Medidas de geolocalización y rastreo de llamadas en reforma de telecomunicaciones son un riesgo para la privacidad: especialistas
La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, tal y cómo está redactada, pone en riesgo de censura a plataformas digitales y vulnera la privacidad de los datos personales de millones de usuarios de servicios telefónicos, pues establece que las compañías telefónicas conserven hasta por dos años un registro de comunicaciones de sus usuarios y la geolocalización de líneas, y que esa información esté disponible para las autoridades.
A través de nuestro canal de VerifiChat, usuarios consultaron a El Sabueso sobre las implicaciones del rastreo y ubicación de llamadas telefónicas en esta iniciativa de ley, esto es lo que encontramos.
El Senado aplazó la aprobación de dicha iniciativa y este jueves inician foros para discutirla. Pero de aprobarse sin cambios, el artículo 160 establece que las compañías telefónicas conserven “los datos referidos… en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos”.
Especialistas consultadas por El Sabueso advierten que la redacción es ambigua, pues no precisa qué autoridades tienen la facultad para solicitar información sensible a las compañías telefónicas, lo que puede vulnerar el derecho a la privacidad.
Ana Gaitán, abogada y miembro de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó que esta información implica conocer datos sensibles como las rutas diarias de las personas, a quién visitan, a qué clínicas médicas acuden o incluso qué tipo de ideología política tienen, entre otras cosas.
Exactamente, ¿qué dice la iniciativa sobre el rastreo de llamadas y la geolocalización?
En el artículo 160 del dictamen se establece que las compañías que “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados que determine la Agencia (de Transformación Digital) deben “conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de equipo terminal o línea que utilice numeración propia o arrendada”, además de preservar:
- Los “datos necesarios” para el rastreo e identificación del origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil; número de destino y modalidad de líneas, ya sea por contrato, plan tarifario o prepago.
- La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas.
- Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia.
“Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados que determine la Agencia, están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente”, señala la iniciativa.
“Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”, agrega en otro punto.
Iniciativa no establece protocolos entre autoridades para solicitar la información
Actualmente cuando se trata de un tema de seguridad pública o seguridad nacional, las autoridades competentes en estas áreas como fiscalías o la Guardia Nacional pueden solicitar información como rastreo, ubicación e historial de llamadas a las empresas de telefonía.
Sin embargo, en la iniciativa de ley no se precisa qué autoridades estarán facultadas para ello. Tampoco especifica que la información solicitada corresponda necesariamente a personas que estén involucradas en la presunta comisión de algún delito, es decir que puede ser a cualquier persona, mencionó Ana Gaitán.
De igual forma Priscila Ruiz, de la organización Artículo 19, explicó que aunque ya existe la injerencia de autoridades como el ministerio público o la fiscalía para solicitar información a los concesionarios cuando se realizan investigaciones —generalmente del tipo penal—, la iniciativa actual no precisa cuáles serían los lineamientos o protocolos para que se puedan realizar de manera adecuada.
“El hecho que esta norma lo haga de forma muy ambigua y muy amplia, pues deja interpretaciones muy subjetivas de que cualquier autoridad sin un deber o sin un procedimiento de control judicial (…) tenga la facultad para hacerlo. En caso de que no se haga esto, pues obviamente se vulneran los datos personales y también el derecho a la privacidad”, señaló Ruiz.
Para la aplicación de este tipo de lineamientos debe existir un marco legal muy definido que precise cómo dar seguimiento a la información, menciona Ana Laura Pérez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
“(La iniciativa de ley) tendría que ser a través de una determinación de límites muy específicos (…) ¿qué va a hacer nuevamente con esa información? ¿Le va a dar seguimiento? ¿Cómo va a proceder como delito? Todo eso nos abre a otro nuevo orden de reglamentos y de normas de ejecución que, por supuesto, para nada están nombrados ahorita en la ley”, explicó la especialista.
Iniciativa prevé crear un padrón de usuarios; idea ya había sido rechazada por la Suprema Corte
Otro de los puntos de esta nueva iniciativa es la creación de un registro de usuarios del servicio móvil, del cual la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se encargará de emitir los lineamientos de su creación.
El registro es similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), un proyecto que buscaba registrar a todos los usuarios de telefonía móvil en México, asociando sus datos personales y biométricos a sus líneas telefónicas. Sin embargo, en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró como inconstitucional, debido a que vulneraría los datos personales de los usuarios de telefonía móvil.
Priscila Ruiz, de Artículo 19, manifestó que este padrón se canceló en su momento pero hoy en día el contexto es más riesgoso que en ese entonces, pues ahora se sabe de intervenciones de comunicación hacia periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Ruiz enfatiza que es necesario pensar esta ley hacia el futuro, pues es una oportunidad para legislar adecuadamente, por ejemplo, regular el uso de la inteligencia artificial (IA) y demás rubros digitales.
De aprobarse, derechos de usuarios están en la incertidumbre
Las especialistas coinciden en que la ley tal y como está escrita muestra un panorama de incertidumbre para los usuarios que busquen reclamar su derecho a la privacidad y a la protección de datos por varias razones.
Esto considerando la desaparición reciente del INAI, que estaba encargado de proteger los datos de los mexicanos; y la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que regulaba las telecomunicaciones del país.
“Como ciudadanos en general tenemos esta incertidumbre puesto que no sabemos cómo y ante qué instancias podemos actuar. Sabemos, digamos, de los cambios del Poder Judicial, sin embargo, no nos queda claro cómo se va a dar la forma de la impugnación, cómo va a sobrevivir el tema del amparo (…) también tiene un interés un tanto político”, concluyó la especialista de Artículo 19.
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Washington y Londres acordaron una reducción de aranceles y facilidades para la entrada de productos en ambos países. Sin embargo, el gobierno de Trump mantuvo un 10 % de impuestos general.
Estados Unidos y Reino Unido alcanzaron un acuerdo comercial por el cual Washington redujo los aranceles de un número determinado de automóviles de origen británico y permite la importación de un porcentaje de acero y aluminio británico sin aranceles.
El anuncio, hecho este jueves, supone un alivio para las principales industrias británicas frente a algunos de los nuevos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump desde su llegada al poder en enero.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos mantiene en vigor un arancel del 10 % sobre la mayoría de los productos procedentes de Reino Unido.
Los analistas dijeron que las nuevas condiciones no parecían alterar significativamente los términos del comercio entre ambos países, tal y como estaban antes de la ofensiva arancelaria de Trump de las semanas previas.
El jueves no se firmó ningún acuerdo formal y ni Washington ni Londres dieron muchos detalles. Los líderes de ambos países, sin embargo, celebraron el nuevo entendimiento.
Desde una fábrica de Jaguar Land Rover en West Midlands, el primer ministro británico, Keir Starmer, describió el acuerdo como una “plataforma fantástica”.
En la Casa Blanca, Trump lo calificó como un “gran acuerdo” y rechazó las críticas que le acusaban de exagerar su importancia.
“Es un acuerdo que hemos llevado al máximo y que vamos a ampliar”, aseveró el mandatario estadounidense. Refirió que este era el primero de muchos acuerdos por venir.
¿Qué incluye el acuerdo?
Las dos partes dijeron que Estados Unidos había acordado reducir el impuesto a la importación de automóviles -que Trump había aumentado en un 25 % el mes pasado- al 10 % sobre unos 100 mil automóviles al año.
Esto ayudará a los fabricantes de automóviles de lujo como Jaguar Land Rover y Rolls Royce, pero podría limitar el crecimiento en los próximos años, ya que equivale aproximadamente a lo que Reino Unido exportó el año pasado.
Los aranceles sobre el acero y el aluminio, que Trump también había elevado a principios de este año al 25%, también se han recortado, según la Oficina del Primer Ministro.
Londres también dijo que las dos partes habían acordado un “acceso recíproco” para las exportaciones de carne bovina, con una cuota de 13 mil toneladas métricas para los agricultores británicos.
Estas cifras no fueron confirmadas por la Casa Blanca, que afirmó que esperaba ampliar sus ventas de carne bovina y etanol a Reino Unido, una antigua demanda por parte de Estados Unidos.
Estados Unidos dijo que el acuerdo crearía una “oportunidad” de negocios de US$5.000 millones para las exportaciones, incluidos US$700 millones en etanol y US$250 millones en otros productos agrícolas.
“No se puede subestimar la importancia de este acuerdo”, declaró Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadounidense.
Dudas en la industria
El director general de la acerera UK Steel, Gareth Stace, acogió con satisfacción el acuerdo, afirmando que supondrá un “gran alivio” para el sector siderúrgico. “La serenidad y perseverancia del gobierno británico en las negociaciones con Estados Unidos han dado sus frutos”, declaró.
Otros grupos empresariales expresaron más incertidumbre.
“Es mejor que ayer, pero definitivamente no es mejor que hace cinco semanas”, dijo Duncan Edwards, director ejecutivo de BritishAmerican Business, que representa a empresas de los dos países y apoya el libre comercio.
“Intento estar entusiasmado, pero me cuesta un poco”.
El ministro británico de Comercio, Douglas Alexander, subrayó que el acuerdo “salvaba puestos de trabajo”.
¿Ganancia para los ganaderos estadounidenses?
Estados Unidos y Reino Unido llevan discutiendo un acuerdo comercial desde el primer mandato de Trump. Estuvieron cerca de firmar un acuerdo limitado en ese momento.
Pero Estados Unidos lleva tiempo presionando para que se introduzcan cambios que beneficien a sus agricultores y a las cuestiones farmacéuticas, algo que políticamente no había sido viable hasta ahora en Reino Unido.
No está claro hasta qué punto habían avanzado estas cuestiones.
La Asociación Nacional de Ganaderos de Bovinos afirmó que el acuerdo en principio había supuesto una “gran victoria” para los ganaderos estadounidenses, pero la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, que realiza un seguimiento de las barreras comerciales para los ganaderos de su país, declaró que aún estaba intentando obtener información sobre los cambios.
Por su parte, Reino Unido afirmó que no se debilitarían las normas alimentarias aplicables a las importaciones.
Aunque los británicos parecen haber asumido algunos compromisos, “el diablo estará en los detalles”, dijo Michael Pearce, economista jefe adjunto de Oxford Economics, que consideró que no modificaba sus previsiones económicas como consecuencia del anuncio.
También se avecinan otras cuestiones.
Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere gravar las importaciones de productos farmacéuticos, en un intento de garantizar que Estados Unidos tenga una base sólida de fabricación de medicamentos esenciales.
Reino Unido dijo que Estados Unidos había acordado dar a las empresas británicas un “trato preferencial”.
Pero Ewan Townsend, abogado de Arnold & Porter, que trabaja con empresas de atención sanitaria, dijo que la industria ahora “queda a la espera de ver exactamente lo que significará este trato preferencial”.
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