
Gorras, mochilas, playeras y hasta naranjas. Las personas candidatas dan de todo para ganar el voto, pero, ¿qué es legal que ‘regalen’ y qué no?
En El Sabueso investigamos y encontramos que existe una legislación que establece lineamientos para la propaganda impresa y delimita cómo pueden ser los artículos promocionales utilitarios que entreguen las candidaturas.
Te contamos:
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Actualmente, el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece lineamientos de qué se puede obsequiar a la ciudadanía.
Para los impresos, detalla que se tienen que hacer:
Además de que los partidos y candidaturas tienen que presentar un plan para reciclarlos.
Por otro lado, sobre los artículos promocionales utilitarios se detalla que son:
“Aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye”.
Además, el mismo artículo de la LGIPE advierte que la entrega de un objeto diferente que ofrezca un beneficio en efectivo o en especie a las personas puede ser causa de sanción.
A partir de la LGIPE, el INE planteó un reglamento de fiscalización donde enlista de manera enunciativa lo que se puede entregar a la ciudadanía durante las campañas electorales:
Otros artículos que también se regalan en campañas son bolsas reutilizables, como las que obsequia Santiago Taboada, candidato al gobierno de la CDMX, así como peluches, como los que regaló Sandra Cuevas a principios de marzo.
Según Jesika Velázquez, especialista en derecho electoral, estos artículos cumplen con lo mencionado en la Ley por estar fabricados con textiles.
A ellos se suman los artículos de propaganda impresa que cumplan con las características establecidas en la LGIPE, como volantes, tarjetas, estampas o folletos.
De acuerdo con la Ley, cualquier tipo de material que ofrezca o entregue beneficios directos, indirectos, mediatos o inmediatos, en especie o efectivo, a través de cualquier vía que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por la o el candidato o por una tercera persona está prohibida.
Es decir, todo aquello que no cumpla con las definiciones de los impresos o los artículos utilitarios. Sin embargo, se tiene que analizar caso por caso, detallaron las especialistas consultadas.
Por ejemplo, en 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la entrega de despensas es violatoria de lo que marca la LGIPE por representar “entrega de un beneficio en especie”.
En contraste, en 2018, el mismo Tribunal resolvió que la entrega de una botella de agua con propaganda impresa de una candidatura no se puede considerar contra la Ley. Ello porque la botella de agua con propaganda impresa no corresponde a un artículo utilitario por ser desechable.
“En el caso de las botellas de agua con propaganda electoral, se consideraron que no son artículos promocionales utilitarios porque son consumibles en el instante, como los dulces o algún producto de naturaleza similar. Entonces, a grandes rasgos, caso por caso se tiene que llevar ante el Instituto Nacional Electoral”, explicó Velázquez a El Sabueso.
Mientras que en 2021, candidatos a los gobiernos de San Luis Potosí y Nuevo León como Ricardo Gallardo y Adrián de la Garza entregaron a la ciudadanía tarjetas de cartón o plástico como parte de la promesa de recibir un programa social o un beneficio económico.
Tras esos hechos, abogados solicitaron a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE investigar la entrega de estas tarjetas como una forma de compra de votos.
Y si bien en la LGIPE la entrega de materiales que representen un beneficio mediato o inmediato se interpretará como presión para la obtención del voto, ante estas denuncias, el entonces consejero electoral Ciro Murayama aclaró que al tratarse de una promesa de campaña, no puede considerarse como tal.
“Lo que está prohibido es entregar dádivas o condicionar el voto a que se entregue dinero, algún servicio”, explicó. “Hay quien hace propaganda entregando cartoncillos o plásticos pero si no se entrega dinero, esto en sí mismo no constituye una infracción. El mero hecho de usar las tarjetas como propaganda, el propio Tribunal lo ha avalado”, comentó.
En su primera semana de campaña, la aspirante al Senado de Movimiento Ciudadano (MC) Sandra Cuevas regaló naranjas acompañadas de un mensaje con su nombre y su partido.
Dicha acción la hizo, según sus palabras, para evitar la producción de propaganda que terminaría generando contaminación.
“Hoy iniciamos una nueva actividad, el naranjeo. En lugar de estar llenando las calles de basura electoral, pendones, lonas, posters, lo que vamos a hacer es entregar estas naranjas. Mejor disfruten una naranja, tengan alegría, no contaminamos y cuidamos tu salud”, dijo en un video difundido el 6 de marzo.
Al respecto, El Sabueso consultó a especialistas en temas electorales, quienes explicaron que esta práctica está fuera de la Ley, por tratarse de un artículo que no corresponde con la propaganda que se puede entregar.
“El numeral 5 dice que la entrega de cualquier tipo de material diferente al textil está prohibida. Estas actividades promocionales son conductas que pueden ser sancionadas. Se pueden presumir como un indicio de presión para obtener el voto “, comentó Luz María Puig, especialista en temas electorales.
Entre las sanciones se contemplan la amonestación pública, una multa económica o el retiro del registro de la candidatura.
Sin embargo, para ello se requiere una queja por alguno de los partidos o coaliciones rivales ante el órgano electoral. Y por separado una denuncia ante el Tribunal Electoral, el cual podrá sancionar.
El Sabueso consultó al INE para saber si se había presentado algún recurso contra la candidata de MC y hasta ahora no se registra ningún recurso.
Durante mítines realizados en marzo de Sandra Cuevas, se obsequiaron peluches y la propia candidata repartió hot dogs.
Entre el 26 y 27 de marzo se viralizaron imágenes de bolsas de chetos con estampas que promovían a los candidatos Sandra Cuevas y Salomón Chertorivski.
De acuerdo con Velázquez, este tipo de obsequios lo más probable es que se considere que no violen la ley por ser productos que representan un bien pasajero, como pasó con las botellas de agua en 2018.
“La naturaleza de una botella de plástico era que su uso y el goce y la tenencia del producto se iba a agotar en el momento en el que tomaras el agua. Es decir, un dulce, alguna comida, por ejemplo de los chetos, un caramelo, etcétera, así como el agua, se consumen en el momento”, comentó.
El Sabueso consultó con el equipo de ambos aspirantes de MC respecto de estas bolsas de frituras y respondieron que no se repartieron por parte de la campaña y que no conocían su origen.
No obstante, representan aportaciones. En estos casos, explicó Puig, si se trata de donativos en especie de parte de simpatizantes, se tendrían que identificar y registrar ante el INE.
“Hay modalidades de apoyo, económicas o en especie, estas se pueden hacer pero no deben ser anónimas. Deben ser identificables y no deben de provenir de fuentes ilícitas. Sí las pueden hacer pero ellos deben saber de dónde provienen”, dijo la especialista.

Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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