Por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la “inmediata y absoluta libertad” Juana Hilda González Lomelí, una de las personas acusadas por el llamado Caso Wallace, al concluir que no existen pruebas suficientes para acreditar que ella secuestró y asesinó al hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace Miranda. 

A favor de la liberación de Juana Hilda votaron las ministras Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortíz Ahlf, así como los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ponente del asunto. Mientras que el único voto en contra fue el del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

“Así, tomando en consideración que en este asunto se está ordenando la inmediata y absoluta libertad de la quejosa, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que por los medios más eficaces y expeditos se notifique esta determinación a la autoridad penitenciaria que corresponde”, señaló la ministra Loretta Ortiz, presidenta de la Sala, al dar por concluido este asunto. 

Juana Hilda recupera su libertad tras casi 20 años en prisión

Años más tarde, fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por el secuestro de Hugo Alberto, una resolución que se basó en la supuesta confesión que hizo del crimen, misma que fue obtenida bajo tortura, sin acceso a una defensa adecuada y sin contar con una resolución con perspectiva de género. 

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“El fallo pone de relieve algunas de las violaciones más persistentes del sistema penal tradicional —como la obtención de pruebas bajo tortura, las violaciones al derecho de defensa y el uso de estereotipos y prejuicios de género en la valoración judicial de la prueba— que aún mantienen a miles de personas sujetas a proceso penal en el ámbito federal”, señaló el IFDP. 

Pese a ello, la Fiscalía General de la República insistió en dejar a Hilda en prisión, al tramitar un impedimento contra el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y argumentar que era mejor posponer la discusión “derivado de la situación por la que atraviesa nuestro sistema jurídico mexicano, al enfrentarnos a la idea de un nuevo poder judicial tanto federal como local y en específico la zozobra que rodea la nueva conformación de la Suprema Corte”.

El caso “Wallace”

El llamado Caso Wallace inició el 11 de julio de 2005, cuando la empresaria Isabel Miranda de Wallace denunció el presunto secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. 

Tras realizar una “investigación propia”, la empresaria acusó a Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales y los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz por ser los presuntos responsables del secuestro de su hijo, incluso publicando sus rostros y datos personales en decenas de espectaculares que fueron colocados en toda la Ciudad de México.

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Según la versión de Isabel Miranda, los presuntos responsables asesinaron a su hijo en un departamento de la capital, lugar donde metieron el cuerpo sin vida de su hijo al baño, lo desnudaron, le tomaron diversas fotografías, lo cortaron con una sierra eléctrica para meterlo en bolsas de plástico y maletas, y lo llevaron a “las aguas negras”, donde lo desecharon.

Por esta denuncia, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación que finalmente derivó en el arresto de los seis implicados, acusándolos de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. 

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que lleva el caso de los seis implicados, las pruebas clave del caso carecen de “validez jurídica”, pues se basan en una confesión obtenida bajo tortura psicológica, pruebas obtenidas en cateos si haber preservado el lugar ni la cadena de custodia y una fotografía obtenida sin resguardo adecuado. 

Ahora, el IFDP sostiene también que esta resolución debe tener efectos inmediatos en los casos de las personas procesadas. En particular de César, Albert y Tony, cuyos juicios de amparo directo estaban suspendidos en espera de esta decisión; así como de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, quienes continúan procesados. 

“En todos estos casos, la acusación se basa en las mismas pruebas que la SCJN declaró nulas, por lo que deberán excluirse de forma inmediata”.

Estas violaciones incluso han sido objeto de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a los derechos humanos. Incluso, instancias internacionales como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen en sus manos tres casos que están en “etapa de fondo” y dos peticiones que están en “trámite”. 

Además, asegura que los casos enfrentaron una participación “irregular” de Isabel Miranda de Wallace que, en aquiescencia con autoridades, posibilitaron violaciones a derechos humanos y fabricación de pruebas. 

Brenda Quevedo, una de las personas que podría ser beneficiada por el fallo de la Corte

Brenda Quevedo es una de las personas que podría verse beneficiada en el caso de que la Corte falle a favor de la libertad de Juana Hilda.

Pese a que se comprobó que fue víctima de tortura sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Brenda continúa a la espera de su libertad, desde su domicilio, en el que se encuentra arrestada, custodiada por elementos de la Guardia Nacional. 

“Pasé de una vida muy tranquila, llena de sueños, a dar un vuelco de 180 grados que cambió radicalmente mi situación y la de mi familia. Antes de la detención había vivido dos años en Londres, y al volver conocí a Jacobo Tagle, otro de los acusados, y por ser su novia me implicaron en el caso”, una situación que de acuerdo con Quevedo “ha sido una pesadilla llena de terror y sinsabores”.

Entre lágrimas, Brenda señala que la “pesadilla” comenzó cuando se vió en diversos espectaculares en los que la señalaban como delincuente y ofrecían una recompensa por su información, y continúa hasta el día de hoy, ya que, aunque se encuentra en su domicilio, “esto no se ha acabado, y ni siquiera puedo salir al hospital, aunque tengo pendiente una cirugía por las secuelas que me provocó la tortura”.

En los 19 años que lleva su proceso, su familia tuvo que vender casi todas sus posesiones, por lo que actualmente reside con ellos en un pequeño departamento en la Ciudad de México, desde donde esperaba con ansias la resolución que podría poner fin a su encierro.

“Hubo muchas fabricaciones, tortura y otras cuestiones que quedaron fuera del marco legal en la investigación, por lo que espero que este sea el principio del fin, porque una respuesta favorable para Juana Hilda nos ayudaría a todos los que estamos implicados, porque ya ha pasado demasiado tiempo, demasiado desgaste y demasiado sufrimiento, porque somos inocentes”, dijo. 

Para el IFDP, que representa a Juana Hilda y a otras personas coprocesadas, esta decisión es de enorme relevancia no sólo por el impacto en la libertad y derechos de la primera beneficiada, sino también por su trascendencia en el sistema de justicia penal. 

Con información de Eréndira Aquino