La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó los ajustes al presupuesto a ejercer en 2025, tras el recorte de 714.4 millones de pesos que la Cámara de Diputados les realizó.
“El presupuesto autorizado a la Suprema Corte fue de 5,208.5 millones de pesos, que representa, en términos reales, una disminución de 13% respecto de lo que le fue autorizado para 2024”, señaló en un comunicado.
Agregó que es el recorte más significativo de los últimos 15 años.
“La Suprema Corte se ha visto en la necesidad de ajustar previsiones de gasto que afectarán a actividades programadas, programas operativos y proyectos institucionales, y que tornan incierto el cumplimiento cabal de lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a la protección íntegra de los derechos de los trabajadores conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes”, comentó la Corte.
Subrayó que, la presidenta Claudia Sheinbaum, se comprometió a gestionar los recursos en caso de que haya insuficiencia o que afecte algún derecho laboral.
“La Suprema Corte ha hecho las previsiones necesarias para continuar impartiendo justicia y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, con los mismos estándares de calidad y servicio con los que ha operado hasta ahora”, añadió.
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En tanto, la ministra Lenia Batres, denunció que no se tocaron los privilegios y las prestaciones de funcionarios de mayor jerarquía.
“Entre las propuestas presentadas por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, se puso a consideración la disminución de los recursos destinado al comedor de los trabajadores y el recorte a varias de sus prestaciones, pero no se tocaron los privilegios y las prestaciones de funcionarios de mayor jerarquía que están expresamente prohibidas por las fracciones I, IV y VI del artículo 16 de la Ley Federal de Austeridad Republicana”, acusó.
En una tarjeta informativa, destacó que la propuesta implica el cierre del comedor de ministros, una medida que apoyó y que plantea la reducción de 50% en el techo presupuestal para los comedores de los trabajadores.
“El establecimiento de una estrategia que incluya nuevas reglas para la prestación de este servicio y la revisión de la cuota de recuperación que se paga por el consumo de alimentos. Con esta medida se pretende ahorrar la cantidad de 25 millones 897 mil 214 pesos”, puntualizó Batres Guadarrama.
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Recordó que se aprobó descontar más de 158 millones de pesos que irían destinados al pago del bono de fin de año para los trabajadores como los secretarios auxiliares y personal operativo.
“De igual manera se disminuyó el 31% de espacios de estacionamiento. Ello requerirá ajustar el número de cajones asignados a todos los órganos y áreas, incluidas las ponencias de ministras y ministros”.
Batres Guadarrama indicó que la ministra presidenta Piña Hernández propone el área especializada en atención a ex ministros y el Seguro de Separación Individualizada que, según ella, implica un gasto de 204 millones, 988 mil 949 pesos.
“El servicio de telefonía celular para altos funcionarios (que implica el gasto de un millón, 939,948 pesos), la asignación de vehículos innecesarios (dos camionetas con blindaje para la movilización cotidiana de cada ministro), la asignación para comidas a favor de los ministros (fuera del comedor interno), los medicamentos que no son provistos por el seguro privado de gastos médicos mayores, entre otros privilegios”, señaló.
La noche del martes 10 de diciembre, la Cámara de Diputados inició la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PEF 2025), en el que se plantea un recorte de 14 mil millones de pesos a tres dependencias que forman parte del Poder Judicial.
Originalmente el Poder Judicial solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 85 mil 25 millones de pesos para el próximo año, sin embargo, el bloque de Morena-PT-PVEM prevé otorgarle solo un monto de 70 mil 983 millones de pesos.
La reducción de recursos es un golpe directo a la SCJN, al CJF y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El recorte presupuestal no pasó desapercibido en la Suprema Corte, que en un comunicado de prensa advirtió que esta reducción podría poner en riesgo la operatividad de sus instituciones y podría dejar en el limbo a sus trabajadores.
“8 de cada 10 pesos solicitados corresponden al capítulo 1000 (sueldos, salarios y prestaciones) principalmente, por lo que una reducción como la que se está planteando afectará la continuidad operativa de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal; y, además, pone en riesgo el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores”, señaló la SCJN.