Vecinos y colectivos exigen suspender discusión de la Suprema Corte sobre vivienda y abrir debate en audiencia pública
Vecinos desalojados y colectivos exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se retire el proyecto que podría validar los cambios al Artículo 60 de la Constitución de la Ciudad de México con los que se eliminan garantías para personas que sufren desalojos.
En conferencia de prensa, calificaron el proyecto de acción de inconstitucionalidad 73/209 como regresivo y anunciaron que llevarán a cabo una protesta el próximo lunes -cuando se discutirá el asunto en la Corte- para pedir a los ministros que haya una audiencia pública en la que escuchen a especialistas y vecinos afectados.
Arturo Alanís, integrante del Frente Antigentrificación, subrayó que en su redacción original, este artículo contenía garantías mínimas para personas que fueran sacadas de sus viviendas, como el ser avisadas con anticipación, evitar el uso de la fuerza y opciones de reubicación, lo que quedaría eliminado en caso de aprobarse el proyecto de la ministra María Estela Ríos González.
Los grupos Asamblea Ecológica Popular, Clínica de Derecho María Luisa Marin de la Universidad Iberoamericana, La Obrera para los obreros, HIC AL, Observatorio Vecinal Escandón, Frente Antigentrificación, Desalojados de República de Cuba 11, así como el Frente por la Vivienda Juvenil reclamaron que por presión de inmobiliarias las autoridades dejen desprotegida a la ciudadanía, por lo que hicieron un llamado al Poder Judicial a no declarar como constitucional el que se sigan realizando desalojos sin garantía de derechos humanos.
Rocío, una de las vecinas que fue desalojada del predio República de Cuba 11, advirtió que en caso de que se apruebe el proyecto de la ministra Ríos Gonzpalez, “la ley permitiría este tipo de acciones sin que se garantice audiencia a los afectados, como nos pasó a nosotros, porque hubo un juicio, pero ocurrió ajeno a nosotros”.
“Tal vez a nosotros ya nos desalojaron, ya estamos en la calle, pero no queremos que otras personas vivan este terror, porque nosotros no éramos invasores, pagábamos renta”, lamentó.
“Poder Judicial debe ponderar derecho a la vivienda”, señala especialista
Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL), apuntó que la actual administración de la Ciudad de México “sí está haciendo cosas en relación con personas desalojadas que no habíamos visto antes”, como el apoyo para renta que se está otorgando a vecinos de República de Cuba 11, una medida que “va en la misma dirección del espíritu que tenía el Artículo 60 de la Constitución”.
Sin embargo, señaló que en caso de que este artículo permaneciera como fue redactado inicialmente “lo que hubiera tenido que pasar con estas personas es que un juez los llamara, los escuchara y pudiera evaluar su vulnerabilidad para considerar si antes de ser desalojados les podía dar una alternativa de vivienda para evitar la situación de trauma que han pasado”.
Emanuelli también indicó que persiste la falta de un protocolo para que los desalojos se realicen con apego a derechos humanos, ya que el que en su momento se publicó a los pocos días fue bajado de la página del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y dejó de aplicarse.
La especialista recordó que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación ya llevó a cabo una audiencia pública para escuchar los argumentos de personas con discapacidad en contra de un proyecto, por lo que hizo un llamado a que “lo vuelva a hacer y devuelva al Congreso el que se establezca una forma más conveniente de redacción del Artículo 60 a partir de estándares internacionales”.
Vecinos y colectivos anuncian que en caso de aprobarse el proyecto tomarán las calles
Otra vecina afectada por el desalojo de República de Cuba 11 propuso que colectivos y vecinos exigen una reunión con autoridades del gobierno capitalino para que generar un diálogo directo sobre la ambigüedad de la ley que deja desprotegidas a las personas frente al sector inmobiliario: “esto se tiene que detener, pero nos tenemos que involucrar todos”, aseveró.
Asimismo, subrayó que cualquier persona puede quedar a expensas de ser desalojada de su vivienda, “porque hay personas vivales que quieren apoderarse de inmuebles que no les pertenecen, es algo que pasa en muchos lugares”.
Ante la pregunta de qué ocurrirá en caso de que el proyecto sea aprobado por la SCJN y con ello se declare constitucional la reforma del Artículo 60, Alan Aparicio, abogado de los vecinos de República de Cuba 11, señaló que en este escenario “crítico y triste solo nos queda tomar las calles”.
“Protestamos y nos dicen que no son formas, pero el sector inmobiliario se hace de predios y saca a la gente de sus casas, construye lo que quiere, se burla de los legisladores y de los tribunales, posiciona sus temas sin mayor dificultad porque controla la economía del país, entonces ¿qué nos queda? Tomar las calles”, reiteró.
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La agencia está bajo escrutinio tras el letal tiroteo de una mujer en Mineápolis llamada Renee Nicole Good.
El letal tiroteo de Renee Nicole Good, de 37 años, en Mineápolis provocó protestas y aumentó el escrutinio sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El ICE ha realizado miles de arrestos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, por lo general en espacios públicos.
Estas acciones están llevando a sus agentes con cada vez más frecuencia a comunidades de todo el país, lo que ha generado resistencia por parte de algunos residentes locales que se oponen a sus operaciones.
¿Qué es el ICE y cuándo se creó?
El ICE está liderando la implementación de la iniciativa de deportación masiva de la administración Trump, una promesa central de su campaña electoral.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha ampliado significativamente el ICE, su presupuesto y su misión.
La agencia hace cumplir las leyes de inmigración y realiza investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También participa en la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Esta legislación creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el ICE como una de sus agencias subsidiarias.
¿Qué facultades tienen los agentes del ICE para arrestar personas?
El ICE considera que su misión abarca tanto la seguridad pública como la seguridad nacional. Sin embargo, sus facultades son diferentes a las de un departamento de policía local promedio en Estados Unidos.
Sus agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentación legal.
Pueden detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto, agrede a un oficial o si el ICE sospecha que la persona está en Estados Unidos sin documentos.
A pesar de esto, según ProPublica, una agencia de noticias independiente sin ánimo de lucro, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se produjeron más de 170 incidentes en los que agentes federales retuvieron a ciudadanos estadounidenses contra su voluntad.
Estos casos incluían a estadounidenses que los agentes sospecharon eran inmigrantes indocumentados.
¿Qué facultades tiene el ICE para usar la fuerza?
Las acciones de uso de la fuerza por parte del ICE se rigen por una combinación de la Constitución de los Estados Unidos, la legislación estadounidense y las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional.
Según la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden “solo pueden usar fuerza letal si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento”, declaró Chris Slobogin, director del programa de justicia penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.
Sin embargo, históricamente la Corte Suprema de los Estados Unidos ha concedido una amplia indulgencia a los agentes que toman decisiones en el momento sin el beneficio de la retrospectiva.
Un memorando de política del DHS de 2023 establece que los agentes federales “solo pueden usar fuerza letal cuando sea necesario” cuando tengan “una creencia razonable de que la persona a la que se aplica dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves” para sí misma o para otra persona.
¿Dónde opera el ICE?
Normalmente, el ICE opera dentro de Estados Unidos, con algún personal en el extranjero. Su agencia hermana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., técnicamente patrulla las fronteras estadounidenses.
Sin embargo, estas funciones se han desdibujado cada vez más, a medida que la administración Trump retiró agentes de diversas agencias federales del orden público para participar en la aplicación de la ley migratoria.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza operan cada vez más dentro de EE.UU., participando en redadas con el ICE.
El ICE y otras agencias han desplegado cientos de agentes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y ahora Mineápolis, en colaboración con otras agencias federales del orden público.
Hasta 2.000 agentes federales se desplegarán en Mineápolis como parte de la última operación, según informó Associated Press.
¿Qué sucede con las personas detenidas por el ICE?
La magnitud de las deportaciones durante la era Trump ha sido significativa.
La administración afirmó haber deportado a 605.000 personas entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025.
También indicó que 1,9 millones de inmigrantes se habían “autodeportado voluntariamente”, tras una agresiva campaña de concienciación pública que animaba a las personas a abandonar el país por su cuenta para evitar ser arrestados o detenidos.
Un inmigrante que se encuentra con el ICE puede enfrentar diversas consecuencias.
En ocasiones, una persona es retenida temporalmente y luego liberada tras un interrogatorio. En otras circunstancias, el ICE la detiene y la traslada a un centro de detención más grande, de los cuales existen varios en todo Estados Unidos.
Aunque muchos inmigrantes continúan luchando por su estatus legal mientras están detenidos, si no lo logran podrían ser deportados.
Alrededor de 65.000 personas se encontraban detenidas por el ICE a 30 de noviembre de 2025, según datos obtenidos por el proyecto de inmigración del Transactional Records Access Clearinghouse, un compendio de datos gubernamentales de la Universidad de Syracuse.
Abogados de inmigración dijeron a la BBC que, una vez que el ICE detiene a una persona, a veces puede llevar días para que las familias o los abogados averigüen dónde se encuentra.
¿Cuáles son las críticas al ICE y qué oposición han encontrado sus agentes?
Muchas comunidades han respondido cuando el ICE y agencias asociadas, como la Patrulla Fronteriza, realizan operativos.
Ahora es común que los residentes filmen a los agentes del ICE mientras realizan arrestos. Algunos encuentros entre los agentes y el público se han tornado agresivos o violentos.
Durante operativos del ICE en Chicago, Illinois, un colectivo de organizaciones de medios de comunicación demandó a la Patrulla Fronteriza. Alegaron que los agentes usaron fuerza indebida contra periodistas, líderes religiosos y manifestantes.
Un juez federal falló a favor del grupo, antes de que un tribunal de apelaciones revocara la decisión.
El tiroteo en Mineápolis no es el primero en que una persona resulta herida por disparos durante un operativo de control migratorio.
En octubre hubo dos incidentes en Los Ángeles en los que los agentes dispararon a conductores, según informó Los Angeles Times. El DHS afirmó en ambos casos que los conductores habían amenazado a los oficiales con sus vehículos.
Los oficiales del ICE y otros agentes de inmigración han sido criticados por usar máscaras para ocultar su rostro mientras realizan sus operativos.
Funcionarios del DHS defienden esta práctica, argumentando que protege a los agentes de la divulgación de información personal o el acoso.
¿Cuál es la postura de los estadounidenses respecto al ICE y las deportaciones?
Las encuestas sugieren que los estadounidenses tienen una visión compleja de los planes de Trump para controlar la inmigración.
Poco más de la mitad cree que es necesario algún nivel de deportación, según una encuesta realizada en octubre de 2025 por el Centro de Investigación Pew, una entidad no partidista.
Esta cifra es aproximadamente la misma que Pew encontró en marzo del año anterior.
Sin embargo, la misma encuesta sugiere que a los estadounidenses les preocupan los métodos de Trump.
Se encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses (53%) creía que la administración Trump estaba yendo “demasiado lejos” para deportar a inmigrantes indocumentados. Alrededor del 36% apoyó este enfoque.
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