
Vecinos del edificio ubicado en la calle República de Cuba 11 marcharon acompañados de colectivos en defensa del derecho a la vivienda hacia el Congreso de la Ciudad de México para entregar una iniciativa de protocolo para los desalojos que al día de hoy se realizan entre opacidad y violencia por falta de regulación.
Entre consignas como “vecino callado será gentrificado” y “queremos vivienda”, activistas e inquilinos afectados realizaron un cierre del Congreso para compartir sus testimonios y que se recibiera el documento en el que se pide reformar la Constitución y normas secundarias para garantizar que los habitantes de la Ciudad de México “no se queden sin vivienda” y “evitar injusticias como en el caso de Cuba 11”.
Frente al recinto legislativo, vecinos de este inmueble —quienes impulsan la reforma— reclamaron a los diputados que no se han aprobado normas para regular los desalojos, por lo que acusaron que hay una “evidente cooptación inmobiliaria y del crimen alrededor de la vivienda”.

“No tener garantías legales reales frente a desalojos permite disfrazar despojos, atenta contra la propiedad, la vivienda y la vida de las personas”, expresaron.
Rocío, vecina de Cuba 11 que participó en la manifestación, expuso que llevan cinco meses en resistencia, pernoctando en un campamento improvisado donde adultos mayores y niños han tenido que aguantar lluvia y frío “debido a un fraude procesal”, y aclaró que no están pidiendo que les regalen vivienda, sino que les permitan adquirir con crédito social los departamentos que habitaron desde hace décadas.
Santiago, vecino de Mar Blanco, Miguel Hidalgo, donde también fueron desalojados de forma irregular, reclamó que aunque las autoridades les han prometido solución y les han dado apoyos en tanto se resuelve su situación, “esos son solo paliativos, porque 4 mil pesos para renta no es algo realista en la burbuja inmobiliaria que ellos mismos han inflado”.
La iniciativa entregada pide que se realicen cambios a la Constitución de la Ciudad de México, al Código Civil, la Ley Registral, así como la que regula el turismo, ante el hecho de que “cada año existen despojos encubiertos de desalojos, donde al revisar los documentos de regularización de las propiedades se evidencia un posible fraude procesal”.
“Lo anterior coloca en estado de vulnerabilidad a cualquier persona poseedora o habitante de un inmueble por algún contrato de arrendamiento o incluso de compraventa, por lo que cualquier persona podría sufrir un desalojo arbitrario”, advierte el texto.
Para evitarlo, exigen que por un asunto de justicia social ningún habitante de la capital se quede sin vivienda, que se eviten desalojos como el de Cuba 11, garantías previo a este tipo de acciones legales y que se garantice la asequibilidad de los espacios habitacionales.
También establece que se asegure el adecuado realojamiento de personas desalojadas “en un radio que les garantice el derecho al arraigo”, es decir, que sea un lugar dentro de la misma unidad territorial o colonia, además de que para observar la legalidad de la salida de las personas de los inmuebles se encuentre presente personal de Derechos Humanos.

En el caso de los desalojos que no cumplan con los requisitos en el marco de la legalidad, piden que sean considerados como despojos y que se castiguen con cárcel de 10 a 20 años.
Los impulsores de la iniciativa exigieron a los legisladores “que rompan el pacto inmobiliario”, y afirmaron que “no actuar en consecuencia es complicidad”. Por ello les pidieron asumir la iniciativa como propia y acelerar su aprobación.

Según cifras del gobierno, 14,2 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza en Reino Unido. Algunas familias dependen de bancos de alimentos para cubrir todas sus necesidades.
El esposo de Nicole, una madre de cinco hijos que vive en el Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, trabaja a tiempo completo, pero el dinero no le da para llegar a fin de mes.
Y aunque asegura que a sus pequeños no les falta lo esencial, la familia ha tenido que recurrir a bancos de alimentos para atender todas sus necesidades.
Esto pese a la presión social generada por las personas que ven con recelo las prestaciones sociales para los más necesitados en Reino Unido.
“Me avergonzaba usar los bancos de alimentos, especialmente con mi esposo empleado. Pero algunas personas no se dan cuenta de los problemas [económicos] que pueden enfrentar las familias aun cuando trabajan”, sostuvo Nicole el pasado noviembre en una entrevista con la BBC sobre un posible aumento de ayudas sociales para los hogares con más de dos niños.
“Ellos no se dan cuenta de que las circunstancias de todos no son iguales. Y son los niños los que están sufriendo por ello, ¿cómo puede la gente ignorar eso?”, agregó.
La familia de Nicole no está sola en esta problemática.
El gobierno estima que 14.2 millones de personas están bajo el nivel de pobreza luego de pagar los costos relacionados con la vivienda.
Mientras que el número de niños en situación de pobreza en Reino Unido alcanzó su nivel más alto desde que comenzaron los registros comparativos en 2002.
Para abril de 2024, 4.5 millones de menores eran parte de un hogar con ingresos relativamente bajos, según la medida oficial del gobierno para definir la pobreza.
La cifra, publicada por el Departamento de Trabajo y Pensiones, supone un aumento de 100 mil niños respecto al año anterior, y equivale al 31% de los niños del país.
El número aumentó drásticamente desde 2021, y Child Poverty Action Group (CPAG), una ONG que investiga sobre la pobreza infantil en Reino Unido, predice que 4.8 millones de niños estarán en situación de pobreza para el final de término del actual gobierno laborista (2029-30).
Adam Corlett, un economista del think thank Resolution Foundation, le dijo a la BBC en marzo que “los datos más recientes son un recordatorio contundente de la magnitud de la privación entre las familias, con casi un tercio de los niños en Gran Bretaña viviendo ahora en la pobreza”.
Danielle, una madre de cuatro niños, tuvo una relación de 15 años con el padre de sus hijos que terminó en enero.
Ahora está sola y sin empleo; dejó su trabajo para cuidar a uno de sus pequeños que tiene una discapacidad.
En una entrevista con la BBC también en noviembre, comentó que tuvo que advertirle a sus niños sobre la posibilidad de no poder regalarles “mucho” por Navidad.
“Ahora estoy sola y es difícil”, sostuvo.
Cuando Danielle se separó de su pareja, ella y sus hijos, de entre dos y 13 años, recibieron apoyo de la organización benéfica para personas sin hogar The Wallich.
La familia fue trasladada a un alojamiento temporal, pero la mudanza significó que “perdió parte de su red de apoyo”, comentó, por su parte, Jamie-Lee Cole, quien trabaja en la ONG.
“Y ahora estoy en esta situación en la que no puedo ir a trabajar, pero espero que algún día pueda volver a hacerlo”, añadió Danielle, de 32 años.
La mujer afirmó que sus hijos carecen de “muchas cosas” y que está preocupada por la temporada festiva.
“Hoy en día nada es barato”, indicó.
“Les dije que pueden tener lo que yo pueda permitirme, y si no lo tienen, no hay nada que pueda hacer”.
Danielle y Nicole, ambas en entrevistas realizadas en fechas separadas, afirmaron que una nueva política impulsada por el gobierno Laborista del primer ministro Keir Starmer podría ser de gran ayuda para sus familias.
La iniciativa, sin embargo, no entrará en vigor hasta 2026.
Desde 2017, por una política aprobada durante el gobierno del conservador David Cameron, en Reino Unido las familias de bajos ingresos están impedidas de reclamar ayuda social para más de dos hijos.
Datos publicados por BBC News en noviembre señalan que esto hizo que 1.6 millones de niños que pertenecen a familias numerosas no pueden solicitar ayudas.
Este límite se eliminará a partir de abril de 2026, según anunció la actual ministra de Hacienda, Rachel Reeves, en la presentación del nuevo presupuesto.
La organización benéfica Trussell Trust, que dirige una red de bancos de alimentos, dijo que el límite de dos hijos es “el principal factor que impulsa la pobreza infantil” y eliminarlo sería “lo correcto”.
La organización afirmó que la limitación empujó a millones de familias a una mayor precariedad e impide que los niños tengan un “buen comienzo en su vida”.
“Cada semana, los bancos de alimentos en la red de Trussell apoyan a padres que han hecho todo lo posible para proteger a sus hijos del hambre”, dijo Helen Barnard, directora de políticas en Trussell.
“Se saltan comidas durante semanas para que los niños tengan suficiente para comer, convirtiendo en juegos el envolverse en mantas para evitar encender la calefacción, intentando fingir que todo está bien, pero no lo está”, agregó.
El gobierno laborista recibió críticas de la oposición en el Parlamento, que alega que ha perdido el control del sistema de bienestar, y que el coste de su medida caerá sobre los contribuyentes.
Revees insiste en que está “totalmente financiado”, porque su administración atendió los problemas de fraude y los errores en el sistema de bienestar, y tomó medidas contra la evasión fiscal y reformó los impuestos sobre las apuestas de juego.
Nicole afirma que hay un “concepto errado” sobre las familias que reciben ayudas del gobierno.
Y que esa idea hace que sus problemas sean peores.
“He trabajado desde que tengo 13 años, siempre le he pagado al sistema y ahora, cuando lo necesito, siento que no está ahí para nosotros”, comentó.
De acuerdo con el Departamento del Trabajo y Pensiones, 59% de los hogares que se vieron afectados por la restricción de dos hijos tienen personas que trabajan.
Desde que tuvo su hijo más joven, dice que el costo de vida ha incrementado. Ahora está constantemente preocupada por el dinero.
Y siento que ha sido “castigada” por tener más de dos hijos.
“Nuestros hijos siempre tienen lo necesario, nos aseguramos de ello, pero es una preocupación constante. Comida, libros, uniforme escolar”, señaló.
“Llevo 12 años usando la misma ropa”, dijo la mujer de 30 años”.