
“Cuando nos quitaron el sol, las primeras en padecerlo fueron las plantas y las flores, que poco a poco se fueron marchitando. Comenzaron los girasoles, le siguieron los geranios, la lavanda y las margaritas que tenía en la azotea. Es que sin la luz del sol a la que estábamos acostumbrados hasta la casa se ha vuelto fría y un poco más oscura, jamás imaginé que una cosa así pudiera pasar”. Xoco, el lugar donde Consuelo crío a sus cuatro hijos solía ser un pueblo tranquilo a pesar de estar rodeado de avenidas principales, la gente de aquí estaba acostumbrada a una vida serena, con sus casitas y locales modestos, muy diferente a la de la Ciudad de México, a pesar de estar rodeado por ella.
San Sebastián de Xoco es un lugar atrapado entre la historia y la modernidad, su nombre indígena deriva del Náhuatl, la lengua dominante antes de la colonia en el valle de México, y significa “fruto agrio”, que evoca un pasado campesino que ya sólo existe en las viejas crónicas de la ciudad. Durante siglos, Xoco fue un pequeño asentamiento con vida propia. Sus calles estrechas, su cementerio, su iglesia colonial de San Sebastián Mártir (construida en el siglo XVII) y sus tradiciones comunitarias lo convirtieron en un rincón donde el tiempo parecía avanzar a otro ritmo. Sin embargo, en las últimas décadas todo cambió y muchas otras poblaciones fueron absorbidas por la ciudad.
Todo comenzó una mañana del año 2008 cuando las máquinas llegaron y un grupo de trabajadores comenzó la construcción de un tapial a la vuelta de su casa. Consuelo Zalpa en aquel entonces tenía 55 años de edad y el vigor para enfrentarsele a cualquiera. A partir de aquella primera alerta que despertó la sospecha de los pobladores de Xoco, inició una larga batalla legal de más de una década que terminaron perdiendo en contra de un grupo muy poderoso de inversores por la construcción de “Ciudad Progresiva Mítikah”, uno de los megaproyectos inmobiliarios más ambiciosos de América Latina, que contemplaba la construcción de viviendas lujosas, hospitales, oficinas, centros comerciales, incluido el rascacielos más alto de la ciudad, con más de 260 metros de altura.

Mientras que para los desarrolladores, inversionistas, arquitectos y gobernantes, la construcción de Mítikah, representaba el nuevo modelo de desarrollo que representaría a la capital mexicana como una de las grandes ciudades cosmopolitas del mundo, para los pobladores originarios de este pequeño pueblo, su imposición representaba todo lo contrario: gentrificación, desplazamiento y el desvanecimiento de su identidad histórica.
Consuelo ya no quiere hablar mucho acerca del tema, parece que con el peso de vivir a la sombra de aquel edificio gigante es suficiente; pero ella durante varios años encabezó la asociación de vecinos que trató de evitar la construcción de Mítikah. Durante ese periodo cerraron avenidas, hicieron plantones, escribieron cientos de cartas y oficios, pero a pesar de sus esfuerzos no pudieron evitarlo, como ella dice, tras este tipo de desarrollos inmobiliarios hay mucha gente poderosa y con dinero que se sirven de un sistema de justicia viciado y corrupto que sobrepone los intereses del capital a la de los habitantes, generalmente personas humildes sin la capacidad económica para hacerle frente a una batalla legal tan larga.
El camino en los tribunales fue tortuoso. En varias ocasiones, los jueces dictaminaron suspensiones parciales de la obra, pero de alguna forma la constructora siempre obtenía algún recurso para que los trabajos volvieran a reiniciarse. Finalmente a mediados de 2021, luego de un largo litigio, el desarrollo inmobiliario ganó la batalla y Mítikah fue inaugurada con una colosal fiesta y un despliegue de propaganda en redes y medios de comunicación, cuyos encabezados destacaban la propuesta arquitectónica “moderna, de matices elegantes y sofisticados”, sin mencionar la historia que había detrás de su edificación, donde la lucha vecinal se mantenía vigente.
-¿Alguna vez entró a Mítikah?-
-No te voy a mentir, una sola vez lo hice, y fue porque mi hijo me insistió en que tenía que hacerlo, que era necesario mirar todo lo que habían construido. Además era mi cumpleaños y él me quería regalar algo. Aún no puedo sacarme de adentro esa sensación. El cuerpo se me estremeció cuando entré, era sentir que con mi presencia en ese lugar estaba traicionando tantos años de lucha. No me gustó y nunca más volví-.
Sentada en el amplio y sombrío comedor de su casa, una vieja construcción de ladrillos rojos de estilo mexicano, Consuelo despliega un archivo de documentos en los que destacan mapas, fotografías, cartas y los nombres de tres presidentes de México, todos ellos citados por los vecinos para pedir su ayuda en el caso, pero ninguno les ayudó a resolver su problema, por eso Consuelo ya no cree en la política, y mucho menos en los políticos, sin importar de partido que sean.
-Lo único que nos queda a los de Xoco es por lo menos mantener nuestras tradiciones, nuestra fiesta patronal y nuestra iglesia, porque hasta eso está en peligro.

La apertura de Mítikah fue apenas el inicio de una serie de transformaciones que Xoco sigue experimentando. Su extensión territorial ocupa un tercio de la superficie total de pueblo, es decir que de las 30 hectáreas, 10 son ocupadas por Mítikah. Dentro de los impactos más notorios que este inmenso complejo de cristales y acero trajo consigo, están el incremento en el flujo de personas y autos que circulan en la zona, un puñado de calles donde nadie nunca imaginó que un día circularían tantos vehículos; además del ruido, los hedores, las constantes fallas al suministro de agua, los pobladores han visto un incremento significativo en el pago de impuestos por el costo del uso del suelo y la llegada de cientos de nuevos vecinos, que según Consuelo, en su mayoría poco o nada se interesan por integrarse a las tradiciones de la comunidad.
-La mayoría de ellas son personas con mayor poder adquisitivo, a veces nos miran como por debajo del hombro. Hubo una ocasión en enero, durante la festividad mayor de Xoco, que desde uno de los edificios nos lanzaron papeles que decían: “Aborígenes”. Eso pasó porque los nuevos vecinos estaban molestos porque nosotros usamos pirotecnia durante la celebración, pero eso lo hemos hecho desde antes que comenzaran a construir los edificios que ahora ellos habitan.
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Una de las principales características que define un proceso de gentrificación, es el desplazamiento de un grupo de personas en una zona por otro grupo de mayor poder adquisitivo. Andrés de la Peña, periodista y activista mexicano especializado en temas de urbanismo y gentrificación, opina que este fenómeno está ocurriendo a nivel global, pero en México su aparición es mucho más voraz que en otros sitios y cada vez más evidente, porque se combina con otros factores que orbitan la problemática de la gentrificación, como lo son la “turistificación”, la especulación inmobiliaria, y las nuevas dinámicas laborales en el mundo, que cada año atraen a más nómadas digitales al país.
-Todos estos factores sumados a la corrupción y al abandono por parte del gobierno mexicano están orillando a millones de personas a vivir una crisis de acceso a la vivienda sin precedentes.

En la Ciudad de México y zona metropolitana habitan más de 20 millones de personas, para satisfacer la necesidad de vivienda que demanda esta cantidad de habitantes se deberían construir alrededor de 70 mil viviendas anuales, pero entre 2018 y 2024, solamente se construyeron alrededor de dos mil por año, tan sólo el 2.8 % de lo que se esperaría, según la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en México.
Lo anterior, sumado a la desaceleración por parte del gobierno en la construcción de viviendas asequibles para la población, no sólo ha incrementado el costo del precio del suelo, sino que ha creado una burbuja de especulación inmobiliaria donde los alquileres se han vuelto tan elevados que la gente que ha vivido en barrios históricos o centrales por décadas cada vez se ve con más dificultades para pagarlos. Desplazarse en muchos casos es la única opción.
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Juan Ramírez, es originario de Azcapotzalco, otro pueblo originario al norte de la Ciudad de México, tiene 44 años de edad y dos hijos. Cuenta que cuando supo que se convertiría en padre hace poco más de 15 años buscó la independencia de su familia, él intuía que la única forma de conseguirlo era consiguiendo una casa propia. Aquel periodo de buscar una casa se convirtieron en dos años de decepciones, porque con el salario que obtenía como repartidor de una empresa de gaseosas, no podía costear ninguna vivienda “digna “ dentro de la ciudad; su mejor opción en aquel momento fue adquirir a través de un crédito del gobierno llamado Infonavit, una pequeña casa de interés social en Ojo de Agua, un municipio del Estado de México, a 40 kilómetros del centro de la ciudad.
Adaptarse al nuevo estilo de vida fue muy complicado porque Juan seguía teniendo su trabajo en la capital; para poder cumplir con el horario laboral y llegar a las siete de la mañana a Coyoacán, tenía que salir de casa mucho antes que la luz del alba apareciera; lo hacía siempre apurado para poder sortear “el tráfico infernal” que se forma cada día para entrar en la Ciudad de México. Como él, dos millones y medio de personas invierten diariamente entre cuatro y cinco horas de su vida viajando para trabajar en la capital, y como él, muchas de ellas también fueron orilladas de alguna forma a vivir en esas urbanizaciones conformadas por miles de casas inauditas, que vistas a la distancia, parecen todas iguales.
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Este periodo duró casi 10 años, hasta que un día no pudo más y cayó enfermo; tuvo una depresión aguda que derivó en ataques de pánico y de ira constantes. Perdió su empleo y la estabilidad en la vida que creía tener. A pesar de su edad, Juan, aparenta varios años más, las arrugas del contorno de sus ojos y la falta de cabello en la cabeza no lo ayudan. Cuando me muestra una vieja fotografía de él y su familia todo cae por su propio peso. Poco queda de aquel hombre robusto que sonríe en la puerta de su nuevo hogar. Dice que dormía poco y el tiempo que pasaba en casa, era sólo para descansar unas cuantas horas antes de volver a comenzar su rutina. Poco tiempo con su mujer e hijos. Juan cree que esa forma de vida insana fue la que llevó su vida, su matrimonio y la relación con sus hijos al borde del colapso.
-Yo crecí en la ciudad y mudarme a vivir en ese lugar fue muy deprimente. Es aburrido porque hay pocas opciones para salir o hacer algo interesante, lo único que abundan son plazas comerciales, tiendas de segunda clase y puestos de comida rápida, allí es a donde va la gente para pasar el tiempo; además la delincuencia y la violencia en esas zonas es muy fuerte. A mí me asaltaron por lo menos tres veces.
La Ciudad de México durante siglos ha sido la capital económica, política y social de la región Mesoamericana. Desde el México Tenochtitlán de los Mexicas, la época virreinal de la Nueva España y la consolidación del México independiente, el inmenso valle que la alberga, era una serie de pueblos, haciendas y villas que no vieron afectadas sus costumbres hasta mediados del siglo XX, cuando la modernización de la ciudad, trajo consigo la construcción de universidades, complejos habitacionales y los grandes ejes viales que hoy la conectan; además de millones de personas, generalmente campesinas que escapaban de la pobreza rural para incorporarse a la fuerza laboral que el nuevo México necesitaba.
Las consecuencias de aquella migración interna no sólo dispararon los índices de población en la capital, sino que además hubo un crecimiento desproporcionado y carente de toda planeación urbana, cuyos principales efectos fueron la aparición de cientos de nuevos asentamientos, (chabolas, villas, favelas), generalmente marginadas y golpeadas por la violencia sistémica que tardó décadas en ocuparse de ellos, originando muchos de los barrios con las tasas de desarrollo humano más bajos del país. El antiguo Distrito Federal pronto se convirtió en “La región más transparente” que el escritor Carlos Fuentes no dudó en describir como un lugar donde todo se mezcla:lo antiguo con lo moderno, la riqueza con la pobreza, la esperanza con la desesperación.”
La casa de Juan era pequeña, más bien humilde, como la de todos a su alrededor. Cuando ellos llegaron al fraccionamiento recuerda que hubo un tiempo en que las cosas marchaban bien. La mayoría de los vecinos eran como ellos, matrimonios jóvenes que venían de barrios populares de la Ciudad de México, cuya capacidad económica y de crédito sólo había alcanzado para adquirir esas casas llenas de anhelos en la llamada “mancha urbana”.

Luego de un breve periodo de tiempo inició una época muy complicada de violencia generalizada en la zona, los asaltos en el transporte público y en las casas aumentaron significativamente, así como las extorsiones y los secuestros. Esta ola de violencia fue la que terminó por hundir los sueños de una vida mejor en una casa nueva. Durante más de siete años Juan y su familia fueron prisioneros en su propio hogar. Las casas comenzaron a llenarse de mallas metálicas punzantes sobre las bardas, ventanas con barrotes de hierro y vidrios rotos en los tejados; formas en que se representa el autocuidado en América Latina.
-Fueron tantos los abusos por parte de la delincuencia que afuera de mi fraccionamiento colgamos una manta con una leyenda que decía “ladrón, si te agarramos te linchamos”. Desafortunadamente nosotros nunca atrapamos a nadie, aunque en otros fraccionamientos sí ocurrió.
Se estima que en el Estado de México hay más de 600 mil casas deshabitadas o abandonadas, lo que pone en evidencia el fracaso de la política de vivienda en la entidad. Se trata de inmuebles que no pudieron ser liquidados por sus propietarios, que están alejados de los centros laborales, carecen de algunos servicios públicos como el agua potable o no se adaptaron a las necesidades de las familias que en algún momento solicitaron su crédito, aunado a los problemas de inseguridad.
De aquel periodo en aquella casa Juan tiene pocos recuerdos felices. Algún cumpleaños, el bautizo de sus hijos, algún asado familiar y poco más que eso. Ahora de vuelta a la ciudad, viviendo en una pequeña habitación junto a su madre, con el divorcio a cuestas y su familia fragmentada, reflexiona sobre aquel periodo, y aunque acepta que pudo haber sido diferente, entiende que su desplazamiento a ese valle polvoriento no fue la mejor elección de su vida. Ahora aquella casa está vacía, esperando a ser alquilada, y como muchas otras a su alrededor, se han convertido en monumentos que acompañan la desolación de un paisaje que se resiste a cambiar.
Es medio día y la luz del sol se desploma sobre Maria Elena Ávila, de 83 años de edad, cuyo cuerpo está postrado afuera del domicilio marcado con el número doce de la avenida de los Insurgentes Centro, la más larga del país. Alrededor de ella hay cajas, muebles, retratos, objetos de todo tipo, la mayoría parecen reliquias, son los recuerdos de toda una vida; quienes circulan por esta importante artería de la ciudad, piensan que Maria Elena tiene una venta de garaje. Algunos se acercan a preguntar, y a pesar de haber sido desalojada por la fuerza unas horas antes, la señora, estoica, con un dejo de amabilidad, tan sólo sonríe y dice que no está vendiendo nada.
-Fue como a las 6 de la mañana, los golpes que estaban dando sobre la puerta me despertaron. Bajé para saber qué estaba pasando. Mi gran error fue abrir porque instantáneamente se metieron por la fuerza y comenzaron a romperlo todo. Era un grupo como de 20 personas, algunos encapuchados, decían que traían una orden de desalojo firmada por un juez. Yo no entendía nada, estaba muy asustada, sólo pude gritarle a mi sobrino, pero ya era demasiado tarde. En menos de una hora me sacaron con todas las cosas de esta casa en la que viví los últimos setenta años.
María Elena llegó a la Ciudad de México con tan sólo 13 años de edad. Era una jovencita que sin saber leer ni escribir, se aventuró a lo que parecía un futuro más prometedor que la vida del campo. Cuando llegó a esta casa que hoy resguarda plantada frente a la puerta, la vida por aquí era muy diferente, según recuerda las avenidas no eran tan amplias, y la colonia Tabacalera no estaba llena de oficinas como lo está ahora, el caos cotidiano se resumía en ver los autos y autobuses circular constantemente.

-Yo aquí llegué recomendada por una persona que conoció a los patrones. En aquel entonces no sabía nada, pero la señora me enseñó muchas cosas; aquí aprendí a guisar, a preparar comida española: bacalao, fabada, paella, todo lo que a el patrón le gustaba; también aprendí de peinados, tintes y manicuras porque la señora tuvo una academia y un salón de belleza muy exitoso.
La ubicación estratégica de este inmueble, muy cerca de la avenida Reforma y del centro de la ciudad, lo han hecho siempre un lugar muy concurrido; hubo un tiempo en que actrices y bailarinas de la época se paseaban por esta casa tipo Art Decó de la que hoy sólo queda una vieja fachada pintada de blanco que apenas dibuja el esplendor que tuvo.
La voz, considerablemente cansada, habla de otros tiempos y de una ciudad que ya no existe, más que en las viejas películas. Se refiere a la época dorada del cine mexicano y de los grandes salones con orquestas de música y baile; a la capital que crecía económicamente y exportaba la cultura mexicana fuera de sus fronteras; de cuando gente se preocupaba más por vivir que por sobrevivir; pero a pesar de que la memoria comienza a jugarle trampas, Maria Elena tiene la historia del inmueble muy presente.
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La casa fue propiedad de un matrimonio de extranjeros, una mujer francesa cantante de ópera casada con un español exiliado por la guerra civil de su país. Ella los recuerda como un matrimonio enamorado y moderno para la época, y a la casa como un lugar lleno de vida, siempre con fiestas y reuniones muy divertidas. Nunca tuvieron hijos ni otros familiares que los visitaran, por lo que María Elena y Reyna, su compañera (otra trabajadora doméstica), se encargaron del cuidado de la casa, el salón de belleza y del matrimonio por más de cuarenta años.
El primero en morir fue el esposo quien contrajo una enfermedad en el extranjero de la que nunca pudieron curarlo. Tras su muerte, la esposa vivió sola los últimos años de su vida. Durante aquel periodo María Elena y Reyna fueron las encargadas de sus cuidados y la contención de su vida emocional; por lo que en agradecimiento por acompañarla y atenderla hasta su muerte, la mujer les heredó la propiedad en igualdad de condiciones.

Como testigo de aquel acto de gratitud, Maria Elena, sólo conserva un par de papeles viejos y arrugados donde la propiedad del inmueble consta haber sido heredada y estar en copropiedad de ella y su compañera Reyna Romero Tellez, quien murió dos años atrás. A pesar de no haber podido escriturarla por falta de recursos, durante los últimos 30 años ambas habitaron la casa, se encargaron de pagar por los servicios, aunque no pudieron mantener la belleza estética de la propiedad. Las paredes se hicieron viejas, las ventanas sucias y los muebles antiguos. El viejo esplendor se fue apagando como todo dentro de ella.
Vista desde fuera la casona comenzó a contrastar con todo a su alrededor, sobre todo con el nuevo corredor comercial que año con año viene creciendo sobre la avenida. Los cafés de especialidad, los lujosos lofts, y los restaurantes sofisticados que se han construido y remodelado últimamente, nada tienen que ver con ella. La casa no es grande, hacia el fondo apenas 10 metros de profundidad por quince de fachada, pero su ubicación estratégica la convirtieron en una apetitosa carnada para los invasores de propiedades y los tiburones inmobiliarios.
Según la orden firmada por el C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Proceso, en la Ciudad de México, el desalojo fue concedido porque existe un contrato de compra venta por el inmueble elaborados en 2015 y firmado por ambas copropietarias a favor de una tercera persona, una señora de nombre Dolores Miralles, a quien nadie conoce, ni nadie había escuchado nombrar. Maria Elena dice que ella jamás ha firmado ningún contrato con nadie porque a ella no le interesaba vender la casa, porque es lo único que tiene y que la firma que aparece en el expediente no es la de ella.

El jugoso negocio de la compra venta de inmuebles y predios en ciertas zonas de la Ciudad de México, ha motivado a un grupo grande de personas a operar en una red delincuencial bautizada como “La mafia del despojo”. Es un negocio bien estructurado, donde participan desde invasores y falsificadores hasta funcionarios corruptos. Detrás de cada casa arrebatada hay una historia como la de María Elena, llena de amenazas, fraudes notariales y complicidad institucional que permite que este fenómeno prospere, evidenciando la corrupción inmobiliaria que permea en la capital.
Estas agrupaciones tienen un modus operandi que ha sido identificado por varios activistas, pero a nadie más que a ellos y a los afectados parece importarle. Según las denuncias, los delincuentes buscan inmuebles con características específicas como la de Maria Elena: propiedades intestadas, casas que aparecen abandonadas, viviendas de adultos mayores sin herederos visibles o lugares con documentación irregular. En muchas ocasiones, acceden a registros públicos para detectar objetivos vulnerables.
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Con la complicidad de abogados y notarios corruptos, los delincuentes crean escrituras apócrifas, testamentos falsificados o contratos de compraventa simulados. En algunos casos, suplantan la identidad de los propietarios para vender la casa a terceros. Con toda esa documentación ficticia, los delincuentes inician juicios para consolidar la posesión del inmueble. Generalmente usan influencias en el Registro Público de la Propiedad y tribunales civiles para validar escrituras apócrifas. Si el legítimo propietario reclama, probablemente enfrentará un proceso largo, costoso y desgastante. Finalmente una vez legalizada la posesión del inmueble, la mafia lo vende rápidamente a compradores desprevenidos o cómplices. Así, la propiedad despojada cambia de manos y se vuelve casi imposible de recuperar.
-¿Qué hará con todo esto, a dónde irá?-
–A mi edad ya no me tiro al dolor, será lo que Dios quiera. Iré a donde me lleve mi sobrino, que es con quien yo vivía. Las cosas tendrán que irse, como todo en la vida. Duele porque no es justo, pero mientras tenga salud voy a estar bien. Creo que nos van a prestar un cuartito en una vecindad, porque no tenemos dinero para pagar nada por aquí. Mientras tanto vamos a esperar a ver qué dicen los abogados de oficio que nos puso el gobierno.

Miles de familias han perdido sus hogares bajo estos esquemas. Adultos mayores como María Elena, que nunca se casó, que no tiene hijos y que vive con una red de apoyo muy limitada. Entre 2019 y septiembre de 2024, se registraron 24, 318 denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 14 casos diarios. A pesar de que no en todas las denuncias hubo ilegalidades, éstas cifras de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, reflejan la magnitud del problema que enfrenta la capital, donde el acceso a una vivienda digna no es más un derecho sino una mercantilización de la vida.
Este trabajo fue publicado originalmente en la revista Lento de Uruguay

Mas de 350 palestinos han muerto desde el pasado 10 de octubre en Gaza, donde seis semanas después del inicio del alto el fuego la situación sigue siendo desesperada para la gran mayoría de sus habitantes.
Israel y Hamás sellaron el pasado 10 de octubre un acuerdo de cese el fuego que debía poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza.
Seis semanas después del inicio de ese cese de hostilidades, el derramamiento de sangre no ceja en Gaza, donde civiles palestinos siguen muriendo a diario por disparos o ataques israelíes.
La intensidad del conflicto se ha reducido, pero eso no ha evitado que la cifra de víctimas palestinas siga creciendo, aunque más lentamente.
La ayuda humanitaria, tras meses de férreo bloqueo, vuelve a entrar a la Franja, pero no en el volumen necesario para hacer frente a las necesidades de una población que sigue, en su gran mayoría, desplazada y en un territorio que se ha quedado prácticamente sin infraestructuras.
El alto el fuego ha permitido que la ONU empiece a reabrir las escuelas que opera en la Franja, la mayor parte de ellas dañadas por los bombardeos y que siguen sirviendo de refugio para muchas familias. El sistema sanitario también sigue siendo muy precario. Solo 36 de los hospitales de Gaza están parcialmente operativos, según Naciones Unidas.
Hamás, aunque ha quedado muy debilitado, se niega a desarmarse, como demostró al día siguiente de iniciarse el alto el fuego, cuando sacó a 7.000 milicianos armados a las calles para reafirmar el control sobre zonas de Gaza desocupadas por las tropas israelíes. Pero su hegemonía está siendo cuestionada por un nada desdeñable número de grupos armados han proliferado en la Franja dispuestos a hacerle frente.
En medio de todo esto, los palestinos aguardan a que el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que el alto el fuego solo constituía una primera fase, avance y pueda comenzar la reconstrucción de un territorio controlado aún en su mayoría por el ejército israelí.
El goteo de víctimas desde el día en que entró en vigor el alto el fuego no se ha detenido.
Más de 350 personas han muerto en Gaza en ataques israelíes desde entonces, lo que elevan la cifra total de víctimas palestinas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 a 70.100, muchas de ellas mujeres y niños, según cifras del ministerio de Sanidad de Gaza.
Los milicianos de Hamás continúan siendo objetivo del ejército israelí, pero la enorme mayoría de víctimas siguen siendo civiles, como el fotógrafo Mahmud Wadi, fallecido este martes en un ataque con dron en Jan Yunis. O los hermanos Fadi y Juma Abu Assi, de 8 y 11 años que, según su familia, estaban buscando leña para cocinar al este de esta misma ciudad cuando fueron alcanzados el pasado sábado por el fuego israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron a la BBC que habían disparado sobre dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla.
Esta demarcación, que delimita el territorio al que Israel aceptó retirarse tras el alto el fuego, no está claro para muchos palestinos, a veces con consecuencias fatales.
Pero las muertes no solo se han producido en las inmediaciones de la Línea Amarilla. Israel ha llevado a cabo bombardeos de zonas densamente pobladas en Gaza en respuesta, según las FDI, a ataques de Hamás.
En uno de ellos, en la noche del pasado 28 de octubre, murieron 104 palestinos en una oleada de bombardeos en Ciudad de Gaza, Beit Lahia, Bureij, Nuseirat y Jan Yunis, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Israel alegó que actuó contra “decenas de objetivos terroristas”.
Tanto las FDI como Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones.
El pasado 21 de noviembre, el portavoz de Unicef, Ricardo Pires, recordó que, desde el cese el fuego, dos niños han muerto de media cada día en Gaza.
“Esto no son estadísticas. Cada uno de ellos era un niño con una familia, un sueño, una vida truncada repetidamente por la violencia continuada”, dijo Pires a los periodistas.
El estricto bloqueo que Israel impuso en Gaza durante meses antes del alto el fuego, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la Franja, provocó una hambruna que mató a más de 200 personas, según la propia denuncia de la ONU.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Sin embargo, aunque desde el 10 de octubre Israel ha aflojado los controles y se ha permitido la entrada de ayuda, no se han alcanzado los niveles necesarios, según la ONU.
El acceso humanitario sigue estando muy restringido, tal y como denunciaron recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre otras cosas porque solo se han reabierto dos de los seis pasos fronterizos.
“El volumen de camiones de ayuda que entran en Gaza nunca ha alcanzado el objetivo acordado de 600 al día y, con frecuencia, ha sido inferior a la mitad de esa cifra”, afirmaron los expertos, entre los que se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos.
Amnistía Internacional también ha denunciado que Israel sigue bloqueando “la entrada de equipos y materiales necesarios para reparar las infraestructuras vitales y retirar municiones sin explotar, escombros contaminados y aguas residuales”, señaló recientemente la organización en un comunicado.
Israel asegura que desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza una media de 600 a 800 camiones diarios con alimentos, suministros para refugios y material médico, según la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). El 41% de esos camiones van al sector privado, según sus propias cifras.
Según la OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aunque la frecuencia con la que los gazatíes comen ha mejorado en la mayoría de los hogares, “el consumo de alimentos sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, y la dieta se basa principalmente en cereales, legumbres y cantidades moderadas de lácteos y aceite, con un acceso muy limitado a alimentos nutritivos como la carne, las verduras y las frutas.
Tal y como relató a la BBC Sami Matar, de la ONG Anera, que gestiona una cocina comunitaria en Gaza, “nos vemos obligados a cocinar principalmente tres tipos de comidas a la semana: arroz, pasta y lentejas (…) Necesitamos que la comida sea más variada, para garantizar verduras frescas y proteínas esenciales como la carne y el pollo”.
Estos productos, asegura, “no pueden entrar en Gaza para su distribución como ayuda humanitaria”, y solo las importan vendedores locales, aunque muchos gazatíes no tienen dinero para comprarlas.
Quien ha dejado de operar en Gaza seis meses después de ponerse en marcha es la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que crearon Estados Unidos e Israel para eludir el sistema tradicional de ayuda de la ONU. Cientos de personas murieron por disparos israelíes durante sus caóticas entregas de cajas de ayuda humanitaria.
El acuerdo de alto el fuego establecía que el ejército israelí se retiraría de Gaza “en base a estándares, hitos y plazos” que debían ser acordados por todas las partes.
Un mapa que distribuyó la Casa Blanca entonces mostraba las tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes, que dejaba en la primera fase, la única que se ha acordado por el momento, bajo control israelí un 53% de Gaza, toda la franja que se extiende a lo largo de la frontera con Israel.
En las siguientes fases, este territorio debería reducirse hasta el 40% en la segunda etapa y hasta el 15% en la última, una suerte de “perímetro de seguridad” que “permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
Actualmente, las FDI permanecen tras la conocida como Línea Amarilla, en un territorio que, según una investigación de BBC Verify que analizó videos e imágenes satelitales, es mayor de lo previsto en el acuerdo con Hamás.
En algunos puntos, los marcadores colocados por las tropas israelíes para señalizar la división se encontraban cientos de metros más al interior de la Franja de lo que se esperaba según la línea de retirada.
En este territorio, Israel ha destruido además barrios enteros en lo que parecen demoliciones intencionadas. Según un análisis de BBC Verify, al menos 1.500 edificios fueron derribados en el primer mes tras el alto el fuego.
Israel alega que estas demoliciones no violan lo acordado ya que según los términos del cese al fuego, “todas las infraestructuras del terror, incluyendo túneles, deben ser desmantelados en Gaza. Israel actúa en respuesta a las amenazas, violaciones y la infraestructura del terror”, dijo un portavoz de las FDI.
Pero algunos analistas y expertos en derecho internacional opinan que estas demoliciones podrían estar violando las leyes de la guerra, que prohíben la destrucción de propiedad civil por parte de una potencia ocupante, así como poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego.
Más del 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada durante los dos años de conflicto y la mayoría sigue viviendo en tiendas de campaña improvisadas.
Muchos no pueden regresar a sus hogares porque ya no están ahí. Según cifras de la ONU, el 80% de los edificios de la Franja han sido destruidos. En la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del territorio, esta cifra se eleva hasta el 92%.
En los últimos meses y, especialmente desde el inicio del alto el fuego, una serie de facciones armadas enfrentadas a Hamás han proliferado en la Franja de Gaza.
Entre ellos hay grupos que se apoyan en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como ha admitido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hamás no parece estar dispuesto a ceder el control de la Franja y en las semanas posteriores al alto el fuego se han podido ver videos en redes sociales de sus milicianos propiciando palizas o ejecutando a plena luz del día de miembros de grupos rivales a los que acusan de colaborar con Israel.
Estas nuevas formaciones operan, cada uno en su porción de territorio, dentro de la Línea Amarilla, la parte de la Franja que sigue controlada por el ejército israelí.
Están, por ejemplo, las Fuerzas Populares, el grupo que lidera Yaser Abu Shabab en la zona de Rafah, que ha sido acusado de haber saqueado camiones de ayuda humanitaria enviados a Gaza durante la guerra. O las Fuerzas de Ataque Antiterrorista, que dirige Hossam al Astal en los alrededores de Jan Yunis. Otro de los grupos es el Ejército del Pueblo – Fuerzas del Norte, que está liderado por Ashraf al Mansi y que opera en el norte de la Franja.
Algunos de estos grupos aspiran a acabar formando parte de las futuras fuerzas policiales de Gaza y aseguran, aunque no está confirmado, que trabajan en coordinación con la Junta para la Paz, el organismo internacional que deberá administrar Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Su despliegue despierta recelos entre parte de la población gazatí y de la Autoridad Nacional Palestina, que desconfía del apoyo que Israel parece prestar a algunos de estos grupos.
“Israel podría exigir la integración de estas milicias, debido a sus propias consideraciones políticas y de seguridad específicas”, señaló el general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, a la corresponsal de la BBC en Medio Oriente Lucy Williamson.
Pero las exigencias de Israel, prosiguió, “no necesariamente benefician a los palestinos. Israel quiere seguir imponiendo su control de una u otra manera en la Franja de Gaza”.
En el acuerdo de alto el fuego, Hamás se comprometió a devolver en un plazo de 72 horas a los 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de los 28 secuestrados que aún se encontraban en Gaza.
Según los términos de lo pactado, Israel debería devolver 15 cadáveres de palestinos en su poder por cada rehén fallecido en manos de Hamás.
Todos los rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre a cambio de 250 presos palestinos y 1.718 detenidos de Gaza.
Hasta ahora se han entregado los restos mortales de 26 secuestrados, 23 de ellos israelíes, así como un tailandés, un nepalí y un tanzano.
A cambio, Israel ha devuelto los cadáveres de 330 palestinos muertos durante la guerra. En su mayoría son cuerpos sin identificar de los que no está claro si fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí, y algunos muestran signos de tortura, según han denunciado los doctores que los recibieron.
Israel ha acusado a Hamás de retrasar deliberadamente la recuperación de los cadáveres de los rehenes, mientras que Hamás ha insistido en que está luchando por encontrarlos bajo los escombros.
La lentitud de los avances ha supuesto que no se haya avanzado en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Este incluye planes para la gobernanza de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás y la reconstrucción.
Hamás tomo 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel en el que mató a más de 1.200 personas -en su mayoría civiles- que desencadenó una respuesta militar de una intensidad sin precedentes del ejército israelí sobre Gaza.
El cese de las hostilidades, el retorno de los rehenes, la retirada del ejército israelí de zonas de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria forman parte de la primera fase del conocido como plan de paz de Trump para Gaza, que cuenta con 20 puntos.
Una vez alcanzado, la partes debían avanzar hacia las siguientes etapas, que prevén el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y, en un futuro, el posible camino hacia el establecimiento de un Estado palestino, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado.
El pasado 17 de noviembre, el plan presentados por Estados Unidos recibió el espaldarazo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitiría avanzar desde el alto el fuego hacia la reconstrucción de la Franja.
La resolución prevé la creación de una “Junta para la paz” que supervisaría la gobernanza de un comité tecnocrático y apolítico palestino y supervisaría la reconstrucción de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria, aunque no especifica quién formaría parte de esa junta.
Tampoco está claro por ahora qué países aportarían efectivos para esas fuerzas de estabilización, ni el papel que tendrá en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, a la que el plan exige una reforma profunda.
El plan también prevé la desmilitarización de Hamás y otros grupos en la Franja, algo a lo que la milicia islamista se ha negado.
Según la resolución, la fuerza de estabilización colaborará con Israel y Egipto, junto con una fuerza policial palestina de nueva formación debidamente seleccionada, para ayudar a proteger las zonas fronterizas y garantizar el proceso de desarme permanente de los grupos armados no estatales, incluido Hamás.
La incertidumbre en torno a todas estas cuestiones ha frenado el inicio de la segunda fase del plan de paz, para la que aún no hay fecha.
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