Rancho de Teuchitlán: el “centro de exterminio” del CJNG operaba desde 2018, pero el alcalde afirma que desconocían su existencia
El Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, permanece custodiado por elementos de la Guardia Nacional y acordonado en un perímetro de al menos 100 metros a la redonda. Aunque a simple vista el terreno solo muestra un cancel en color negro con letras en blanco que dicen “Izaguirre Rancho”, se trata de un predio de 10 mil metros cuadrados que era utilizado como centro de adiestramiento y de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La zona es comúnmente transitada por los teuchitlanenses de la delegación La Estanzuela, que se desplazan en bicicleta para ir de sus casas a sus lugares de trabajo, a predios donde se cosecha maíz, caña de azúcar o agaves.
Pero, de acuerdo con colectivos de familias de personas desaparecidas en Jalisco, testimonios de sobrevivientes a los que tuvieron acceso apuntan a asesinatos, tortura y desapariciones forzadas cometidos en ese espacio al menos desde 2018. Por ello, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que las autoridades han sido incapaces de investigar y ofrecer respuestas, limitándose a señalarse unas a otras.
Virginia Ponce, del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, estuvo ahí en diciembre y enero pasado. En los tres años que lleva en búsquedas de campo –de los cuatro que su hijo Víctor Hugo Meza tiene desaparecido– el campo de reclutamiento y exterminio en Teuchitlán es lo peor que ha visto. Cuando llegaron ahí, desde finales del año pasado, la Guardia Nacional las acompañó en custodia.
“Ellos fueron los que entraron primero al rancho, porque estaban las puertas de par en par; ya cuando vieron que no había peligro, que no había nadie, nos hicieron el llamado y ya nos acercamos, pero lamentablemente oscureció y en ese tiempo todavía había sembradío, estaba muy peligroso. Haz de cuenta que estábamos en una cueva de lobos”, describe Ponce en entrevista.
“No tenía información”, asegura presidente municipal de Teuchitlán
Sin embargo, el presidente municipal de Teuchitlán desde 2021, José Asunción Murguía Santiago, asegura que no tenía información sobre el centro de reclutamiento y exterminio hallado en su municipio, y pide que empiece la investigación “desde arriba”.
Mientras que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, criticó que las autoridades locales no tuvieran información fundamental. Tanto el alcalde como el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, militan en el partido Movimiento Ciudadano, que es la primera fuerza política en la entidad desde 2018.
“No tenía información si estaba, mucha gente dice que mucho más atrás ya estaba funcionando, pero la verdad no tenemos así como la fecha o el dato de qué tiempo tenga. Yo creo que las investigaciones que haga ahora la Fiscalía, nos van a dar la información adecuada para no estar dando información que no es”, señaló en entrevista José Asunción Murguía Santiago.
Además, negó que por parte del gobierno estatal haya recibido alguna solicitud de información al respecto. Las únicas que le pidieron apoyo con seguridad y protección fueron las madres buscadoras, dijo el edil.
“No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado; esa información es fundamental”, dijo Gertz Manero en la conferencia matutina de este martes, y declaró que la dependencia evaluará si puede atraer el caso, pero antes se investigará la actuación de las autoridades locales y estatales.
El lugar había sido previamente cateado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, durante el gobierno de Enrique Alfaro. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas por estos hechos.
En este momento, son las autoridades estatales del gobierno del también emecista Pablo Lemus, las que están presentes en el predio.
Durante una visita, Animal Político pudo constatar que al Rancho Izaguirre arribó este martes el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, quien descartó dar una entrevista, mientras en el punto le acompañaban la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez, la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, y el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Rivera Martínez.
“Tiene que ser la investigación desde arriba, porque ahorita la nota salió aquí en Teuchitlán y los presidentes municipales, a lo mejor sí somos algo responsables de la ciudadanía, que es nuestro cargo, llevar una administración a cabo y vigilar los dineros que nos corresponde aquí en el municipio; esos sucesos realmente les tocan al estado y a la Federación”, se desmarcó el alcalde.
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Pese al incremento de la violencia en el estado, el alcalde sostiene que en el municipio solo se tiene registro de entre cinco y seis personas desaparecidas. Son familias cuyos casos son conocidos por la comunidad, y el reciente hallazgo podría brindarles esperanza de obtener respuestas.
El presidente municipal considera que además de Teuchitlán se tiene que abordar la situación de Ameca, El Arenal o Tlajomulco, municipios aledaños. El mismo día que ocurrió el hallazgo de Teuchitlán se dio a conocer también que se encontraron dos fosas clandestinas en Ameca –en la delegación Del Cabezón y en el Cerro Cuauhtépetl–, mientras que en El Arenal se localizó otra –en la colonia Santa Cruz del Astillero– y otra más en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga –frente a un kinder–.
En el último año –de enero de 2024 a lo que va de 2025– el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 155 personas desaparecidas en Jalisco, el 81 % hombres. En el caso específico de Teuchitlán, las estadísticas oficiales únicamente muestran la desaparición de dos hombres en los últimos cinco años, aunque los testimonios citados por las madres buscadoras refieren que personas desaparecidas en otras localidades habrían sido trasladadas hasta este sitio.
En tanto, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco (Sisovid) ubica al municipio dentro de aquellos que tienen las tasas más bajas de personas desaparecidas: entre 11 y 50 al 28 de febrero de 2025. De los más cercanos, Tala crece en categoría, de 101 a 500, mientras que Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara, que son los que siguen, llegan al rango de más de mil.
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“¿Cuántas personitas estuvieron ahí?”
Indira Navarro, del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, recibió una llamada la madrugada de este martes. Era una joven sobreviviente del campo de reclutamiento y exterminio, quien sostiene que estuvo ahí tres años, y asegura que la operación del sitio data desde por lo menos 2012. Aunque hasta ahora es el único testimonio que habla de esa fecha. La joven aseguró que ahí les obligaban a pelear por comida, que la gente de los alrededores sabía y que en el rancho, si veían a alguien llorando, lo aventaban sin ropa a un lugar cerrado donde había cerdos.
De acuerdo con los testimonios y colectivos, el centro subsistía gracias a la colusión con autoridades. “María”, sobrenombre que puso Indira, señaló que alrededor de mil 500 personas pudieron haber sido asesinadas ahí durante el tiempo que ella estuvo, en contra de su voluntad y obligadas a hacer todo tipo de actividades, durmiendo en el suelo, bajo un domo, según narró la buscadora durante una entrevista telefónica en Aristegui Noticias.
Por separado, en entrevista con Animal Político, Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, de donde se desprende el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco —del que a Indira se separó para formar Guerreros Buscadores de Jalisco—, explicó que acudieron al predio luego de recibir un testimonio de un sobreviviente en un sentido similar.
“Hasta ahora que se dio a conocer que ya habían trabajado y que estaban sacando los crematorios, pero las madres fueron las que hicieron el descubrimiento de esa finca a raíz de ese anónimo, de esa persona que se animó, aún con el miedo, a decir que él estuvo reclutado en ese lugar y que había al menos 200 personas ahí donde él estaba”, relató Flores, quien la tarde del lunes dio a conocer un hilo de X con imágenes de aquellos hallazgos.
La segunda vez que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco entró al rancho, cuando regresaron en enero, sin que las autoridades les hubieran dado permiso de excavar, hicieron videos, prenda por prenda, diciendo tallas y colores. “Fue un día muy triste, muy doloroso, al ver esa situación que estaba pasando y transmitía mucho dolor ahí, una inseguridad que la verdad sí trabajamos con miedo al creer que alguien nos iba a llegar”, relata Virginia Ponce.
Eran dos cuartos. A ella le tocó la parte de abajo. Había mochilas, gorras, equipajes, velices, muchos zapatos, llaveros, carteras, objetos en tal cantidad y diversidad que evidenciaban que ahí habían estado muchas personas. No hay un cálculo exacto, dice ella, pero era demasiado. Apartaron camisas, pantalones, chamarras y shorts. Había medicinas, shampús, jabones y era evidente el rastro de mujeres.
Abajo también había cartitas y recados, continúa. En tanto, arriba había un altar de la Santa Muerte, y más prendas: “Se sentía más tenebroso, porque como que había un murmullo”, acota. “Fue muy doloroso, tanto como para mis compañeras, como para mí”, lamenta. Llegaron a un tejabán donde había un montículo de zapatos, incluso un traje forense lleno de sangre. El olor era tremendo, remarca, pero por amor a sus hijos tenían que estar ahí. Sogas, esposas y navajas también eran parte del panorama.
En otro cuarto había bidones y llantas. Siguieron caminando. El terreno era grandísimo: había un laberinto. Siguieron caminando. Había alambres de púas crecidos a aproximadamente 30 centímetros del suelo, llantas, una cocina con trastes y una alacena completa, un cazo y tres baños por fuera. Parecía que uno se utilizaba para mujeres, porque había toallas femeninas.
Este martes la fiscalía jalisciense dio a conocer una lista de 495 indicios con sus respectivas imágenes, recolectados durante las diligencias en el Rancho Izaguirre. Aclaró que el hallazgo no implica la confirmación de identidad o condición actual de las posibles víctimas.
“Alcanzamos a ver la magnitud de lo que había. Nos hacemos la pregunta de cuántas personitas estuvieron ahí, y la pregunta del millón: ¿Dónde están? Porque con la magnitud de todas las prendas que había, ¿dónde están? Es una tristeza y es un gran dolor. Gracias a todas las pruebas que sacamos, varias personas se han estado comunicando y nos han dicho que han reconocido prendas. ¿Qué podemos decir nosotras? No tenemos respuesta alguna”, subraya.
Uno de los peores horrores, pero no el único
En una brecha en el municipio de Tala, Jalisco, en septiembre de 2019 se reportó el hallazgo de 17 bolsas con personas descuartizadas, atrás del Balneario Los Chorros. Este punto está a solo 15.2 kilómetros –aproximadamente 21 minutos en automóvil– del Rancho Izaguirre, cerca de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán.
Apenas en julio del año pasado un colectivo de familiares de personas desaparecidas localizó una fosa clandestina en Zapopan, con hallazgos positivos: 29 bolsas con segmentos humanos. En aquella ocasión las personas buscadoras denunciaron que el Servicio Médico Forense había tardado más de siete horas en llegar a procesar el área, y exigieron, como tantas veces, seguridad para quienes buscan a sus familiares y apoyo para procesar e identificar los cuerpos.
En entrevista, el Centro Pro hizo énfasis en que en los últimos años se han encontrado varios lugares con características similares en La Gallera, Veracruz; la Bartolina, Tamaulipas y Patrocinio, Coahuila. En todos ellos se han hallado pertenencias y fragmentos óseos, por lo que es indispensable el enfoque humanitario y nacional para el procesamiento forense, mediante un Banco Nacional de Datos Forenses y el Centro Nacional de Identificación Humana.
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María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro Pro, señaló que se trata de un patrón que aunque no implique los mismos métodos, refleja la misma intención de desapariciones que han trastocado la vida de muchas comunidades y de sus familias. “Creo que el hecho de que lo podamos identificar así de crudo da cuenta de la falta de una política mucho más amplia para abordar las desapariciones en el país”, puntualizó.
Recordó que la ONU ya ha establecido que sin una política de prevención, será difícil revertir la crisis, que se sigue abordando solo como un tema del pasado. Sin embargo, es real y sigue marcando la vida de más de 120 mil familias en el país. Además, criticó que lo único que se ha escuchado por parte de las autoridades estos días es la decisión de no querer tomar en cuenta sus responsabilidades.
“Es totalmente inaudito que el fiscal general de la República diga que apenas van a evaluar si hay delincuencia organizada involucrada; nos parece que por el tipo de lugar y de patrones ya muy documentados de cómo se utilizan estos sitios, queda claro que detrás hay un fondo de acción de grupos de delincuencia organizada y, por lo tanto, delitos federales que se deberían estar investigando de oficio”, remarcó.
La activista hizo énfasis en que estamos ante un hallazgo que es difícil de describir, y de aceptar, pero donde el procesamiento de los fragmentos encontrados será complicado, porque terminarán en el resguardo de instituciones locales que cada vez acumulan más cuerpos sin identificar –más de 72 mil en los últimos datos oficiales–. Sin embargo, no hay una respuesta por parte de las autoridades que corresponda al nivel de la crisis con una visión humanitaria.
“Lamentamos que los pasos que se habían dado en la administración anterior para empezar a crear, por ejemplo, el Centro Nacional de Identificación Humana o el propio Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense se hayan desmantelado, y que al día de hoy no tengamos una verdadera política para abordar los casos tan graves como los que estamos viendo”, cuestionó.
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Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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