Falso que ambientalistas no alertaron sobre Calica antes del sexenio de AMLO
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que “no hubo ambientalistas” que reclamaran por las actividades de la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) en los más de 30 años que ha extraído piedra de Quintana Roo.
Sin embargo, se trata de una afirmación falsa. Hay fotos, testimonios e incluso un documental que confirman que ambientalistas alertaron sobre las actividades de Calica antes de que iniciara su gobierno.
“Calica hizo lo que quiso con la complicidad de los ambientalistas”, dijo en la conferencia matutina, reclamando supuesta hipocresía porque ahora denuncian el daño ambiental por el Tren Maya.
“¿Cuándo llegaron los ambientalistas a Calica? ¿Cuándo?”, cuestionó el mandatario. “Los ambientalistas evidenciaron esos daños”, insistió una periodista.
“Nada, nada”, aseguró López Obrador.
Contrario a la declaración del mandatario, Iván Restrepo, director general del Centro de Ecología y Desarrollo (Cecodes), explicó que, en los 90 él mismo acompañó al Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) en las advertencias sobre este proyecto.
“Si una batalla han dado realmente los ecologistas fue la batalla contra Calica (…) a mí me tocó encabezarla junto con el Grupo Ecológico del Mayab, ellas fueron las que dieron la primera voz de alerta”, dijo en entrevista con El Sabueso.
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De acuerdo con sus columnas en La Jornada, tanto GEMA como grupos de ambientalistas locales comenzaron a protestar por Calica en 1986, obligando a la empresa, dedicada a extraer y exportar piedra caliza al extranjero, a emitir una “declaración de principios” donde se comprometía con el medio ambiente.
Protestas por Calica antes del gobierno de AMLO
En 2016, Cancún fue la sede de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP13) a la que asistió el entonces presidente Enrique Peña Nieto. A las afueras del recinto, se tomó una fotografía donde Marciano Toledo Sánchez, el hoy regidor de Solidaridad -entonces activista social- y otros ambientalistas se manifestaron en contra de las actividades de Calica.
“A todos los ambientalistas: Frenen el ecocidio y daños a nuestros mantos freáticos y la devastación de mineral pétreo de las empresas ecocidas: Calica (Vulcan) y ABC”, se lee en la imagen publicada por Quinta Fuerza en 2016.
Ese mismo año, Carlos Underwood y Sergio Santiago grabaron el documental “Erosión”, que se publicó hasta el 6 de junio de 2018, meses antes de que López Obrador llegara a la presidencia.
Este filme expone los conflictos ambientales en la zona norte de Quintana Roo, incluido el caso Calica. Sus imágenes, acompañadas de señalamientos por explotar “más de lo que tiene permitido” y de propiciar “el mayor desastre ambiental en la Península de Yucatán”, fueron incluso transmitidas en la mañanera del 4 de mayo de 2022.
“El Gobierno Federal no citó la fuente (en la conferencia) y evitó decir la verdad: el documental denunciaba Calica desde 2016 y esos mismo activistas son los que hoy se oponen, no al desarrollo, sino al ecocidio del tramo 5 del Tren Maya”, señaló Underwood en una entrevista.
Además, Otto Von Bertrab, director General del Río Secreto, una reserva natural cercana a la zona de explotación de Calica, advirtió a Canal 10 de Playa del Carmen las consecuencias de la minería de esta empresa.
“Es triste que ves en un mapa satelital y ves agujeros kársticos en nuestra Península. Probablemente en algún momento dijeron ‘es un negocio, generará empleos’, hoy yo te puedo decir que fue un error, están en zonas turísticas con potencial de ecoturismo, (con potencial) de ser responsables con la naturaleza”, aseguró.
Otro evento que hizo a los activistas levantar la voz, fue en 2017, luego de que el diputado local Carlos Toledo publicó el video de un sobrevuelo de la zona de Calica, que exponía las consecuencias de la extracción.
Organizaciones como La Tierra Nuestra Casa se pronunciaron al respecto y señalaron: “Condenamos y exigimos se castigue a los responsables de este ecocidio en la Riviera Maya”.
Además, un exhorto del Senado de la República, emitido desde el 26 de abril de 2017 y firmado por la entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva, Blanca Alcalá Ruiz, señala que a finales de los ochenta la sociedad civil en Quintana Roo mostró preocupación por la ecología gracias a varios proyectos que impactarían la zona.
“Uno de los eventos que propició el inicio del movimiento ambientalista en Quintana Roo fue la entrada en operación de la empresa Calica”, se lee en el archivo, que también señala la afectación al patrimonio cultural por la presencia de sitios arqueológicos en esa zona.
En 2018, meses antes de que López Obrador llegara a la presidencia, se registró una nueva protesta encabezada por Marciano Toledo, afuera de las instalaciones de Calica.
“Están ofreciendo 50 millones de dólares de soborno para que se cambie el uso de suelo, no lo permitamos, señalemos a esos vende patrias, si lo llegan a hacer”, asegura en un video publicado por Noticaribe en enero de ese año.
Toledo, además de entrar al servicio público, lidera la organización Grupo Cívico Político 28 de Julio, que también denunció el ecocidio de Calica antes del sexenio de López Obrador.
Calica y sus permisos de extracción
El negocio de Calica, ahora llamada Sac-Tun, pertenecía a Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y Vulcan Material Company, un gran productor de piedra triturada, arena, grava, entre otros insumos para la construcción, que en 2001 compró las acciones de su socio.
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A grandes rasgos, un primer permiso, otorgado en 1986, permitía a Calica extraer roca caliza por debajo del manto freático en el predio “La Rosita”. Para 1996 el gobierno permitiría la extracción superficial en “El Corchalito” y “La Adelita”.
Cuatro años después, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), dirigida entonces por Julia Carabias, autorizó una vigencia de 20 años para la extracción subterránea de material pétreo.
El 5 de mayo de 2022, y luego de ser señalada también por López Obrador, Carabias reconoció en una carta que el permiso fue entregado. No sin antes asegurar que fue tras revisar manifestaciones de impacto ambiental y aclarar que la autorización se dio para extraer piedra por debajo de dos predios que ya trabajaba la empresa y con “estrictas medidas para mitigar el daños”.
A partir de ese año y ya en el sexenio de López Obrador, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró y sancionó a Calica en varias ocasiones por “aprovechamiento de roca mayor de lo autorizado” y por daños graves a los ecosistemas.
Las autoridades también denunciaron a Calica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el desastre en Quintana Roo, pero ahora buscan llegar a un acuerdo para adquirir 2 mil hectáreas de zona afectada por entre 6 y 8 millones de pesos. ¿El objetivo? Convertir una parte del terreno en un centro de diversión y el resto en una reserva natural protegida.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al gobernante federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos mil soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, ante una escalada en las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad californiana.
La decisión del mandatario se impuso sobre la autoridad del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien calificó la medida de “provocación deliberada”.
En la última semana, al menos 118 inmigrantes fueron arrestados en operativos realizados en varias partes de la ciudad. Esto generó un ambiente de tensión cuando multitudes se congregaron frente a negocios que presuntamente iban a ser blanco de redadas.
Según la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles, los manifestantes se tornaron “cada vez más agresivos, lanzando objetos y mostrando comportamientos violentos”, lo que obligó a la policía a emplear gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.
Las autoridades locales informaron que hubo 29 detenidos.
Trump justificó su decisión alegando que Los Ángeles vive una “invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales”, según escribió en su plataforma Truth Social.
“Ahora, turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, agregó.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó.
Más allá de las razones de Trump para movilizar a la Guardia Nacional, BBC Mundo plantea otras 4 preguntas para comprender lo que está ocurriendo.
1. ¿Tiene el presidente autoridad para desplegar a la Guardia Nacional?
Para contener los disturbios, Trump recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al presidente federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
Normalmente, la Guardia Nacional de cada estado se activa únicamente cuando lo solicita el gobernador.
Sin embargo, en esta ocasión Trump eludió ese procedimiento invocando una disposición especial del Código de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (10 U.S.C. §12406), que contempla tres circunstancias bajo las cuales el presidente puede poner bajo control federal a la Guardia Nacional.
- Si EU “es invadido o está en peligro de invasión por una nación extranjera”.
- Si “existe una rebelión o peligro de rebelión” contra el gobierno.
- Si “el presidente no puede ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares”.
Trump indicó en su memorando que las protestas en Los Ángeles constituyen “una forma de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos”.
Expertos aseguran que esta es la primera vez desde 1965 que la Guardia Nacional es activada por orden presidencial sin el consentimiento del gobernador estatal.
En 1992, durante los disturbios provocados por la absolución de policías acusados de golpear al automovilista afroestadounidense Rodney King, el entonces presidente George HW Bush envió tropas federales, pero en ese caso fue el gobernador de California, Pete Wilson, quien solicitó el apoyo.
En 2020, tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas en algunos estados tras las protestas por la muerte de George Floyd.
2. ¿Cómo respondieron las autoridades a la decisión de Trump?
Altos funcionarios del gobierno de Trump respaldaron la movilización militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en redes sociales que era una decisión “de sentido común” y agregó: “La violencia y destrucción contra agentes e instalaciones federales NO serán toleradas”.
El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, declaró a CNN: “¿Parece que las protestas están bajo control? Absolutamente no”.
Sin embargo, varios funcionarios californianos rechazaron la intervención militar al asegurar que la policía local puede controlar los disturbios y que la presencia del ejército es innecesaria.
La congresista demócrata Nanette Barragán, quien representa a Paramount, una localidad de las afueras de Los Ángeles donde se registraron protestas, le dijo a CNN: “No necesitamos esa ayuda”.
“La Guardia Nacional solo empeorará las cosas”, añadió.
Sus palabras coinciden con las del gobernador Newsom, quien denunció en la red social X: “El gobierno federal está tomando el control de la Guardia Nacional de California y enviando dos mil soldados a Los Ángeles, no porque falten policías, sino porque quieren montar un espectáculo”.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, declaró también a ABC7 que el despliegue militar es innecesario.
3. ¿Qué está haciendo ICE en Los Ángeles?
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron redadas el viernes en zonas mayoritariamente latinas de Los Ángeles como parte de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración irregular.
Un portavoz confirmó que 44 personas fueron arrestadas ese día.
Estos operativos forman parte del objetivo presidencial de realizar “la mayor operación de deportación en la historia de EU”.
Los Ángeles, que tiene una numerosa población migrante, se ha convertido en un foco importante para esta política migratoria.
A principios de mayo, ICE anunció la detención de 239 migrantes indocumentados en una operación de una semana en la ciudad, aunque las cifras de arrestos generales no han cumplido las expectativas del gobierno.
En junio, la Casa Blanca incrementó su meta, estableciendo que ICE debería realizar al menos tres mil arrestos diarios.
Las autoridades han extendido cada vez más sus operativos a lugares de trabajo como restaurantes y tiendas minoristas.
Las recientes redadas en Los Ángeles, que generaron protestas, ocurrieron en un comercio mayorista de ropa y en una sucursal de la cadena de ferreterías Home Depot.
“Van a ver más redadas en lugares de trabajo de las que se hayan visto en la historia de este país”, afirmó Thomas Homan, el “zar de la frontera” del gobierno de Trump.
Esta agresiva campaña de deportaciones ha incluido el traslado de migrantes en aviones militares hacia la base de Guantánamo, centro militar estadounidense criticado por abusos contra los derechos humanos, antes de llevarlos a Luisiana.
Otros fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, incluyendo al menos un migrante con estatus legal en EE.UU.
Algunos incluso fueron enviados a países con los que no tienen ningún vínculo de origen.
Muchas de estas acciones han enfrentado desafíos legales en los tribunales.
4. ¿Cómo ha reaccionado Los Ángeles ante las redadas?
El viernes, varios manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente a un comercio mayorista de ropa. Lanzaron objetos e intentaron impedir los arrestos. Los agentes federales respondieron usando granadas de estruendo y gas pimienta.
En Paramount, ubicada a unos 32 kilómetros del sur del centro de Los Ángeles, también se usaron gases lacrimógenos y granadas de estruendo contra manifestantes frente a una tienda Home Depot.
En redes sociales, ICE describió la situación así: “Nuestros valientes agentes fueron ampliamente superados en número: más de mil manifestantes rodearon y atacaron un edificio federal”.
En respuesta a las protestas, la policía de Los Ángeles confirmó que realizó 29 arrestos, casi todos por negarse a dispersarse, una falta menor, según informó CBS News, medio asociado de la BBC en EU.
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