Suman 13 quejas por candidaturas indígenas en elección 2024, ¿con qué criterios valida el INE a las y los aspirantes?
El registro de al menos siete candidatos que supuestamente representan a comunidades indígenas han sido impugnados por sus adversarios, quienes argumentan que no cuentan con tal representación y que, por tanto, no deben ser considerados como parte de las llamadas acciones afirmativas.
Los candidatos son el aspirante al Senado Néstor Camarillo, de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCM); así como de Esteban Abraham Macari, Julián Zacarías Curi y Juan José Canul Pérez, también de FCM; así como Jazmín Yaneli Villanueva Moo y Jorge Luis Sánchez Reyes, de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH), quienes buscan una diputación federal. En total suman 13 impugnaciones.
Los recursos alegan que los documentos que presentaron los aspirantes no validan su pertenencia a alguna comunidad indígena, o bien, que las autoridades que las emitieron no cuentan con la facultad para ello.
Aquí puedes seguir la cobertura de las elecciones.
Según los datos publicados en los estrados del Instituto Nacional Electoral (INE), se presentaron dos recursos de apelación de los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Mientras que el resto son juicios de protección y defensa de derechos político electorales que promovieron distintos ciudadanos, todos ellos de Yucatán.
De acuerdo con el consejero del INE Uuc-kib Espadas, los recursos se promueven ante el órgano electoral pero corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverlos.
Las acciones afirmativas son, según el INE, medidas especiales y específicas que se implementan de manera temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación o desventaja, como mujeres, personas de la diversidad sexual, migrantes, con discapacidad, comunidades indígenas o afromexicanas.
En el caso de personas indígenas, los partidos y coaliciones deben postular en este proceso electoral al menos 34 fórmulas para diputaciones y federales y cinco para senadurías.
Impugnan candidatura indígena al Senado en Puebla
La semana pasada, el partido MC en Puebla promovió un recurso de apelación contra la candidatura al Senado como persona indígena del presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo.
El argumento del partido fue que si bien Néstor Camarillo puede tener pertenencia a la comunidad indígena de El Molino, en Zacapoaxtla, misma que le concedió la constancia como miembro de la comunidad indígena, no demostró tener domicilio en la comunidad, aunque sí en el municipio.
Además, alegó que su trabajo como político se ha realizado fuera de esa comunidad y que no se presentó documentación que avalara lo contrario.
El miércoles 6 de marzo, el legislador publicó en su cuenta de X un comunicado en que lamenta las críticas a su nominación y defiende su pertenencia a la comunidad de El Molino.
El Sabueso solicitó al candidato un comentario al respecto de esta postulación, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.
Además, en conferencia de prensa el jueves pasado, la representante del PRI ante el instituto electoral local, Laura Torre, defendió que la autoadscripción es personal con reconocimiento de la comunidad.
“Ya sea porque guardan una cercanía con el pasado histórico que se relaciona con alguna de las culturas o porque conocen su cultura, formas de organización política o lengua indígena”, dijo.
Otro caso también en Puebla fue el de Adolfo Alatriste Cantú, de la coalición SHH y quien busca una diputación federal.
Su candidatura fue impugnada por la diputada indígena de Morena Inés Parra Juárez, con el argumento de que a pesar de ser nativo de la comunidad de San Miguel Chilac, no habla la lengua náhuatl; así como por no acreditar su participación en la comunidad.
Hasta ahora, el candidato no se ha pronunciado al respecto de este proceso.
Reclaman 5 candidaturas en Yucatán
Las candidaturas de Esteban Abraham Macari y Julián Zacarías Curi acumularon seis recursos en total, dos en contra de ambos promovidas tanto por el PVEM como por distintos ciudadanos relacionados con Morena.
Entre los argumentos que hay para apelar sus postulaciones es que si bien ambos dijeron pertenecer a sendas comunidades mayas en Tizimín y Progreso respectivamente desde 2007, en su participación en el proceso electoral local de 2021 declararon no autoadscribirse como indígenas. El primero fue electo como diputado local, el segundo reelecto como alcalde de Progreso.
En el caso de Abraham Macari, también se argumenta en dos de los juicios promovidos por ciudadanos que su cargo como diputado local no basta para que la comunidad lo considera su representante. Y agregan que no es originario ni descendiente de personas oriundas de la comunidad maya de X-Panhatoro.
En el juicio promovido por Luis Alfonso Maldonado Navarrete, se alega además que la autoridad que le dio la constancia a Zacarías, el comisariado ejidal de Chelem, no corresponde con las autoridades indígenas con capacidad para reconocer su autoadsciripción.
El Sabueso solicitó comentarios a los candidatos al respecto de sus candidaturas así como de las impugnaciones en su contra, y se mantiene a la espera de respuesta del último.
En una entrevista el pasado 6 de marzo, Esteban Abraham Macari respondió al medio local Haz Ruido que sí se considera indígena y no está usurpando ninguna candidatura.
“Afirmo y reafirmo que soy una persona indígena que pertenece a la comunidad de X-Panhatoro, que trabajo en la comunidad, que llevo 17 años de servicio social y comunitario en sus comisarías”, dijo a ese medio.
Del equipo de Zacarías Curi declinaron hacer comentarios por tratarse de una candidatura con un proceso de impugnación en curso.
En tanto, el recurso de apelación del PVEM señala en el caso particular de Juan José Canul Pérez que este no había reconocido su autoadscripción como indígena en otros momentos de su carrera política.
Además de que en su trabajo como legislador no se hallaron acciones legislativas en pro de las comunidades indígenas.
La candidatura de Jorge Luis Sánchez Reyes se impugnó por, entre otros argumentos, no haber nacido en Yucatán.
Mientras que para el caso de Jazmín Villanueva Moo, se reclama que no presentó la documentación correspondiente, incluida la constancia de autoadscripción.
El Sabueso solicitó comentarios a ambos candidatos sobre esta situación y se mantiene a la espera de una respuesta.
¿Cuáles son los criterios del INE para una candidatura indígena?
Para registrarse en una candidatura con acción afirmativa indígena, se requiere validar ante el INE una autoadscripción calificada.
“Para términos electorales, ya no es sólo como a nivel constitucional la autoadscripción simple, que yo diga que yo soy; sino un autoadscripción calificada que requiere elementos subjetivos, por un lado, que yo diga que yo soy indígena; y el segundo, que alguna autoridad externa lo reconozca”, explicó a El Sabueso Natalia Calero, especialista en derechos humanos del Tec de Monterrey.
Según los “Lineamientos para verificar el cumplimiento de la autoadscricpión calificada de las personas que se postulen en observancia a la acción afirmativa indígena para las candidaturas a cargos federales de elección popular”, los aspirantes a una candidatura con acción afirmativa indígena deben acreditar tener como lengua materna una lengua indígena, o cumplir con al menos tres de los siguientes requisitos:
- Pertenecer a la comunidad indígena;
- Ser nativa de la comunidad indígena;
- Hablar la lengua indígena de la comunidad;
- Ser descendiente de personas indígenas de la comunidad;
- Haber desempeñado algún cargo tradicional en la comunidad;
- Haberse desempeñado como representante de la comunidad;
- Haber participado activamente en beneficio de la comunidad;
- Haber demostrado su compromiso con la comunidad;
- Haber prestado servicio comunitario;
- Haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar las instituciones o resolver conflictos en la comunidad;
- Haber sido miembro de alguna asociación indígena para mejorar o conservar sus instituciones.
Además, deberán presentar una constancia de autoadscripción indígena expedida por alguna autoridad tradicional o comunitaria, como una asamblea general comunitaria, asamblea de autoridades indígenas, tradicionales o comunitarias; o autoridades tradicionales o agrarias, incluidas las ejidales.
Mientras que para quienes hayan sido electos para alguna diputación en algunos de los distritos indígenas en los procesos electorales federales de 2018 o 2021, deberán acreditar el vínculo con la comunidad indígena con esos elementos.
El consejero Uuc-kib Espadas consideró que esto no está acorde con la propia Constitución y convenios internacionales; e incluso va en contra de la representación de las personas indígenas, pues en su mayoría estas no viven en su comunidad de origen. Sin embargo, fue la decisión que tomó el TEPJF y que actualmente rige este tipo de nominaciones.
“El problema de estas determinaciones es que excluyen de la posibilidad de utilizar esta cuota indígena a la inmensa mayoría de los indígenas del país. Pero además que en la condición de indígena se reduce a documentos firmados por uno u otro funcionario, lo cual abre una gran puerta para que en efecto se certifique que personas que realmente no pertenecen a la comunidad indígenas sean acreditados”, comentó a El Sabueso.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias al “parole” con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023.
El gobierno de Estados Unidos le garantizó a una niña mexicana de 4 años un año más de permiso humanitario para permanecer en el país y así poder seguir con el tratamiento del que depende su vida.
Así se lo confirmó a la BBC este martes su abogada, Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel.
En abril la familia de la menor -identificada con el seudónimo de Sofía- fue notificada de la revocación del también llamado parole con el que había ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 y gracias a cual recibía atención médica para su grave síndrome.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”, contó la madre de la niña, Deysi Vargas, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Los Ángeles, California, y que puso el caso bajo los focos.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo.
La abogada Amato informó entonces que habían vuelto a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición estaba bajo evaluación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas a Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era Estados Unidos.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en Estados Unidos de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532 mil personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EU, mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Permisos revocados
Desde que el republicado Donald Trump llegó a la Casa Blanca, habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EU”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EU bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EU por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, rezaba la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EU, a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, decía la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó la abogada Gina Amato.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Este martes les fue notificada la extensión de la autorización por un año.
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