Reelección consecutiva permitía profesionalizar cargos públicos, afirman especialistas; reforma de Sheinbaum rompe esa posibilidad
Pese a que Morena se ha beneficiado de la reelección, la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum rompe con la posibilidad de profesionalizar los cargos públicos al no permitir ocuparlos de manera consecutiva.
Un ejemplo es el de la morenista Clara Brugada, quien fue electa alcaldesa de Iztapalapa en 2018 y se reeligió en 2021, siendo la política más votada de su partido en la Ciudad de México, con 393 mil sufragios durante esos comicios. En 2024 fue electa como jefa de gobierno.
Especialistas coinciden en que la iniciativa de Sheinbaum no permite madurar la reforma que en 2014 incorporó a la Constitución la reelección consecutiva para ciertos cargos: legisladores federales y locales, presidentes municipales, regidores, síndicos, alcaldes y concejales. Esto con la aspiración de favorecer la rendición de cuentas al tener mandatos más amplios, sobre todo en aquellos del Poder Ejecutivo a nivel local.
“No se deja madurar la propuesta que hubo en 2014 de la reelección para puestos como las presidencias municipales o las alcaldías en la Ciudad de México o las diputaciones que permitían la profesionalización de la clase política, un mejor desempeño de los puestos”, comenta Alejandro Escalante, consultor especializado en transparencia y rendición de cuentas.
Otro ejemplo de reelección en el Poder Ejecutivo local es el del panista Santiago Taboada, quien fue alcalde de Benito Juárez por dos periodos consecutivos, de 2018 a 2023.
Al igual que Brugada, Taboada tenía alta aceptación entre sus gobernados. Y cuando ambos compitieron por el Gobierno de la Ciudad de México en 2024, ambos presumieron en campaña que fueron reelectos por su buena gestión.
Para el analista político Ernesto Guerra, la reelección, además de ser una manera de profesionalizar la política y el gobierno, daba a la ciudadanía la posibilidad de tomar la última decisión mediante el voto.
“En el caso de la alcaldía o ayuntamiento, que es la autoridad inmediata, la más cercana a la ciudadanía en primera instancia, permitía una posibilidad de ratificarse en el cargo y finalmente es la ciudadanía la que le iba a dar ese este voto de calidad a cada uno de los gobernantes cuando estuvieran en las urnas. Hoy la reforma presentada rompe con esta posibilidad”, dice Guerra.
Sin embargo, la reforma propuesta por Sheinbaum sostiene que la reelección consecutiva permitió que ciertas élites se perpetúen en el poder, y mantengan el control de cargos públicos.
También argumenta que la reelección inmediata rompe con el principio de igualdad, porque implica ventajas para una persona servidora pública que se encuentra en funciones. Entre ellas el acceso a recursos públicos, frente a las personas que buscan ocupar dicho cargo por primera vez.
Guerra considera que una desventaja, que incluso podría ir en contra de los derechos político-electorales, es que el artículo 59 establece que suplentes de senadurías y diputaciones sí podrán ser electos para el periodo inmediato, siempre que no hayan ejercido el cargo, ya como propietarios.
“No habíamos explorado cómo podemos meter a las personas que ya estaban en un cargo de elección popular a contender de manera justa y equitativa con aquellos que no. Pero de nuevo, no le dimos tiempo de madurar a la iniciativa de 2014”, indica Escalante.
Iniciativa de Sheinbaum sólo restringe reelección “inmediata”
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la reelección deja abierta la posibilidad de que quienes hayan sido elegidos para un cargo a nivel local y federal lo vuelvan a ocupar después de cierto tiempo, y no considera a las personas juzgadoras del Poder Judicial, por lo que especialistas consideran que se queda a medio camino.
“Como está planteada ahorita no tiene una lógica de no reelección pura. Tienes este problema de que lo único que está pasando es que estás rotando cargos”, advierte Alejandro Escalante.
El 7 de febrero, el Senado de la República recibió la propuesta que la presidenta había anunciado en la conferencia del 5 de febrero. “En honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no reelección!”, pronunció Sheinbaum.
Esto aunque con este mecanismo al menos 277 legisladores lograron su reelección, de los cuales 182 son parte de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, y de Nueva Alianza —que también ha colaborado con el partido guinda—, es decir, 65% del total, según documentó Animal Político.
La iniciativa refiere que será aplicable a partir de los procesos electorales federales y locales de 2030, cuando concluye el sexenio de Sheinbaum. Por lo tanto, quienes se encuentren ejerciendo los cargos públicos en dicho año no podrían postularse para reelección en ese año, pero sí en 2027, cuando habrá elecciones legislativas a nivel federal y municipales en casi todo el país.
Puedes leer: Sheinbaum va contra la reelección; 277 legisladores se reeligieron, el 65% son de Morena y aliados
¿De qué trata la iniciativa de no reelección?
La iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum está enfocada en reformar los artículos constitucionales 59, 115, 116 y 122, para prohibir la reelección inmediata. Que aquellas personas que hayan obtenido un cargo de elección popular no puedan ser electas para el periodo siguiente, para el mismo cargo que están ejerciendo.
Un ejemplo de reelección inmediata es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, quien en 2018 fue diputado suplente, en 2021 resultó electo y en 2024 se reeligió. De la oposición, Lilly Téllez fue senadora del Partido Acción Nacional (PAN) de 2018 a 2024, y resultó reelecta ese mismo año por otros seis.
“Es un buen ejercicio, sin embargo, cuando tú le pones la palabra ‘inmediata’, me parece que ahí es donde pierde efecto. Es decir, tú puedes ser representante popular hoy, esperarte y volver a ser candidato. Era una buena intención, pero me parece que queda a medias”, menciona en entrevista Ernesto Guerra, analista político.
“Se entiende que estas condiciones están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular, como por nombramiento o designación”, se lee en la iniciativa.
Si este mandato ya fuera constitucional, Rosario Piedra Ibarra, por ejemplo, no hubiera podido reelegirse como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de ser designada por el Senado de la República.
Reelección consecutiva podría profesionalizar ciertos cargos
En 2014, una reforma incorporó a la Constitución la reelección consecutiva para ciertos cargos —legisladores federales y locales, presidentes municipales, regidores, síndicos, alcaldes y concejales— con la aspiración de favorecer la rendición de cuentas al tener mandatos más amplios.
Especialistas coinciden en que la reelección consecutiva también pudo ayudar a profesionalizar los cargos públicos para los cuales estaba permitida. Sobre todo en aquellos del Poder Ejecutivo a nivel local.
Sin embargo, la reforma propuesta por Sheinbaum sostiene que la reelección consecutiva permitió que ciertas élites se perpetúen en el poder, y mantengan el control de cargos públicos.
“La reelección en puestos del Poder Ejecutivo tenía mucho más sentido y permitía profesionalizar estos cuadros, un mejor desempeño de los puestos, como las presidencias municipales o las alcaldías en el caso de la Ciudad de México”, comenta Escalante.
Sheinbaum también menciona que la reelección inmediata rompe con el principio de igualdad, porque implica ventajas para una persona servidora pública que se encuentra en funciones. Entre ellas el acceso a recursos públicos, frente a las personas que buscan ocupar dicho cargo por primera vez.
En cambio, Ernesto Guerra considera que una desventaja, que incluso podría ir en contra de los derechos político-electorales, es que el artículo 59 establece que suplentes de senadurías y diputaciones sí podrán ser electos para el periodo inmediato, siempre que no hayan ejercido el cargo, ya como propietarios.
Los jueces sí podrán reelegirse
El 15 de septiembre de 2024 fue publicada la reforma al Poder Judicial por la cual las personas juzgadoras serán electas mediante voto popular. La iniciativa de no reelección propuesta por Sheinbaum no aplica a ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces.
“Se propone que las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, con excepción de los que correspondan a los de los poderes judiciales, no podrán ser reelectas para el período inmediato posterior para el mismo cargo”, se lee en la reforma.
Escalante y Guerra concuerdan en que debe existir congruencia, pues la reforma judicial sí previó que las personas que estaban como juzgadoras pudieran optar el “pase directo”, si así lo consideraban, para competir en las urnas con los demás perfiles que aprobaran los comités.
“Deberíamos ser congruentes en los alcances y limitaciones de este mecanismo. Su discurso fue ‘retomemos el espíritu de la Constitución del 1917’, pero en la reforma del poder judicial, los jueces sí se van a reelegir por votación popular. Entonces, ellos van a tener su sufragio y van a tener su reelección”, señala Escalante.
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Trump ordenó la paralización por 90 días de esta ayuda para evaluar qué proyectos continuarían y cuáles se cerrarían.
Desde el principio, Donald Trump está dejando claro que su nuevo mandato en la Casa Blanca será contundente y disruptivo.
Nada más jurar su cargo, se apresuró a firmar decenas de órdenes ejecutivas que ya se están aplicando, como la de devolver a migrantes a sus países de origen.
También la de congelar la ayuda exterior que Estados Unidos aporta. Esta medida, que se anunció la semana pasada, se aplicará, por ahora, por 90 días en los que se revisará qué aportes continúan y cuáles no.
La administración Trump dice que ordenó la pausa de la ayuda extranjera para darle tiempo de decidir cuáles de los miles de programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad seguirán recibiendo dinero de Estados Unidos.
Aunque se han filtrado varios memorandos en los que se especifica que no se frenará la financiación a cuestiones que tengan que ver con alimentación y ayuda humanitaria, la información, resaltan las fuentes consultadas por BBC Mundo, no es clara ni completa y por ende, reina la incertidumbre.
Estados Unidos es el mayor donante de ayuda internacional del mundo, con un gasto de 68.000 millones de dólares en 2023, según cifras del gobierno. El aviso del Departamento de Estado parece afectar todo, desde la asistencia para el desarrollo hasta la ayuda militar.
América Latina no es el principal destinatario de esta financiación, pero este aporte supone un ingreso importante para la región y su desarrollo en materia de derechos humanos, derechos civiles, agricultura, seguridad, educación, migración o derechos reproductivos.
Aun cuando está por ver hasta dónde llegarán los recortes en la región y su alcance real después de los 3 meses de paralización, ya hay organizaciones que recibieron la notificación del cese de financiamiento, ha habido despidos no solo en Estados Unidos sino de personal latinoamericano.
En este escenario, BBC Mundo preguntó a varios expertos y afectados sobre esta decisión y las consecuencias que para América Latina puede tener la paralización de la ayuda al desarrollo decretada por Trump.
Una decisión “histórica”
“La suspensión es gravísima. Hablamos de fondos importantes y difíciles de sustituir de la noche a la mañana. Implica la suspensión de actividades fundamentales para gobiernos que reciben asistencia humanitaria, pero también para la sociedad civil”, explica a BBC Mundo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“No hay detalle de qué significa el congelamiento ni de quién hará la revisión. Hay mucha incertidumbre por la falta de información. Y es histórico”, apunta Jiménez.
La asistencia a América Latina y el Caribe por parte de Estados Unidos tiene décadas. Desde 1946 a 2002 se estima que ha invertido alrededor de 104 mil millones de dólares. Para el ejercicio fiscal de 2025, la administración Biden había pedido unos US$2.000 millones con este fin.
“La ayuda en el mundo, pero sobre todo en América Latina, viene siempre con un intento de cambiar la realidad del hemisferio. Esto no tiene que ver con Trump, es anterior. No olvidemos la Alianza para el progreso (fondo de ayuda económica, política y social de 1961 a 1970) impulsado por J.F. Kennedy para contrarrestar el comunismo de la Unión Soviética y Cuba”, explica Ivan Briscoe, del Crisis Group y experto en América Latina.
Esos fondos han cambiado a la largo de la historia.
“En los últimos años se hizo énfasis en lo humanitario, por ejemplo, en ayuda tras el huracán Mitch o el terremoto de Haití. Ahora en ayuda para migrantes, temas de democracia y derechos humanos”, recalca Jiménez Sandoval.
“¿Como se van a reprogramar en estos 90 días? No sabemos”, dice.
A qué afectará
En un primer momento se tuvo poca información de a qué tipo de organismos y rubros afectará y solo trascendió que la única excepción a este freno solo se haría para la ayuda alimentaria de emergencia y la financiación militar para Israel y Egipto, según información que pudo comprobar BBC.
Más tarde, dio marcha atrás y publicó que eximirá de este congelamiento a los “programas básicos para salvar vidas” que involucran medicamentos, servicios médicos, alimentos y refugio, según un memorando del secretario de Estado Marco Rubio publicado el martes pasado.
“Hay poca claridad, van midiendo reacciones y pareciera que van improvisando”, señala Carolina Jiménez Sandoval.
Aunque hay cosas que parece ya claro que se frenarán y van en sintonía con el discurso de esta administración.
“Tenemos programas cuyo destino está relativamente contado, como cualquier cosa que tenga que ver con lo que llaman la “cultura woke”, temas de “ideología de género”, con programas polémicos para los republicanos de salud femenina y aborto estarán cerrados, protección de medio ambiente”, apunta Ivan Briscoe.
Jiménez Sandoval remarca otras órdenes ejecutivas que tienen que ver con que se acepten solo dos sexos biológicos y se elimine el concepto de género en el gobierno federal y que esto tendrá impacto en el corte de financiamiento.
“El apoyo que vemos de Estados Unidos a personas y grupos LGTBI+ en la región está en serio cuestionamiento en este momento”, dice.
Un monto irremplazable
La ayuda según el país es dispar. Uno de los que más recibe es Colombia, que se sitúa en el puesto 14 de países que reciben ayuda de Estados Unidos. Solo el monto de 2023 llegó a los US$740 millones. Le sigue Haití con US$440 millones y Ecuador con US$250 millones .
“Esto tiene implicaciones profundas y serias. Dependerá de la duración y de qué cancele”, nos explica Raj Kumar, presidente y editor en jefe de Devex, empresa social y una plataforma enfocada en temas de desarrollo internacional.
“En Colombia hay muchos programas de USAID que se están frenando. Y, además, están sacando a gente que trabaja en Estados Unidos y Latinoamérica”, añade.
La empresa colombiana de la que es director Santiago Borda, Instintivo, ya está sufriendo estos recortes.
Prestan servicios a USAID en reducción de discriminación conta migrantes venezolanos, promoción de transparencia en entidades públicas o aumentar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Tenían dos procesos ya adelantados con USAID, pero esta semana les llegó la notificación de que se suspendían. Era su principal cliente.
“Sin esa financiación muchos de esos proyectos no se hacen, porque solo una entidad así de grande puede o tiene el interés de costearlos”, nos cuenta.
¿Es posible que se reemplace de algún modo esta financiación? Complicado.
Las entidades que aportan dinero a la región en términos de ayuda que no sean créditos es la Unión Europea y Estados Unidos. “Poco más. Luego están los créditos multilaterales que dan el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o CAF”, enumera Briscoe.
Pero apunta: “La Unión Europea no puede reemplazar toda la ayuda que Estados Unidos da en América Latina. Además, están bajo mucha presión porque Gaza, Ucrania o Sudán son la prioridad y no tienen tantos recursos. Y queda la incógnita de cuál será el papel de China en esto”.
Carolina Jiménez Sandoval cree que el grueso de la financiación no se va a poder recuperar y que tocará a organizaciones y gobiernos tener estrategias para adaptarse. Y apunta a otros actores para que tomen acción.
“Es el momento para que la propia filantropía privada reconsidere cuáles son sus prioridades y vaya de la mano con las organizaciones de sociedad civil de la región. Va a ser importante que de nuevo miren a la región”.
Freno a la migración
Uno de los objetivos que dejó claro Trump tanto en su discurso como en sus acciones posteriores es cerrar las fronteras de Estados Unidos y frenar la migración a ese país.
Sin embargo, todos los expertos consultados concuerdan que esta medida puede que logre el efecto contrario a corto y mediano plazo.
“Es complicado querer reducir la migración cuando dejarás a países sin fuente importante de ingresos y ayuda en ese aspecto”, apunta Jiménez Sandoval.
Habla de fondos que reciben los albergues, programas de atención médica, de atención a mujeres y niñas migrantes, otros fondos más a mediano plazo hechos para la integración en las comunidades receptoras.
“En general toda suspensión de lo humanitario tiene consecuencias humanitarias”, señala.
Por ejemplo, explica Ivan Briscoe, ONU trabaja fuertemente en materia de refugiados en el Tapón del Darién, en Panamá, y da “ayuda humanitaria esencial en una zona de enorme movimiento donde, además, el gobierno panameño está endureciendo las condiciones”.
Si se cortan las ayudas en este sentido, “los migrantes corren un peligro enorme y no sólo en esta zona”.
Y donde se genera la necesidad, para otros aparece una oportunidad.
“Si no hay una alternativa de cuidado oficial o provisión de ayuda en estos lugares, la alternativa es ilícita y criminal. Grupos como el clan del Golfo, que se encarga del tráfico de migrantes en la frontera de Colombia con Panamá, se puede presentar como una “organización de caridad” que brinda ayuda esencial para migrantes, obviamente pagando”, detalla.
“Puede que las consecuencias sean graves, visibles y con consecuencias graves para el gobierno de Estados Unidos”, remarca Briscoe.
Pero no solo se trata de que haya freno a programas que ayudan explícitamente a la población migrante en América Latina. También otras inversiones.
“Muchas son para ayudar a las comunidades de base, mucho programa social, o programas de agricultura en Centroamérica. Si esto se frena, la gente deberá buscar otros empleos y saldrá a buscar otras oportunidades. No frenará la migración, posiblemente la impulsará”, declara Kumar.
Consecuencias en la política y en la economía local
Aún es pronto para entender cuál será la magnitud real y el impacto que este congelamiento y el posible cese de algunas actividades tendrá, pero todos los expertos consultados apuntan que es un duro golpe para la región.
“Organizaciones civiles más pequeñas y locales serán las que más sufran, las que no tendrán recursos y puede que no sobrevivan. Y será grave si esas organizaciones son defensoras derechos humanos, civiles y prensa libre”, enumera Kumar.
Más allá, dice que “habrá gente que tendrá momentos en los que no podrá acceder a los recursos que necesita para sobrevivir. No va a ser algo estable por meses”.
También hay ya organizaciones que se dedican a la información en distintos países de la región a las que han cortado la financiación.
“La prensa independiente, que sabemos que es crítica con del poder en gobiernos en donde hay fuertes autoritarismos o que se están creando, pero que son aliados del trumpismo, ¿qué pasará ahí? ¿Le conviene que se financie a la prensa crítica? ¿Pedirá que se programen esos fondos? Está en el aire”, mantiene Jiménez Sandoval.
Por otro lado, Kumar establece que este arranque no es una buena manera de empezar la nueva administración con respecto a América Latina porque “la fe en Estados Unidos como un socio en temas de desarrollo internacional va a estar roto con esta situación así tan rápido, tan fuerte, sin noticias y con un grave impacto en las organizaciones”.
Y augura que esto será bueno para China, “que tiene relaciones con varios países de la zona y es lo opuesto, piensa a largo plazo y en estable. Ya sin hacer nada más, China gana”.
Una mirada a la política doméstica
Si uno de los lemas bandera de Trump es “America First” (Estados Unidos primero), es de esperar que las políticas que haga vayan en este sentido: en primar los asuntos domésticos a todo nivel. Lo que aún se perfila es el alcance total y, en este sentido, la revisión de la ayuda exterior.
“No sabemos con Trump hasta qué medida va a restringir la ayuda y la enfocará en intereses primordiales para él como la migración o seguridad, o si va a intentar abrazar el modelo general de desarrollo y progreso hemisférico que supuestamente favorece a los intereses estadounidenses que aplicaron administraciones anteriores”, señala Briscoe.
Kamar apunta que la realidad es que “los objetivos no son fuera, como la migración, sino domésticos. Como reducir el tamaño y dinero que paga Estados Unidos. Pero también, es el Congreso quien decide cómo y a quién va la financiación. Aquí ahora decide él. Centra el poder en la presidencia”.
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