Batres dice que “dejó a salvo” posibilidad de reabrir juicio por Caso Wallace si demandantes demuestran “pruebas fraudulentas”
La ministra Lenia Batres Guadarrama, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que “dejó a salvo” la posibilidad de reabrir un juicio por el Caso Wallace, totalmente concluido por la extinta Primera Sala del máximo tribunal del país, si los demandantes demuestran que hubo “pruebas o un juicio fraudulento”.
“En el proyecto (párrafo 52 de la consulta a trámite 1/2025), se deja a salvo la posibilidad de los quejosos de demostrar que la sentencia de Primera Sala hubiera sido producto de pruebas o de un juicio fraudulento”, señaló la ministra mediante un comunicado.
Sin embargo, el posicionamiento de la ministra Lenia Batres resulta contrario a lo resuelto por la mayoría de ministras y ministros en la sesión de la Suprema Corte, quienes por unanimidad de votos determinaron que no es posible reabrir juicios de amparo ya concluidos por el máximo tribunal del país, reiterando así que sus sentencias son “inatacables”
De hecho, las ministras y los ministros solicitaron por mayoría de siete votos que este párrafo fuera totalmente suprimido de la sentencia al no reflejar la postura del máximo tribunal, situación que orilló incluso a votar la posibilidad de quitar el asunto a la ponencia de la ministra Batres.
Batres se niega a eliminar opinión sobre “cosa juzgada”
El conflicto en torno a la figura de “cosa juzgada” inició luego de que la ministra Lenia Batres Guadarrama se rehusó a suprimir un párrafo en el que agregaba su postura respecto al principio de “cosa juzgada”, a pesar de que siete ministros votaron a favor de eliminar este fragmento.
“Finalmente, es importante precisar que este pronunciamiento no prejuzga sobre el criterio que la nueva integración de esta SCJN pudiera adoptar en torno a la figura de la cosa juzgada fraudulenta, prevista expresamente en diversas legislaciones locales y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, e implícita en otros ordenamientos a partir de los elementos esenciales de validez de los actos jurídicos.
Tal institución posee una naturaleza jurídica completamente distinta, pues no constituye un recurso adicional ni un mecanismo de revisión de las sentencias de última instancia emitidas por la SCJN, sino una acción autónoma destinada a iniciar un nuevo proceso en el que debe demostrarse la existencia de un fraude procesal grave que vicia de origen la decisión firme”, se podía leer en el proyecto de sentencia.
Estos dos párrafos fueron el origen del conflicto que se desarrolló entre las ministras y los ministros de la Corte, pues la mayoría consideraba que se debía eliminar en su totalidad dicha mención por no ser pertinente en la sentencia final.
El debate de las y los ministros contra Batres
La primera en posicionarse en contra del contenido del párrafo 52 del proyecto de sentencia fue la ministra María Estela Ríos González y el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes señalaron que esta mención versaba sobre otros asuntos en manos de la Corte.
“En ese párrafo se pretende salvar la posición que, llegado el momento, acogerá este tribunal pleno sobre la figura que en el proyecto se denomina como “cosa juzgada fraudulenta”, pues considero que dicha salvedad no es necesaria para sostener la respuesta que se nos propone y porque definir esa problemática atañe a otro tipo de asuntos, no al que estamos analizando”, señaló el ministro.
A este posicionamiento se sumaron los ministros Irving Espinosa Betanzo y Hugo Aguilar Ortiz, así como las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes incluso señalaron que aún no existe una votación sobre la resolución final de la Corte por la posibilidad de reabrir juicios por prácticas fraudulentas, por lo que pidieron esperar a dicha votación.
“Rechazo nuevamente que se pueda despojar a la cosa juzgada de su valor superior, previsto en el artículo 17 constitucional, por lo que me sumo a la solicitud de suprimir en el párrafo 52 que además es innecesario para resolver la presente consulta”, señaló la ministra Esquivel Mossa.
Sin embargo, a pesar de que siete ministros votaron a favor de suprimir o separar el párrafo, la ministra Lenia Batres se rehusó a eliminar dicho párrafo asegurando que se necesitaba “un acuerdo para cambiar las reglas” e incluso planteó estar “bajo protesta”.
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“Si los ministros quieren cambiar las normas de este Pleno, pediría que se emita un acuerdo, presidente, para que eso suceda. Si se insiste en querer suprimir un párrafo en mi proyecto, porque es mi proyecto y así va a aparecer en la sentencia publicada, ustedes lo están cambiando”, señaló la ministra Batres.
La ministra Esquivel Mossa insistió en que resultaba “jurídicamente imposible” que una sentencia contenga expresiones y decisiones que no sean fruto del consenso de la mayoría.
“Y aquí quedó muy claro, siete votos en contra del párrafo 52. Las decisiones que aquí se toman no representan ni deben representar la voluntad individual de una persona que presente el proyecto o la propuesta de una de las personas ministras y ministros, pues ello, de ser así, se estaría atentando en contra de lo que la mayoría decide deliberando democráticamente”, señaló.
Esta situación orilló a las y los ministros a votar sobre la posibilidad de quitarle a la ponencia de la ministra Batres la posibilidad de redactar la sentencia final, propuesta que finalmente no obtuvo la votación suficiente, por lo que la Corte resolvió que sea la propia ministra la que elabore la sentencia final, pero aclarando la votación de sus compañeros.
“Se aprobó por seis votos dejar el artículo 52”: Batres
Horas después de la sesión, la ponencia de la ministra Batres Guadarrama emitió un comunicado en el que señaló que, tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como el Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte, prevén que, en caso de no existir acuerdo con las consideraciones de un proyecto, se debe presentar voto concurrente.
“Al final, se aprobó por seis votos que se preservará el párrafo 52, acompañado de la anotación de los puntos de vista de los demás ministros”, señaló Batres, aunque dicha votación sólo hacía referencia a la posibilidad de que su ponencia elaborara la sentencia final.
Los únicos que votaron a favor de que returnara el asunto para que otra ponencia fuera quien redactara la sentencia final fueron las ministras María Estela Ríos González y Esquivel Mossa, así como el ministro Giovanni Figueroa Mejía.
