La ministra Yasmín Esquivel Mossa solicitó este jueves al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenar la reanudación de labores del Comité de Evaluación del Poder Judicial luego de que éste suspendiera su participación en el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros.
En un documento de siete puntos presentado ante el Tribunal Pleno, la ministra calificó la suspensión de “ilegal” y señaló que el Comité de Evaluación es únicamente un órgano que auxilia al Pleno de la Suprema Corte en la postulación de candidaturas para la elección judicial, por lo que no “debe desconocer su jerarquía ni mucho menos detener sus actividades”.
En ese sentido, indicó que las únicas facultades constitucionales del Comité de Evaluación son recibir expedientes de las personas aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo, con la finalidad de integrar los listados respectivos.
El martes 7 de enero, el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió su participación en el proceso electoral en acatamiento de una suspensión definitiva concedida por un juez de Michoacán en contra de la reforma judicial aprobada en septiembre del año pasado.
La resolución derivada de un amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) obliga a todos los comités —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— a detener el proceso electoral y a emitir un acuerdo en cumplimiento de la medida cautelar.
Sin embargo, basándose en el artículo 61 de la Ley de Amparo, Esquivel Mossa insistió en que un juicio de este tipo resulta improcedente contra actos de la Suprema Corte, mientras que la suspensión no tiene el alcance necesario para impedir que el Pleno resuelva sobre las postulaciones de candidatos.
“Como máximo intérprete de la Constitución, no puede, ni debe someterse a ninguna jurisdicción nacional, porque ello equivaldría subordinarse a decisiones de tribunales de menor jerarquía”, sostuvo.
En todo caso, señaló, el Tribunal del Pleno es quien debe decidir los alcances de dicha suspensión al ser el superior jerárquico del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Asimismo recordó que la propia Suprema Corte resolvió en la acción de inconstitucionalidad 164/2024 que la materia de todas las impugnaciones contra la elección judicial es de carácter electoral por lo que el juicio de amparo no puede asumir competencia en este ámbito.
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En consonancia con esta propuesta, la ministra Loretta Ortiz Ahlf anunció que este mismo día presentará una solicitud para dejar sin efectos el acuerdo tomado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial.
En el documento compartido a través de sus redes sociales, Ortiz Ahlf sostiene que esta acción contraviene el artículo 96 constitucional que obliga a cada Poder de la Unión, incluida la Suprema Corte, a postular candidaturas para los cargos judiciales.
Asimismo, señala que el máximo tribunal no puede subordinar el cumplimiento de su mandato a lo decidido por un órgano técnico cuya función está “en extremo acotada”.
“Este proceso (electoral) es esencial para democratizar la justicia en nuestro país y exige que cada órgano respete sus funciones específicas. El Comité de Evaluación tiene un rol técnico y temporal: recibir expedientes, verificar requisitos y seleccionar a los mejores candidatos”, subrayó.
Ambas peticiones se sumarán a la que presentará este mismo jueves la ministra Lenia Batres Guadarrama para solicitar la destitución inmediata de todos los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
A través de una tarjeta informativa, la ministra Batres señaló que su solicitud será porque, a su consideración, los integrantes del Comité “se excedieron en sus facultades al suspender el proceso de selección de candidatos para la próxima elección judicial”, acusándolos de tomar una decisión “de manera unilateral”.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial ha sido el único que ha acatado la suspensión, los correspondientes al Poder Ejecutivo y Legislativo informaron que seguirán con la elección de personas juzgadoras y que incluso los aspirantes inscritos en el primero podrían ser evaluados por los otros dos.