El ingreso de agentes de la policía de Ecuador a la embajada de México el viernes 5 de abril para detener al exvicepresidente de ese país Jorge Glas, perseguido por acusaciones de corrupción, fue el detonante para el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El 17 de diciembre de 2023, Glas, quien fue vicepresidente durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno (2013-2018), del partido izquierdista Revolución Ciudadana, acudió a la sede de la Embajada de México en Quito en busca de protección y alegando temor por su seguridad y libertad personal, según explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Desde entonces, tanto las autoridades diplomáticas de México y Ecuador mantienen un conflicto con miras a concretar la detención del exvicepresidente ecuatoriano.
Anteriormente, Jorge Glas fue detenido en 2017 por corrupción en el caso Odebrecht en Ecuador y fue sentenciado a seis años de prisión. Salió en 2022 bajo libertad condicional.
En diciembre pasado, las autoridades ecuatorianas requerían su presencia para participar de diligencias relacionadas con acusaciones de corrupción conocidas como caso Reconstrucción.
En dicha investigación, se acusa que exfuncionarios autorizaron de manera irregular el uso de recursos para atender la emergencia por un sismo en 2016 para el desarrollo de proyectos que no eran prioritarios y que no beneficiaron a personas damnificadas.
Uno de los funcionarios acusados por este caso es el exvicepresidente Jorge Glas, quien presidió el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo, creado para atender la crisis provocada por un sismo en la localidad de Manabí en abril de 2016.
En 2019 y 2020, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de revisar posibles casos de corrupción, presentó dos denuncias contra el exvicepresidente y dos funcionarios más por haber participado en la autorización de fondos prioritarios para 584 proyectos que no cumplían con los requisitos técnicos para ser considerados emergentes.
Además, la Fiscalía recibió un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de probable responsabilidad de funcionarios con el desarrollo de obras financiadas con fondos para la reconstrucción aunque no les correspondían dichos recursos.
Dicho informe señala la realización de una obra vial y un parque con recursos para la reconstrucción tras el sismo cuando la primera no se acreditó que hubiera sufrido daños y la segunda no existía antes del sismo.
Además, en el mismo documento también se hace referencia a una reunión de los funcionarios acusados en marzo de 2017, donde aprobaron obras que incumplían con los criterios para usar recursos para la reconstrucción, y que fue base de una de las denuncias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En mayo de 2023, la Fiscalía unificó las denuncias y el informe, y determinó que se continuara con la investigación. Desde el 1 de junio de ese año, solicitó una audiencia para formular cargos contra Jorge Glas y los otros dos funcionarios.
Ante estas acusaciones, Jorge Glas se presentó en diciembre de 2023 ante la sede diplomática mexicana, donde se le recibió como huésped. Ese día, la Cancillería de Ecuador llamó a las autoridades mexicanas a invitar a Glas a que cooperara con las autoridades policiales de ese país.
La SRE admitió como su huésped a Glas, y respondió que mantendría diálogo y cooperación con el gobierno ecuatoriano y anunció que en caso de que solicitara asilo, la dependencia mexicana analizaría a profundidad y conforme a tratados internacionales.
Al día siguiente, el 18 de diciembre, la titular de la FGE, Diana Salazar, confirmó que en ese momento sólo se requería a Glas para participar de las diligencias por el caso Reconstrucción, según consignó la agencia EFE.
El medio GK informó que desde el 20 de diciembre, tres días después de su ingreso, el exvicepresidente solicitó formalmente asilo político a México.
Luego, el 5 de enero de 2024, tras dos intentos fallidos de audiencia, un juez dictó prisión preventiva contra el exvicepresidente de Ecuador por las acusaciones de peculado.
El 21 de febrero de 2024, tras haber tramitado recursos de apelación contra dicha medida, la Corte Nacional de Ecuador declaró improcedente esta petición contra la prisión preventiva en contra de Jorge Glas.
El 1 de marzo, la Cancillería de Ecuador solicitó el ingreso de la policía a la sede diplomática mexicana para la detención de Glas, pero la titular de la SRE, Alicia Bárcena, respondió con una negativa.
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El pasado 3 de abril, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador habló del pasado proceso electoral en Ecuador, entre agosto y octubre pasados, cuando se produjo el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tras lo cual Daniel Noboa ganó impulso y se impuso en la elección a la candidata de izquierda Luisa González.
“Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Como tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube”, afirmó.
Según el presidente, tras ese crimen, se señaló a la candidata puntera en las encuestas como sospechosa. Además, el presidente mexicano acusó que esto enrareció el ambiente en ese país, a lo que contribuyeron los medios de comunicación como la televisión, radio y la prensa.
En respuesta a estas declaraciones, el jueves 4 de abril, la Cancillería de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en el país, Raquel Serur Smeke.
Así, el viernes 5 de abril, el presidente López Obrador anunció la salida de la embajadora mexicana en Ecuador con apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, confirmó que se mantendrían las relaciones diplomáticas.
Además, informó la decisión de otorgar asilo político a Jorge Glas, tras lo cual solicitó un salvoconducto para permitir el traslado del exfuncionario de la Embajada al aeropuerto y salir de Ecuador.
Sin embargo, el gobierno ecuatoriano negó dicho permiso y por la noche, la policía de ese país irrumpió en la sede diplomática para detener al exvicepresidente, lo que va en contra de la Convención de Viena, que defiende la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas, como las embajadas, suscrita por ambos países.
En respuesta, el Gobierno de México anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con el país sudamericano y el retiro de toda la misión diplomática de ese país.
Además, el país presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y los órganos regionales por las violaciones contra la sede diplomática mexicana.
Tras los hechos ocurridos el viernes, países como Chile, Panamá y Argentina, así como la Organización de Estados Americanos condenaron la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México.
Y aunque se avisó el cese de la relación entre ambos países, esto no debe afectar la presencia de ciudadanos mexicanos en Ecuador, explicó Gabriela de la Paz, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey.
“No debería haber una represalia hacia las personas ecuatorianas por esta razón, y viceversa”, dijo a El Sabueso.
Por ahora, la SRE tiene pendiente la solicitud de apoyo a una embajada afín para poder asistir a la población mexicana que se encuentre en ese país sudamericano.
Beijing informa que a partir del lunes impondrá sus propios aranceles de 15% a las importaciones de carbón y 10% al petróleo y camionetas provenientes de Estados Unidos.
China anunció una serie de aranceles a productos estadounidenses, en represalia por las tarifas a bienes chinos impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Los aranceles chinos, que entrarán en vigor el lunes próximo, incluyen un impuesto del 15% al carbón y al gas natural licuado, además del 10% al petróleo, maquinaria agrícola, camionetas y algunos autos de lujo.
Este martes en la madrugada comenzaron a aplicarse aranceles del 10% a todas las importaciones de China a EE.UU.
El presidente Trump alega que la medida contra los productos chinos son en respuesta al déficit comercial que existe con la nación asiática y son una manera para forzar a China a que frene el flujo de fentanilo a EE.UU.
Por su parte, el gobierno de Beijing acusó al de Washington de violar las reglas del comercio internacional.
“La imposición unilateral de aranceles por parte de EE.UU. es una seria violación de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No sólo no ayuda a resolver sus propios problemas, sino que además socava la cooperación y comercio normales entre China y EE.UU.”, dice el comunicado que anunciaba las tarifas de represalia.
Además califica la acción de “flagrante” y que “representa un ejemplo típico de unilateralidad y proteccionismo comercial”.
El Ministerio de Comercio de China anunció que presentará una queja ante la OMC para que intervenga en aras de “salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”.
En una medida adicional, el ente de vigilancia de competencia en China afirma haber iniciado una investigación de la empresa Google.
La Administración Estatal de Regulación del Mercado dice sospechar que el gigante informático viola las leyes antimonopolio.
Con los anuncios, Beijing dejó claro que no rehuirá de un enfrentamiento comercial contra Washington.
No es la primera vez que esto sucede entre las dos principales potencias económicas del mundo, que ya se habían enfrascado en una guerra arancelaria durante el primer mandato de Trump en 2018.
En ese momento, Trump implementaba su agenda conocida como “EE.UU. primero”, imponiendo serie tras serie de aranceles a los productos extranjeros. Cientos de miles de millones de dólares en productos chinos enfrentaron nuevos impuestos o tarifas más altas, lo que motivó una represalia por parte de Beijing.
Durante el gobierno de Joe Biden, Washington mantuvo los aranceles y hasta incrementó algunos de ellos. Biden adoptó una estrategia más enfocada en el sector de alta tecnología con más tarifas y restricciones a los productos como semiconductores y vehículos eléctricos.
A pesar de las tensiones, estas dos grandes economías están profundamente entrelazadas, comenta João da Silva, analista económico de la BBC.
Ambos países son importantes socios comerciales. Las importaciones de China a EE.UU. alcanzaron US$401.000 millones en los primeros 11 meses del año pasado, mientras que China importó de EE.UU. el equivalente a US$131.000 millones.
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