
Cada prenda guarda una historia. Amontonados en cuartos o tirados sobre el terreno del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, cientos de pantalones, zapatos, mochilas y documentos mostraron al mundo el horror del reclutamiento forzado y la crisis de desapariciones en México. Son más de 1,800 evidencias en total, que constituyen piezas clave para la investigación, para reconstruir trayectorias de vida y que están vinculadas al derecho a la verdad.
El proyecto periodístico Las Prendas Hablan parte de esa premisa. Cada pieza de ropa y objeto descubiertos el 5 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en este centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación puede ser un punto de partida para saber quién estuvo ahí y cómo llegó.
Frente a la magnitud del hallazgo y lo complejo que resultaba para las familias revisar las imágenes y descripciones de los cientos de prendas que fueron publicadas en un excel por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, el colectivo de hacktivistas Tejer.Red se propuso ordenar la información. A partir de los registros oficiales, creó una plataforma virtual que permite realizar fácilmente búsquedas por tipo de ropa, color, marca y talla.
Un paso siguiente fue abrir la posibilidad de que la ciudadanía participara en la identificación de indicios. En alianza con Tejer.Red, los medios Animal Político, A dónde van los desaparecidos y ZonaDocs lanzaron un formulario para que familiares y cualquier persona interesada pudiera informar si reconocía alguna prenda u objeto de una víctima de desaparición.
Hasta el 25 de febrero, el catálogo registró 7,939 visitas a la página principal, y 59,361 consultas a las prendas. De las más de 1,300 piezas de ropa y objetos incluidos en el repositorio, los más vistos fueron una mochila negra sin marca (20J), un pantalón negro de talla 32 (1A) y un pantalón café sin marca (13A).

En las respuestas al formulario hay un patrón que se repite: varias personas desaparecidas cuyas prendas fueron reconocidas por sus familiares recibieron falsas ofertas de trabajo o se sospecha que pudieron ser víctimas de reclutamiento forzado; en algunos casos, testigos afirman que fueron asesinadas. Se trata siempre de jóvenes.
El proyecto Las Prendas Hablan permanece abierto. La información continuará siendo recopilada con la intención de construir memoria y trazar los circuitos de la desaparición vinculados con el rancho Izaguirre.
Como parte del proyecto, presentamos en A dónde van los desaparecidos, ZonaDocs y Animal Político una serie de textos con las historias de las personas y las prendas que pudieron dejar atrás, así como las omisiones de las fiscalías tanto en la investigación de los casos como en la atención a las familias.

Hace un año, el rancho Izaguirre se convirtió en el epicentro del horror: un predio de aproximadamente 10,000 metros cuadrados ubicado en el ejido La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, a 58 kilómetros de Guadalajara, era usado como centro de adiestramiento por una organización criminal.
Para las madres buscadoras que entraron al lugar se trataba también de un sitio de exterminio, pues hallaron cientos de fragmentos de restos óseos calcinados, indicios de hornos crematorios y un campo de entrenamiento. A esto se sumaron los testimonios de sobrevivientes que fueron testigos de asesinatos en el lugar, donde también los obligaban a desmembrar y quemar los cuerpos.
Las prendas encontradas en el rancho Izaguirre evidenciaron una parte del modus operandi de las organizaciones criminales, por su diversidad y por lo que revelaban de sus posibles dueños, la mayoría jóvenes, pues predominaba la ropa informal: pantalones de mezclilla, sudaderas con logotipos deportivos y tenis.
Preservar las prendas localizadas en espacios relacionados con desapariciones es relevante desde el punto de vista forense, pues el lugar donde son halladas se convierte automáticamente en un sitio de investigación, explica Roxana Enríquez Farías, directora general del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF).
Desde restos biológicos hasta ropa, cualquier indicio puede aportar información sobre las actividades realizadas en el lugar y las transformaciones del espacio a lo largo del tiempo. La criminalística de campo y la antropología forense permiten analizar si las prendas están asociadas con áreas de entrenamiento, zonas de trabajo forzado u otros contextos específicos, así como determinar si pudieron pertenecer a víctimas o victimarios y su relación con otros indicios hallados.
Aunque los objetos son susceptibles de alteración, permiten formular preguntas clave: dónde estuvo la persona, cómo llegaron sus pertenencias al lugar y qué relación existe entre la desaparición y quienes utilizaban el sitio, explica.
Seguir el rastro de las prendas es importante para comprender qué pasó con las personas que las portaban y a las que se obligó a abandonarlas. Para la periodista y académica del ITESO, Alejandra Guillén, el rancho Izaguirre es solo uno de los sitios que conforman el circuito desaparecedor que opera desde 2017 —cuando fueron descubiertos en el municipio de Tala campamentos con víctimas de reclutamiento forzado— en la región Valles, a la que pertenece Teuchitlán.
“Ese rancho forma parte de una cadena con una organización impresionante que utiliza muchos lugares, muchos vehículos, a muchas personas: algunas publican los anuncios en internet, otras pasan por ellos [los jóvenes], otras los retienen, otras los entrenan, otras lavan el dinero”, explicó en una entrevista con A dónde van los desaparecidos.

La revisión de las prendas a través de las imágenes compartidas se volvió, para muchas madres, un ejercicio minucioso. Algunas buscaron detalles que solo ellas podían reconocer: una costura hecha a mano, un parche cosido en la rodilla, una maleta que habían prestado o una Biblia recientemente regalada. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada para esclarecer sus dudas, para apaciguar su incertidumbre.
Los más de 1,800 indicios son, para las familias buscadoras, fragmentos de historias que pueden acercarlos a la respuesta de cuál fue el destino de sus seres queridos.
La última reunión formal que tuvieron las familias buscadoras con autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo la investigación y resguarda en sus instalaciones de la Ciudad de México las prendas halladas en el rancho Izaguirre, fue el 13 de febrero de 2026, un mes después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciara en un comunicado que se habían detenido los trabajos periciales y la propia indagatoria.
Ese día, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación les explicaron qué acciones habían realizado en el último año. Para Raúl Servín, padre buscador e integrante del colectivo, fue lo mismo que escucharon el 20 de marzo de 2025 en la FGE de Jalisco, cuando tras el escándalo mediático tuvieron que ofrecerles algún tipo de respuesta.
“De un año a la fecha que nos recibieron, parece que no avanzaron mucho o mejor dicho nada; nos dijeron lo que ya nos habían dicho, aunque confirmaron una cosa nueva: la localización de [otros] indicios debajo del bodegón donde se encontraron las prendas. Nos dijeron que después nos darían más detalles, pero en realidad para mí fue una tristeza [darme cuenta de] que todo sigue igual”, señala el padre de Raúl Servín Galván, desaparecido a los 20 años, el 10 de abril del 2018, en Tlajomulco.
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Sobre las prendas, las autoridades dijeron que únicamente proporcionarían información caso por caso, de modo que las familias que creyeran haber reconocido alguna debían presentarse en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para hacer la solicitud y, si procedía, les darían acceso.
Ruth Mejía fue una de las madres que acudió a la reunión y que solicitó ver las prendas de su hija Merari Noemí García. Ella sabe que su hija, según testigos, fue asesinada en el rancho Izaguirre; por esa razón, les exigió acceder a las prendas que identificó: un par de tenis y una maleta, pero sobre todo una Biblia que vio en las fotos que publicaron Guerreros Buscadores de Jalisco, colocada en un altar dentro del lugar.
“Revisaremos su caso y le daremos una fecha para que pueda venir a ver las prendas”, le contestó la FGR. Para Ruth, poder tener esos objetos resulta esencial, pues es “lo único que cree que podrá recuperar de su hija”.
Raúl considera que la respuesta que le dieron a Ruth es desconcertante, porque la mayoría de las familias no tiene recursos para estar viajando de Guadalajara a la Ciudad de México. “Sabemos que las prendas están allá en la FGR, así que la idea es que las personas vayan para allá, pero eso lo veo difícil porque no han hecho ninguna campaña para que las familias lo sepan”.
Mientras tanto, los pasados días 17 y 18 de febrero, familias del colectivo realizaron una búsqueda en las afueras del rancho, tras una llamada anónima que les informó de que en ese lugar podrían encontrar cuerpos. Localizaron restos óseos calcinados y diversas prendas.
“Ese día no encontramos nada más, pero vamos a regresar, pues lo que yo quiero es que se sepa la verdad del rancho Izaguirre, que ya no oculten nada, aunque se venga el Mundial [de Fútbol, del que Jalisco es una de las sedes], eso es lo único que quiero a un año de esto”, concluye Raúl.

A un año del hallazgo del rancho Izaguirre, familiares de víctimas de desaparición piden que no se cierre el caso. “Guardamos silencio durante meses para no afectar las investigaciones. Confiamos en las instituciones y esperamos respuestas, pero lo único que recibimos fue abandono, omisiones y mentiras”, expresó Guerreros Buscadores de Jalisco en el comunicado publicado el 12 de enero.
El colectivo difundió además fotografías del estado actual del rancho, que luce lleno de maleza y sin la presencia de ninguna autoridad.
Por meses, sus integrantes confiaron en que la FGR les daría información sobre lo ocurrido en Teuchitlán, pero sobre todo deseaban saber qué había pasado con sus solicitudes para tener acceso a las prendas identificadas por familiares. Pero nada pasó.
Indira Navarro, líder del colectivo, precisa que el comunicado lo hicieron después de que transcurrieron meses sin que ningún funcionario les diera respuestas. “Gastaron más tiempo en [la FGR en] decir lo que no era el rancho [un centro de exterminio, versión que rechazan las buscadoras], pero muy poco en decirnos qué pasó”.
Desde septiembre de 2024, cuando ingresó la Guardia Nacional al predio, han sido detenidas 20 personas con relación a los hechos del rancho Izaguirre, de las que diez han sido condenadas a penas de 141 años de prisión. El exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, ha sido acusado de delincuencia organizada agravada, por tratarse de un servidor público; mientras que José Gregorio “N”, el Lastra, y Alma Rosa “N”, la Leona, han sido vinculados con el reclutamiento forzado de las víctimas.
A un año del hallazgo, tanto Guerreros Buscadores como Madres Buscadoras de Jalisco han denunciado que siguen pendientes no solo el análisis genético de las prendas localizadas, sino también una serie de cateos de fincas similares, que podrían ser o haber sido sitios de reclutamiento forzado, así como seguir las líneas de investigación derivadas tanto de los procesos judiciales —uno es el que tiene abierto Ruth Mejía—, como de la información que ambos colectivos proporcionaron tanto a la fiscalía de Jalisco como a la FGR, con los datos que les dieron, de manera anónima, quienes lograron sobrevivir a su paso por el rancho Izaguirre.
“Tenemos un listado de cosas que les hemos pedido que analicen e investiguen, pero solo nos dan largas o nos piden tener paciencia, pues luego de la salida del exfiscal [Alejandro Gertz Manero] cambiaron funcionarios, peritos e investigadores. Nos piden paciencia, pero esta se acaba cuando vemos que están cerrando el caso”, puntualiza Indira, quien busca a su hermano Jesús Hernán Navarro Lugo, desaparecido el 2 de septiembre de 2015 en Huatabampo, Sonora.
Estas negligencias para las familias buscadoras tienen nombre y apellido: Ricardo Flores, director del Área de Personas Desaparecidas de la FGR, quien aseguran que en múltiples ocasiones les negó información, les impidió el acceso a la carpeta de investigación y redujo a cero la coadyuvancia. Por violentar su derecho como víctimas, existen ya diversas quejas y denuncias en el órgano de control interno de la FGR, pero ninguna respuesta.
“Lo que queremos es que se retomen los trabajos, que se valore la información que hemos ofrecido y que las familias sepan si estuvo ahí o no su desaparecido”, dice Indira.
Ahora su exigencia va dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le piden que tome cartas en el asunto porque el reclutamiento forzado continúa, y lugares como Teuchitlán, aseguran las familias buscadoras, no solo siguen existiendo, sino que operan impunemente.
“Este es nuestro último grito de esperanza. Por la memoria de quienes quedaron en el rancho Izaguirre, por quienes hoy siguen desapareciendo, y por un país que no puede normalizar los centros de exterminio abandonados”, expresaron Guerreros Buscadores de Jalisco en su comunicado.
Tras su publicación, la FGR retomó los trabajos periciales el 17 de enero. Mientras tanto, las preguntas no han cambiado: ¿A quiénes pertenecen las prendas? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Es posible que sean de personas desaparecidas?
Interrogantes que siguen en el aire a un año del hallazgo del rancho Izaguirre, y a las que este proyecto intenta contribuir a dar respuesta, de la mano de las familias buscadoras que identificaron una prenda y que, hasta la fecha, no han sido atendidas por las autoridades.
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Este texto inaugura la serie Las Prendas Hablan, un proyecto periodístico realizado por A dónde van los desaparecidos, ZonaDocs, Animal Político y Tejer.Red.

La normativa, que establece una implementación gradual de la medida que finalizará en el año 2030, va a contramano de lo que se discute en Argentina.
El Congreso mexicano aprobó este martes una histórica ley de enmienda constitucional para reducir, de forma gradual, la semana laboral de 48 horas a 40, que comenzará a implementarse el próximo año.
La ley, que fue impulsada principalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo, indica que la semana laboral será de 40 horas para el año 2030, un cambio sustancial para miles de trabajadores en el país y que se alinea con las tendencias globales de reducción de los horarios de trabajo.
En América Latina, otros países como Ecuador ya implementaron la semana laboral de 40 horas.
Sin embargo, distintos analistas y, principalmente, parlamentarios de la oposición señalaron que la misma ley aumenta las horas extras semanales y, sobre todo, mantiene solo un día de descanso por cada seis trabajados.
De acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la segunda economía de América Latina -detrás de Brasil- presenta uno de los peores equilibrios entre vida personal y laboral, además de bajos índices de productividad laboral y los salarios más bajos entre los 38 estados miembro del grupo, que incluye a Colombia, Chile y Costa Rica.
Por ello, el oficialismo celebró la decisión tomada casi de forma unánime por el Congreso mexicano. “La semana laboral de 48 horas ha estado en la legislación mexicana por 106 años. Ya era tiempo de que eso cambiara”, dijo el coordinador sindical y diputado oficialista Pedro Haces, que hizo parte de la propuesta.
“La productividad no se mide por el agotamiento. Se construye con dignidad”, añadió.
Sin embargo, distintos diputados y representantes de los trabajadores criticaron la ley por no incluir los dos días de descanso por cada cinco trabajados, tal como se había previsto en un borrador inicial.
“Es una reforma regresiva en muchos sentidos. En inicio, no se están cumpliendo los dos días de descanso, que es el espíritu original de la propuesta que presentamos como parte del frente”, dijo al diario El País Ángel Castellanos, vocero del Frente Nacional por las 40 horas.
Pero, ¿qué otros países de América Latina tienen 40 horas en su semana laboral y cuáles incluso la han aumentado a 60?
Aunque la semana laboral de 40 horas, que se divide por lo general en cinco días de ocho horas de trabajo, se ha establecido en gran parte de los países del hemisferio occidental, lo cierto es que ha tardado en volverse norma en América Latina.
En países de Europa incluso se están adelantando iniciativas para reducir la semana laboral a cuatro días, con tres de descanso. Sin embargo, en la región latinoamericana, gran cantidad de países continúan con jornadas laborales entre 44 y 46 horas semanales, que incluyen los días sábados.
Esto, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca entablar un diálogo en los países de la región que permita tener horarios laborales que tiendan a un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo.
“El tiempo es un recurso finito e irrecuperable. La forma en que se distribuye entre trabajo, vida personal y descanso impacta profundamente en la salud, la productividad y la cohesión social”, señala la organización en un informe de 2025 dedicado a América Latina.
Hasta el momento, el único país de América Latina que actualmente tiene una semana laboral de ocho horas en cinco días a la semana es Ecuador. Y está en vigor desde hace 46 años.
En agosto de 1980, se convirtió en el primer país de la región en habilitar esta semana laboral limitada.
Los otros países que están en proceso de llegar a las 40 horas semanales son Chile y, desde este martes, México.
En Chile, con la aprobación de la ley 21.561 en abril de 2024, avanza un proceso de reducción de horas laborales. Primero se pasó de 48 a 44 horas; el próximo abril la semana trabajable se reducirá a 42 y se espera que para abril de 2028 finalmente se llegue a una jornada de 40 horas totales por semana.
Con la ley aprobada este martes, México también iniciará un proceso gradual de reducción del horario de trabajo, que espera se termine de implementar en 2030.
Tanto en Ecuador como en Chile se introduce la flexibilidad para aplicar estas determinaciones, donde los trabajadores pueden negociar la mejor forma de trabajar. Sin embargo, en Chile el límite de horas laborables es de 10 al día.
Colombia es el país de la región que, detrás de Chile, Ecuador y México, más se acerca a reducir sus horarios laborales a las 40 horas.
Actualmente, está por concretar la implementación de la ley 2.101 de 2021, que estableció la reducción de la semana laboral en un país donde durante décadas fue de 48 horas.
En julio de este año se pasará a 42 horas semanales, que podrán ser distribuidas en cinco o seis días, con una extensión máxima de nueve horas por día.
Otros países como Guatemala, El Salvador y Brasil tienen una semana laboral de 44 horas.
Sin embargo, en Brasil, la principal economía de la región, el presidente, Lula da Silva, adelantó esta semana que está buscando poner fin a la semana laboral con solo un día de descanso (conocida como 6 x 1).
Lo llamativo es que Lula no invocó contextos técnicos para justificar su iniciativa, sino que citó a un filósofo surcoreano y su teoría sobre la “sociedad del cansancio”, que habla de la falta de equilibrio entre la vida personal y las horas dedicadas al trabajo.
“El mundo laboral se está transformando. El filósofo coreano Byung-Chul Han afirma que vivimos en una ‘sociedad de la fatiga’, donde la presión por el rendimiento afecta el equilibrio entre la vida personal y profesional”, escribió esta semana en su cuenta de X (ex Twitter).
“En Brasil, se debate la eliminación del llamado horario de trabajo 6 x 1 para garantizar que los trabajadores tengan dos días de descanso a la semana“, añadió.
Además de esto, también existe un debate en el país para incluso reducir la semana laboral a 36 horas. De hecho, ya se han hecho algunos pilotos con empresas en distintas partes de Brasil.
En términos generales, lo más establecido en América Latina es una semana laboral de 48 horas máximo. Hasta hace apenas cinco años, pocos países tenían una carga de trabajo menor a ocho horas al día por seis días a la semana.
Actualmente, ese modelo lo mantienen países como Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Paraguay.
Pero lo cierto es que, de acuerdo con la OIT, en muchos de estos países el promedio de horas trabajadas a la semana se acerca más a las 44.
Por eso en varios de estos países se están adelantando debates políticos para establecer leyes que reduzcan formalmente los horarios laborales, por lo que la decisión tomada por México tiene una fuerte influencia.
Cabe aclarar que en Argentina se está dando un agitado debate sobre las horas laborables, en el que se señala que se pasaría de ocho a 12 horas diarias. Sin embargo, la propuesta es clara en que no se debe superar el número de 48 horas totales por semana.
Sin embargo, especialistas explican que esta propuesta —que se convertiría en ley este viernes— va en contravía de las tendencias que se están viendo alrededor del mundo, que intentan reducir el tiempo dedicado al trabajo.
“Este tipo de medidas se va a convertir en un freno para la innovación empresarial y del desarrollo tecnológico”, le dijo al diario Público el economista argentino Jorge Torres.
“Quieren hacer competitivas las empresas a base de explotar a los trabajadores y no de apostar por la innovación”, añadió.
Además de la semana laboral, la aprobación de la ley en México también trajo consigo la apertura del diálogo sobre otros temas vinculados a los derechos laborales, como las vacaciones, las horas extras, la informalidad del empleo y la brecha de género en el mercado.
Por ejemplo, el promedio de días de vacaciones en América Latina es de 15 días —a diferencia de Europa, donde es 25— y la informalidad alcanza niveles importantes dentro de la actividad económica.
En México, la informalidad llega a un 55 %, mientras que en otras economías importantes como Brasil y Argentina se sitúa en torno al 40 %.
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