro país en busca de enriquecer su formación.
Los intercambios de esta “relación especial” son ahora una incógnita.
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